A fines de noviembre, la presidenta Michelle Bachelet recibirá tres propuestas distintas para una nueva Constitución, de manos de la ministra Ximena Rincón, quien  en los últimos siete meses ha trabajado en el tema con el abogado constitucionalista Tomás Jordan y el equipo del área de estudios de la Segpres. El grupo ha sesionado en reserva, y ha escuchado a los expertos de todo el espectro político, desde instituciones como Libertad y Desarrollo hasta movimientos como Revolución Democrática -que propone realizar un plebiscito-, y el PRO de Marco Enríquez-Ominami, partidario de una asamblea abierta. También han estudiado en detalle los casos de Suiza, Suecia y Colombia, y han participado en una serie de seminarios donde Chile ha sido invitado especial.

Hasta ahora, sólo hay dos cosas claras en La Moneda: que la propuesta escogida  debe ser producto de un acuerdo político transversal y que es muy difícil replicar fórmulas extranjeras, ya que la realidad de cada país es muy distinta.

Entre las tres alternativas que recibirá la presidenta -referidas al mecanismo, no al contenido- de la nueva Carta Fundamental, estará la de una asamblea constituyente. Sin embargo, es una opción que en el último tiempo ha ido perdiendo fuerza en los sectores más moderados de la izquierda.

“Los partidos y centros de estudios de centroderecha se han abierto a apoyar cualquier cambio que no sea a través de una asamblea constituyente”, señala una fuente de la Segpres que ha estado en las conversaciones.  “Por otro lado,  hay parlamentarios de centroizquierda que han señalado que apoyarán la propuesta de Bachelet, sea cual sea”. Aunque el  tema se mantiene en reserva, lo más probable es que otra de las alternativas que recibirá la mandataria es la vía parlamentaria. Ése es un cambio al que los sectores más hacia la izquierda miran con rechazo.

LA TERCERA VÍA
Cuando a principios de año comenzaron las negociaciones para presidir las comisiones de la Cámara y el Senado, la de Constitución, Legislación y Justicia se transformó en una de las más apetecidas. Naturalmente, pues sus respectivos presidentes tendrían este año una gran visibilidad, al liderar la discusión sobre el  mecanismo para cambiar la Constitución, una de las promesas de la campaña de Bachelet.

Al terminar el trabajo, sin acuerdo entre los integrantes de su comando, el documento entregado a Bachelet se limitó a señalar que cualquier fórmula deberá  “ser participativa, democrática e institucional”, dejando el tema completamente abierto.

Presidiendo las respectivas comisiones quedaron el diputado Ricardo Rincón (DC) y el senador Felipe Harboe (PPD). Lo que ellos no esperaban era que la propia mandataria, en una entrevista en La Tercera publicada a pocos días de su primer mensaje del 21 de mayo, anunciara que el cambio de la Constitución no sería un tema de discusión este año, sino el 2015. Las prioridades para este año eran las reformas  tributaria, educacional y electoral.

“Lo primero a lo que tenemos que aspirar es a que la nueva Constitución tenga una legitimidad de origen”, dijo entonces Bachelet. “Segundo, como la Constitución es aquello que regula cómo nos entendemos entre el Estado y la sociedad, el mercado, los recursos naturales y las comunidades, tiene que representarnos a todos, porque podría ser que tuviera legitimidad de origen, pero no representar a nadie”, concluyó.

Para no perder protagonismo, Rincón y Harboe anunciaron en julio pasado que recorrerían el país para realizar cabildos abiertos donde reunirían “opiniones que sirvan de insumo para la creación de una nueva Constitución”.

Es una opción que se ha conocido como “tercera vía”, y que varios ex miembros de la comisión de Constitución de la campaña de Bachelet respaldan. Se trata de una propuesta planteada inicialmente por el experto constitucionalista internacional Tom Ginsburg durante una visita a Chile hace justo un año. La propuesta del profesor de la Universidad de Chicago -considerado como el principal experto mundial en constituciones comparadas- contempla las “conferencias nacionales”, instancia mixta en que el propio Parlamento convoca a debatir a representantes de sectores de la ciudadanía como sindicatos,  pueblos originarios, minorías sexuales, etcétera, como insumo para elaborar la nueva Carta Fundamental.

Harboe y Rincón ya realizaron el primer encuentro de este tipo en Chillán, el 11 de octubre en el Centro de Extensión de la Universidad del Bío-Bío. El próximo será en noviembre.

“Creo que la nueva Constitución debe emanar del Congreso, pero con proceso participativo para recoger impresiones ciudadanas”, ha dicho el senador Harboe, quien propone que, una vez resuelto un texto debe ser sometido a un referéndum.

Quienes sin quererlo serán protagonistas del debate, serán los sucesores de Harboe y Rincón en las respectivas comisiones: el senador socialista Alfonso de Urresti y, probablemente, el diputado DC Fuad Chahin.

“Yo apoyo la asamblea constituyente. Voy a seguir insistiendo en esa iniciativa”, señala De Urresti, quien asegura que no se pone en el escenario que la presidenta opte por un mecanismo distinto.

Por sobre las otras reformas que ha emprendido, para muchos será justamente  la nueva Constitución el principal legado de Bachelet. De salir todo según lo planeado, la nueva Carta Fundamental llevaría su firma. De ahí la importancia del debate del próximo año.

La mandataria ha dado pocas pistas sobre su decisión sobre el mecanismo, aunque hay aspectos de contenido que comienzan a vislumbrarse.  El año pasado, al principio de su campaña, instruyó a su equipo para que considerara especialmente medidas de igualdad de género. Otros puntos fijos serán el reemplazo del binominal, el voto de los chilenos en el extranjero, el financiamiento público de los partidos y el reconocimiento de los pueblos originarios.