Fue el encargado del programa de gobierno, y ese dato, tal vez accesorio en otras épocas (¿quién se acuerda del jefe programático de, digamos, Frei Ruiz-Tagle), devino en hecho clave a medida que ese programa pasaba de ser “un ladrillo, un mamotreto que nadie lee” (Michelle Bachelet, 8 de octubre de 2013) a “un contrato solemne entre ustedes y esta presidenta” (Michelle Bachelet, 11 de marzo de 2014).

Arenas se volvió, entonces, en el albacea de ese contrato solemne. El depositario de las Tablas de la Ley que servirían de pegamento ideológico a la vasta diversidad democristiana-socialdemócrata-socialista-progresista-comunista llamada Nueva Mayoría.

Y esa labor la cumpliría desde Teatinos 120. Siempre se ha dicho del ministro de Hacienda que es el guardián del tesoro público. Arenas sería eso, pero también algo más: el guardián de la fe revelada en el sacrosanto programa.

La tarea de Arenas es mayor. Es la primera de las figuras del gabinete que debe saltar a la cancha y convertir la letra del programa en resultados concretos, y además lograrlo en plazos acotados: una reforma tributaria pasada por la Cámara de Diputados antes del 21 de mayo, y por el Senado para convertirse en ley para Fiestas Patrias. Es la primera ficha del dominó: si cae donde, como y cuando está previsto da el ejemplo y el vamos a las demás reformas, partiendo por la educacional. Si demora, si trastabilla o si fracasa, todo el resto de la agenda queda en peligro.

Con 48 años de edad, un doctorado en Pittsburgh y experiencia ascendente como figura técnica en todos los gobiernos de la Concertación, nadie duda que Arenas tiene las competencias para su tarea. Sobre sus virtudes políticas hay muchas más dudas, aunque sus primeros pasos sí permiten vislumbrar algo de un  talento en desarrollo.

La primera muestra fue una acción preventiva, una movida inteligente que desactivó la principal pieza de artillería política contra la reforma. En el programa de gobierno se especificaba que el tope del impuesto a las personas bajaría del 40% al 35%. Pero había una alerta: durante el gobierno del presidente Piñera, una medida similar, impulsada como parte de la reforma tributaria  post terremoto, naufragó en medio de una crítica tan populista como demoledora de la entonces oposición: la reforma -argumentaron parlamentarios de la Nueva Mayoría- significaría un aumento de sueldo para ellos mismos.

Diputados de la UDI ya tenían identificado ese punto vulnerable de la reforma Bachelet, y preparada la artillería para centrar ahí el ataque. Pero Arenas se adelantó, y el discurso en que la Presidenta anunció la reforma incluyó un pie de página preventivo que no estaba en el programa: un impuesto adicional impediría que los sueldos líquidos de ministros, subsecretarios y parlamentarios (y de la Presidenta) subieran.

Fue un golpe duro para la estrategia de los panfletos antirreforma que preparaba la UDI, y que perdió tracción sin su línea de ataque más importante.

Los panfletos también se convirtieron en ejemplo de la confusión en que está sumida la derecha. Mientras diputados UDI apuestan por la línea dura, otros dentro del partido, como el senador Hernán Larraín, se desmarcan públicamente de esa estrategia, y tanto RN como Amplitud se decantan por aprobar la idea de legislar y negociar los detalles.

Arenas recuerda en público la reforma tributaria de Aylwin, la oposición de la UDI a ella (“No han cambiado las críticas ni los sectores de donde provienen, no tuvieron razón en los 90 y en esta reforma tampoco la van a tener”), y puede soñarse a sí mismo como el nuevo Foxley, mientras da espacio a Allamand, Ossandón, Lily Pérez y los demás de verse a sí mismos como los nuevos Piñera, capaces de abrir el consenso sobre la reforma.

No sólo la oposición política parece dividida e inerme. Lo mismo ocurre con la oposición empresarial. Ante la evidencia de un alza de impuestos que viene sí o sí, la advertencia del presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, de que los inversionistas dejarían Chile, no tomó vuelo. Apenas horas después, el presidente de la Asociación de Bancos y votante de Bachelet, Jorge Awad, lo contradecía, y la CPC también adoptaba una posición moderada. La línea dura no sumó apoyos, y el propio timonel de los industriales ha sido mucho más cuidadoso en sus siguientes intervenciones públicas.

Pero claro, esto es sólo el comienzo. La discusión será larga y sin duda sumará más flancos, como las suspicacias en las pymes, los efectos sobre la compra de viviendas, e índices de creación de empleo nada vigorosos.

Es que el debate sobre impuestos es uno de los más complejos de toda sociedad, porque junta aspectos técnicos altamente sofisticados con discusiones ideológicas de gran hondura.

De un lado, grandes revoluciones, como la norteamericana y la francesa, partieron desde el reclamo por impuestos que se consideraban injustos.  Del otro, citando a Francis Fukuyama, “una medida clave de la salud de un democracia moderna es su capacidad para extraer impuestos legítimamente a sus elites”.

¿Será Alberto Arenas el hombre capaz de dividir las aguas para atravesar este mar proceloso de tecnicismos e ideologías sin extraviar ni la letra ni el espíritu del sacrosanto programa? Buena parte del éxito de este gobierno depende de ello.