Mucho se ha hablado ya de las ambigüedades o falencias del programa de educación del gobierno entrante.  Existe escepticismo, y la incertidumbre ante la discusión sobre la reforma educacional se basa en experiencias previas. Cualquier esfuerzo real de reforma requerirá mucha determinación hacia las transformaciones, además de transparencia y participación en el proceso para poder articular a todos los actores frente a un desafío común.

Aún se especula sobre las posiciones que tendrán el Ejecutivo y el movimiento estudiantil con respecto a los detalles de las iniciativas educativas. Hoy, constituido el nuevo Congreso y con el gobierno de Michelle Bachelet en marcha, es momento de manifestar las opiniones de los diversos actores involucrados.

En este sentido, quisiera extenderme sobre algunas de las observaciones que hemos hecho -desde la Comisión de Educación de Revolución Democrática- con respecto a las propuestas educacionales del programa de gobierno.

 

LO BUENO

-Servicio Nacional de Educación Pública: El consenso sobre la inequidad asociada al actual sistema municipal permite enfocarse en las nuevas bases institucionales para administrar la alicaída educación pública. La alternativa de desmunicipalización debe, entonces, centrarse en que sea el Mineduc el responsable de la calidad, equidad e integración en la educación pública, sin perjuicio de que se trate de un sistema descentralizado y eficiente. El proceso requerirá también determinar el modo de transición y la gradualidad de estas reformas; nadie quiere un Transantiago en educación.

-Terminar con toda forma de selección: Hoy la ley prohíbe la selección en todo establecimiento público que reciba financiamiento estatal hasta sexto básico. El incumplimiento y la falta de fiscalización -sumados al financiamiento compartido- contribuyen a agudizar la segregación por criterios académicos, sociales y/o religiosos. Para avanzar es importante extender la prohibición a toda la educación obligatoria -kinder, educación básica y media- en al menos los establecimientos con financiamiento público, pero idealmente en todos. Para hacerlo efectivo debemos ir más allá de la fiscalización, introduciendo, por ejemplo, sistemas de repartición aleatoria de cupos y/o cuotas de integración.

-Fin al lucro en todo el sistema educativo: En torno a esta demanda del movimiento estudiantil, los mismos motivos que justifican la eliminación del lucro en establecimientos con financiamiento público  se aplican a aquellos financiados en su totalidad por las familias. Para permitir esta transformación se deberán generar estrategias que posibiliten remunerar la gestión de directores, pero eliminándose la maximización de utilidades. Tal prohibición -en todos los niveles- debe acompañarse de una institucionalidad que certifique su cumplimiento.

-Término del financiamiento compartido y principio de gratuidad universal: El financiamiento compartido a nivel escolar y en la educación superior ha funcionado como un instrumento de segregación perfecto. Con el sistema, que genera brechas entre el arancel de referencia y el arancel real, está sucediendo lo mismo. Para que la educación se convierta en un derecho social tenemos que terminar con el copago en el corto plazo y trazar un camino para garantizar educación pública, gratuita y de calidad a todo quien pueda beneficiarse.

LO INCIERTO Y QUÉ ESTÁ EN DISPUTA

-Nuevo paradigma de financiamiento: El paradigma actual busca financiar la demanda (las preferencias de los estudiantes y los padres) por vías de vouchers. Esta fórmula ha tenido por consecuencia una disminución de los salarios por exceso de oferta en ciertas profesiones, una baja en la calidad de muchas carreras y un aumento en los aranceles por ineficiencias de gestión y por el afán de lucro. La alternativa que proponemos -que está comprometida con la educación como un derecho- enfatiza el financiamiento para fortalecer instituciones con rol público y carreras de calidad, cuyos  planes de desarrollo deben ser elaborados participativamente con involucramiento del Estado, con trato preferente y prioritario a aquellas de su propiedad.

-Educación técnica: Para levantar a la educación técnica de su actual letargo requerimos de una mirada global y no sólo de medidas aisladas que busquen fomentarla. En este sentido, la sola creación de CFT e IP estatales no basta por sí misma, sino que puede, por ejemplo, integrarse en un proyecto de universidades politécnicas. Esto facilitaría la homologación de títulos y grados, la inversión en infraestructura y tecnología y, en general, coherencia y articulación con el resto del sistema educacional, sobre todo entre la educación media y superior.

-Carrera docente y formación pedagógica: La calidad en la formación de los profesores y sus condiciones laborales son mínimos necesarios para la excelencia en los procesos educativos. Aquí podemos innovar. Por ejemplo, es posible estimar el número de profesores necesarios para nuestro país, las condiciones que requieren para ejercer de mejor manera su labor y determinar las instituciones que están en condiciones de brindarles formación de calidad. Esta regulación de la oferta académica y laboral implica un involucramiento importante del Estado, porque es aquí donde se determina el cambio estructural del sistema a un plazo de 30 años.

LO AUSENTE

Hay puntos que no se mencionan en el programa y, asumiendo nuestra cuota de responsabilidad, debates sobre ciertos temas que hemos postergado. No podemos cimentar un proyecto educacional país si no nos sentamos a debatir sobre temas fundamentales, como la definición de qué entendemos por calidad. ¿Sólo es importante el resultado de nuestros hijos en el Simce o la PSU o nos interesa conocer su nivel de formación cívica, su conciencia en educación sexual o autocuidado de la salud y las habilidades blandas que desarrollan? Debemos repensar los objetivos que le damos a nuestro sistema educacional, y nosotros promovemos que una determinación de tan profunda relevancia para el país debe provenir de una amplia discusión que sea protagonizada por los actores educacionales y la ciudadanía en general.

Una buena señal de parte de este gobierno debiese ser partir jugándosela por la educación pública y por mayor participación, por ejemplo, revirtiendo el cierre de varias escuelas y liceos municipales y, por otro lado, derogando las normas que impiden la participación de estudiantes y trabajadores en las decisiones de las instituciones de educación superior.