El financiamiento de la política ha sido uno de los focos centrales de investigación del centro de estudios Espacio Público. Desde hace un año un equipo que lidera el economista Eduardo Engel -y en el que han participado Marcela Ríos, Francisco Javier Díaz y Alejandro Ferreiro- se encuentra preparando una propuesta de reforma a la legislación que será presentada en noviembre y que busca transparentar los aportes a campañas, empoderar al Servicio Electoral y abrir el debate sobre la necesidad de destinar fondos públicos a los partidos políticos.

-El 2003, el caso MOP-Gate dio paso a una ley de modernización del Estado y financiamiento de las campañas. ¿Cree que el caso Penta -aunque aún no conocemos sus alcances- abre una ventana  para poder regular la relación entre el dinero y la política?
-Es prematuro decirlo, pero éste es un caso que si evoluciona como ha ido evolucionando es probable que termine siendo una excelente oportunidad para avanzar hacia una legislación de financiamiento de la política acorde con un país desarrollado. El tema de las reformas de la política se mueve a punta de escándalos. En Chile y en el resto del mundo. Lo importante cuando estos escándalos suceden es no improvisar y tener buenas ideas y propuestas. Durante estos años distintos centros de estudios hemos estado pensando estos temas.

-Acá quedó en evidencia la opacidad con que se manejan los dineros de las campañas
-Si no hubiese sido por este mecanismo bien fortuito en que partimos con un caso de fraude al FUT, en que se requisan varios computadores y en que aparece información sugiriendo financiamiento ilegal de la política, hubiese sido muy difícil verificar qué está pasando. La pregunta es por qué el ente fiscalizador que es el Servel es incapaz de detectar este tipo de situaciones. ¿Qué hace hoy el Servel? Recauda y luego transfiere a los candidatos las platas recaudadas. Por ejemplo, $ 350 millones. Concluida la campaña, el Servel pide al candidato que le rinda cuentas por $ 350 millones y verifica las boletas y facturas que le rinde el candidato para que sumen ese monto. Para poder detectar platas negras se requiere mucho más que eso, se requieren más recursos y una misión para el Servel totalmente nueva: tendría que haber un ejército de personas en terreno durante la campaña evaluando cuánto está gastando realmente el candidato, sumando las palomas, los avisos de radio, los puerta a puerta...

-¿Por qué una empresa querría ocupar sistemas de boletas falsas cuando existe una legislación que garantiza las donaciones reservadas?
-Con la ley del 2003 se nos trató de convencer de que al tener donaciones reservadas uno evitaba que las empresas donaran de manera negra. Y no es así. Una donación negra tiene todas las franquicias tributarias porque pasa a ser un costo de la empresa y se descuenta de la base imponible. En cambio, las donaciones reservadas están limitadas al 1% de la renta de la empresa y algunos quieren donar más que ese monto o donar antes del periodo oficial de campaña.

-En la derecha, pero también en la Nueva Mayoría, han justificado durante años el sistema de donaciones reservadas, argumentando que así no se enteran los candidatos sobre quiénes los financian y se evita que sean presionados.
-Ese argumento no se sostiene. Somos el único país del mundo con el sistema de aportes reservados. Esta idea que usted dona de forma anónima y se supone que el candidato no se entera es solamente chilena. En las elecciones, sobre todo en las de diputados, el número de donantes es muy pequeño y es muy fácil que se coordine el donante y el candidato para identificar si hizo la donación. Uno termina con algo bien perverso, que es que las donaciones son reservadas para la ciudadanía, pero no para el candidato.

-¿Usted es partidario de que no puedan donar las empresas o que sí puedan hacerlo, pero de forma transparente?
-Hay que terminar con las donaciones reservadas o anónimas por sobre cierto monto. Uno podría fijar un monto bajo, por ejemplo 20 UF por candidato,  para aportes que no son de conocimiento público, para resguardar que las personas puedan expresar sus preferencias sin temer represalias en su trabajo. Pero por sobre cierto monto, debe haber plena transparencia. Respecto a si pueden donar las empresas, lo que hemos concluido y vamos a proponer en Espacio Público es que no puedan hacer donaciones en la política y el financiamiento venga exclusivamente de los ciudadanos, ya sea directamente o a través de fondos públicos. Quienes votamos somos los ciudadanos, y quienes deben financiar la política somos esos mismos ciudadanos.

-En sectores de oposición dicen que si las empresas pueden donar a cultura o a deportes, también tienen el derecho de hacerlo a la política.
-Hay una diferencia fundamental entre donar a la cultura o a los deportes y donar a la política. Las bailarinas de ballet, los cantantes de ópera y los jugadores de fútbol no están tomando decisiones que afecten a todos los chilenos. Los senadores y diputados toman decisiones que definen el tipo de sociedad en que vivimos y las legislaciones que tenemos.

-¿Cree que hay que redefinir la sanciones por no cumplir con la ley electoral?
-Sí, hoy las sanciones no tienen efectos disuasivos. Al menos en los casos más graves deberían contemplar la posibilidad de que un parlamentario perdiera su escaño.

-En el gobierno dicen que de la mano con una reforma al financiamiento electoral debería estar el financiamiento público a los partidos políticos.
-Un tema central de la propuesta de Espacio Público es contar con  financiamiento público de los partidos políticos, el cual no existe en la actualidad. Dicho financiamiento debe ir acompañado con una serie de exigencias a los partidos, como tener un mejor gobierno corporativo, ciertas restricciones sobre cómo gastar ese dinero y ciertas conductas virtuosas. Por ejemplo,  que los partidos incluyan entre sus candidatos y autoridades a grupos históricamente subrepresentados -mujeres, pueblos originarios o jóvenes-. Que destinen recursos a institutos de formación política, que tengan representación regional, transparencia interna, etc. Es decir, la posibilidad de acceder a financiamiento estatal tiene que ir de la mano con una mejora en el gobierno corporativo y la contribución social que hacen los partidos políticos.

-¿Por qué se necesitaría financiar a los partidos con fondos públicos, cuál es el problema con que se autofinancien?
-En la actualidad todo el financiamiento de los partidos viene de fuentes privadas, lo cual contradice el principio democrático de que todos los ciudadanos debieran tener el mismo peso en las elecciones. En la actualidad la cancha es dispareja y estamos más cerca de “un peso, un voto” que de “un ciudadano, un voto”. Lo cual da grandes ventajas a sectores de derecha, que suelen tener mayores recursos para donar a la política. Los datos del Servel confirman que entre la UDI y RN reciben prácticamente el 70% de las platas privadas en política.