Fue uno de los puntos menos informados del proyecto de ley que envió el gobierno para cambiar el sistema binominal. Entre las múltiples modificaciones y el nuevo mapa que presenta el proyecto impulsado por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, una de las indicaciones que se ingresó tras el acuerdo con Amplitud hace tres semanas cambia la ley de gasto electoral: reduce casi a la mitad el gasto que pueden hacer los diputados para sus campañas y disminuye lo que pueden invertir los senadores. En particular, aun cuando para la Cámara Baja se mantiene el piso actual de límite que fija la ley -1.500 UF por distrito-, lo que se modifica es la cifra por la que se multiplica el número de electores, que pasa de 0,3 UF a 0,15. Para el Senado, en tanto, también habrá un cambio: aunque se mantienen los topes y montos hasta los 200 mil electores de una circunscripción, se disminuye de 0,2 UF a 0,1 la multiplicación para fijar el gasto después de esa cantidad.

El detalle no era para nada casual, porque el tema ha estado encima de la mesa en todas las negociaciones por el cambio de sistema, sobre todo por parte de los partidos y colectividades más pequeñas. Una muestra: cuando Peñailillo oficializó su primera propuesta en abril, uno de los puntos que fue advertido de inmediato por los expertos electorales de la Nueva Mayoría es que las modificaciones, de forma indirecta, dejaban una ventana para disparar el gasto electoral: al pasar de dos candidatos por pacto a un número que podía variar entre seis y 16 -con la primera fórmula de permitir el doble de postulantes que cargos- y mantener intacto el sistema de gastos de campaña, que establece un límite por cada aspirante. Al final, el tema se resolvió con la baja del tope en el gasto y disminuyendo el máximo de candidatos a uno más que los cupos en disputa por cada pacto.

Otros interesados que han hecho notar su posición son los actuales parlamentarios. De acuerdo a los datos, el sistema hoy favorece a los incumbentes que van a la reelección, y es casi imposible desbancarlos del cupo sin gastar más que ellos. De hecho, sólo en siete distritos un desafiante ganó a un diputado en ejercicio con una declaración de gasto más baja, y cuatro de esos casos fueron candidatos arrastrados por doblajes. Un modelo que, de acuerdo a las primeras negociaciones, parece mantenerse de cara al nuevo diseño, que no se hace cargo de aspectos que han sido cuestionados, como el modelo de aportes reservados de campaña.

QUIEN TIENE, MANTIENE
El cientista político de la UDP Mauricio Morales fue uno de los expositores en la comisión de Constitución de la Cámara Baja, donde se está tramitando el proyecto de reforma al binominal. Su presentación del 17 de mayo incluyó un PowerPoint en que presentaba el análisis de los datos del gasto electoral de la pasada campaña de diputados.

Los datos de Morales -quien además es experto electoral de la DC- mostraron elementos novedosos. Por ejemplo, que, en promedio, los desafiantes electos gastaron $2.973 por voto, más de mil pesos más que los desafiantes no electos ($1.777). Y que la tendencia era inversa en el otro caso: mientras los diputados que consiguieron su reelección gastaron $2.374 por voto, el saldo en aquellos que fueron derrotados se elevó hasta los $3.113.

Según explica Morales, el análisis revela que en el caso de quienes aspiran a llegar por primera vez al Congreso, el monto invertido es directamente proporcional a la cantidad de votos que se obtienen. Así, mientras más cerca se llegue del tope máximo permitido por la ley es más posible obtener una mejor votación. En cambio, para los incumbentes el escenario es distinto: no hay una relación directa entre ambos factores. “Hay una relación muy estrecha entre gasto y éxito electoral, sin perjuicio de que, para el caso de quienes repostulan, éstos gasten más allá de la cuenta: no conocen el límite con el que ganan y siguen gastando. Eso genera amedrentamiento, el gasto funciona como un chaleco antibalas”, plantea el cientista político.

 El análisis también consignó aspectos como el gasto declarado por coaliciones, donde la Alianza supera a la Nueva Mayoría (52,9% contra 39,0%), y el desglose de quienes más invirtieron: en este caso, los veinte primeros fueron de la Alianza. Del top ten que encabezan Ernesto Silva (UDI), Felipe Kast (Evópoli) y Nicolás Monckeberg (RN) -tres diputados cuyas declaraciones superan los $200 millones-, sólo dos candidatos no fueron electos: las postulantes UDI Ignacia Golborne y Mónica Zalaquett. En el caso de la Nueva Mayoría, quienes más gastaron fueron los hoy diputados Pepe Auth (PPD), Maya Fernández (PS) y José Miguel Ortiz (DC), todos en torno a los $100 millones.

Otra estadística interesante es la del gasto por voto. Aquí, quienes no fueron electos superan a los hoy parlamentarios: por ejemplo, en la Alianza, Fernando Herman (UDI) gastó $16.839 por cada sufragio, mientras Adolfo Alvial (DC), de la Nueva Mayoría, llegó a $11.420. Entre los elegidos, quienes lideran en la derecha son Felipe Kast (Evópoli), con $9.815; Ignacio Urrutia (UDI), con $6.796; y Javier Macaya (UDI), con $6.757. Y en la Nueva Mayoría, el diputado que más gastó por voto fue Iván Fuentes (independiente en cupo DC), con $7.410; lo siguieron Alberto Robles (PRSD), con $6.778, y Daniella Cicardini (PS), con $3.844.

Morales explica que con los cambios propuestos se vivirán dos realidades: en los distritos que eligen más parlamentarios, la posibilidad de lograr un cupo aumentará para las colectividades más pequeñas y los aspirantes independientes. Pero en los distritos que eligen pocos representantes el escenario será complejo, porque se requerirán muchos recursos para abarcar territorios más grandes que los actuales y además en varios casos competirán dos parlamentarios actuales de la misma coalición entre sí. De hecho, ese factor ha sido objeto de negociaciones de alto nivel al interior de la Nueva Mayoría.

SUMAS Y RESTAS
La reunión era tan importante que el propio ministro Peñailillo asistió para encabezarla. El pasado viernes 26 en la tarde, los jefes de bancada de varios partidos de la Nueva Mayoría llegaron hasta las dependencias de Interior en La Moneda para asistir a una exposición sobre cómo incidían en sus colectividades los cambios propuestos al sistema electoral, coordinada por Róbinson Pérez, la mano derecha del jefe de gabinete y quien ha coordinado las negociaciones por el tema.

El trasfondo era el factor que desde el gobierno se reconoce como clave para sacar adelante la reforma: lograr alinear a los partidos más allá de los intereses de sus diputados. Porque en las semanas previas, varios parlamentarios -sobre todo del PS y el Partido Radical- reclamaron por considerar que el nuevo diseño los perjudicaba abiertamente, al fusionar sus distritos con otros de mayor tamaño, donde tendrían que disparar su gasto para hacer competencia a sus compañeros de lista. La tensión hizo saltar las alarmas: como el acuerdo -al menos hasta el martes pasado- está sellado sólo con Amplitud y los independientes, cualquier desmarque podría desatar una pesadilla para La Moneda: ver cómo el proyecto se pierde por falta de votos propios.

Aun cuando Peñailillo ha mantenido incólume su “corazón de la reforma” -no cambiar los 28 distritos ni las circunscripciones propuestas en abril- y ha conseguido que la DC respalde mayoritariamente la fórmula propuesta, el jefe de gabinete se ha dado espacios de diálogo para cambios, como ocurrió en el tema de gastos de campaña. Otros no han corrido la misma suerte: por ejemplo, pese a que el Partido Radical vería a por lo menos tres de sus seis diputados amenazados con el nuevo sistema -los ubicados en el Norte Grande-, hasta ahora lo que se ha planteado desde Interior son posibles compensaciones de cargos en el actual gobierno. Y una propuesta del jefe de la bancada del PS, Leonardo Soto, para que se eligiera a los diputados por mayoría simple al interior de las listas naufragó luego de que los expertos de Interior le demostraron que usando ese criterio él se habría quedado fuera del Parlamento.

Sin embargo, en La Moneda y los equipos de asesores de los partidos se reconoce que ha habido gestos a los actuales parlamentarios. La razón es simple: es casi imposible que ellos mismos aprueben una reforma que los va a perjudicar en sus aspiraciones políticas.

Pero según los cálculos de los expertos electorales de Interior, tanto el aumento de legisladores como el modelo de elección proporcional harían aún más difícil que hoy el desbancar a un diputado o senador en ejercicio en los comicios de 2017. A eso se sumó que, hasta el momento, desde el gobierno se ha decidido no impulsar una ley que limite la reelección parlamentaria, otro factor que favorece a quienes están hoy en el Congreso.

“No hay reforma electoral posible votada por el Congreso en que los parlamentarios no sientan que están de alguna manera protegidos por la nueva ley. Al hacer los distritos más grandes, el umbral de elección se va a reducir. En todo este sistema el incumbente tiene ciertas ventajas que son decisivas”, plantea Mauricio Morales.

El tema sigue en discusión. Desde La Moneda se notificó hace dos semanas a los partidos que la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, será la encargada de monitorear lo vinculado con los cambios en esta área. En los partidos ya tomaron nota: el gobierno se ha mostrado abierto a incluir en el proyecto final, o bien en una iniciativa paralela, medidas que apunten al financiamiento de los partidos, un tema impopular, pero que es una vieja demanda de las colectividades. Y si bien el Ejecutivo planteó que se evaluarán fórmulas referidas a los gastos, hay un elemento polémico que hasta el minuto permanece sin modificarse: el modelo de financiamiento para las campañas, que contempla aportes reservados y no revela los donantes de los parlamentarios.

Aun cuando en los últimos años se han hecho estudios que proponen cambios, e incluso una de las propuestas en el área fue presentada por el hoy subsecretario del Trabajo Francisco Javier Díaz, el tema no está en pauta, al menos en el corto plazo. La explicación que dan quienes han estado en las conversaciones es sencilla: aumentar el cambio de reglas podría aumentar la incertidumbre entre los diputados y senadores que tendrán que aprobar la reforma, y que, de aprobarse el nuevo sistema, deberán competir por retener sus puestos en 2017.