Martes, 10:45 de la mañana. Nicolás Eyzaguirre salió por una puerta lateral de la casona de Tegualda, evitando a la prensa y con el rostro descompuesto. El designado ministro de Educación de Michelle Bachelet partió raudo en una camioneta blanca mientras, unos pasos detrás de él, se retiraba la recién renunciada subsecretaria de su cartera, Claudia Peirano, tras leer su declaración pública. Al día siguiente partiría de vacaciones a un parque nacional a realizar su hobby: subir cerros. En la puerta del ex comando, dos funcionarios comentaban en voz baja y con cierto alivio: “La cosa no salió tan mal”.

Pero la crisis no pudo salir peor. La forzada dimisión de Peirano, presionada por los dirigentes estudiantiles, adelantó el tenor que tendrá la batalla más difícil que deberá dar este gobierno: cumplir la promesa de gratuidad universal en el sistema de educación superior. Una reforma donde aún nada está claro, y que está generando incertidumbre en la Nueva Mayoría, los estudiantes y las universidades.

Si durante la campaña el debate se centró en si la gratuidad era una buena medida, hoy la discusión se enfoca en cómo hacer posible su implementación y si el sistema chileno aguanta el cambio de modelo. Una tarea que en el propio equipo de Bachelet califican de “titánica”, con plazos muy extensos y que requiere de un sinnúmero de resoluciones.

El lobby comenzó y los actores están moviendo sus piezas. Durante el verano se han registrado una serie de reuniones reservadas para influir en cuál será la fórmula con que se distribuirán los millonarios recursos a las instituciones educacionales. Hay muchos intereses en juego: en la mesa, los estudiantes ya demostraron esta semana su fuerza. Pero no son los únicos en el tablero.

El 23 y 24 de enero, aprovechando un congreso en Madrid que congregó a diez rectores chilenos, Ignacio Sánchez, el representante de la Pontificia Universidad Católica, salió a un lado con sus pares Carlos Peña, de la U. Diego Portales, y Juan Manuel Zolezzi, quien encabeza la U. de Santiago. Los tres acordaron suscribir una postura conjunta: que, en una nueva reforma, cualquier universidad que cumpla ciertos principios pueda ser considerada como “pública” y recibir financiamiento fiscal, y no sólo las universidades estatales. La carta -que fue publicada en El Mercurio el lunes 27, tres días después del nombramiento de Eyzaguirre- causó molestia en la Universidad de Chile, cuyo rector, Víctor Pérez, contraatacó a través de otra misiva, apuntando a la falta de transparencia de las universidades privadas que reciben fondos públicos. El ex ministro e investigador en Educación de la UDP José Joaquín Brunner sostiene que “las universidades del Estado no tienen la menor idea de cómo va a ser la ley, y se han visto tan inquietas como los privados. En la Católica se preguntan si van a tener el mismo trato que las estatales. Al final nadie sabe nada”.

Una semana antes de la cita en España, otra desconocida reunión se celebraba en la sede de Flacso en Santiago. Convocados por Claudia Sanhueza y Fernando Atria, ex miembros del comando de Michelle Bachelet, cerca de 25 invitados, que incluían académicos, representantes universitarios y ex dirigentes estudiantiles, como Giorgio Jackson y Francisco Figueroa, se juntaron a debatir sobre los posibles mecanismos para llevar a la práctica la gratuidad. Mientras Sanhueza y Atria expusieron su fórmula de un impuesto particular a los profesionales que se pagaría tras egresar, otros asistentes insistieron en que primero se debía definir a qué universidades abarcaría y cuán amplia sería la cobertura.

Entre los estudiantes tampoco hay claridad o consenso respecto de cuál sería el mecanismo más apropiado. Gabriel Boric, ex presidente de la FECh y diputado electo, afirma que esto se debe a la falta de información sobre lo que quiere hacer el futuro gobierno. “Éste es un tema que no está zanjado en la Nueva Mayoría, donde se ven visiones que son contradictorias entre sí. Yo espero señales de mayor claridad por parte tanto del ministro como de la nueva subsecretaria, Valentina Quiroga”, señala. “Hay muchos silencios y vacíos. En el programa hay titulares, pero no se sabe hacia dónde va el proceso”.

En su programa, Bachelet dedica una página y media a la educación superior, donde compromete que los estudiantes que pertenecen al 70% más vulnerable tendrán gratuidad al final de su gobierno -cifra que en círculos académicos se vincula con la cantidad de alumnos que hoy tiene becas y créditos-, y afirma que se alcanzará la denominada “gratuidad universal” en seis años, es decir, después de que ella termine su mandato. Pero el texto sólo da lineamientos generales, sin definir un plan específico. La comisión optó por plantear que los detalles fueran abordados por grupos de trabajo convocados cuando asumiera el nuevo gobierno. Los informes internos del equipo se mantienen en reserva y sólo fueron entregados al comando. Esto ha generado confusión y dudas entre los actores educacionales, que ya han identificado a lo menos siete puntos que anticipan una discusión problemática.

SIETE PREGUNTAS SIN RESPUESTA

-¿Cuánto vale mi carrera? El primer interrogante es cómo se van a fijar los aranceles de las casas de estudio que adscriban a la gratuidad. La propuesta de Bachelet habla de que el Estado fijará y revisará periódicamente los aranceles de las universidades mediante una nueva institucionalidad. Para ello, se convocará a una comisión de expertos a cargo de esta materia.

Pero el modelo enfrenta muchas trabas. El actual sistema de aranceles de referencia -que fija una banda de precios por carrera-  fue muy complejo de elaborar y no ha dejado conformes ni a las universidades ni al Ministerio de Educación. El problema es la amplia divergencia de los precios entre carreras y entre cada institución, cuando las de mayor calidad gastan más recursos en profesores con estudios de posgrado, extensión, laboratorios e investigación. Es un equilibrio difícil de conseguir para no perjudicar a las mejores universidades.

En el programa de Bachelet se esboza que para evitar que las entidades carguen en sus aranceles otros costos se creará un fondo especial para investigación, pero se agrega que en este mecanismo habrá un trato preferente con las universidades de propiedad del Estado.

-¿La gratuidad universal incluye a las universidades privadas? “Nos hubiese gustado que junto con la renuncia de Peirano, el próximo gobierno hubiese aprovechado de esclarecer las posiciones respecto de temas como la entrega de recursos del Estado a instituciones privadas”. La frase de este martes de la presidenta de la FECh, Melissa Sepúlveda, refleja el punto que genera mayor tensión: qué universidades podrán acogerse al sistema de gratuidad. El sistema chileno es singular, porque combina tres tipos de universidades: las estatales, las privadas tradicionales -creadas antes de la reforma de 1981- y las privadas nuevas. Las posiciones dan para todo: desde quienes exigen que sólo se vean beneficiadas las 16 universidades estatales del país -excluyendo incluso a privadas tradicionales que integran el CRUCh, como la U. Católica- hasta quienes sostienen que el modelo es inviable si no se incluye a todos los planteles. A raíz de esta discusión, surgió la carta de Peña, Sánchez y Zolezzi, que busca instalar el nuevo concepto de universidad “pública”, ya sea privada o estatal. En su única intervención en la prensa sobre estos temas, Eyzaguirre tendió a inclinarse hacia esta idea, señalando que no ve a lo público “como sinónimo de universidad estatal”.

-¿El Estado laico puede financiar una universidad católica? Entre los expertos en educación hay un punto que se discute hace varios meses: cuál será el alcance del “Estado laico” que definió Bachelet en su programa. El tema fue abordado en la comisión de Educación de Bachelet y volvió a aparecer en la columna de Eyzaguirre sobre gratuidad, donde planteó que las universidades públicas deben “difundir el saber sin discriminaciones de ningún tipo, ni por raza, credo, condición social o corriente de pensamiento, tanto en sus contenidos como en la selección de alumnos y profesores”.

Aunque las miradas apuntan principalmente a la Universidad Católica -una institución pontificia y cuyo rector es nombrado por el Vaticano-, varios planteles podrían estar en una disyuntiva parecida: otras siete universidades pertenecen al Capítulo Chileno de Universidades Católicas, entre ellas la U. Alberto Hurtado y la Silva Henríquez. “He escuchado el argumento hecho por los laicos sobre cuál es el sentido de que la plata que pagamos todos los chilenos tenga que ir a financiar instituciones de las cuales el Estado se separó el año 1925”, dice Brunner. “Y ellos dicen, si vamos a financiar a las católicas, ¿vamos a financiar a las adventistas? ¿Por qué el Estado va a financiar universidades con mensaje pastoral?”.

-¿La universidad de los pobres? La cifra es clara: de acuerdo al programa de Bachelet, cada carrera universitaria deberá ofrecer, adicionalmente a su sistema de admisión regular, 20% de sus cupos para estudiantes del 40% más vulnerable de la población. El denominado “cupo de equidad” será obligatorio para los planteles que quieran acogerse a la gratuidad, que además deberán ofrecer reforzamiento y nivelación para esos alumnos. Pero el texto no aclara cómo se seleccionará a esos estudiantes de menores recursos ni si habrá fondos específicos para ellos. En privado, los rectores miran con recelo esta propuesta por sus dificultades de implementación. Aunque en la mayoría de las universidades hay programas de inclusión y  algunas casas de estudio alcanzan hoy el 20% en un promedio general, desde varios planteles apuntan a que es casi imposible hacerlo en cada carrera, en especial en las más complejas. Plantean que un alumno sin el piso necesario en Matemáticas, por ejemplo, no estaría capacitado para enfrentar una ingeniería en una universidad de primer nivel, o que se requeriría un programa propedéutico que encarecería todo el sistema.

-¿Técnicos que lucran? “Los centros de formación técnica e institutos profesionales es donde más se requiere gratuidad. ¿Cómo se va a hacer para dar gratuidad a los que son particulares y con fines de lucro?”, dice el experto educacional de la U. Alberto Hurtado Juan Eduardo García-Huidobro. Cerca del 80% de esas instituciones no podrían recibir ningún beneficio, de acuerdo con el programa de Bachelet, ya que tienen fines de lucro. Sin embargo, la mayor parte de los estudiantes se concentra en esas instituciones. Bachelet comprometió crear un CFT público por región -cinco de ellos en los 100 primeros días de mandato-, pero al interior de la Nueva Mayoría hay dudas de cómo abordar al resto del sector. Entre las alternativas está ofrecer una transición a esas instituciones o establecer un mecanismo especial que permita apoyar a los alumnos más vulnerables.

-¿Cuántos periodistas necesita Chile? El programa especifica que para acogerse a la gratuidad, cada casa de estudio deberá firmar un convenio con el Mineduc y cumplir, entre otros aspectos, con estar acreditada, aceptar las normas que no permiten lucro, estar incorporada a las normas de acceso de equidad y regirse por el nuevo sistema de aranceles. Pero el texto no especifica si el Estado podrá pronunciarse respecto de materias internas de las universidades, como por ejemplo cuántos alumnos puede tener una carrera. Si no se fija esto, el Mineduc corre el riesgo de que para obtener más recursos, un plantel decida duplicar su oferta de matrícula. Pero, por el otro lado, la pregunta es si puede el Estado ser quien fije cuántos profesionales de determinada especialidad requiere el país y prohibir que se ofrezcan más cupos. También se ha levantado la duda de si con dinero público se pueden financiar carreras nuevas cuya importancia y campo laboral son dudosos, como lo ocurrido con Criminalística en algunos planteles privados. Así, existen otras áreas donde un Estado financista podría definir criterios como la cantidad de profesores por alumno, cantidad de carreras que puede cursar cada estudiante, el máximo de años que puede estar una persona sin egresar, si se financiará o no a quienes desertan, si se fijarán criterios democráticos sobre la elección interna de autoridades y si se controlará la burocracia o ineficiencia en los gastos de los planteles.

-¿Hay riesgo de fuga? La advertencia la lanzaron varios de los integrantes de la comisión de Educación de Bachelet: cualquier movimiento debe ser una cirugía de precisión. Un error que provoque una baja en la calidad en las universidades públicas puede significar un éxodo masivo de los estudiantes con mayores recursos a planteles privados que renueven su oferta contratando a los mejores profesores y modernizando sus mallas curriculares, aun cuando estén al margen del sistema de gratuidad. “Vamos a tener un riesgo enorme: tener en cinco u ocho años las universidades privadas para la élite y las gratuitas para el resto. Eso sería nefasto para el país”, plantea García-Huidobro. Carlos Peña agrega: “El adherir a los cupos de equidad plantea un serio problema a las universidades llamadas de la cota mil, que concentran más del 90% de estudiantes de los colegios particulares pagados, y a la PUC, que alcanza casi el 65% de ese sector. Es previsible, así las cosas, que algunas universidades no se sumen al sistema y decidan renunciar a la gratuidad. Si ocurre algo así, el efecto será opuesto al buscado: será más segregación”.

La problemática es reconocida por el nuevo ministro de Educación, quien por eso mismo ha manifestado la importancia de que la gratuidad abarque también a los quintiles más ricos. Otro riesgo latente es generar una crisis mayor en las universidades que no se adscriban al sistema si se les quitan beneficios actuales, como el Crédito con Aval del Estado o el Aporte Fiscal Indirecto. Un último punto que aún no está despejado es cómo será el modelo de gratuidad: si se financiará directamente a las instituciones o se dará un voucher a los alumnos para que ellos elijan su universidad. La Confech ha adelantado que defenderá la primera opción.