El ministro Rodrigo Peñailillo se apura en despejar una serie de informaciones que han circulado en las últimas dos semanas respecto al caso Penta. Dice que no ha recibido ninguna señal, mensaje o recado de la UDI que apunte a buscar un acuerdo extrajudicial. Aclara que La Moneda no ha pedido a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría que revisen sus gastos electorales de la última campaña, y señala que la urgencia sobre la denuncia que este miércoles presentó el Servicio de Impuestos Internos jamás fue tratada en el comité político del lunes pasado. “No fue tema de la conversación, porque no corresponde. El SII es un servicio que se tomará los tiempos que estime necesarios para realizar su propio trabajo y no corresponde que ni el gobierno, en el sentido político, ni menos los partidos estén planteando plazos y  fechas para que realice bien su trabajo”, afirma el jefe del gabinete.

-¿Qué le parece que en su denuncia en la Fiscalía Oriente el SII no haya hecho  una individualización de las personas que utilizaron boletas en lo que se conoce como la arista política del caso?
-El SII es un servicio técnico, que tiene experiencia acumulada en este tipo de temas, y que actúa dentro de su autonomía, y lo que está haciendo es cumplir la normativa tributaria, que es lo que corresponde. Así que dejemos que haga su trabajo sin presiones de ningún tipo.

-Pero en la Nueva Mayoría hubo cuestionamientos inmediatos. El diputado DC Gabriel Silber en su Twitter, por ejemplo, criticó el hecho que el SII haya efectuado una denuncia y no una querella en contra de los responsables…
-Cada uno tiene su opinión. Pero le insisto,  los actores políticos deben dejar trabajar tranquilos y sin presiones al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público, que haga su trabajo sin presiones de ningún tipo.

-¿Es efectivo que el presidente de la UDI, Ernesto Silva, habría querido buscar una reunión con usted para conversar la posibilidad de un acuerdo político sobre el tema de Penta?
-No, en ningún caso recibí señales en esa línea.

-¿Usted comparte que éste es un tema que no sólo podría afectar a la UDI sino que incluso podría alcanzar a candidatos de la Nueva Mayoría?
No tengo ningún antecedente para decir eso. Yo esperaría que lo que sí hagamos entre todos es mejorar los aspectos que sabemos la legislación necesita. Por lo tanto, me alegra que los partidos, sin excepción, hoy estén planteando la necesidad de poder perfeccionar la legislación para que Chile se ponga al día respecto con otros países.

Y aparte del tema judicial, ¿existe la posibilidad de llegar a un acuerdo político con la oposición sobre el financiamiento de las campañas?
-Eso es obvio, lo que acá corresponde es dejar trabajar a las instituciones con total transparencia y con todas las facilidades que estos organismos deben tener para desarrollar sus investigaciones. Otra cosa, obviamente, son las materias de fondo, materias de financiamiento y gasto electoral, del cual nosotros somos absolutamente partidarios de legislar. Es tan así, que no sólo está en nuestro programa, además está en los acuerdos adoptados para la reforma del cambio electoral.

-¿Cómo usted podría agilizar un acuerdo de todos los sectores políticos para mejorar la ley actual?
-Como gobierno venimos trabajando desde hace meses este tema. Hemos firmado un protocolo de acuerdo con los diputados de la Nueva Mayoría y con Amplitud. Lo fundamental es elevar los estándares de transparencia y probidad de la política a través de una normativa más estricta que la vigente. Es en este marco del debate que esperamos que todos los sectores se sumen.   Yo creo que hay momentos para, justamente, hacer cambios importantes, y si se dan las condiciones políticas para que hoy día podamos sacar adelante una nueva legislación en materia de financiamiento, gasto electoral y partidos políticos, bienvenida sea.

-¿Tiene previsto reunirse con el presidente de la UDI?
-Yo siempre tengo previsto juntarme con todos los presidentes de partidos, es parte de mi trabajo. Me he reunido en reiteradas ocasiones con él y no tengo ningún inconveniente en seguir reuniéndome con el presidente del principal partido de oposición.

-¿Es partidario que las empresas financien las campañas políticas?
-Yo creo que el eje de esto debe ser la transparencia de quienes aportan los dineros a una o a cualquier campaña. Soy partidario de la transparencia total en los aportes de campaña. Pero hay otro elemento esencial: la fiscalización. No existe ley en materia de financiamiento electoral que sea útil y efectiva si no implementamos en paralelo nuevos mecanismos por parte del Servicio Electoral. Que exista fiscalización en terreno de las campañas, con una revisión permanentemente de cómo se está desarrollando en el plazo electoral.

-¿Está a favor de “darle más dientes” al Servel, como se ha dicho?
-No cabe ninguna duda que al Servel hay que darle muchas  más potestades, atribuciones y recursos porque no hay ley que sea perfecta o que sea óptima si de la mano no va con un organismo, como en este caso el Servel, que pueda efectivamente, durante las mismas campañas, fiscalizar con efectividad lo que está sucediendo en cada una de ellas.

-También se ha hablado de ampliar el plazo para el financiamiento de las campañas. Usted fue el encargado de organizar el regreso de Bachelet desde Nueva York a Santiago, de instalar su primera oficina, su primer comando… ¿de dónde sacó el dinero para hacer todo eso?
-Eso fue en las primarias, recordemos que se implementó una legislación para esa campaña. De hecho, nosotros presentamos una rendición de cuentas de lo que fue la campaña en la primaria y luego la campaña de primera vuelta y de segunda vuelta.

Pero yo le hablo de antes de eso, cuando usted viajó  con un equipo que hizo un video en Nueva York…
-Se hizo un video allá, pero no había campaña ni gastos de ningún tipo.

EL "SHERIFF"

El miércoles Rodrigo Peñailillo partió al Congreso en Valparaíso a defender personalmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado las reformas a la Ley de Control de Armas y el Código Procesal Penal, que buscan endurecer el porte ilegal de armas. “La nueva ley sanciona no sólo el porte ilegal de armas, sino que la entrega de armas a menores, el transporte o entrega de municiones y el porte de armas hechizas, y castiga con más penas el cometer un delito o participar en un hecho delictual portando una arma de fuego”, señala el ministro.

Y continúa: “El porte y tenencia ilegal de armas que hoy va desde tres años y un día aumentará hasta diez años de cárcel. También vamos a legislar sobre la instalación, traslado y manipulación de artefactos explosivos. Y esto no sólo tiene que ver con el terrorismo, sino que con otras situaciones delictuales. También está el envío del proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público y que permite tener fiscalías especializadas de alta complejidad que son esencialmente contra el terrorismo y el crimen organizado, que es como en Europa están enfrentando estos temas.

-Uno prende la televisión en la mañana y están mostrando un nuevo robo a un cajero automático, ¿cómo pretende frenar esta ola de robos?
-Lo que ha sucedido desde el 2013 es el cambio en la forma de robar cajeros automáticos. Son metodologías traídas desde Europa e implementadas allá desde el 2012. Efectivamente, en el último año ha habido un incremento de los robos a través de la saturación por gas, que reemplazó al método del lazo que se usaba anteriormente. Las policías, el Ministerio Público se encuentran investigando y nosotros estamos muy firmes respecto al cumplimiento de la normativa que obliga a estandarizar en todo el país la instalación de los cajeros, que fue decretada en 2013 y que nosotros compartimos plenamente. 

-Pero no se aprecian resultados. En el llamado robo del siglo en el aeropuerto, por ejemplo, no hay ni un detenido…
-Eso está en plena investigación por las policías y la fiscalía y esperamos que haya resultados lo antes posible… Fíjate que nuestro plan de seguridad que lanzamos hace dos meses tiene un valor de 1.200 millones de dólares  y va de la mano de 1.200 nuevos efectivos de la PDI y seis mil cupos para nuevos carabineros…

-Parece un discurso más ligado a un gobierno de centroderecha que de centroizquierda...
-Para nosotros la seguridad es un derecho social y, por lo tanto, garantizar paz, tranquilidad y seguridad a las personas es parte de nuestras profundas convicciones. Estamos firmando convenios con las 74 comunas, donde se concentra el 82% de los delitos de alta connotación. Por ejemplo, el otro día estuve en La Florida y le dije al alcalde Carter: “¿En los últimos cuatro años cuántos recursos recibió del ministro del Interior para enfrentar delitos y programas preventivos? 150 millones de pesos, respondió. Ya, usted ahora va a tener 2 mil millones de pesos para los próximos tres años. Y, además, usted no va a concursar, los tiene asegurados.

-¿Dónde se siente más cómodo, como el conductor político o en el rol de sheriff, en seguridad pública?
-Como sheriff en ningún caso. La Constitución me da una responsabilidad muy importante: ser ministro del Interior y jefe político del gabinete, pero también estar a cargo de la seguridad pública, y ambas cosas las voy ejercer en plenitud, y le agrego una tercera: la agenda de descentralización, que es muy ambiciosa.

NUEVA INTELIGENCIA

-¿Cuál fue el momento más difícil para usted tras el bombazo en la estación del metro Escuela Militar?
-Los minutos en que no se conocía bien el estado de salud de las personas que habían sido afectadas y que al mismo tiempo recibía la información de parte de las policías de cuál era la situación en el lugar y qué antecedentes había respecto a los autores. Son momentos complejos en los que hay que tomar decisiones. Se hizo un trabajo tan riguroso por parte de la fiscalía y Carabineros que hoy nos permite tener a tres personas formalizadas con pruebas muy rigurosas. 

-¿En el caso de las bombas, por qué no se actuó antes de que hubiera heridos?
-El 14 de julio, el día siguiente del atentado en el vagón del metro, nosotros invocamos la Ley Antiterrorista y solicitamos un fiscal y un equipo con dedicación exclusiva, es decir, a partir de ese día hubo personas especializadas investigando las 24 horas del día esos hechos. Los resultados que tenemos el 17 de septiembre en la noche con la detención de estas personas son producto del trabajo que partió la  noche del 13 de julio. En ambos casos nosotros vamos a demostrar ante los tribunales que las personas que pusieron las bombas quisieron causar temor en la población, por el lugar donde se produjo y por los horarios en que fueron instalados estos artefactos. Por esto, es que tenemos una convicción clara, necesitamos una nueva legislación que permita que estas personas lleguen a juicio y sean condenadas y que al mismo tiempo no se tergiverse la utilización de una  ley para resolver problemáticas de otro tipo.

¿Qué conclusiones sacó de su reciente visita a España y Francia?
Que la inteligencia es la clave para enfrentar el terrorismo y no sólo una legislación y un perfeccionamiento de las policías. Francia posee la unidad antiterrorista más antigua del mundo y España tiene una unidad antiterrorista a partir del atentado en Atocha, el 2004.

-¿Qué modelo le parece mejor para Chile, uno estricto como el de España o uno más garantista como el alemán?
-Chile tiene que tener su propio modelo, adoptando experiencias de distintos países. Hay que mirar más casos, aparte del francés y el español, es más, hemos recibido invitaciones de otros gobiernos para que nos cuenten sus experiencias.

-¿Habrá una nueva Ley Antiterrorista o modificaciones a la actual?
-Chile necesita una nueva Ley Antiterrorista, que reemplace la ineficacia de la actual, donde sólo 10 personas han sido condenadas de más de 120 procesados, y que respete el debido proceso y, por ende, sea legitimada por la sociedad chilena y la comunidad internacional. Yo espero que esa nueva ley esté promulgada el primer semestre del próximo año.

-¿Se arrepiente de haber dicho a principios de año que no iba a aplicar la Ley Antiterrorista en La Araucanía?
Eso yo nunca lo he dicho. Lo que dije y mantengo es que la Ley Antiterrorista no puede ser usada ni está hecha para resolver conflictos sociales y que no se puede hablar de ella suscribiéndola a un tema territorial.