A media tarde del viernes 12 de septiembre pasado, la presidenta Michelle Bachelet sostuvo una inusual y distendida reunión bilateral con uno de sus pares latinoamericanos. El escenario era el Salón de Audiencias de la Residencia Presidencial de Suárez, en Montevideo, Uruguay. Su interlocutor, por cierto, era el presidente José Mujica. El encuentro dio paso a una larga conferencia de prensa, marcada por las reflexiones de este último, que intercalaba temas de Estado con  anécdotas y alguno que otro halago a su contraparte chilena. Entre risas y aplausos espontáneos derivados de las cavilaciones de Mujica, la mandataria hizo una revelación que llamó  la atención: buena parte del encuentro, Bachelet escuchó de primera mano la experiencia uruguaya en el proceso de legalización, control y comercialización de la marihuana.

“Consulté con el presidente cuál había sido el proceso, en qué estaba aquello. Nosotros también tenemos el compromiso de revisar la legislación actual, la Ley 20.000, cuyos objetivos, en la práctica, no se han cumplido (...) Ni siquiera ha disminuido el consumo; por el contrario, ha aumentado, y tampoco ha sido una herramienta eficaz para combatirla en algunas áreas, pero sí en otras, el narcotráfico”, graficó la mandataria, sin profundizar mayormente.

En Santiago, la declaración de la presidenta sorprendió al mundo político y la sociedad civil. Después de varios meses, la propia jefa de Estado volvía a poner sobre la mesa uno de sus compromisos adquiridos durante la campaña. Aunque consagrado escuetamente en un solo párrafo de su  programa de gobierno, la entonces candidata  prometió someter a revisión la ley de drogas, y en particular el reglamento que considera a la marihuana y sus derivados en Lista 1, es decir, entre las sustancias más peligrosas, conocidas también como “drogas duras”.

Una normativa que fue aprobada durante su primer paso por La Moneda y que significaba situar al cannabis en el mismo nivel de otras sustancias ilícitas como la cocaína y la heroína.

Aunque alentadora, la señal desde Uruguay fue leída con cautela por los sectores políticos y sociales que promueven la despenalización de la marihuana. Círculos en los que existe plena conciencia de que se trata de una materia que no figura entre las prioridades del gobierno, sobre todo en el contexto del impulso a reformas de gran envergadura. Pero también en los que se ha hecho evidente una realidad: no hay una sola opinión en el gobierno sobre el tema.

De hecho, varios recuerdan un detalle: la palabra marihuana no fue incorporada en ninguno de los párrafos del primer discurso presidencial de Bachelet el 21 de mayo pasado. Aun así, el debate al interior de La Moneda está desatado: la preocupación de Interior de enfrentar el tema sin descuidar el combate al narcotráfico versus la avanzada agenda del Ministerio de Salud para permitir el uso medicinal de la sustancia.

¿PUERTA DE ENTRADA?
Una minuta firmada por la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Francisca Florenzano, donde se recomendaba sacar al cannabis de la lista de drogas duras,  llegó hasta el escritorio del  presidente Sebastián Piñera los primeros días de 2014, en la que se echaban por tierra  los principales supuestos bajo los que se clasificó a la sustancia en 2008.

La  recomendación buscaba modificar el famoso Decreto 867 del Ministerio del Interior con la prevención de que su traslado a la Lista 2 no implicaba “bajo ninguna circunstancia su legalización”.

La recomendación se transformó en un decreto, que fue conocido públicamente cuando Florenzano abandonó el Senda, días después del cambio de mando presidencial, provocando un inmediato revuelo público pues abría la puerta de par en par al uso de la marihuana en sus diferentes estados para fines terapéuticos, así como también al autocultivo.

Pero la jugada tenía un antecedente previo. Desde fines de 2013, el Instituto de Salud Pública (ISP) venía librando su propia batalla en silencio: haciendo uso de sus atribuciones y pese a las restricciones de la Ley 20.000, autorizó a tres pacientes a importar el medicamento Sativex -que contiene tetrahidrocannabinol, principal activo del cannabis y que se prescribe bajo receta médica en Estados Unidos y el Reino Unido-, para su uso terapéutico provisional, utilizado principalmente en tratamientos clínicos paliativos.

Según comentan en el Senda, esta ofensiva del ISP empujó también al organismo a dar un paso adelante, dejando, de todas maneras, la decisión final en la cancha de la administración entrante de La Moneda.

COMISIONES Y MÁS COMISIONES
Un día antes de regresar al Congreso Nacional después de cuatro años, para entregar la primera cuenta pública de su segundo mandato, la presidenta Michelle Bacheletle encargó a la pediatra Lidia Amarales, reconocida militante PPD cercana al senador Guido Girardi, hacerse cargo del órgano rector de la política de drogas del país.

La llegada de Amarales al Senda estuvo acompañada de un anuncio que volvió a ilusionar relativamente a los movimientos defensores de la despenalización: el gobierno recogería el guante dejado por la administración anterior, pero no antes de instalar una mesa de trabajo para analizar todos los caminos disponibles.  Así las cosas, la presidenta dejó en manos del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, la coordinación de una comisión integrada por los ministros de Salud, Helia Molina; de Justicia, José Antonio Gómez; el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey; y la recientemente designada directora del Senda.

Sin un plazo en el horizonte, se constituyó además una segunda mesa, liderada por Senda y enfocada en el ámbito medicinal, que convocó a un selecto grupo de investigadores y académicos de la salud, además de  abogados, representantes de fundaciones y centros de pensamiento, así como de grupos que promueven la despenalización de la marihuana. Con esto, el gobierno enviaba la señal de que buscaba abarcar las dos dimensiones del tema.

Pero, tanto las autoridades consultadas como invitados a exponer a las sesiones de la mesa de salud pública coinciden en un diagnóstico, que también es común entre parlamentarios de la Nueva Mayoría: el énfasis del actual gobierno para enfrentar el debate sobre la despenalización de la marihuana está puesto en la seguridad pública.

Entre los ministros y subsecretarios de la comisión de alto nivel, la opinión de Interior -a quien atribuyen este enfoque- se hizo más fuerte, relegando, según señalan fuentes del gobierno, la posición del Minsal.

 De hecho, en agosto pasado y a propósito de la ofensiva que viene trabajando el ISP para autorizar la importación de medicamentos en base a cannabis, el servicio también constituyó una comisión de expertos, en plena coordinación con la cartera. Se trata de una instancia no vinculante separada totalmente de la mesa de salud pública de Senda, para analizar la creación de un registro de los fármacos.

Consultada sobre el tema, la ministra Molina declinó entregar una versión, bajo el argumento de que la discusión central se radica en la mesa de trabajo de Senda. En tanto, otras fuentes del ministerio reconocen que al interior de Salud se decidió avanzar en conjunto con el ISP para hacerse cargo exclusivamente del aspecto sanitario.

EL FRENO DE MANO
Con todo, los esfuerzos del gobierno están concentrados en buscar una fórmula que permita cumplir con las dos promesas de campaña: perfeccionar la regulación del consumo y la tenencia de la marihuana y sacar al cannabis de la lista de drogas duras, sin que ello implique altos costos en la persecución de los narcotraficantes.

En el primer aspecto, se busca clarificar los límites entre el porte para consumo y la tenencia para microtráfico, es decir, determinar la cantidad de posesión que será permitida. De la misma forma, la idea es traspasar las faltas asociadas a estas conductas desde los tribunales penales hacia los juzgados de policía local. Una de las alternativas que se barajan es asimilar la normativa a la que se aplica al consumo de alcohol: prohibir la ingesta en la vía pública y asociar su trasgresión al pago de una multa y no a una condena penal. 

Este tema es particularmente sensible: según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de los 85.023 procedimientos realizados en 2012 por infracción a la ley de drogas, el 77,6% de las detenciones fueron por porte y consumo.

Respecto de la decisión de cambiar a la marihuana a Lista 2 para abrir la llave al consumo terapéutico, una de las consecuencias que preocupan al Ejecutivo es que los narcotraficantes condenados por Ley 20.000 se puedan acoger a un eventual beneficio de rebaja de condena, al dejar de ser la marihuana una “droga dura”.

A estos antecedentes se suman visiones recogidas por el gobierno en la mesa de trabajo de Senda, en particular de un grupo de médicos pertenecientes a la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia (Sopnia)  que han planteado su completo rechazo a cambiar de categoría a la marihuana.

Los especialistas pusieron sobre la mesa un dato recogido por el propio servicio en un reciente estudio sobre drogas en la población escolar, que reveló que el consumo de marihuana entre adolescentes aumentó en un 56% en 2013, respecto de la misma medición en 2011. El dato es considerado alarmante al interior del gobierno y es mirado de reojo.

“Como sociedad científica no estamos por legalizar el consumo recreativo pues el derecho a la protección de la salud es la prioridad y eso se estaría vulnerando al facilitar el acceso a niños y adolescentes. Por lo mismo, hemos recomendado al gobierno mantener la marihuana en la categoría 1”, dice Viviana Venegas, presidenta de Sopnia.

 Estas visiones han ido permeando al gobierno y podrían marcar las recomendaciones que deberían llegarle a la presidenta Bachelet. Así lo ha esbozado la propia Amarales, quien señaló públicamente tras una de las sesiones que las alzas en el consumo de marihuana en los adolescentes y una “cierta normalización de su uso en aquel grupo etario ha permitido llegar a un consenso en todos los participantes de la mesa en cuanto a que el consumo de drogas, lícitas e ilícitas, en la adolescencia, constituye una circunstancia de riesgo que es necesario evitar”.

SALUD, EL NICHO DE LOS PARLAMENTARIOS
Rodrigo Zepeda Valdivia, diagnosticado de fibrosis quística. Vicente Huerta, diagnosticado de epilepsia refractaria. Celia Heyder, diagnosticada de lupus herimatoso sistémico y de cáncer de mama. Tres personas que fueron autorizadas a fines del 2013 por el ISP para importar Sativex se han convertido en el emblema de la batalla que está librando el organismo para conseguir revertir el Decreto 867 y empujar un proceso hacia la creación de un registro de medicamentos que transporten los constituyentes activos del cannabis.

Así lo expuso el martes el director (s) del ISP, Roberto Bravo, ante la comisión de Salud de la Cámara, que de manera inédita inició la discusión de dos mociones parlamentarias que buscan permitir el consumo terapéutico, el autocultivo con los mismos fines y el consumo recreativo. Hasta ahora, el tema había sido discutido exclusivamente en la comisión de Seguridad Ciudadana en el marco de la ley de drogas.

Bravo es uno de los integrantes de la comisión paralela que creó el ISP cuyas propuestas serán entregadas en las próximas semanas a la ministra Molina, y fue uno de los primeros invitados al debate. En su exposición en el Congreso, la autoridad señaló que la postura del servicio es cambiar la categoría de la marihuana para abrir paso a la creación de un mercado regulado, similar al que existe en Canadá.

Sus recomendaciones apuntan a modificar reglamentos del Minsal para dar el siguiente paso: iniciar los trámites para registrar los fármacos Sativex, Marinol, Cannador y Cesamet con el fin de permitir su importación y comercialización bajo estrictas normas de prescripción médica y según un registro de pacientes.

La presentación de Bravo atizó la ofensiva parlamentaria liderada por el presidente de la comisión de Salud, Marco Antonio Núñez (PPD) junto a varios parlamentarios oficialistas y de oposición.

De hecho, en la cita del martes, la comisión tomó de manera unánime varias decisiones que apuntan a apurar a La Moneda y hacer un llamado a enfocar su discusión hacia el ámbito de la salud, así como instalar la idea de que el consumo recreativo también debe ser considerado. Los parlamentarios han aprovechado que existe una visión transversal sobre el tema en la comisión.

“Hay un marcado énfasis en el ámbito de la seguridad pública y se ha descuidado el ámbito sanitario del tema. Otra cosa, el uso recreacional hoy es una realidad”, dijo la diputada PC Karol Cariola en la sesión.

De manera unánime, la comisión fundió los dos proyectos presentados por diputados este año: el de un grupo de parlamentarios oficialistas liderados por el radical Alberto Robles, y el segundo, confeccionado por los diputados de Amplitud, Pedro Browne, Karla Rubilar y Joaquín Godoy, que también fue patrocinado por el diputado DC, Matías Walker.

Éste último lideró días antes la presentación de un proyecto de acuerdo de la bancada DC, que será votado por la sala en las próximas semanas, en el que le piden a la presidenta modificar los decretos anteriormente mencionados.

“No hemos tenido señales claras desde el gobierno y la iniciativa la tenemos ahora los diputados. El Congreso es donde deben discutirse estos temas”, dijo Walker.

Con todo, la comisión aumentará la presión: las próximas sesiones las dedicará a escuchar a los movimientos pro marihuana, entre ellos a la Fundación Daya liderada por Ana María Gazmuri, quien obtuvo el permiso del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para iniciar en La Florida el primer proyecto de autocultivo legal en Chile. Asimismo, los diputados esperan poner en votación el proyecto único y aprobar la idea de legislar en las próximas semanas, para dar una señal de fuerza definitiva de que se necesita una regulación integral.

 “Tiene que haber una decisión política del gobierno, y dejar la política de las comisiones de expertos”, dijo en la cita la diputada Cristina Girardi del PPD, graficando el ambiente entre los diputados.

La decisión final es de la presidenta Bachelet. Y su señal en Uruguay fue clave pues las comisiones ya se aprestan a entregar sus informes. Según adelantó el subsecretario del Interior a Qué Pasa, las próximas dos semanas serán clave. “En octubre recibimos informe de dos comisiones sobre la Ley 20.000, y a partir de eso estableceremos una discusión definitiva”, concluyó Mahmud Aleuy.