La primera decisión fue cambiarle el nombre. Andrés Palma, el nuevo secretario ejecutivo de la reforma educacional, decidió que la ley de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección que presentó el ministro Nicolás Eyzaguirre, será rebautizada como “ley de inclusión”. Esto para darle un tono positivo y poder defenderla mejor ante la ciudadanía y el Congreso. Es sólo el principio, el ex diputado DC ha estado concentrado en preparar un paquete de indicaciones para reparar el proyecto del Mineduc y afinar la segunda parte de la reforma que incluye la postergada agenda de fortalecimiento de la educación pública, la nueva política nacional docente y el tema más controvertido: las propuestas para la educación superior.

Palma está empoderado en su cargo, señalan en La Moneda, y para cumplir su tarea ya forjó una alianza estratégica con la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón. Desde su nombramiento el 1 de julio, se ha reunido siete u ocho veces con la ministra -la última vez el pasado martes- en reservados encuentros que se extienden hasta por tres horas. Están trabajando tras bambalinas, explican en el gobierno, mandatados expresamente por la presidenta Michelle Bachelet, para reforzar a Eyzaguirre, abrir el diálogo político y conseguir que la reforma más importante de su gobierno vea la luz. Cuando se habló del “segundo tiempo” de la reforma, se apuntaba precisamente a dar soporte técnico y político a la labor de Eyzaguirre.

Y el sello de Palma ya se nota. En sus reuniones con Segpres tramitaron varias de las indicaciones del Ejecutivo al proyecto que crea el administrador provisional para intervenir las instituciones educacionales en crisis. Según la oposición, la fórmula original de Eyzaguirre fue modificada por completo y finalmente se dieron más garantías y oportunidades a los planteles para evitar ser intervenidos. Ahora se están preparando las indicaciones para el proyecto de educación preescolar y ya se anunciaron importantes cambios a las medidas que ponen fin al copago y al lucro con fondos públicos.

En el primer caso, el propio Eyzaguirre anunció la posibilidad de ampliar de 10 a 15 años el plazo para poner fin al financiamiento compartido en los colegios particulares subvencionados e intentar incrementar el aporte estatal para que cubra incluso los montos más altos de copago ($ 84.000). Esto para enfrentar la creciente amenaza de que muchos colegios se vean obligados a privatizarse o cerrar bajo el nuevo sistema.

Pero el giro más radical es la decisión de permitir que los sostenedores puedan pagar arriendo por el inmueble de los colegios a una institución sin fines de lucro o a un tercero no relacionado. El proyecto original exigía a los colegios ser dueños de sus terrenos, para evitar que se replicara el fenómeno detectado en algunas universidades privadas, que pese a ser sin fines de lucro, generaban utilidades a través de sus contratos inmobiliarios. Sin embargo, la medida que contemplaba ayudas financieras del Estado e incluso la compra de establecimientos a particulares, abrió el principal flanco de la reforma del Mineduc. Desde la propia Nueva Mayoría se acusó a Eyzaguirre de transformar al ministerio en un gestor inmobiliario.

Hay otra modificación a los proyectos originales que aún no se ha hecho pública porque podría encender una polémica mayor: la posibilidad de acotar el concepto de lo que se entiende por “lucro” lo que permitiría flexibilizar la norma. Esto va en la línea de lo planteado hace algunas semanas por el senador PS Carlos Montes quien señaló que es imposible que un colegio con menos de 500 alumnos lucre, aunque esté constituido como sociedad con fines de lucro, y que lo que se requiere es transparentar el lucro, para evitar los grandes excedentes que no son reinvertidos en mejorar la calidad de la educación.

XIMENA ENTRA A LA CANCHA
Durante los primeros meses de gobierno Ximena Rincón se mantuvo al margen del debate educacional ya que Eyzaguirre manejaba con autonomía su reforma. Pero el aterrizaje de Andrés Palma -antiguo camarada del sector chascón de la DC- cambió el escenario para ella. La ministra puso a disposición el amplio equipo jurídico, constitucionalista y comunicacional de la cartera y fijó un sistema de trabajo con el Mineduc para facilitar la tramitación de la reforma.

Su otra tarea será coordinar un gran cónclave entre la Nueva Mayoría y el ministro Eyzaguirre para explicar los alcances y dudas sobre los proyectos, y poner fin a las zancadillas internas en el oficialismo. El evento que se realizarán antes de un mes, busca desactivar las voces críticas en las dirigencias de la DC y el PS que buscan un rediseño completo de la reforma.

Además, si bien ni Rincón ni Palma son de la línea del timonel DC, Ignacio Walker, el nuevo papel de ellos en la reforma permitió a La Moneda neutralizar las críticas del partido de que no había representantes de sus filas en la discusión del proyecto.

En el gobierno valoran el trabajo de la ministra, pero ya hay voces que advierten que su participación podría abrir un frente imprevisto: la sombra de un eventual conflicto de interés por el vínculo de Rincón con actores ligados al rubro educacional. Su actual pareja y ex jefe de campaña el 2013 en las internas presidenciales de la DC es Walter Oliva, empresario que posee seis colegios subvencionados en zonas populares de Santiago. Cercano a éste es Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, Conacep, quien también apoyó la precandidatura presidencial de Rincón e hizo aportes financieros para su campaña.

Fuentes de la Segpres desestiman de plano cualquier incompatibilidad de la ministra, ya que el rol que cumple es servir de articuladora en la tramitación de los proyecto -y revisar aspectos como la constitucionalidad de éstos- pero no tiene competencia sobre el contenido de los mismos lo que está en manos del Mineduc.