El próximo martes el presidente Sebastián Piñera entregará su última cuenta pública ante el país. No hay razón para pensar que esta vez su tono será distinto al de las tres ocasiones anteriores: se felicitará muchísimo, a su gobierno y a sí mismo.

Me aventuro un poco más en el pronóstico: el mandatario se autofelicitará por el crecimiento económico, por la generación de empleos y por haber reducido el CAE en educación superior.  Tal vez también destaque la Ley de los derechos de los pacientes y la nueva Ley de tabaco, aunque creo que esta vez no incurrirá en la exageración de proclamar que se trata de las mayores reformas en décadas. 

El problema es que varios de esos logros son más producto de circunstancias fortuitas que de políticas públicas diseñadas y ejecutadas para tales fines. Es difícil sostener, por ejemplo, que el crecimiento de los últimos años ha sido producto de políticas concretas del gobierno, en vez del simple hecho de que el país ha navegado en la cresta de la gran ola de los commodities y la recuperación post crisis subprime. Las reformas laborales que el país necesita siguen pendientes, las políticas para incrementar la productividad han sido poco sustantivas y las iniciativas para eliminar barreras de entrada en sectores clave de la economía no prosperaron porque el gobierno echó pie atrás ante las presiones de los grupos afectados. 

Una de las grandes oportunidades para avanzar en materia de crecimiento y reducción de pobreza era promoviendo la participación laboral femenina. Entre los 33 países de la OCDE, ocupamos el puesto número 32 en materia de empleo femenino. A pesar de varios anuncios al respecto, nada se ha hecho para derogar el artículo 203 del Código del Trabajo que obliga al empleador a proveer salas cunas para empresas con veinte o más trabajadoras. A lo cual se agrega que la extensión del postnatal ha congelado la participación laboral de las mujeres en edad fértil, la tasa de ocupación femenina sobre 50 ha crecido cinco veces más que la tasa para mujeres menores de 30 años. 

A estas alturas, cuando Chile se juega la posibilidad cierta de lograr cruzar el umbral hacia el desarrollo durante la próxima década, no nos podemos dar el lujo de creer que daremos ese salto histórico sólo gracias a los ciclos económicos de China. Cuando estamos tan cerca, la mirada de largo plazo debería cruzar cada política y acción del gobierno. Los compromisos de Chile para con su futuro deben ser de fondo, y no producto de “la emoción del momento”, como dijo la ministra Benítez. En las políticas de fondo, que son aquellas que deberían sentar las bases para nuestra segunda fase de desarrollo, ¿qué se ha hecho? 

La política energética y de sustentabilidad quedó prácticamente paralizada en este gobierno al no respetar la institucionalidad ni ser capaz de resolver los conflictos que impiden materializar inversiones. Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), durante el actual gobierno se han aprobado sólo 2.488 MW de energía base, comparado con los 10.567 MW del gobierno anterior. ¿Qué ha hecho la administración actual para que el país asegure el suministro energético que necesita en esta etapa de su desarrollo y que, al mismo tiempo, sea una opción sustentable en el largo plazo?

A pesar de los esfuerzos del presidente Piñera, el Congreso terminó aprobando una Ley de Pesca que otorgó de manera indefinida las rentas del sector a un puñado de grandes empresas. Hemos sabido en días recientes que esto fue posible en parte gracias a que las empresas beneficiadas hicieron generosas “donaciones” a parlamentarios. ¿Qué ha hecho el gobierno para transparentar las relaciones entre dinero y política, para terminar con  la influencia que ejercen a espaldas de la ciudadanía diversos grupos de interés? 

En materia educativa, la palabra segregación probablemente no aparecerá en el discurso. Para el gobierno este tema no es relevante, basta ver las políticas que ha impulsado y las que ha omitido: subvención a la clase media, despreocupación por la educación pública, cero fiscalización a la prohibición de selección por parte de las escuelas y la forma tendenciosa en que se entregaron los resultados Simce, entre otras.

En los últimos años hemos visto cómo han salido a la luz los abusos a los que algunas grandes empresas han sometido a sus clientes y la desprotección en que se encuentran los chilenos en su condición de consumidores en varios ámbitos. ¿Qué se ha hecho para repensar el Sernac, que sigue siendo un servicio sin capacidad fiscalizadora o reguladora y cuya acción se limita a estrategias mediáticas que apuntan más a objetivos políticos de corto plazo que a proveer soluciones reales a los consumidores? 

Pienso que sería interesante que en su última cuenta pública el presidente de la República nos sorprendiera con una visión de estadista, mostrando la ruta futura que nos podemos trazar como país, planteando las interrogantes clave, exhibiendo una capacidad de autocrítica. Me temo, sin embargo, que se felicitará muchísimo, a su gobierno y a sí mismo.