Son puestos de alta experiencia técnica y con cientos de trabajadores a cargo. Las direcciones de los 29 servicios de salud a lo largo de Chile aparecen una y otra vez como referente en el sistema estatal. Pero sus sueldos contrastan con su dificultad: van entre los 3 y 6 millones de pesos, apenas la mitad o un tercio de lo que podría recibir un director por un trabajo similar en el sector privado. Los cinco servicios de salud que atienden a Santiago son más complejos aún: allí, los jefes encabezan varios hospitales, dirigen a miles de funcionarios y de su gestión dependen millones de personas. Una buena labor ahí puede traducirse no sólo en miles de millones de pesos de ahorro, sino que en un mayor bienestar de la gente.

Sin embargo, en menos de una semana 21 de los 29 directores del área dejaron sus cargos. Pese a que ganaron concursos a través del sistema de Alta Dirección Pública, el gobierno de Michelle Bachelet decidió usar el derecho de removerlos y nominar a personas de su confianza política. Algo similar ocurrió en otros servicios sometidos al sistema de selección, como Impuestos Internos, el Senda o Chilecompra.

Los despidos volvieron a poner en la mira al sistema de recursos humanos del Estado, que involucra en torno a 250 mil puestos. Tras dos cambios de coalición en el gobierno, su fragilidad ha desatado las críticas de la Concertación y la Alianza cuando les ha tocado mirar desde fuera.

La polémica se ha centrado sobre todo en el modelo de ADP, que cumple una década. Los escasos impedimentos para que las autoridades políticas saquen a quienes lograron su cupo mediante esa vía han alejado al sistema de sus objetivos de estabilidad y transversalidad política. Son puestos claves y apetecidos, con altos ingresos para el sistema público. Y si la alerta está lanzada para esos cargos, en el resto del sector público el escenario no mejora: el sistema de añadir personal a contrata y a honorarios permite que, en la práctica, cada gobierno pueda rehacer a su antojo gran parte del aparato estatal si lo desea.

Aunque no existen cifras claras, una revisión por los principales servicios muestra datos relevantes. Según la información disponible en el portal Gobierno Transparente a enero de 2014 para 234 reparticiones -entre ellos subsecretarías, intendencias, gobernaciones y superintendencias-, dichos servicios tienen más de 15 mil cargos cuyos sueldos brutos superan los 2 millones de pesos. De ellos, 10 mil son a contrata o a honorarios -es decir, pueden ser removidos sin mayores problemas-, y mil de los puestos de planta corresponden a cargos de confianza del gobierno anterior que deben renunciar con el cambio de administración.

Carlos Williamson, quien acaba de dejar su puesto como director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, explica que el escenario termina configurando una profecía autocumplida. “Como la gente ve que esto es reiterado en el tiempo, los buenos postulantes dudan en participar”, dice. “Mucha gente prefiere no concursar porque dice que hay alguien que va a llegar seguro”.

El nuevo sistema comenzó a gestarse luego de la polémica por los sobresueldos, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Antes de eso, los funcionarios públicos se dividían entre los cargos designados por el gobierno de turno y aquellos que eran parte del escalafón, cuyos ascensos en el sistema público estaban determinados por su antigüedad.

Con la nueva ley de trato laboral, la situación cambió, modificando los tres niveles que siempre existieron en el aparato público. El primer nivel se refería a jefes de servicio; el segundo a sus dependientes, incluyendo directores regionales y subdirectores; y el tercero eran jefes de departamento. La nueva legislación dictaminó que los niveles 1 y 2 se comenzarían a seleccionar bajo concurso.

“1.100 cargos pasaron a ser nombrados por el sistema de Alta Dirección Pública y otros dos mil y tantos pasan a ser concursados y forman parte de la carrera funcionaria”, explica Williamson.

Pese a esta reforma, el sistema aún ha caído en controversias durante los cambios de gobierno, como cuando asumió Piñera y se produjo la desvinculación del 63% del primer nivel jerárquico y el 28% del segundo nivel, en cargos elegidos por alta dirección pública. Sobre lo que está pasando con el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, las cifras aún no se conocen. “El sistema de selección está bien diseñado, está blindado para interferencias externas que vulneren los principios de no discriminación, competitividad y que sea abierto”, comenta Williamson. “¿Qué sucede cuando el directivo público está en el ejercicio del cargo? Ahí entramos con los problemas que está presentando el sistema, las desvinculaciones, porque eso no depende del Servicio Civil ni del Consejo. Ésa es la segunda parte del híbrido, que es el derecho a remoción que reside en la autoridad, sin expresión de causa”.

El sistema ha llevado a una selección más transparente. Sin embargo, existe una fragilidad que juega en contra a la hora de comparar entre un empleo público y uno privado. En el Servicio Civil han calculado que el promedio de duración de un directivo público en su cargo son dos años y medio. “Es bajísimo, porque cualquier directivo público que llega necesita al menos seis meses para entender lo que es el sistema. En el sector privado no es así. Acá se necesita conocer la cultura, la parte legal es muy compleja. Entonces hay una pérdida de capital humano, y cada vez hay que partir de cero”, agrega Williamson.

LA BRECHA PÚBLICO-PRIVADA

Cuando en 2010 Alejandra Mizala y Pilar Romaguera estudiaron las diferencias entre los trabajadores del sector público y el privado, encontraron, entre otras características, que los empleados del sector público tenían más años de educación (13 años versus 11), un mayor porcentaje de mujeres (50% versus alrededor de 38%) y más profesionales (37% versus 11%).

Pero, a la hora de ver las remuneraciones, no se encontraron con noticias tan positivas, sobre todo en los niveles superiores. Entre quienes tenían salarios más bajos, los trabajadores públicos estaban mejor remunerados, no así en los cargos directivos. Mizala explica que “esto se debe a la estructura salarial más comprimida en el sector público, ya que en este sector hay una menor diferencia entre los que ganan menos y los que ganan más que en el sector privado”.

En 2012, el Servicio Civil encargó a la empresa consultora Deloitte un reporte más específico respecto a este último punto, enfocado sólo en los cargos de Alta Dirección Pública. “El estudio que hicimos reveló que había brechas importantes”, dice Carlos Williamson. “Sobre todo en el primer nivel esto es muy fuerte, porque te comparas con gerentes generales y ahí los sueldos máximos de los subsecretarios tienen límites”.

Según el informe de Deloitte, al comparar con el mundo privado, los ministerios con mayores brechas eran los de Economía, Defensa y Educación, mientras que los con mayor cercanía a los sueldos fuera del gobierno eran Hacienda, Obras Públicas, Relaciones Exteriores y Transporte. “Otro análisis interesante es el que hicimos sobre equidad interna. Ésta se refiere a comparar las remuneraciones de distintos cargos con similares grados de complejidad”, explica Williamson. “Hay cargos a los que se les paga prácticamente un tercio de lo que se les paga a otros en el mismo nivel de complejidad, lo que revela una tremenda inequidad interna”. Defensa, Salud y Educación se encontraban bajo el rango, mientras que Hacienda, Economía y Trabajo recibían mejores remuneraciones al comparar cargos similares de otras carteras.

“En términos genéricos, aquellos ministerios que manejan mayor presupuesto y donde se requiere de una especialización mayor, claramente tienen mejores remuneraciones que los servicios más pequeños”, explica Claudia Migueles, senior manager de Human Capital de Deloitte. “Ellos también, en ese sentido, se guían de alguna manera por la norma de mercado privado; por decirlo así, a mayor complejidad, mayor sofisticación, tienen mejores rentas”.

UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Leonardo Salazar repite sin cesar el término: exonerados políticos. A su lado, en una oficina a pasos de La Moneda, están Fernando Norambuena, Patricio Fuentes y Patricio Hernández, tres ex funcionarios estatales a los que el gobierno de Sebastián Piñera sacó de sus cargos.

Salazar es el coordinador de la ANEF en la Mesa Nacional de Exonerados Políticos bajo el gobierno de Piñera. Explica que la agrupación integra a aquellos funcionarios a contrata y honorarios que dejaron sus puestos pese a estar evaluados en listas 1 y 2, es decir, con desempeño excelente o bueno en el sector público. De acuerdo a los registros de la ANEF, la cifra es de 11 mil personas a lo largo del anterior gobierno. El número cobró vida esta semana cuando Bachelet lo validó ante las críticas por las desvinculaciones. “¿Y cuándo se habló de los 11 mil despidos que hizo el presidente Piñera?”, cuestionó.

Tanto Salazar como Norambuena, Fuentes y Hernández plantean que ambas situaciones no son comparables. Afirman que la decisión de Bachelet fue sobre cargos de exclusiva confianza política, mientras que la de Piñera abarcó todo tipo de puestos del Estado. Pero apuntan en una dirección similar a la de Williamson cuando señalan que el problema de fondo es la precariedad de los empleos.

Las estadísticas de la Dirección de Presupuestos publicadas a fines del año pasado revelan que el 64% de los trabajadores del gobierno central están a contrata o bajo honorarios. Según los trabajadores, el modelo los perjudica porque en ambas modalidades el acuerdo tiene como máximo un año de vigencia -a diferencia de la planta, donde sólo un sumario puede sacar a alguien del puesto-, lo que facilita los despidos sin pagar indemnizaciones ni dar motivos adicionales. Williamson plantea que este escenario daña la calidad del trabajo público. “Debiésemos pasar a contratos indefinidos o de varios años. Me parece absurdo que se le exija al sector privado y que el sector público no lo tenga”, analiza el ex directivo.

PASOS ATRÁS, PASOS ADELANTE

Aunque asumió recién la semana pasada, Rodrigo Egaña ya ha tenido que hacer frente a su primera crisis. El nuevo director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública salió a poner paños fríos en medio de un panorama en que varios de los otros consejeros -como la abogada Beatriz Corbo- criticaron públicamente las desvinculaciones hechas por Bachelet. Para Egaña, las prioridades van sobre todo por el lado de dar mejores incentivos a los directivos públicos para mejorar su nivel. “Se requiere avanzar para ser competitivos con el sector privado”, asegura. “En países desarrollados, las rentas se ajustan a las características personales, académicas y de experiencia de quien resulte elegido para ocupar un cargo. Eso no ocurre en nuestro sistema de ADP, donde la compensación es ‘al cargo’, independientemente de los atributos de quien llegue”.

Para Williamson el tema es más profundo. Afirma que una década después, el modelo de ADP requiere ponerse al día, recoger la realidad y repotenciar su idea original de incentivar a que los mejores sean quienes lleguen al Estado. A partir de la experiencia, plantea que una opción es dar un paso atrás y permitir que el presidente de la República recupere la designación directa de ciertos altos cargos clave, pero a cambio de garantías de mayor estabilidad para los niveles directivos inferiores que lleguen mediante concurso. Esto sinceraría el panorama actual, donde la fórmula es que el mandatario saca al funcionario que no le gusta, nombra un subrogante y lo hace postular al concurso de ADP, con una gran ventaja comparativa con sus rivales.

Más allá de eso, el ex jefe del Servicio Civil apunta a que es imposible que la situación cambie sin un cambio cultural de la clase política. “Al final del día todavía se mantiene el carácter de botín”, reflexiona. “Uno esperaría que el sistema tuviera mayor estabilidad, y que las personas desarrollen una carrera directiva en el sector público sin esperar que los desvinculen por un tema partidista. Pero las declaraciones de las autoridades que han asumido fue decir que les correspondía nombrar sus cargos por confianza política. Eso es arbitrariedad”.