Aquejado de un cáncer terminal, el martillero público Jorge Luis Valdivia Rodríguez falleció la mañana del lunes 28 de julio pasado. Ese mismo día, su abogado le hizo llegar al fiscal Carlos Gajardo, perteneciente a la Fiscalía de Alta Complejidad, una carta que su cliente escribió a mano durante las últimas semanas de su vida. Aunque había declarado ante el mismo fiscal casi un mes antes, aportando valiosos antecedentes a la investigación que buscaba desarmar una compleja red de fraude tributario, Valdivia quiso profundizar sus dichos aportando una hebra hasta ese minuto desconocida por los investigadores.

La misiva es guardada con estricto recelo por el Ministerio Público en un cuaderno reservado, lo que en el antiguo proceso penal se conocía como secreto de sumario. Ningún abogado de la causa ha podido acceder a su contenido. La razón es sencilla. El documento entregó las primeras pistas que orientaron la indagatoria, hasta entonces circunscrita a las acciones de un grupo de contadores que obtenían millonarias y fraudulentas devoluciones de impuestos, hacia una trama de ribetes políticos que hoy tiene a la UDI en el centro de las miradas y al sistema de financiamiento de la política bajo cuestionamiento.

Los datos aportados por el martillero público permitieron a los investigadores profundizar en una historia hasta ahora conocida públicamente: el ex ejecutivo y director del grupo Penta, Hugo Bravo, estaba estrechamente vinculado a través del propio Valdivia al funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Álvarez, quien a su vez dirigía una compleja telaraña de contadores y contribuyentes que modificaban sus contabilidades abultando costos de bienes y servicios para simular pérdidas tributarias, con el fin de solicitar posteriores devoluciones de impuestos. 

Operaciones que según cálculos de la fiscalía alcanzaban los $2.500 millones y por las que Álvarez se encontraba en julio pasado en prisión preventiva. Con el objetivo de colaborar con la investigación y eventualmente salir en libertad, éste último decidió profundizar lo que ya había declarado en la causa y terminó por confirmar la versión de Valdivia involucrando a Bravo en fraudes tributarios similares por unos $260 millones de pesos.

Con todos estos antecedentes, la fiscalía decidió revisar la contabilidad de las empresas Penta y los computadores del entonces ex ejecutivo del grupo, quien meses antes había puesto fin a una relación de años con los fundadores del holding Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, luego que estos últimos se enteraran de sus vínculos con el martillero público, a quien incluso se descubrió que le pagaba mensualmente con dineros de la empresa.

Al día siguiente de la muerte de Valdivia, el fiscal Gajardo registró las oficinas del grupo Penta en Avenida El Bosque  junto a sus colaboradores, los fiscales Pablo Norambuena y José Luis Villalobos, además de una decena de policías de civil.

Hasta ahora se sabe que la revisión de la información contable recogida en la diligencia, así como de los correos electrónicos y documentación de Hugo Bravo, permitió al Ministerio Público dar con la pista de los aportes a campañas políticas. Incluso se ha mencionado que fue el propio Bravo quien reveló a los investigadores una lista de nombres de candidatos y actuales parlamentarios que recibían aportes de Penta a través de un sistema en el que la empresa recibía de vuelta una boleta por servicios ficticios que luego era incorporada en su contabilidad.

 Pero según altas fuentes del Ministerio Público, Bravo sólo llegó a confirmar una fórmula que también habían revelado el propio Valdivia, estrecho colaborador de Bravo, y otros funcionarios de Penta, como el contador Marcos Castro, quien según antecedentes de la indagatoria era el encargado de operacionalizar todos los movimientos del ex director de Penta, incluidos los aportes a campañas políticas.

Este último incluso agregó otro antecedente clave: cada boleta que era incorporada como gasto ficticio y cuyo destino era finalmente un candidato, era marcada con lápiz pasta en su reverso con las iniciales del destinatario.

Cerrado el círculo, el fiscal Gajardo decidió hace varias semanas enviar los antecedentes al SII, que por ley tiene la prerrogativa de iniciar acciones penales ante eventuales delitos tributarios, lo que le daría mayor libertad para judicializar la causa.

 Entre los antecedentes, envió al servicio una serie de boletas que Penta incorporó a su contabilidad y que según han arrojado las pesquisas están vinculadas a las campañas de algunas figuras, principalmente la UDI.

Se trata de varias cajas que contienen boletas por diversos montos que habrían ido a parar, según la información que maneja la fiscalía, a las campañas del senador Iván Moreira y del ex candidato presidencial Laurence Golborne.

De este último, constan en la carpeta del fiscal Gajardo una serie de boletas por supuestas asesorías comunicacionales de la empresa Voxcom, agencia de comunicaciones que fundó hace varios años y cuya participación vendió a sus socios cuando desembarcó como ministro de Minería en el gobierno de Sebastián Piñera.

Según cercanos al ex abanderado presidencial de la UDI, éste último se encuentra tranquilo a la espera de antecedentes más concretos, y no tiene conocimiento de una eventual vinculación al caso.

Entre otras figuras que han sido mencionadas públicamente se encuentran la senadora Ena von Baer, quien negó dichas alusiones, y el candidato a senador por Santiago Poniente, Pablo Zalaquett. Este último incluso reconoció haber recibido aportes de Penta, pero de manera regular y conforme a la ley electoral. También se menciona al ex candidato presidencial independiente, Andrés Velasco.

Con todo, para profundizar sus pesquisas el fiscal requiere del respaldo de la acción del SII, como ocurrió en agosto pasado cuando el organismo denunció en el marco de la misma indagatoria a los propios Délano y Lavín por utilización indebida de boletas falsas de sus cónyuges, lo que tenía como efecto una disminución de su base imponible.

El pronunciamiento del SII es clave, pues hasta ahora la fiscalía está concentrada exclusivamente en el eventual delito tributario de uso de boletas ideológicamente falsas penalizado en el artículo 97 N°4 del Código Tributario, el que afectaría a los ejecutivos de Penta involucrados bajo la lógica de que habrían abultado sus gastos para conseguir exenciones tributarias. Si bien hasta ahora la atención pública ha concentrado su foco en eventuales irregularidades en el financiamiento de las campañas, se trata de una arista aún no resuelta por el Ministerio Público. Entre las cosas que deben aclarar los investigadores para eventualmente seguir dicha línea, está la motivación detrás de la fórmula a través de la que se hacían los aportes. Una de las presunciones que maneja la fiscalía es que Penta copó el monto máximo de aportes permitidos por la ley electoral -es decir, el 1% de la renta de la empresa- y buscó una vía alternativa a través de las boletas. Otra posibilidad es que derechamente se trate de financiamiento fuera de los marcos legales y que incluso no habría sido informado ante el Servel por los candidatos aludidos, aunque esta fórmula no consta en la investigación. En medio de todas las dudas  sobre el caso, el fiscal Carlos Gajardo, sin entregar pormenores, salió a dar una fuerte señal pública. “En el marco de la investigación del denominado caso FUT, la fiscalía ha hecho algunos hallazgos que nos parecen que pueden ser constitutivos de delito en términos tributarios”, dijo el fiscal antes de señalar que ahora la pelota estaba en la cancha del SII.

UN MISIL EN LA UDI
El caso Penta es la primera gran crisis de Ernesto Silva al mando de la UDI y su prueba de fuego para mostrar liderazgo interno. En el partido dicen que ha manejado el tema con completo hermetismo y ni siquiera compartió los detalles en la reunión de la comisión política del lunes en la tarde. El diputado pidió ser el único vocero, con la salvedad de los militantes que sean directamente aludidos, los que pueden salir a defenderse como ya lo han hecho Ena von Baer, Pablo Zalaquett, Iván Moreira. Así también lo hizo Jovino Novoa, quien salió a rebatir un reportaje de Ciper que lo vinculaba al caso.

La estrategia de la directiva tuvo un giro durante el fin de semana. Hasta el viernes pasado, cuando Silva aún no lograba conversar con Moreira quien se encontraba de viaje en Buenos Aires, el presidente de la UDI optó por la prudencia, sin salir a defender a ninguno de los parlamentarios mencionados por la prensa y repitió varias veces que estaba recabando antecedentes. Hasta ese momento la línea expresada por el vicepresidente de la tienda, Francisco de la Maza, en La Tercera respecto a que si se detectaban faltas se debían corregir y sancionar a los implicados, era compartida por la mayoría de la mesa.

Pero el lunes la postura oficial cambió y Silva tras declarar que no tenía ninguna información sobre la investigación de la fiscalía y ningún parlamentario había sido llamado a declarar, cambió el foco de la discusión señalando que el Servel había aprobado todas las declaraciones de ingreso y gasto electoral de los candidatos UDI. En la directiva se analizó que como hasta el momento sólo había trascendidos de prensa y estaban “peleando con fantasmas”, la única alternativa posible de defensa era intentar redirigir el debate hacia el sistema de financiamiento de la política en Chile en general y no entramparse  en explicar los mecanismos de supuestas boletas fraudulentas que indaga el fiscal.

En el partido habían tomado nota de la velada amenaza que lanzó ese día Moreira en conferencia de prensa, cuando dijo que si querían investigar a su chofer primero indagaran las campañas presidenciales. En la colectividad consideran que el senador siempre ha actuado de forma independiente y puede ser impredecible  si se queda sin el respaldo de la mesa. Fuentes de la UDI señalan que a mediados de 2013 Moreira solía reclamar por el bajo apoyo publicitario que tenía en comparación con Ena von Baer cuando ambos competían por la circunscripción Santiago Oriente. Recién entonces consiguió financiamiento de Penta.

Esta semana Moreira optó por dar un permiso administrativo a su chofer Rodrigo Molina para alejarlo de la polémica. El conductor, que tiene un sueldo de $1.600.000 según la página web del Senado, figura en la rendición de  cuentas electorales del parlamentario entregando dos camionetas en usufructo para la campaña. El fiscal citó a declarar a Molina y según lo que ha publicado la prensa indaga boletas que éste habría entregado a Penta por $ 10 millones.

La otra funcionaria UDI en la mira de fiscalía es la secretaria Verónica Nieto que trabaja para el experto electoral del partido, Jorge Manzano, en la sede de calle Suecia. Ella habría entregado una boleta por $ 5 millones a la empresa. En la información del Servel aparece como colaboradora remunerada de la campaña presidencial de Evelyn Matthei.

En la reunión almuerzo del lunes de la directiva, la mayor parte de la conversación se centró en determinar el origen de las filtraciones del caso, y los dardos apuntaban al fiscal Gajardo. Por eso el miércoles Silva se reunió con el fiscal nacional Sabas Chahuán para expresarle su molestia y pedirle que abra una investigación sobre las filtraciones.

Aunque Silva ha conversado la situación en privado con Carlos Alberto Délano -de quien es cercano y tiene un parentesco político- ha evitado referirse a él públicamente. Fue el senador Hernán Larraín quien en una carta a El Mercurio titulada “me rebelo ante el cómodo silencio”, salió a defender y apoyar a Délano, Carlos Eugenio Lavín y a Carlos Bombal, ex senador UDI, hoy asesor de Penta.

En la UDI confían en que el tema vaya decantando y esperan dar señales de normalidad en los próximos días, sobre todo con las celebraciones del 31 aniversario del partido el próximo 13 de octubre.

Además de Golborne y los parlamentarios de la UDI, las esquirlas de la investigación del Ministerio Público también impactaron al ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, otro de los nombres mencionados por eventuales aportes del grupo Penta a su precandidatura presidencial en las primarias de la Nueva Mayoría el 2013. De viaje en Estados Unidos, Velasco no dio declaraciones durante varios días, mientras sus colaboradores en Fuerza Pública, Juan José Santa Cruz, Rafael Guilisasti y Sebastián Sichel se dedicaron a recoger antecedentes sobre posibles aportes de campaña. En las memorias de BancoPenta figura que Velasco ha dado conferencias en seminarios de la empresa, dos en 2012 y una en 2011, antes que empezara su campaña presidencial.

¿UN GRAN ACUERDO POLÍTICO?
Rápidamente el financiamiento de la política se tomó la agenda: fue uno de los temas principales del comité político del lunes y de los almuerzos en el Congreso esta semana en Valparaíso. Mientras parlamentarios de la Nueva Mayoría lanzaron una lluvia de propuestas, La Moneda ya definió una línea de acción: tras hacer un barrido y descartar la posibilidad de que algún parlamentario o ex candidato de la Nueva Mayoría esté involucrado en la investigación que lleva el fiscal Gajardo, el gobierno de Bachelet tomará distancia del tema judicial y se limitará a esperar el resultado de la investigación. Así las cosas, la alternativa de un eventual acuerdo político transversal, como el de Lagos y Longueira de enero del 2003 que apuntó a modernizar el Estado en medio del caso MOP-Gate, se ve lejana.

No obstante, la UDI y otros dirigentes políticos aún no descartan esa posibilidad y esperaban poder conversar con el ministro Rodrigo Peñailillo, quien gran parte de esta semana estuvo en España conociendo la experiencia de ese país para combatir el terrorismo. Uno de ellos es el senador UDI Hernán Larraín, quien propondrá a Peñailillo llegar a un acuerdo: “Lo que corresponde es hacer un análisis serio, ponderado y lejos de situaciones concretas. Eso es lo que yo espero que ocurra ahora, que pudiéramos llegar a un acuerdo con el gobierno para que se cree un grupo de trabajo que haga una propuesta global”.

Mientras tanto, lo que sí tiene claro el gobierno, es aprovechar el clima para impulsar un viejo anhelo del bloque: una ley de financiamiento de partidos y, perfeccionar la actual Ley de financiamiento electoral. Para ello, la ministra Ximena Rincón tenía previsto comunicarse con los presidentes de partido para que éstos le propusieran dos nombres de expertos o expertas en el tema para crear una mesa de trabajo.