La reunión del fin de semana pasado de la Federación de Instituciones de Educación Particular, en Pucón, encendió algunas alarmas en el oficialismo. Aunque fue un encuentro con mucho diálogo, la FIDE logró aglutinar a varias entidades que se oponen a aspectos de la reforma.
Tres extensas reuniones ha tenido la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, con el comité permanente de la Iglesia Católica que preside el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, e integran los obispos Alejandro Goic, Ignacio Ducasse, Cristián Caro y Fernando Chomalí. Con desayuno incluido, todos los encuentros se han realizado las segundas semanas de los últimos meses en la sede de la Iglesia en calle Cienfuegos. El tema principal ha sido la preocupación de la Iglesia por la reforma educacional. Muy atrás está el proyecto sobre aborto terapéutico y el de matrimonio igualitario.
Aunque hasta ahora no se ha entrado en el terreno de las negociaciones, como ha ocurrido con la Iglesia en otros temas complejos tratados en gobiernos anteriores de la Concertación, La Moneda está consciente que la oposición de la Iglesia podría ser un factor clave en el futuro de la reforma. Más aún cuando la UDI y RN se encuentran debilitados en ambas cámaras del Congreso y con nuevas directivas volcadas a procesos internos.
“La Iglesia es el tema hoy en la reforma educacional y si no actuamos de forma inteligente, puede transformarse en el gran obstáculo, tal como lo ha hecho en diversas épocas de la historia de Chile”, afirma un influyente senador de la Nueva Mayoría, quien advierte que el peor escenario es que la Iglesia aglutine y lidere a todos los sectores que se oponen a la reforma. La reunión del fin de semana pasado de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), presidida por el hermano Jesús Triguero, en Pucón, encendió algunas alarmas en el oficialismo. Aunque fue un encuentro con mucho diálogo, la entidad creada en 1948 logró aglutinar a varias entidades que rechazan algunos aspectos de la reforma más importante del gobierno de Michelle Bachelet, lo cual no pasó desapercibido por el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien asistió al evento.
“Yo espero que la Iglesia asuma los grandes objetivos de la reforma educacional y que entienda que no puede seguir el modelo de mercado que existe en la actualidad y que tiene a la educación pública en franco deterioro. La Iglesia tiene una responsabilidad ética en esto y también responsabilidad histórica en lo que sucede hoy”, dice el senador socialista Carlos Montes, quien históricamente ha mantenido lazos con la institución.
LA DOCTRINA “EZZATI”
La postura de la Iglesia preocupa a Eyzaguirre quien, desde que presentó los ejes de la reforma, ha buscado construir puentes en distintos niveles de la jerarquía para dar señales de tranquilidad. Por este motivo se ha reunido con Ezzati, con monseñor Héctor Vargas -el obispo de Temuco encargado del área de educación de la Conferencia Episcopal- con los jesuitas y asistió la última semana de mayo a la Jornada de Vicarios de la Educación en Padre Hurtado. También ha incluido visitas a colegios católicos en sus viajes a regiones. “Lo hizo en Vallenar, en Iquique y en otras ciudades”, comenta su asesor DC, el ex diputado Exequiel Silva.
Una de las preocupaciones que existían en el gobierno era el nivel de liderazgo, al interior de la Iglesia, que podría adquirir Ezzati en la discusión sobre la reforma educacional. El arzobispo de Santiago es miembro de los Salesianos, congregación con larga tradición en la materia, y es ex rector de un colegio en Concepción. Además, en los dos últimos tedeums de Fiestas Patrias ya había adelantado su mirada, la que contrasta fuertemente con las actuales propuestas de gobierno. “Es falsa la oposición entre educación pública y privada, por la simple razón que, independiente de quién la imparta, la educación como tal es un bien público que la sociedad y el Estado deben cautelar”, dijo el 18 de septiembre de 2012. Respecto de la reforma tributaria, señaló en esa oportunidad que esperaba que los nuevos recursos “vayan en ayuda de los sectores más vulnerables, haciendo confianza tanto en la escuela municipalizada -potenciándola con verdadero interés- como en otras de iniciativa privada, sean de educación gratuita o de financiamiento compartido”. Lo anterior ha sido bautizado como la “doctrina Ezzati” por algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Es por este motivo que en el gobierno han visto con buenos ojos que, al menos en esta etapa, monseñor Vargas sea el interlocutor de la Iglesia en esta discusión, dada su histórica relación con algunos dirigentes de la DC.
En el gobierno señalan, además, que la fuerte reacción de Ezzati el 21 de mayo cuestionando el anuncio de Bachelet sobre el envío de un proyecto de aborto terapéutico no fue bien evaluada al interior de la Iglesia, ya que lo expuso mucho. Relacionando esta iniciativa con el anuncio de medidas para la protección y tenencia responsable de mascotas, el cardenal dijo que “con todo el respeto que me merecen las mascotas, creo que la persona y la vida humana vale mucho más que eso”.
LOS CUESTIONAMIENTOS DE LA IGLESIA
Los reparos que la Iglesia ha manifestado a la reforma son la forma en que el gobierno ha planteado el proyecto, del que se ha ido enterando de los detalles mucho más lento de lo que quisieran. Pero particularmente, sus críticas han sido a la manera en que se ha planteado la eliminación del copago. “Al conocer ahora el proyecto que fue enviado a la Cámara de Diputados, no estamos de acuerdo con la forma, el modo con que se quiere llevar a cabo”, dice el obispo Héctor Vargas. Y agrega: “Ninguno de esos temas (de la reforma) apunta a corregir la mala calidad que en la educación”.
Mientras, el vicario para la Educación, Tomás Scherz, enfatiza que “el tema de la gratuidad es valorable, pero la implementación para los que tienen copagos más altos parece no ser la correcta. Esa transición a la gratuidad no será tan fácil para todos”.
De ahí que el mayor punto de fricción es el fin al copago que propuso el Ejecutivo: la Iglesia teme que a algunos colegios, simplemente, las cifras “no les den”. “Para colegios con financiamiento compartido, por sobre los $40.000, no les da la fórmula que propone el gobierno. Hay colegios de congregaciones, centenarios, que están en el rango de los $40.000 a $80.000. A ellos no les da el financiamiento”, detalla Vargas. “Hay que recordar que con el nacimiento del financiamiento compartido, muchos colegios católicos, que eran particulares pagados, pudieron abrirse a la clase media. Y muchos de esos colegios ahora están complicados, porque no les dará el financiamiento. Pero, al mismo tiempo, no estamos dispuestos como Iglesia a que vuelvan a ser pagados para la clase alta. No queremos dejar desatendida a la clase media”, agrega el prelado.
Otro punto de discrepancia de la Iglesia con la reforma es el fin a la selección, aunque acá hay matices al interior de ella. Por ejemplo, Juan Enrique Guarachi, director ejecutivo de la Fundación Belén Educa -que agrupa a 12 colegios particulares subvencionados dependientes del Arzobispado de Santiago-, ha respaldado la propuesta.
Para la Iglesia, sin embargo, éste es un tema más que sensible, ya que hoy casi 50 mil alumnos del país estudian en colegios particulares subvencionados vinculados directamente a la Iglesia, y otros 200 mil en colegios privados de corte confesional.
La Iglesia no quiere perder el apego de las familias al proyecto educacional que proponen los colegios católicos así como quiere prevalezca el derecho de los padres a su libre elección. “El gestor educativo tiene el derecho a saber un mínimo de quiénes serán parte del proyecto educativo”, dicen desde la Iglesia.
Otra de las preocupaciones que en privado han transmitido algunos obispos a parlamentarios es que a raíz del público debate en torno a la compra de colegios, en las últimas semanas algunos sostenedores de establecimientos católicos han recibido ofertas de inmobiliarias. Esto ha sucedido especialmente en regiones, donde algunos de estos colegios están emplazados en zonas céntricas y estratégicas de las ciudades.
Hasta ahora el área de Educación de la Conferencia Episcopal ha redactado dos documentos sobre la reforma. En ellos defienden con fuerza el financiamiento compartido: “Colaboró en modo significativo a mejorar la educación, las prácticas pedagógicas, las innovaciones curriculares, los ambientes, los medios, la infraestructura, los salarios y el perfeccionamiento en muchos establecimientos”.
En otro de los documentos se cuestiona el foco del proyecto: “Las propuestas aparecen orientadas fundamentalmente a decisiones de tipo económico, gestión administrativa y modelos de dependencia, más que a la calidad educativa y pedagógica que tanto demanda la sociedad”, dice el texto fechado el 29 de mayo.
EL NEXO CON EL GOBIERNO Y LOS POLÍTICOS
Héctor Vargas es quien fue nominado por la Iglesia para convertirse en el nexo con el gobierno en materia educacional. Con lazos históricos en la DC -es cercano a la diputada y ex ministra Yasna Provoste y al senador Ignacio Walker-, quienes lo conocen dicen que entre los obispos ha ido desarrollando cada vez más un perfil “político”.
El obispo, además, es cercano al intendente de la Novena Región, Francisco Huenchumilla (DC), con quien ha trabajado en el tema mapuche. Una tarea que, años atrás, antes de ser nombrado cardenal, también tuvo monseñor Ezzati en la zona.
Vargas, además de magíster en Educación, antecedió a Triguero en la presidencia de la FIDE, por lo que conoce como pocos sacerdotes el funcionamiento de los colegios. Es salesiano al igual que Ezzati, lo que representa una especial empatía entre ambos.
El obispo de Temuco trabaja con el vicario para la Educación, Tomás Scherz, quien es hijo de Luis Scherz García, considerado pionero de la reforma universitaria de los años ’60.
La Iglesia, además, se hace asesorar en educación por varios grupos de laicos. A los rectores de las universidades católicas se suma una comisión técnica integrada por Scherz, los abogados Rodrigo Díaz y María Isabel Catrillo, el hermano Jesús Triguero y los sacerdotes Rafael Silva, director del área Educación de la Conferencia Episcopal, y el vicario para la Educación de Valparaíso, Edgardo Fernández. El abogado Díaz, a su vez, será el principal interlocutor de la Iglesia en los asuntos legislativos.
La FIDE ha manifestado varios cuestionamientos a la reforma. “El cómo se están presentando los proyectos emblemáticos, como no al copago, no al lucro y no a la selección, tiene una intencionalidad muy fuerte para proteger y revitalizar la educación municipal, dirigida a disminuir la educación particular. Y nosotros decimos que ése no es el camino. El camino es que se fortalezca la educación municipal, pero no es desmedro de la educación particular”, dice Triguero.
Además, existen otras dos comisiones integradas por laicos que asesoraron a la Iglesia. Una de ellas es la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, que funciona como consejo asesor. En el grupo están el abogado DC Sergio Micco, Patricia Matte y Francisco Javier Gil, uno de los precursores de la inclusión del ranking de notas en la PSU y actual asesor en el Ministerio de Educación.
La otra es la Comisión de Justicia y Paz, presidida por el ex rector de la Universidad Católica Silva Henríquez, Sergio Torres. En el grupo, de 19 personas, también están Micco, la asistente social Carmen Donoso, el empresario Ricardo de Tezanos y Diego Schalper, ex director de Idea País, entre otros. Nutre de informes a la Conferencia Episcopal sobre reformas políticas, ecología, educación y, especialmente, de material sobre la reforma tributaria para entregar al obispo Goic.
EL ROL DE LA DC
“La Iglesia sabe que cuenta con la DC”, afirma un alto dirigente democratacristiano. A pesar de las diversas posturas que existen al interior del partido frente a algunos aspectos de la reforma, como el copago y la selección, varios miembros de la colectividad se encuentran en comunicación con la Iglesia.
“Hace algunas semanas yo me reuní con el obispo de mi zona, monseñor Gaspar Quintana, a conversar sobre la reforma y asistieron todos los sacerdotes y religiosas de la zona. Y recogí todas sus preocupaciones ”, señala la diputada DC Yasna Provoste, quien integra la Comisión de Educación, que preside otro DC, el diputado Mario Venegas.
Además, el presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, quien tenía previsto reunirse este jueves con monseñor Goic, ha manifestado a distintas autoridades del gobierno la inquietud que existe en la Iglesia con la reforma educacional.
El lunes 21 de abril, Matías Walker, jefe de la bancada de diputados de la DC, organizó una cena en su casa con Ezzati, Cristián Contreras y algunos diputados del partido. “Nosotros valoramos que en el proyecto de reforma educacional, y claramente es un gesto a la Iglesia, se establezca que al postular a un establecimiento educacional el padre o el apoderado deben adscribir al proyecto educativo del colegio”, comenta Walker.
No obstante, hay otros dirigentes DC que tienen una postura más dura frente a la reforma. La ex ministra de Educación DC Mariana Aylwin ha cuestionado duramente el fin de los colegios subvencionados. “Los padres que han ido eligiendo la educación privada subvencionada no son unos estúpidos engañados por el neoliberalismo o meros títeres del mercado. La han elegido porque la encuentran mejor para sus hijos”, dijo el 15 de abril en La Segunda.
Aylwin acudió el 3 de junio, junto a los ex ministros de Educación de la DC José Pablo Arellano y Sergio Molina, al despacho de Eyzaguirre para plantearle sus inquietudes sobre la reforma. “Él (Eyzaguirre) tomó nota de las distintas inquietudes, y obviamente que está iniciándose la tramitación de este proyecto, y seguramente va a haber cambios en la discusión”, aseguró la ex diputada.
En tanto, el diputado Jorge Sabag, quien no es partidario del fin de la selección, dice estar preocupado: “Pese a que Ignacio Walker ha tenido una voz clara, no sé hasta dónde puede llegar. Yo me siento muy solo en estos temas. Veo una intención de mi partido de decir que sí a todo porque somos parte del gobierno”.
Oposición confesada
TEMAS VALÓRICOS: EL OTRO FRENTE
No sólo la reforma educacional ha estado sobre la mesa en las conversaciones entre la Conferencia Episcopal y las autoridades políticas.
En los encuentros entre el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, encabezado por el cardenal Ezzati, los religiosos han preguntado a la ministra Ximena Rincón sobre las prioridades que el gobierno le asignará a la agenda valórica.
Tras el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet, el pasado 21 de mayo, sobre el deseo del gobierno de despenalizar el aborto, la jerarquía eclesiástica de inmediato consultó a Rincón sobre los alcances de aquel mensaje. En privado, algunos obispos reconocen que la batalla podría estar perdida, y que finalmente el gobierno sacará adelante el aborto en los tres casos que propuso Bachelet: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y en casos de violación. De todas formas, los dardos de la Iglesia apuntarán a que no se instale en el gobierno la idea de una política eugenésica, tal como algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría han expresado.
Para documentar sus fundamentos, la Conferencia Episcopal está apoyándose en múltiples instancias. Una de ellas es la Comisión de Familia de la propia conferencia. También en el Centro de Familia UC, universidad que también podría aportar informes y estudios bioéticos y en derecho para afirmar la postura de la Iglesia. El abogado Jorge Precht será el coordinador de todas las instancias en esta materia.
Pero el aborto no es la única causa. Si bien es lo más inmediato, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la reforma a la ley de adopción, que podría incluir a familias homoparentales, también están en el radar de la Iglesia.
Según le han anunciado a la propia Rincón, se opondrán fuertemente a ambas medidas, ya que -a juicio de la Conferencia Episcopal-, el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) ya es un paso que cumpliría con las demandas de las organizaciones que representan a la diversidad sexual.Para tocar estos temas, la conferencia está organizando una cumbre interna, y también, durante mayo, invitaron al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, al plenario de la Conferencia Episcopal, en Punta de Tralca. Ahí el secretario de Estado les habría dado luces de los tiempos que maneja el gobierno para ingresar estas iniciativas al Congreso.