El contralor no está solo. Luego que La Moneda reprochara a Ramiro Mendoza y en la Cámara lo amenazaran con una acusación constitucional por la polémica charla que dio en un seminario de la Universidad Católica donde criticó las reformas del gobierno y los problemas en el funcionamiento del Estado -señalando que “hay un montón de cosas muy estúpidas”- han surgido las primeras voces de apoyo.

Entre ellas una inesperada: la abogada Clara Szczaranski, experta en ciencias penales y criminología, quien como ex presidenta y actual consejera del Consejo de Defensa del Estado también conoce de cerca los vicios que invaden al aparato estatal: leyes que no se aplican, improvisación, normativas mal formuladas o que no cumplen su cometido. En su rol de decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, le ha tocado analizar todos estos temas en debates y mesas redondas, y en esas instancias académicas ha coincidido varias veces con el contralor, quien suele tener un estilo informal y presentarse ante los alumnos diciendo “aquí no soy el contralor, soy Ramiro Mendoza”.

Según Szczaranski  el problema es que “acá es difícil que alguien te diga las cosas claramente. Hay todo un tema con aceptar el diálogo, que el otro es distinto, que tiene otra opinión, que tiene derecho a tenerla. Si queremos ir adelante en el pensamiento y en la conversación, hay que escucharse. Yo creo que en este país falta diálogo. Y falta diálogo porque hay muchas decisiones que se toman en bloque, ideológicamente. Yo creo que un gran freno del desarrollo humano son las ideologías de cualquier especie”.

-¿Usted cree que una autoridad del Estado, como el contralor, puede opinar así con franqueza de temas políticos en un espacio académico?
-Yo sí creo. Es propio del ambiente universitario el  pensar, reflexionar, conversar con otros. Y eso sólo se puede hacer sinceramente, manifestando lo que piensas. No puedo cercenar mi discurso sólo porque podría malinterpretarse. Un profesor no puede pararse delante de un alumno a  repetir las normas y decir que todo está bien.

-¿Tal vez hubo un problema con el lenguaje que empleó?
-¿Es tan raro el lenguaje del contralor o es el que escuchamos todo el día en la calle? A mí me sorprende que el país se haya quedado en cómo lo dijo y no en qué dijo. Si está equivocado le contestaremos y opinaremos. Un funcionario público tiene constitucionalmente el derecho a tener su propia opinión y su versión de todo.

-Pero el gobierno respondió que una autoridad del Estado no debe salirse de su ámbito de competencia.
-¿Algún experto del gobierno dijo eso?

-El vocero de gobierno.
-¿Y cuál es su especialidad? Los derechos constitucionales los tienen todas las personas. Ahora si alguien quedó molesto tiene que persuadir y contraargumentar.

-Tal vez lo critican porque quedó marcado, se identificó políticamente.  ¿Usted concuerda con eso?
No concuerdo. Yo creo que las críticas que formuló son transversales. Nadie tiene por qué sentirse acusado o imputado. Más que una crítica al gobierno él hizo una crítica a la comprensión de nuestras instituciones. A la madurez de nuestros cuerpos normativos. Yo creo que él estaba hablando en términos institucionales. ¿Sabes quién se puede sentir afectado? Alguien que está muy satisfecho de la normativa que tenemos y la encuentra espectacular.

-¿Entonces comparte lo que dijo el contralor en un cien por ciento?
-El fondo sí. Estoy totalmente de acuerdo, no sé a qué le diría que no. Por ejemplo, como dijo el contralor, el derecho es reaccionario. Las normas vienen a reconocer una realidad cultural, no la provocan.  No puedes mandar señales con leyes, con leyes recoges y captas lo que en tu sociedad va pasando y lo que tu sociedad necesita para desarrollarse. Pero acá hay una compresión de la ley y del derecho que es bastante especial porque hemos asumido muchas leyes de la OCDE o del mundo anglosajón, pero no hemos obtenido los mismos resultados, porque no basta con legislar a toda velocidad para cambiar la realidad.

-¿No tenemos la legislación que necesitamos?
-Muchas normas que se dictan acá son aspiracionales, es cómo creemos que deberíamos ser a tono con la cultura contemporánea y con el mundo del que somos parte. Pero saquémosle un poco de las capas externas y te das cuentas que esas normativas no reflejan una realidad cultural.

-¿En qué ejemplos está pensando?
-En la ley de transparencia, las declaraciones de patrimonio e intereses, la nueva ley de lobby, en la alta dirección pública… no resuelven los problemas. Para lograr que sea efectiva la transparencia o la designación de altos funcionarios por mérito, o que realmente reflejen el patrimonio de las autoridades, hay que creer profundamente en eso y hacer que sea una verdad permanente. Formalmente hicimos la tarea, pero no podemos quedar satisfechos con las normas que tenemos. Todavía hay mucho barniz y poca realidad.

-¿No está conforme con la nueva normativa para regular el lobby?
-No. Como está formulada la gente puede seguir saltándose las reglas.  Sólo va a decir lo que la gente de buena fe quiere decir, pero no va a impedir el entendimiento tácito u oculto.

-También hubo un cuestionamiento a las reformas. Cómo decana ¿qué opina de la reforma educacional?
Que hay que tener un GPS para entender lo que pasa. Estamos discutiendo áreas chicas y las propuestas han sido tantas y las idas y venidas de cada propuesta, que uno mejor dice voy a esperar que se aquiete el agua para entender esto. Hemos hablado de todo, del lucro, de la gratuidad, la selección, los arriendos…  pero ¿cuál es el concepto de fondo? Esto genera a las universidades incertidumbre para hacer planes de largo plazo. No sabemos si tendremos que ofrecer menos carreras o perderemos el aporte fiscal indirecto. Yo espero que estas cosas sean bravatas y después vuelvan al sentido común.

-Otro tema que abordó el contralor es el de los delitos financieros, de los que ha habido una seguidilla  en el último tiempo, como Cascadas o casos de colusión.
-El crimen corporativo, los delitos de las personas jurídicas, son los delitos más importantes del mundo contemporáneo. La OCDE definió este tipo de delitos como gravísimos porque impactan el orden económico, el desarrollo de los países, la credibilidad en las bolsas de comercio, entonces afectan no sólo la economía sino que también la democracia.

-¿Cómo estamos enfrentando como país este tema?
-Chile se tuvo que poner al día con varias leyes OCDE y una de ellas era determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas o empresas. Tenemos una ley estupenda, pero ¿cuántas veces se ha procesado y condenado a una persona jurídica? Siempre terminamos en el gerente o en los miembros del directorio. No nos hemos tomado en serio el hecho que la corporación es una estructura que puede realizar delitos sobre todo de impacto económico-social y que tiene identidad propia. Se procede  sólo contra las personas que trabajan en la empresa, por ejemplo en el caso La Polar. 

-¿Hay que subir las sanciones para estos delitos?
-Antes de subir sanciones hay que usar las que tenemos.  Más vale aplicar la pena a que la pena sea muy alta, porque es más disuasivo saber que la justicia va a operar, no que sean 10, 12 o 15 años. En el terreno administrativo, las superintendencias han realizado buenas fiscalizaciones y  se han aplicado multas importantes, pero no hemos avanzado nada en lo penal. No hemos reconocido el impacto del delito económico, nos parecen más importante los hechos de sangre.