“Sin levantar las manos”, “las manos bajo la mesa”, bromeaban la noche del martes los senadores de la Comisión de Hacienda tras firmar el acuerdo de reforma tributaria. En la memoria estaba fresco el episodio de 2006, cuando brazos en alto y agarrados de las manos, todos los sectores políticos celebraron el consenso por la ley general de educación. No querían repetir la escena.
Tenían los votos de la Nueva Mayoría para aprobar con holgura su proyecto de reforma tributaria. Sin embargo, tras intensas rondas de negociaciones a puertas cerradas con RN y la UDI, Hacienda optó por llegar a una propuesta de consenso con la oposición, cediendo en algunas materias clave. El gobierno mostraba su nuevo rostro. Atrás quedaban las frases de los primeros 100 días, como “el corazón de la reforma no se toca” o “hay que hacer valer la mayoría”. En una semana no sólo se pactó un nuevo mecanismo de recaudación fiscal, también se abrieron a rediseñar el proyecto de reforma educacional que se ha vuelto cuesta arriba en la discusión pública, y de paso, por primera vez se relativizó el compromiso de una nueva constitución. La Presidenta Michelle Bachelet extendió los plazos para cambiar la carta fundamental al declarar que en su mandato espera “al menos redactarla e iniciar su discusión”.
¿Qué cambió? ¿Por qué La Moneda de pronto pisó el frenó y aceptó flexibilizar sus proyectos y comenzar un diálogo con la derecha como lo hacía la antigua Concertación? En la Nueva Mayoría apuntan a tres factores decisivos que explican el giro: el primero, el ambiente de crispación política que se estaba generando en el país con sectores de la izquierda que amenazaban con pasar la “retroexcavadora”, y una derecha que se arrinconaba y endurecía el tono de su discurso. Segundo, las inquietantes cifras económicas con una baja en la estimación de crecimiento y en los índices de inversión que sólo podían empeorar con la incertidumbre que genera la discusión de los proyectos. Y tercero, y quizás el más importante, las encuestas internas manejadas por el gobierno sobre el creciente rechazo de la ciudadanía a las reformas. Un amplio porcentaje de la clase media y de los propios votantes de Bachelet, no entendía y desconfiaba del nuevo sistema tributario, así como temían la intervención en los colegios subvencionados, donde estudian sus hijos.
En las últimas reuniones de los ministros del comité político, el titular de Interior, Rodrigo Peñailillo y la secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, insistieron en hacer ver a la Presidenta este nuevo escenario y el riesgo de “perder la calle”. Así se resolvió el nuevo plan de pactar la reforma tributaria, desechando algunos de los articulados que defendía el ministro de Hacienda, Alberto Arenas; e intervenir desde La Moneda el Ministerio de Educación, reestructurando el equipo de asesores de Nicolás Eyzaguirre. Incluso, pese al acuerdo entre Peñailillo y Amplitud para cambiar el sistema binominal, la propia Bachelet dio después la orden de insistir en las conversaciones con RN para conseguir más votos que respaldaran la reforma. Para marcar el cambio, el gobierno instaló el concepto de que se iniciaba un “segundo tiempo”.
Para el ex ministro PPD, Sergio Bitar, “estuvo bien que el gobierno se tomara la agenda y pusiera todos sus temas al entrar. Pero es un error intentar aprobarlos con rapidez y sin espacio para la discusión”. El sociólogo de la Nueva Mayoría, Ernesto Ottone, agrega, “este es un gobierno reformista, nunca fue refundacional. Y la fuerza histórica que ha tenido la centroizquierda es hacer reformas buscando acuerdos. Eso no va a desaparecer de un día para otro”. Para el presidente de la comisión de Hacienda senador Ricardo Lagos Weber, uno de los artífices del acuerdo tributario, “la mayoría hay que ejercerla inteligentemente. Esto es un tapaboca a quienes creen que todo se hace pasando la máquina”.
LOS NEGOCIADORES DE SIEMPRE
El domingo, cuando Javier Macaya, el nuevo secretario general de la UDI, llegó al ministerio de Hacienda para representar al Partido en las tratativas para cambiar la reforma a los impuestos, se llevó una sorpresa. Allí estaban instalados el senador Juan Antonio Coloma y el ex ministro Pablo Longueira. Los coroneles decidieron hacerse cargo de las negociaciones como en los viejos tiempos. Algo similar ocurrió en RN. El acuerdo no fue liderado por el presidente Cristian Monckeberg, sino que por el senador Andrés Allamand, quien recordando su rol en el histórico acuerdo tributario de los 90, mandató al ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, para que llegara a una fórmula de consenso con Hacienda.
En varias jornadas Fontaine -junto a su hermano el economista Bernardo Fontaine- recibió en su casa al subsecretario del ramo Alejandro Micco. Luego, también en su residencia, se reunió con el propio ministro Arenas para rediseñar el proyecto durante casi seis horas de negociaciones.
Además de Lagos Weber, en el oficialismo fueron las figuras emblemáticas de la Concertación quienes lideraron el diálogo, como el senador DC Andrés Zaldívar, quien promovió una propuesta alternativa de Cieplan, y el PS Carlos Montes, quien trabajó coordinadamente con los economistas Eduardo Engel y Andrea Repetto.
Quienes conocieron el proceso, aseguran que el punto de inflexión que llevó al gobierno a cambiar su propuesta fue el darse cuenta de un problema en la fórmula: que la tasa impositiva con la que estaban evaluando los grandes proyectos de inversión era de un 35%, por la retención del 10% de la renta atribuida, y no del 25% como planteaba el ejecutivo. A esto se sumó el error comunicacional de Arenas al insistir en conceptos como que la reforma sólo la pagarían los más ricos o que no impactaría la inversión, lo que fue desestimado de plano por los principales economistas del país.
Cuando a fines de junio Arenas se sumó al viaje de Bachelet a Estados Unidos, su misión era tranquilizar a los mercado internacionales, pero también poder tener diálogo directo y sin formalismos con la decena de empresarios de los grandes grupos económicos que integraban la comitiva. Uno de ellos señala que a esas alturas ya había conciencia de que la reforma se modificaría.
El próximo desafío del ministro será explicar en detalle el cálculo que hizo para asegurar que la reforma efectivamente recaudará los US $8.200 millones comprometidos. De no hacerlo podría complicarse la votación en el Congreso dentro de su propio sector político, ya que ese es el punto en que la Nueva Mayoría no estaría dispuesta a ceder.
LA SOLEDAD DE EYZAGUIRRE
El lunes en la reunión de la mesa directiva del PPD se resolvió un asunto importante: el partido blindaría a Eyzaguirre, haciendo una defensa corporativa de su rol en Educación y acompañándolo en actividades en terreno. La decisión es relevante porque en las últimas tres reuniones se debatió acaloradamente la posibilidad de dejarlo caer, ya que hay una mala evaluación interna no sólo por cómo está llevando la reforma sino porque nunca se ha coordinado con su partido o les ha pedido ayuda.
El ministro ya se enfrentó a la DC, donde su timonel Ignacio Walker lo acusó de querer transformar el Mineduc en una inmobiliaria de compra de colegios; y con el PS, donde Carlos Montes puso bajo cuestión los énfasis de la reforma. Por eso una de las primera misiones de Harold Correa (PPD) como su jefe de gabinete -luego que fuera puesto en ese cargo por Peñailillo- fue agendarle un encuentro con la directiva PPD para mejorar las relaciones.
El otro mandato de Correa es reordenar al equipo de asesores, ya que Eyzaguirre había conformado uno solo con representantes de Revolución Democrática y Educación 2020 y no con figuras de peso de los partidos. Fueron ellos los que elaboraron la estrategia de partir la reforma con los proyectos de fin al lucro, el copago y la selección, y no con el reforzamiento de la educación pública, lo que probablemente hubiese generado un apoyo cerrado. “Mejor poner el acento en la educación pública y el cambio docente, y no empezar crispando el ambiente con proyectos que requieren un largo tiempo de transición”, dice Ernesto Ottone, y agrega “la clase media está en la educación subvencionada y no se les puede tener en la inseguridad y la incertidumbre. Hay que escuchar la voz de la calle, pero no sólo de los movilizados, también de los que están en sus casas”.
La Moneda también designó en Educación al ex diputado DC Andrés Palma como nuevo secretario ejecutivo de la reforma, lo que se interpretó como una pérdida de poder de la subsecretaria Valentina Quiroga, de quien se criticaba su bajo perfil y escasa habilidad política. El lunes pasado Palma, al exponer sus desafíos frente al consejo nacional de la DC, explicó que la reforma se compone de ocho proyectos -hasta ahora se han mandado tres- por eso el próximo proyecto se enfocará en el mejoramiento de la educación pública y no se descarta modificar los ya presentados. De hecho, la DC mandató al ex subsecretario de Educación Pedro Montt para elaborar un paquete de indicaciones.
En el gobierno ya asumieron que se cometió un error estratégico en la forma en que se presentaron los proyectos. Esta semana la propia Bachelet llamó a la calma a los apoderados, señalando que “aún no se sabe cómo esta ley va a salir aprobada” y que al Estado no le interesa “comprar colegios”. Eyzaguirre salió a aclarar que “la mayoría de los chilenos está convencido de que nosotros teníamos una propuesta para comprar y estatizar colegios y eso es falso”. Valentina Quiroga fue más allá y dijo: “nosotros no estamos empecinados con la fórmula que hemos propuesto”.
Tras el giro del gobierno, la duda es cuánto podrá tensionarse la Nueva Mayoría, sobre todo entre aquellos que esperaban cambios más radicales. Hasta el momento, figuras como Alejandro Navarro del MAS y Guillermo Teillier del PC son pragmáticos y se mantienen disciplinados. Pero otros como la diputada comunista Camila Vallejo, hizo ver que el acuerdo tributario del Senado no es vinculante en la Cámara de Diputados y que será revisado.
