“Octubre de 2016”. Apenas el ex diputado y ex PPD Esteban Valenzuela terminó de pronunciar la frase que dio paso a una pausa prolongada, los presidentes de partido de la Nueva Mayoría que se encontraban en primera fila del Salón de Honor del Congreso en Valparaíso, se miraban unos a otros atónitos.

Lo que acababa de ocurrir era que el presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y  el Desarrollo Regional anunciaba esa mañana con bombos y platillos las conclusiones de una propuesta que no fue fácil de digerir para el oficialismo: la promesa de campaña que comprometía la elección directa de los intendentes regionales debía cumplirse, según la deliberación de 33 comisionados, en octubre de 2016.

Así, la alegría inicial que varios dirigentes del bloque exteriorizaron esa mañana del martes 7 de octubre por el cumplimiento de un viejo anhelo del sector, se fue tornando progresivamente en preocupación a medida que avanzaban en la lectura de cada una de las 120 páginas del informe entregado a la presidenta Michelle Bachelet.

En medio de los aplausos que siguieron a la intervención de la mandataria, en un salón atestado de dirigentes sociales, vecinos, activistas, alcaldes, concejales y los propios parlamentarios; los jefes de partido masticaban recién el impacto de la propuesta.  Según el itinerario establecido en el informe, en un año el Congreso debe despachar todas las iniciativas comprometidas para consagrar la elección de las nuevas autoridades regionales, lo que obligaría a los partidos a iniciar la discusión sobre las alianzas o pactos para definir posibles candidatos, lo que se sumaría al camino que ya tienen avanzado para construir sus elencos municipales y llenar los cupos de alcaldes y concejales ese mismo 2016.

Esa fue la primera preocupación que formó parte de algunas conversaciones privadas entre los dirigentes del conglomerado. Pero, con el paso de los días apareció otra inquietud de fondo: el surgimiento de una nueva figura en el cuadro político-administrativo. Intendentes con plenos poderes políticos y económicos, elegidos democráticamente, y con fuertes chances de proyección electoral.

"LE FALTA CALLE"
El primero en dar luces de alerta en privado fue el presidente del PS, Osvaldo Andrade. Así lo representó el lunes siguiente en una reunión que sostuvieron los presidentes de partido de la Nueva Mayoría, en el Salón Matta de La Moneda, minutos antes de entrar a la cita habitual  con los ministros del Comité Político.

Prácticamente todos los jefes partidarios coincidieron en la inconveniencia de la fecha propuesta por la comisión asesora presidencial, porque obligaba a legislar con premura. Así se lo representaron posteriormente al gobierno, que tomó nota de la observación.

Una semana después, los líderes del bloque volvieron a reunirse en el mismo lugar, pero esta vez incorporaron a los secretarios generales de cada partido.

Allí el diagnóstico fue crítico: no sólo la fecha resultaba compleja, sino también el nuevo modelo de Estado propuesto, que consagraba en las nuevas autoridades un conjunto de atribuciones consideradas “excesivas” por los dirigentes oficialistas.

La comisión propone en su informe una reforma constitucional para eliminar de la Carta Fundamental la referencia al carácter “unitario” del Estado, cambiando su denominación a “Estado Descentralizado”, lo que generó los primeros resquemores, sobre todo en el PS y la DC, que son partidarios de mantener el carácter unitario de la administración estatal.

Bajo la lógica de la propuesta, los gobiernos regionales contarían con plena “autonomía política, administrativa, y fiscal”, entregando una serie de competencias a los nuevos intendentes, que hoy son atribuciones exclusivas del Presidente de la República. Entre ellas, decisiones sobre el establecimiento de impuestos a nivel regional, así como la facultad para autorizar el endeudamiento para grandes inversiones, o iniciativa de ley y amplios poderes normativos, entre otras facultades.

Varios en el bloque oficialista recordaron que ni siquiera en la tramitación de la reforma tributaria, el gobierno acogió la propuesta de un grupo de parlamentarios regionalistas que abogaban por establecer un régimen especial de tributos en las regiones, para que las empresas paguen impuestos en las zonas donde desarrollan sus actividades.

Otros rechazan de plano la idea de entregarle autonomía en el corto plazo a la administración regional para contraer créditos.

“El endeudamiento de gobiernos regionales recién constituidos no parece la mejor manera de establecerlo, partir con ello es seguir el peor ejemplo de los países vecinos, como Argentina, donde el endeudamiento más fuerte es en las provincias”, advierte el secretario nacional de la DC, Víctor Maldonado.

“Es una propuesta innovadora, pero le falta calle. Es el punto de llegada, no un punto de partida, que es lo que necesitamos ahora”, reconoce un alto dirigente de la Nueva Mayoría que promueve la idea de acotar las atribuciones de los nuevos intendentes y establecer un proceso gradual para el cambio de régimen.

PODERÍO ELECTORAL
“Espero ser el último intendente designado de Santiago”, dijo hace unos días a La Tercera el intendente de Santiago, Claudio Orrego, sin abrirse de momento a una eventual postulación en caso de que el Congreso apruebe la elección directa de las autoridades regionales. Pese a ello, en su partido, la DC, existe casi la certeza de que Orrego postularía a ser el primer intendente electo de la Región Metropolitana. Así como en el PPD suena fuerte entre sus dirigentes, la idea de que la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá podría seguir el mismo camino. Para nadie es sorpresa que ambas figuras tienen aspiraciones presidenciales, por lo que hay un detalle en el que han reparado varios dirigentes de oficialismo y oposición: la elección de intendentes se podría transformar en una inédita plataforma presidencial. Considerando, por ejemplo, que en la Región Metropolitana están habilitados poco más de 5 millones de electores, el futuro intendente electo podría llevarse la mitad de esos potenciales votos. Una cifra muy superior a la que obtendría hipotéticamente uno de los siete senadores que, según el proyecto de reforma al sistema binominal de este gobierno, serían electos en la región en el próximo periodo.

Jefes de gobiernos regionales con mayor respaldo popular que el de un senador o diputado, aunque es un escenario ficticio aún, es una consecuencia que los dirigentes partidarios y parlamentarios recién están sopesando.

“De eso se trata, de aumentar la competencia electoral. Hay que romper el clientelismo que en Chile se perpetúa, la falta de una esfera pública de debate autónomo regional, fuerte, diferenciada del poder parlamentario. Los parlamentarios estarán obligados a reinventarse en la calidad de sus propuestas de política nacional, porque en el plano local la discusión la liderarán los candidatos a intendentes en sus campañas. El problema es que nadie quiere soltar el poder”, defiende Valenzuela, quien lideró la comisión asesora presidencial.

Si bien hoy son los senadores y diputados quienes ejercen influencia política en la designación precisamente de los cargos regionales (intendencias, gobernaciones, seremías, entre otras), en la Nueva Mayoría advierten que en el futuro podría ser al revés: la influencia de los intendentes podría afectar las designaciones internas de las cartas de sus partidos para el Congreso.

Otra preocupación es la posible proliferación de “liderazgos caudillistas”, lo que está vinculado a la propuesta de la comisión que busca flexibilizar la creación de partidos políticos en regiones.

Se trata de escenarios que son analizados en todo el espectro político. Un intendente “todopoderoso” pondría en “desequilibrio” no sólo la administración del Estado, sino que a todo el sistema político, dicen en el oficialismo.

“Tenemos que ponernos en todos los escenarios. La elección de intendentes es una promesa hecha por Michelle Bachelet, está en el programa, hay que cumplirla, hay que hacerlo el 2017 para permitir que las atribuciones de la nueva autoridad electa sean decididas antes de la elección y tengamos pleno conocimiento de los efectos que tendrán los cambios acumulados en el área política, que son muchos y muy importantes”, advierte Maldonado, quien revela lo que ya es un consenso: la elección de los intendentes es irreversible, no está en duda, pero “el diablo está en los detalles”, según dice otro dirigente oficialista.

BACHELET TIENE LA PALABRA
“Somos un país fuertemente centralizado. El 40% de nuestra población vive en la Región Metropolitana de Santiago. Nuestra apuesta como gobierno para enfrentar estos problemas está en combinar buenas políticas descentralizadoras, con una efectiva política de desarrollo urbano para enfrentar los problemas de habitabilidades de las ciudades pero con respuestas verdaderamente locales y no impuestas por la autoridad central”. La frase es de la presidenta Bachelet y la pronunció este miércoles en el Ayuntamiento de Madrid, España, justo cuando agradecía las llaves de la ciudad que la alcaldesa de la capital española, Ana Botella, depositó en sus manos como gesto de agradecimiento por su segunda visita como jefa de Estado.

Aunque no entregó luces sobre el destino de la propuesta de descentralización, al interior del gobierno ya existe la certeza de que el informe de la comisión asesora presidencial es el máximo posible.

De hecho, las aprensiones oficialistas  ya han sido recogidas por La Moneda. El primer nudo que se resolverá en los próximos días será la fecha de los comicios. Según explicó Esteban Valenzuela, la lógica de su propuesta de elegir a los intendentes en 2016, junto con las elecciones municipales, proviene de los modelos de democracia de países desarrollados, que separan las elecciones de carácter territorial de aquellas nacionales.

No obstante, para varios dirigentes en la Nueva Mayoría e incluso en el gobierno, eso provocaría un desfase entre el gobierno regional (electo en 2016) y el nacional (electo en 2017). En palacio ya se habrían inclinado por una decisión. “Debe haber un calce perfecto entre la elección presidencial y la del gobierno regional. Nos parece corto espacio de tiempo el 2016 para definir las nuevas atribuciones de los intendentes.  Tenemos la convicción de que el proceso requiere de tiempo para ordenar tanto la reforma constitucional, que requiere de leyes orgánicas, modificaciones a la Ley Electoral y ordenamientos que hay que hacer antes que se produzca el proceso de cambio. La Subsecretaría está convencida de que eso debe ocurrir en 2017”, afirmó a Qué Pasa Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional, quien fue mandatado por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para liderar un proceso de conversación con todos los partidos para conseguir el respaldo a la reforma.

En La Moneda señalan que respecto de las modificaciones del régimen tributario de las regiones, no se avanzará más allá del nuevo sistema de impuestos recién aprobado en el Congreso y que sólo se redistribuirían ciertos tributos específicos, como el royalty minero.

Existen mayores dudas respecto de la facultad para suscribir créditos, aunque sí se enfatizará en mecanismos de control fuertes sobre las nuevas atribuciones de las autoridades, lo que llevaría aparejado un fortalecimiento del rol del Consejo Regional, que se transformaría en el organismo de control directo de los nuevos intendentes, incluso con facultades para convocar un referéndum revocatorio.

El itinerario propuesto por la mandataria contempla estudiar con calma el tema del financiamiento, para lo que se dio tiempo hasta junio de 2015. Antes de fin de año se enviarán dos proyectos al Congreso: el que establece la definición de las nuevas competencias y la reforma constitucional que consagra la elección popular. Otro tema a resolver por la mandataria es quién representará el poder central en las regiones: la comisión propone la creación de delegados provinciales, en reemplazo de los gobernadores, aunque en La Moneda promueven la idea de gobernaciones regionales. Con todo, está por verse cuánto de su poder está dispuesta a compartir la presidenta Bachelet y cuánto terreno pierde el exacerbado presidencialismo característico de nuestro sistema político.