El lunes en la reunión del comité político en La Moneda, el mensaje que dio el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo no dejó espacio a réplica: El debate sobre la reforma educacional está cerrado, dijo.

Expresamente les pidió a los presidentes de partido ordenar a sus filas y despachar de la Cámara de Diputados, antes de que termine septiembre, el proyecto que pone fin a la selección, al copago y al lucro con fondos públicos. Agregó que la iniciativa ya había sido lo suficientemente discutida en el mundo político y era necesario dar una señal de orden cumpliendo con el primer trámite legislativo.

Con las 31 páginas de indicaciones que presentó el Ministerio de Educación para modificar el proyecto original  (el que sólo tiene 25 páginas), el ministro Nicolás Eyzaguirre apuntó principalmente a contener las aprensiones que existían desde inicios de año en la jerarquía de la Iglesia católica, institución que es sostenedora de  colegios que representan el 14% de la matrícula de los particulares subvencionados. Cuando comenzó la discusión en el Congreso, fue el propio arzobispo de Santiago, Ricardo Ezatti quien salió a manifestar con todas sus letras que el proyecto no tenía un “sustento sólido” y que le “falta arquitectura”. Teniendo presente que la Iglesia es un actor influyente que en caso de articularse con la oposición y los otros colegios subvencionados, podía terminar desbaratando la reforma, la presidenta Michelle Bachelet ordenó a sus ministros tender puentes con el episcopado.

Así, a los desayunos que tiene todos los meses la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, con los obispos de la conferencia episcopal en la sede central de la Iglesia en calle Cienfuegos, se sumaron una decena de reuniones de carácter reservado entre los equipos técnicos y jurídicos del ministerio de Educación con el presidente del área educacional de la Iglesia y obispo de Temuco, Héctor Vargas. En las citas participaba Eyzaguirre o el secretario ejecutivo de la reforma, Andrés Palma, militante DC con antiguos lazos con el mundo eclesiástico.

Paralelamente, en las últimas semanas, el ministro reforzó su agenda de actividades en colegios de orientación católica para explicar la reforma, mientras que el vicario para la educación Tomás Scherz comenzó a participar en seminarios en conjunto con asesores del Mineduc para socializar el proyecto del gobierno.

Tras las negociaciones, las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo el 7 de septiembre, cumplieron con prácticamente todos los requerimientos de la Iglesia: no fija un plazo para el término del copago, garantiza el pago peso a peso para el fin del financiamiento compartido, deja en manos de los colegios y no del ministerio el proceso de admisión (según los criterios establecidos en la ley), facilita los procesos de expulsión de alumnos -que estaba restringido en el proyecto original- y, sobre todo, la que era la principal demanda de las autoridades religiosas: el Mineduc flexibilizó la norma que obligaba a los colegios a ser dueños de sus terrenos, para así evitar casos de lucro encubierto. 

Como los colegios religiosos muchas veces están en terrenos que son propiedad de congregaciones, el gobierno les permitió mantener el sistema de comodato o formulas de arriendo de los terrenos e infraestructura calculando mensualidades de 11% del avalúo fiscal del sitio, siempre y cuando el arrendador sea también una corporación sin fines de lucro.

En resumen, “un traje a la medida de la Iglesia”. Al menos así lo definió el presidente de la comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi (PS). Mientras que el diputado Jaime Bellolio, representante de la UDI en la comisión de la Cámara ha sostenido que “muchos apoderados ven en esta actitud de la Iglesia un, me salvé yo y el resto no importa”.

LOS DAMNIFICADOS
La estrategia del gobierno de pactar con la Iglesia y dividir a las fuerzas de oposición a la reforma, dejó varios heridos en el camino. En primer término, a la Asociación de Colegios Particulares de Chile, Conacep. Según su presidente, Hernán Herrera, “las indicaciones dejaron en el peor pie a los colegios subvencionados laicos. Estas soluciones se le armaron a la Iglesia para favorecerla”. El problema es que la ley no contempla nuevas fórmulas de financiamiento para los establecimientos que hoy están constituidos como sociedades con fines de lucro que representan al 80% de los subvencionados, 70% de los cuales no son propietarios de los terrenos. Aunque las indicaciones permiten fijar una remuneración sin tope a sólo uno de los directivos, para Herrera no es suficiente, ya que los sostenedores de cada colegio suelen ser grupos de profesores.

Para Herrera ni siquiera hay una vía de escape, ya que las fórmulas de compra de los colegios por parte del Estado, calculadas según un porcentaje del avalúo fiscal, no alcanzan a ser ni el 60% del valor real de los colegios. Por lo que preferirían ser expropiados.

El viernes de la semana pasada Conacep tuvo una masiva asamblea para debatir los alcances de las indicaciones. En una encuesta entre los asistentes, el 92% de los sostenedores declaró que no seguiría en el sistema subvencionado. De ellos 79% afirmaron que no podrían mantenerse con las nuevas reglas y 21% había resuelto pasar a ser particulares privados. Más allá de lo reales que puedan ser o no las cifras y las advertencias que lanza la organización, Herrera sostiene que  “es evidente que el gobierno le tiene miedo a la Iglesia y al resto de los sostenedores no. Pero lo cierto es que los colegios no confesionales tenemos 1,5 millones de niños”.

LLAMADOS AL OBISPO VARGAS
En un comienzo la Iglesia no disimuló su satisfacción por el acuerdo logrado. Sin embargo, los coletazos internos no tardaron en llegar. La Federación de Instituciones de la Educación Particular, FIDE, que preside el hermano marista Jesús Triguero, representante oficial de los colegios católicos y que agrupa a 800 establecimientos tanto religiosos como laicos, no recibió de la mejor forma las indicaciones, ya que no resuelven el problema de los sostenedores.

Al interior del organismo son partidarios de plantear con fuerza la idea de que lo que se requiere es un sistema de lucro regulado en la educación, donde se fiscalice  la calidad a través de agencias y la Superintendencia y se remunere con justicia a los docentes. Más aún cuando lo que condena la doctrina social de la Iglesia no es el lucro sino la usura.

Así se lo hicieron ver la semana pasada al obispo Vargas, formulándole cuestionamientos a que la Iglesia esté velando sólo por sus intereses y no por la educación en general.  El sacerdote recogió las críticas y en sus entrevistas y declaraciones posteriores ha sido cauteloso, declarando que si bien las indicaciones del gobierno son un avance, aún hay mucho que mejorar en la reforma. Según señala el prelado desde Temuco: “Decir que las indicaciones son un traje a la medida de la Iglesia no corresponde a la realidad. La Iglesia está preocupada desde el principio de toda la educación chilena sin excepciones”.

Pero el “cocinar” la reforma en la sede del episcopado, también trajo consecuencias políticas. El hecho derivó en una división al interior del DC, partido con estrechos vínculos con la Iglesia católica, pero también relacionados con muchos sostenedores de colegios subvencionados como Walter Oliva, Rodrigo Bosch, Mariana Aylwin o Hernán Herrera, entre otros.

Mientras los sectores más de izquierda del partido, como la diputada y ex ministra de Educación, Yasna Provoste, han sido el brazo armado para sacar adelante la reforma y respaldan el acuerdo con la Iglesia. En la corriente de Gutenberg Martínez son contrarios a la formulación del proyecto y esperan que se rediseñe en el Senado. En este sector evalúan que en la Cámara de Diputados ya no se puede lograr más,  pero que con los senadores en el segundo trámite puede darse otro tipo de debate y una situación parecida a la que ocurrió con la reforma tributaria. Así creen que el proyecto será replanteado a favor de los sostenedores, con el apoyo de Andrés Zaldívar, Manuel Antonio Matta, Patricio Walker e Ignacio Walker.