Una vez puede ser casualidad. Dos ya son estrategia. Y fueron dos las veces que, en el debate presidencial de Canal 13 y CNN Chile, Andrés Allamand repitió la misma idea. La primera fue a raíz de una pregunta adhoc. “La Concertación quiere eliminar la educación particular subvencionada en Chile”, lanzó el candidato de Renovación Nacional. En la segunda, la vuelta fue más larga (la pregunta original era por su apoyo al Sí en 1988), pero, como en el chiste de los fenicios, Allamand igual llegó a lo que quería decir: “Michelle Bachelet es partidaria de terminar con la educación particular subvencionada”.

En rigor, no es cierto. Lo que propone Bachelet es terminar con el lucro y con el financiamiento compartido, pero esos proyectos sí amenazan a parte del sistema, y es sabido que para instalar ideas fuerza en una campaña la sutileza y el rigor no siempre son los mejores aliados. Lo que hizo Allamand esa noche fue precisamente eso: instalar la idea con que la derecha puede cavar su trinchera en el campo ideológico de esta elección: defender la educación privada. Y dentro de un campo minado para las ideas del oficialismo, es la mejor trinchera que pueden escoger. Por algo la propia Bachelet hizo al día siguiente algo insólito: responder, desmintiéndolo, a uno de sus rivales. Y por algo tanto Allamand como Pablo Longueira han insistido luego sobre el punto.

El panorama electoral de la derecha es descorazonador. Por primera vez en 20 años, se enfrentan al fantasma de una elección no competitiva. Lo importante es proteger el voto duro histórico, y atrincherarse en el Congreso para aguantar el chaparrón ideológico de una Nueva Mayoría izquierdizada y de colmillos largos.

Pero la batalla también es de principios. La que comienza será, por lejos, la campaña más polarizada y de mayor espesor ideológico en un cuarto de siglo. La Concertación se ha vuelto contra un modelo que no creó, pero sí crió, y cabalga la ola del zeitgeist con su ataque al lucro y a los abusos, categorías etéreas en que caben desde las comisiones de las AFP hasta las preexistencias en las isapres, desde la colusión de las farmacias hasta los intereses inflados del retail.  

La centroizquierda parece jugar de local en ese partido. Según la última encuesta de la UDP, el 80% de los chilenos quieren una red de farmacias estatales, el 64% pretende traspasar el transporte público al Estado, y apenas uno de cada cuatro está de acuerdo con que las isapres y AFP sigan siendo privadas.

¿Hay alguna trinchera, entonces, desde la cual la derecha pueda dar la batalla ideológica sin la certeza de ser arrasada? Sí: la educación particular.

A primera vista parece una proposición absurda. Es precisamente desde la crítica a esa educación privada que se forjó la protesta de 2011 y el cuestionamiento del modelo entero. Desde entonces todos los estudios de opinión han mostrado un macizo apoyo a las demandas de los estudiantes de fin al lucro y fortalecimiento del rol del Estado en el área. Y la misma encuesta UDP muestra a un 60% de los chilenos como partidarios de que las universidades privadas pasen al Estado, y a un 55% pidiendo lo mismo para los colegios subvencionados.

Pero cuando las preguntas se alejan de la ideología y tocan la experiencia personal, las respuestas pintan otro cuadro. Según la encuesta CEP, ante igual costo y distancia, el 70% de los padres prefieren enviar a sus hijos a colegios particulares subvencionados, y sólo el 24%, a establecimientos municipales. Y cerca de la mitad está dispuesto a financiar un copago si eso significa mejor calidad de educación.

Más importantes que las palabras son los hechos. En las últimas dos décadas, las familias chilenas han votado con sus bolsillos al sacar a sus hijos de las escuelas públicas para matricularlos en colegios particulares. De ser el 31% de la matrícula en 1990, hoy los subvencionados ya suman más de la mitad, y siguen creciendo año a año.

Los padres eligen la educación particular, aunque tengan que pagar por ella. Según datos de Libertad y Desarrollo, el 47% de los estudiantes chilenos asisten a colegios pagados. El 37% va a particulares que combinan la subvención estatal con el cobro a los apoderados, un sistema que Bachelet propone terminar: casi 1 millón 300 mil niños y adolescentes están en ellos.

EL COLEGIO COMO PRIMER PELDAÑO

¿Qué buscan? “Calidad” es la respuesta frecuente, aunque los datos disponibles muestran que, controlados por el nivel socioeconómico de sus alumnos, los colegios municipales y particulares tienen rendimientos similares. Hay un instinto mucho más profundo en la decisión de matricular a un niño en la escuela particular del barrio. Desde el uniforme colorido hasta el nombre de fantasía en inglés, el colegio subvencionado es el primer símbolo de estatus del hogar que se sacude de la pobreza para entrar en el ancho mundo de la clase media.

El discurso contra la segregación que se enarbola desde el bacheletismo no necesariamente cala en estas familias. Que la educación pagada segrega es un hecho indesmentible, pero en la realidad de cada hogar eso no necesariamente es algo negativo. Aunque decirlo sea políticamente incorrecto, bien puede pensarse que una de las razones más poderosas del éxito de los subvencionados es el intento de familias recién llegadas a la clase media por segregarse de sus antiguos pares de la clase baja, y buscar un “mejor ambiente” para sus hijos. 

El colegio privado es también un símbolo de esperanza: la primera generación en asistir a una escuela particular será también (esperan sus padres) la primera en contar con un título profesional. E incluso el hecho de pagar, tan cuestionado desde una perspectiva ideológica, puede ser fuente de orgullo. Esos $16.738 de pago mensual promedio por alumno son la prueba palpable del esfuerzo familiar en un bien por el que cualquier sacrificio es poco: la educación de los hijos.

Y ahí, el miedo. Desde fines de 2011 circula entre los apoderados del colegio subvencionado de Conchalí “The Little School” una carta firmada por la representante legal Alejandra Valdés, en que advierte sobre el efecto que tendría el fin del copago: “No se sabe si el Estado compraría los colegios, si los expropiaría, si se traspasarían a las municipalidades u otros organismos. Hasta ahora no hay una solución alternativa que se haya pensado. No es una exageración”. Y se insta a los apoderados a “reflexionar sobre las consecuencias”, “hacer llegar esas reflexiones a diputados y senadores” y  “acordar una manera de expresar la inquietud y/o adhesión de las familias al colegio tal como funciona actualmente”.

En otra circular, en que se fija en $46.750 la mensualidad para el año, se les informa también a los padres, “de acuerdo a la legislación vigente”, que existen colegios gratuitos disponibles en la comuna, por “si usted no está de acuerdo con nuestros cobros”. Más que a alternativa, el texto suena a amenaza.

¿Qué pensarán esos padres? ¿Que efectivamente la educación de sus hijos debería ser gratis y sin lucro, aun a costa de que tal vez ya no sea en la “pequeña escuela” privada de su barrio? ¿O que el sacrificio bien vale la pena, para garantizar los sueños de calidad y estatus que ese colegio representa?

En las respuestas a esas preguntas puede estar la clave de la batalla ideológica que partirá al día siguiente de las primarias, el 1 de julio de 2013. Y que, al menos a priori, no parece una lucha ganada de antemano por alguno de los dos bandos.