El miércoles 11 de diciembre, cuatro días antes de la segunda vuelta, las directivas de la CUT y la CPC llegaron sin sus presidentes hasta la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Vitacura. La cita era el último paso de un trabajo de seis meses en que los equipos técnicos de ambas entidades conversaron posibles cambios al sistema laboral chileno.

Pero ese acercamiento no era el único. En completa reserva, los líderes de ambas entidades, Bárbara Figueroa y Andrés Santa Cruz, compartieron al menos dos encuentros privados en los últimos meses del año. El primero, una comida de trabajo en octubre y, el segundo, un almuerzo en noviembre. Además, juntos participaron en varios seminarios. Los más conocidos: Enade y una cita organizada por la CUT, ambos en octubre.

La relación entre las entidades pasa por un buen momento. Aunque desde las dos partes son cautelosos y afirman que todavía no hay ningún tipo de acuerdo, reconocen que en los últimos años se han construido puentes que han llevado a una relación de diálogo fluido, con acuerdos a nivel país y propuestas conjuntas.

Sin embargo, la llegada de Figueroa -militante del Partido Comunista- y de Santa Cruz llevó a otro nivel las relaciones. Las confianzas se han incrementado, y los próximos meses serán claves para ver si el “nuevo trato” consigue resultados. Además, el proceso de acercamiento ha sido seguido de cerca por personeros que históricamente han estado ligados al futuro bloque de gobierno. En un momento en que se anticipa que Michelle Bachelet enviará una reforma laboral al Congreso, así ambas partes mueven cuidadosamente sus piezas.

HOJA DE RUTA

La visita fue el 27 de marzo, una semana después de que Andrés Santa Cruz fuera electo como el nuevo presidente de la CPC. Encabezada por Bárbara Figueroa, la directiva de la CUT llegó a hacer un saludo protocolar al dirigente a la sede empresarial. Fue el primer encuentro entre ambos.

Tres meses después, en junio, la oficina chilena de la Organización Internacional del Trabajo, encabezada por Guillermo Miranda -ex jefe de gabinete de José Miguel Insulza en el Ministerio del Interior-, apostó por convocar a un diálogo entre ambas entidades. En la CUT vieron con buenos ojos la iniciativa: en mayo, la propia Michelle Bachelet les había notificado que los temas laborales eran un área compleja por la inquietud que generaban sus otras propuestas en el empresariado. Por ello, conversar con la CPC serviría como forma de instalar en la agenda pública sus preocupaciones.

Desde la otra vereda la mirada era similar. En un ambiente cada vez más crispado, establecer un puente de comunicación era algo necesario. Además, el análisis al interior de la CPC era que la organización debía estar preparada ante una eventual discusión de reformas laborales.

No era la primera vez que ambas entidades intentaban hacer algo en conjunto. En 2007, Arturo Martínez y Alfredo Ovalle establecieron una mesa de diálogo para conversar temas laborales, que incluso fue patrocinada por el ministro del Trabajo de la época, Osvaldo Andrade. En 2009, el mismo Martínez suscribió con Rafael Guilisasti un acuerdo en el momento más álgido de la crisis económica que apuntaba a evitar despidos. Ambos repitieron el acuerdo al año siguiente, esta vez por los efectos del terremoto y tsunami. “La CUT y la CPC han establecido una buena relación, en especial en momentos de crisis”, explica uno de los negociadores.

Pero en las mentes de las dos partes estaba el pacto más reciente. En septiembre de 2011, cuando las movilizaciones ciudadanas estaban aún en plena efervescencia, Martínez y Lorenzo Constans establecieron un diálogo que dio origen al Acuerdo de Voluntades, un documento que vio la luz en enero de 2012 y donde se abordaban ocho puntos: protección del empleo en términos de crisis; seguridad laboral; reforma al seguro de desempleo; subsidio a la contratación del primer empleo; negociación colectiva y sindicalización; multi-RUT; salario mínimo; y empleo femenino. El documento fue entregado a la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, y -a juicio de ambas partes- representaba un gran avance al encontrar puntos de consenso. Sin embargo, tanto en la CUT como en la CPC afirman que el actual gobierno no mostró suficiente voluntad política para avanzar en las materias sugeridas.

Por eso, cuando fueron convocados al diálogo por la OIT, el consenso era que ese acuerdo era el punto de partida. Una “hoja de ruta” a la cual aferrarse.

PUNTO POR PUNTO

Ambas partes enviaron a sus equipos técnicos al diálogo. La CUT mandó una delegación encabezada por Roberto Morales y Fernando Carmona, el director ejecutivo y el economista jefe de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), el think tank de la organización sindical. Por su parte, la CPC envió a su gerente, Fernando Alvear, y a su principal asesor legal, Pablo Bobic. A algunos encuentros también asistió el ex presidente de la CPC Rafael Guilisasti.

El mecanismo de trabajo fue reunirse en sesiones quincenales, siempre en la sede de la OIT en Vitacura. En cada cita, ambas partes discutían a partir de una propuesta de tema hecha por los delegados de la organización internacional. Así se llegaron a elaborar siete minutas: adaptabilidad laboral en materia de jornada, recargo y descansos; salario mínimo; protección de empleo en tiempos de crisis; negociación colectiva y sindicalización; capacitación y formación profesional; multi-RUT; e igualdad de género en el empleo. Todas ellas dieron origen a un informe de 46 páginas que hoy está en poder de las directivas de la CUT y la CPC.

Aunque el contenido del documento se ha mantenido en estricta reserva, quienes conocen el reporte señalan que las mayores coincidencias se dieron en los últimos tres temas, donde prácticamente se replicó lo establecido en la Declaración de Voluntades de 2012. Las mayores dificultades, sin embargo, se produjeron en los puntos de salario mínimo y adaptabilidad laboral. El primero generó distancia por parte de la CPC, pues desde la entidad empresarial consideran que un aumento sin calcular los efectos perjudica a la economía. En el segundo punto, en cambio, la CUT se mostró reacia a abordar cualquier forma de flexibilidad laboral sin cambios previos en materia sindical. Por ello se abordó ese tema en el marco de la negociación colectiva.

La exposición final del 11 de diciembre, que contó con los miembros de ambas directivas, duró una hora y media. La lectura de las minutas y los puntos de acuerdo estuvo a cargo de la abogada PS Patricia Roa, experta de la OIT y esposa del vocero de la campaña de Michelle Bachelet, Álvaro Elizalde. Luego, tomaron la palabra el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz; el secretario general, Arturo Martínez, y Fernando Alvear por la CPC, para cerrar el proceso y acordar los siguientes pasos.

Aunque en la CUT y la CPC señalan que aún es muy prematuro para hablar de acuerdos, sí afirman que el proceso sirvió para establecer una relación de confianza entre ambas partes. Entre los expertos de la entidad sindical reconocen que les sorprendió gratamente la actitud de figuras como Alvear y Bobic. “No tuvieron sólo una mirada técnica, sino también política, y eso se valora”, afirman. Por su parte, en la organización empresarial también destacan la capacidad de sus interlocutores. “Fue un proceso con argumentos sólidos y buenos debates”, plantean.

EL DEBATE QUE VIENE

Hace dos semanas, las siete minutas con el resultado del trabajo conjunto fueron enviadas a los integrantes de la comisión de Trabajo de la CPC. La entidad es integrada, entre otros, por Héctor Humeres, Alfonso Swett Opazo (Sofofa), Gonzalo Bunster (Cámara de la Construcción), Jorge Riesco (Sonami), Recaredo Ossa (SNA) y Cristóbal Valdés (Cámara de Comercio). Sus miembros ya habían estado al tanto de la iniciativa a través de Rafael Guilisasti: el ex presidente de la CPC ha monitoreado de cerca el proceso mediante sus vínculos con el mundo sindical.

Paralelamente, la CUT ha comenzado a socializar sus conclusiones entre los miembros de las directivas sindicales. En la entidad afirman que una instancia clave será el consejo general, convocado para la segunda quincena de enero, en que se definirá la postura a adoptar frente al próximo gobierno. “El diálogo con la CPC será uno de los insumos de esa discusión, pero está muy lejos de ser el único”, explica un integrante de la directiva.

En el mundo empresarial reconocen que lo más probable es que esa reforma se realice con o sin ellos. Con un Parlamento ampliamente dominado por la Nueva Mayoría, las opciones de que un proyecto sea aprobado prácticamente sin modificaciones ni indicaciones aceptadas son altas. Con todo, la entidad vio con buenos ojos que varios de los puntos que recogió el programa de Bachelet estaban tanto en la Declaración de Voluntades de 2012 como en las conversaciones actuales. Por eso, la decisión es apostar a una propuesta con puntos en común con los trabajadores. “O lo hacíamos antes de que se emitiera el proyecto o nos quedábamos abajo”, reconoce uno de sus dirigentes.

Pero al interior de la CUT hay voces que advierten que el escenario es inmejorable para una reforma laboral. Si en primera vuelta la organización se restó de apoyar a Michelle Bachelet por su falta de propuestas en el área, el programa de la actual presidenta electa y sus declaraciones incorporando ese tema entre sus prioridades provocaron que la central la respaldara en el balotaje. En la entidad plantean que el Código del Trabajo es uno de los temas heredados de Augusto Pinochet que no han sido cambiados y que por ello es urgente su modificación. Es más: en la directiva esperan que Bachelet concrete un anuncio antes del próximo 1 de mayo. Y señalan que, independiente del diálogo con los empresarios, la entidad levantará todos los puntos que históricamente ha defendido.

Pese a ello, ambas partes se volverán a encontrar pronto. Las citas técnicas culminaron con un acuerdo: las directivas se reunirán en las próximas semanas -idealmente antes de fines de enero- para iniciar conversaciones y explorar eventuales acuerdos. Por eso, en la CUT y la CPC advierten que la parte más difícil del proceso recién comienza.