El secreto autoimpuesto por el Ministerio Público y confirmado esta semana por el Octavo Juzgado de Garantía sobre la investigación al grupo económico Penta, contrastó con el revuelo levantado la semana pasada por tres diligencias ordenadas por el fiscal Carlos Gajardo apenas recibió del Servicio de Impuestos Internos (SII) una denuncia que involucra en la investigación por posibles delitos tributarios una arista de crecientes consecuencias políticas.

La presencia de policías de la PDI en domicilios de sociedades vinculadas al ex candidato presidencial independiente Andrés Velasco, al ex abanderado de la UDI Laurence Golborne y al ex senador de ese partido Jovino Novoa, despertaron inmediatas sospechas en medio de la oscuridad existente sobre los antecedentes que orientan las pesquisas.

Pero, rondaba también una pregunta: ¿Por qué lo primero que hace el fiscal una vez recibida la denuncia del SII es ordenar el registro de los domicilios vinculados a estos tres personajes políticos, y no al resto de los mencionados hasta ahora en la causa?

Mientras unos atribuyeron la decisión a una suerte de “persecución política”, el fiscal nacional Sabas Chahuán rayó de inmediato la cancha  respecto de los alcances de la denuncia del SII, argumentos que luego fueron reforzados por el fiscal regional oriente, Alberto Ayala, jefe directo de Carlos Gajardo.

Aunque desapercibidas, las palabras de Chahuán apuntaban a delimitar la indagatoria relacionada con presuntos aportes irregulares a campañas políticas. Junto con esclarecer que la denuncia del servicio “no era todo lo amplia” que se pensaba, señaló que sí permitía avanzar en “líneas investigativas respecto de eventuales imputados que antes no se podían desarrollar”, según consignó en una entrevista en radio ADN.

“La presentación se dirige solamente contra aquellos que habrían utilizado las boletas, no contra los emisores. Evidentemente que tan pronto aparezcan antecedentes, el fiscal los pondrá a disposición de Impuestos Internos para que amplíe la denuncia eventualmente”, añadió el fiscal nacional.

Un día después, Ayala se sumó a las explicaciones: “Estamos realizando diligencias respecto de empresas denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos, cuyos representantes legales o domicilios desconozco, y si inciden o pudieran incidir en personas conocidas es una simple coincidencia”. Este mensaje fue reforzado el miércoles por ambos fiscales en el aniversario 15° de la Fiscalía de Chile.

Con todo, las definiciones de ambos fiscales despejaron de inmediato las dudas que había respecto de por qué la hebra inicial recayó en Velasco, Golborne y Novoa la tarde del jueves 9 de octubre pasado, cuando efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI visitaron los domicilios comerciales de las sociedades Cactus, perteneciente al ex ministro de Hacienda; la agencia de comunicaciones VoxCom, fundada por el ex abanderado UDI y a la que ya no pertenece; y la sociedad Inversiones y Mandatos, del fundador de la UDI.

Según explican varios intervinientes consultados, al hacer la distinción entre receptores y emisores de boletas, el peso de la responsabilidad del caso recaería en representantes de la empresa Penta, que optó por incluir en su contabilidad boletas de terceros por trabajos o actividades que supuestamente nunca se realizaron, abultando así sus gastos para conseguir una menor carga tributaria. Esa era la presunta vía para hacer aportes de campaña al margen de la ley, lo que constituiría, de todas maneras, un delito sancionado en el artículo 97 Nº4 del Código Tributario, es decir, uso de boletas ideológicamente falsas, y no eventuales vulneraciones a la ley electoral.

A modo de ejemplo, en el caso de las boletas facilitadas por el chofer y la secretaria del senador Iván Moreira para justificar aportes de Penta, según conocedores de la investigación, el SII hizo ver la existencia de eventuales responsabilidades penales en quienes dirigían el holding, y no necesariamente sobre el senador o las personas que trabajan con él. Aunque otras fuentes señalan que estos últimos, es decir los emisores de las boletas, podrían eventualmente ser imputados como facilitadores, aunque para eso también la fiscalía requiere el vamos del servicio.

Escenario que se repetiría en el caso de los otros candidatos y parlamentarios de la UDI mencionados públicamente, como es el caso de candidato a senador por Santiago Poniente Pablo Zalaquett y la senadora por Valdivia Ena von Baer.

La diferencia es que en los casos de Velasco, Golborne y Novoa, el fiscal Gajardo busca dilucidar si las sociedades vinculadas a sus nombres no sólo facilitaron boletas a Penta para justificar la entrega de dinero, sino que si es efectivo que, al mismo tiempo, habrían utilizado boletas o facturas de terceros para que dichos recursos hayan permitido financiar actividades de campaña.

Según los antecedentes recopilados por Qué Pasa, las sociedades Cactus, VoxCom e Inversiones y Mandatos están en la mira del SII y, por ende, del fiscal Gajardo pues existiría la presunción de que habrían actuado como receptores de boletas que serían ideológicamente falsas.

De ahí la vinculación directa de las primeras pesquisas con las tres figuras políticas en comento, lo que explicaría la inmediata señal enviada por el fiscal Gajardo al orientar sus primeros pasos tras la venia del servicio.

Otro problema que enfrentarían dichas sociedades es que al incorporar esas  boletas o facturas a sus contabilidades obtendrían una menor carga impositiva, lo que podría significar una imputación penal o, en el mejor de los casos, el rechazo de esos gastos por parte del SII.

Así las cosas, la fiscalía desplegó esta semana una serie de interrogatorios a personas vinculadas a boletas incorporadas en la contabilidad de las sociedades anteriormente mencionadas.

Mientras tanto, el ex senador de la UDI también se ha preparado para enfrentar un posible cuadro judicial. De hecho, es casi seguro que el ex canciller Miguel Álex Schweitzer sea quien dirija una eventual defensa penal, en caso de ser necesario. El presidente de la Fundación Jaime Guzmán no ha querido entregar una versión tras la visita de la PDI a sus oficinas la semana pasada. El lunes, en tanto, en la cena de aniversario de la UDI, optó por comentar escuetamente las diligencias. Junto con negar que se haya tratado de un “allanamiento” a su oficina, señaló: “No es efectivo. Yo entregué documentos que me pidieron y punto. Eso es todo”, cerró escuetamente.