Lo citó una y otra vez, incluso antes de ser ministro de Educación, y antes de disparar contra su ex colegio y el sistema de educación privado chileno. En 2012, poco después de volver al país, Nicolás Eyzaguirre comentó a varios de sus cercanos que algo que lo había impresionado de su vida en Washington D.C. como director para el Hemisferio Occidental del FMI era ver a los altos funcionarios que vivían en esa ciudad mandar a sus hijos a colegios públicos. El ejemplo apareció más y más, en público y en privado, luego de ser reclutado para el gabinete de Bachelet, como un objetivo utópico, una idea a alcanzar a partir de la reforma de todo el sistema.

Cuando Kaya Henderson escucha la anécdota, esboza una sonrisa. Ella, que lleva siete años supervisando el sistema de educación pública en la capital estadounidense y que desde 2010 ocupa el cargo de canciller -es decir, la encargada principal de todo el estado-, dice que lo que cuenta Eyzaguirre tiene sentido. Pero, en su caso, fue algo por lo que tuvo que luchar.

-Hoy la mayoría de los miembros de mi equipo tienen a sus hijos en las escuelas públicas. Pero eso antes no pasaba: la mayoría los llevaba a escuelas privadas -cuenta Henderson-. Y alguien me dijo: si quieres que realmente cambien las escuelas públicas, entonces haz que la gente que trabaja en educación lleve a sus hijos a esas escuelas. Porque lo que vas a hacer por tus propios hijos es muy diferente de lo que vas a hacer por hijos de otras personas.

Henderson, que estuvo en Santiago la semana pasada como una de las expositoras de la conferencia global de Teach For All y Enseña Chile, es el rostro de un cambio que ha acaparado atención. En el último lustro, el sistema de educación pública de Washington D.C., uno de los peores de EE.UU., comenzó a mejorar sus indicadores a pasos agigantados. El panorama era durísimo: no sólo la educación pública presentaba malos indicadores, sino que también había una gigantesca desigualdad entre los colegios de los mejores barrios, donde estaban las principales autoridades de la nación, y los vecindarios más pobres.

Con una batería de medidas, como una nueva evaluación docente, un programa para identificar y reclutar a profesores exitosos para que ejercieran en las peores escuelas ofreciéndoles el doble de salario que el de un colegio promedio, y un modelo de mediciones escolares permanentes, la capital salió de los últimos lugares. Un ejemplo: si en 2007 los estudiantes del curso equivalente a cuarto básico ocupaban el lugar 19 entre 21 grandes ciudades estadounidenses en matemática, el año pasado quedaron en el lugar 11. En el camino, la canciller se convirtió en una figura. En 2011 la revista Forbes la situó en el primer lugar entre las  figuras de educación más influyentes del mundo.

La fórmula está siendo seguida de cerca por el Mineduc pensando en las reformas educacionales al sistema escolar que se presentarán antes del 21 de mayo. No es la única: los expertos del ministerio han analizado, entre otros, los modelos de la provincia canadiense de Ontario y del estado de Massachusetts, en EE.UU., para evaluar la manera en que se ejecutarán temas como el fin al lucro y la selección en ese nivel educacional.

EN EL LÍMITE DE LO PÚBLICO

Pero el caso de Washington D.C. también es analizado por otro factor: el fuerte ingreso de las denominadas charter schools, o escuelas por contrato. Si en Estados Unidos el promedio de la matrícula en esas escuelas es del 5% de los alumnos, en la capital la cifra escala hasta el 43%.

Es un modelo con algunas semejanzas a los colegios particulares subvencionados chilenos, en que el Estado subcontrata para manejar escuelas -principalmente en zonas vulnerables- a organizaciones que, dependiendo del lugar, pueden estar obligadas a ser entidades sin fines de lucro o bien pueden tener permitido cierto nivel de ganancias. Las entidades pueden incluso ocupar infraestructura estatal, y en varios casos usan instalaciones de colegios públicos que se han cerrado o comparten salas con otros que tienen baja matrícula. Pueden tomar con más libertad decisiones en cuanto al equipo docente o a aspectos como el horario de los niños. El límite lo fija el contrato que firma con el Estado: si éste se incumple, la escuela puede ser cerrada inmediatamente.

Los defensores de este sistema afirman que incentiva a los colegios públicos a mejorar sus prácticas y que les entrega mayor libertad a los educadores para fijar reglas que mejoren la educación, mientras el Estado puede poner más reglas y controlar el cumplimiento de objetivos. Sin embargo, sus críticos aseguran que es una forma distinta de caer en la segregación escolar y que, al tener mayor flexibilidad, termina siendo una competencia desleal para la educación pública. Algo que se parece a las objeciones levantadas por sectores de la Nueva Mayoría contra la educación particular subvencionada.

Una de las voces más respetadas en ese mundo es la de Mike Feinberg, quien hace dos décadas fue compañero de Kaya Henderson en una “gran generación” de la ONG Teach for America. Tras terminar su servicio en 1994, desarrolló junto a otro amigo, Dave Levin, un programa para ayudar a que niños vulnerables mejoraran su rendimiento escolar: el Knowledge Is Power Program (Programa Conocimiento es Poder), conocido como KIPP. Un par de años después, Feinberg y Levin dieron el salto y comenzaron a administrar charter schools en los estados donde trabajaban, Texas y Nueva York. Hoy, la fundación sin fines de lucro es uno de los principales administradores del sistema en el país, con una red de 141 colegios, 50 mil alumnos y presencia en 20 estados, más Washington D.C., uno de los lugares con mayor presencia: tienen 12 establecimientos.

“En las comunidades pobres se genera un monopolio, no hay opción. Tienes que ir a las escuelas públicas y no hay competencia. Y un monopolio genera baja calidad y altos costos”, dice Feinberg, quien la semana pasada vino a Chile al encuentro de Teach For All y dio una conferencia en el Centro de Estudios Públicos, moderada por Harald Beyer en su primera actividad pública como director de la entidad. “Tú rompes eso empoderando a las familias para que tengan opciones”.

Aun cuando el modelo de KIPP ha sido elogiado y su caso ha inspirado libros, sobre las charter schools la discusión está en pleno auge. Sobre todo porque cada estado puede fijar sus propias normas. Por ejemplo, en Massachusetts este tipo de escuelas puede tener como máximo el 4% de la matrícula total y se les prohíbe tener fines de lucro.

En el último mes, mientras la ciudad de Nueva Orleans decidió que toda la matrícula de educación pública se haría bajo este sistema, el recién asumido alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, encabezó una fuerte ofensiva para recortar lo que considera “privilegios” de este modelo que generan, a su juicio, un perjuicio para las escuelas públicas. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, resolvió la pugna de forma salomónica: aumentó fondos tanto para las escuelas públicas como para las charter schools.

LA CALIDAD ES LO PRIMERO

En Washington D.C., la fórmula fue más radical. Kaya Henderson cuenta que el sistema se planificó para que la mayoría de las charter schools operen bajo un modelo de selección común con las escuelas públicas. Cada verano, los padres tienen derecho a postular a sus hijos a cualquier colegio que esté adscrito al sistema. La decisión de si quedan o no se da a través de una lotería estatal que tiene prohibido considerar factores como el desempeño académico, el ingreso económico de los padres o la raza de los estudiantes. Con todo, su gran orgullo es que en los últimos años se ha revertido la tendencia inicial, en que las charter schools llenaban su matrícula con estudiantes que migraban desde las escuelas públicas. “Hemos visto a las familias volver a nuestras escuelas, porque ven que las charter schools no son necesariamente mejores”, dice Henderson.

Sus palabras suenan muy similares al objetivo que se fijan en el Mineduc: lograr que la educación pública empiece a ser sinónimo de calidad y que los padres opten por ella. Sin embargo, los cambios que Henderson lideró en los últimos cinco años parecen revolucionarios: obligó a los profesores a someterse a una evaluación anual, implementó un sistema de tutorías estatales para aquellos educadores que tuvieran problemas enseñando una materia, desarrolló un modelo en que los resultados de las escuelas están disponibles por internet y consiguió importantes aumentos en el financiamiento estatal a la educación pública. Eso también ha traído un aumento de demandas. “Antes, los padres no pedían mucho, porque no veían resultados. Ahora los padres ven logros y quieren más”, afirma la autoridad de la capital estadounidense.

Por estos días, Eyzaguirre está trabajando a toda máquina en la primera gran señal de cómo armará su propio modelo. Quiere enviar a más tardar el próximo mes tres proyectos que se consideran clave en materia escolar: fin al lucro, al copago y a la selección en ese nivel. De aprobarse, significarán un gigantesco cambio en la forma en que hoy se trabaja en esa área.

Pero tanto Henderson como Feinberg apuntan a un aspecto medular. Dicen que en su experiencia, la verdadera diferencia, más allá de los modelos, se da cuando las escuelas son capaces de ofrecer propuestas de calidad. Todos los sistemas de medición y de incentivos se enfocan en eso: capturar a los mejores profesores, desarrollarlos y monitorear las mejores prácticas docentes para replicarlas. La palabra de Henderson, la mujer que levantó el orgullo de las escuelas públicas de Washington D.C., es muy clara: “Finalmente, a los padres no les preocupa cuál es el tipo de escuela. Lo que quieren es un buen colegio para sus hijos”.