Al presidente Ulysses S. Grant su esposa no lo dejaba fumar en la Casa Blanca. Por eso, según el mito norteamericano, en 1869 era común verlo en el lobby del cercano hotel Willard disfrutando de un brandy y un puro. Era esa la ocasión ideal que encontraban empresarios y políticos para acercarse y pedirle algún favor legislativo. Un día, cansado de tanto acoso, Grant los llamó “esos malditos lobbistas”.

Sea o no cierto el origen de la palabra, 150 años después preparando el reglamento de lo que será la nueva ley del lobby que empieza a regir en Chile el 29 de noviembre, el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, se encontró con un dato insólito: La normativa que obliga a transparentar las audiencias a privados que otorgan las autoridades sólo afecta a las reuniones agendadas que se hagan en oficinas, pero no a los encuentros “informales” que se produzcan en la cafetería, en el patio o en el mismo lobby del Congreso.

“En este edificio las salas son más chicas que los pasillos, nosotros somos de pasillos, allí se dan las conversaciones”, explica Landeros.  Y aunque intentó hacer un reglamento más estricto de lo que dice la legislación y que incluyera también a las reuniones no programadas, su esfuerzo chocó contra la realidad.  Las comisiones de Ética de la Cámara y el Senado decidieron crear una instancia bicameral de transparencia para aunar posturas en lo que será un reglamento conjunto. Y el criterio más flexible del Senado comenzó a imponerse.

Así, por ejemplo, si la Cámara estableció que los regalos sobre media UTM ($21 mil) debían transparentarse -y no se podían aceptar obsequios sobre 2 UTM ($85.000)-, el Senado consideró que deben informarse los sobre 1 UTM ($42.000) sin fijar tope. Si la Cámara era partidaria de elaborar un listado amplio con los asesores, jefes de gabinete y funcionarios que sean objeto de lobby, el Senado dijo que era mejor restringir la lista a los parlamentarios y a personas específicas que decida la comisión.  Si la Cámara propuso que los lobistas deberían llevar un visible tarjetón amarillo y sólo poder ir a las oficinas de los parlamentarios, el Senado planteó que los lobbistas puedan moverse libremente por distintos espacios del edificio del Congreso con credenciales más discretas que digan “gestor de interés”. Ya que el término lobbista está estigmatizado.

Finalmente, en la propuesta de la Cámara quieren que exista obligación de registrar las conversaciones con lobbistas que se hagan en espacios públicos. Pero en la propuesta del Senado, que está ganando terreno y es más apegada a la nueva ley, quieren dejar este registro a criterio de los parlamentarios.

Hernán Larraín, presidente de la comisión de Ética de la Cámara Alta, señala: “Este es un esfuerzo de mayor transparencia. Nosotros estamos llamados a oír a todos los interesados en un proyecto de ley. Lo que importa es evitar los conflictos de intereses, los tráficos de influencia o el uso de información indebida”. Sobre los cuestionamientos a si el proyecto no es demasiado suave, agrega “Hay muchos que querían otro tipo de regulación, pero por alguna teníamos que empezar.  Queremos probar y probablemente después de un año de experimentar podríamos mejorar la norma con lo aprendido”.

LAS VENTANAS
“Esta no es una ley que regule el lobby, pero es un tremendo avance de transparencia”, dice el contralor Ramiro Mendoza. “Este es un sistema de publicidad de las agendas de las autoridades, que no sé si va a cumplir con las expectativas ciudadanas, genera registros, pero no regula la industria del lobby”, agrega quien fuera el presidente del Consejo para la Transparencia hasta el 29 de octubre pasado, Jorge Jaraquemada. “Se llama ley del lobby, pero no regula el lobby, regula al sujeto pasivo y lo obliga a publicitar audiencias, viajes y regalos”, resume Cristina Bitar, directora de Azerta Comunicaciones, quien se autodefine como lobbista.

En el seminario que realizó el 10 de octubre la Contraloría para analizar los alcances de la nueva legislación, no había dos voces entre los invitados: el nombre de la ley 20.730 que “regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios” está mal puesto.

Sin querer dar el salto a legislaciones más rígidas como la de Estados Unidos, que fija normas a la industria y establece un registro de lobbistas, con requerimientos de informar su financiamiento y personal, en Chile se optó por un modelo propio que básicamente ordena a cerca de 5 mil altos funcionarios del Estado -ministros, subsecretarios, jefes de servicios, intendentes, embajadores, senadores, diputados, alcaldes, concejales, comandantes en jefe, entre otros- llevar un informe público y actualizado de sus audiencias con representantes del mundo privado. En los documentos debe quedar detallado el motivo y la duración de la reunión, los temas tratados, quiénes participaron y a quienes representaban. Asimismo, las autoridades deben detallar los donativos y regalos que reciben, así como las invitaciones a viajes.

Aunque el peso de la ley recae sobre los sujetos pasivos de lobby, a medida que se vaya recabando la información, al Consejo para la Transparencia le corresponderá hacer un consolidado con los nombres de lobbistas (que representan a empresas y reciben remuneración) y gestores de interés (que representan a agrupaciones ciudadanas y trabajan sin fines de lucro).

En el mundo político lo destacan como un avance más, aun cuando la legislación se hizo como un acuerdo transversal y medida de prevención, sin ser motivada por un caso de corrupción  en específico, como ocurre con otras leyes de este tipo. Además, son apenas una quincena los países que tienen leyes sobre el lobby. Uno de ellos, Perú: que el 2003 a raíz del escándalo de los “vladivideos” decretó una normativa, aunque no les ha dado los resultados esperados. Si bien destapó nuevos casos de corrupción, sólo 6 empresas aceptaron inscribirse en el registro de lobbistas y el resto buscó caminos alternativos para acceder al poder.

El problema es que el lobby en una actividad propia de la política, y son muchas las ventanas para saltarse la ley. El modelo chileno dejó varias rendijas abiertas, por ejemplo: se deben registrar las videoconferencias, pero no las llamadas telefónicas que reciben las autoridades ni tampoco los mails.  También se desechó la idea de dejar un respaldo de audio de las reuniones, por lo que el registro de los temas tratados queda a discreción de quienes participaron.

O, al revés, otros vaticinan que puede llegar a ser tanta la demanda burocrática de registrar cada reunión, la presión de que sea pública y de cumplir con el principio de “igualdad de trato” que fija la ley (la autoridad debe recibir a todas las partes interesadas en el proyecto en que esté trabajando), que los funcionarios podrían optar por dejar de conceder audiencias. Ningún parlamentario querrá ser el primero en aparecer reunido con una empresa de lobby.

Según señaló Jaraquemada en el seminario: “Si las autoridades consideran que es mejor abstenerse de otorgar audiencias, el riesgo es que se privatice la función pública. Que las decisiones políticas se lleven para la casa, para el restaurante y para el club”. Advierte que los restaurantes pueden llenarse de salones privados.

Para el senador Alejandro Navarro, único en votar en contra del reglamento de lobby, la legislación “no significará nada” si no se regula el financiamiento de campaña. Ya que la única forma de sacar conclusiones respecto a la audiencia que concede una autoridad es saber si tiene algún vínculo previo con el grupo de interés.

UNA LEY SIMPLE
 “¿Se van a conocer todos los misterios de cómo funciona la sociedad y el poder? No. ¿Se va a dar el mismo acceso a todos los ciudadanos a las autoridades? No”. El ex ministro PS José Antonio Viera-Gallo  es franco al explicar los reales alcances de la ley. Agrega que es absurdo pedirle a una legislación que avanza en transparencia que dé la misma influencia a todos los ciudadanos, pero que si la normativa es bien implementada y las autoridades actúan con criterio, se avanzará en mejorar la probidad.

A él, como ministro de la Secretaría General de la Presidencia del anterior gobierno de Michelle Bachelet, le tocó la tramitación del primer proyecto que regulaba el lobby. La iniciativa, que venía del gobierno de Ricardo Lagos, era más exigente que esta y pedía hacer un registro de lobbistas, quienes tenían prohibiciones, como participar en financiamiento de campañas y la obligación de rendir cuentas periódicas. Y aunque llegó a tercer trámite en el Congreso, la discusión sobre la definición de lobbista se fue enredando al interior de los partidos. Finalmente, el 2008 Bachelet vetó la ley para presentar un proyecto alternativo.

Los lobbistas mataron el proyecto de lobby, repetían en el Congreso. El  gobierno de Sebastián Piñera tomó el nuevo proyecto y lo reformuló hasta  redactar el actual, que fue publicado el 8 de marzo de 2014, tres días antes de dejar el poder. El padre intelectual de la normativa es el entonces ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, quien no duda en defender su obra.

En el seminario de Contraloría expuso: “Esta es una muy buena ley. Es simple, sí, es simple. Pero es mucho mejor que el antiguo proyecto, principalmente porque éste logró ser ley”. Larroulet dice que escucha muchas críticas sobre la normativa y sobre la efectividad que tendrá, pero dice que no hay que olvidar que “nadie quería que existiera realmente una ley de lobby en Chile”, por eso haberlo conseguido es un éxito y que de a poco se va a ir armando un registro completísimo de lobbistas.

El ex ministro rompe una lanza por el oficio de los representantes de los intereses privados, señalando que enriquecen el debate y los proyectos: “El lobby es muy bueno. Son quienes conocen más de la materia a tratar y hacen ver su visión. Ojalá hubiéramos tenido más lobby para el Transantiago”.  En este sentido, a medida que se transparente la actividad irán también cayendo los estigmas que pesan sobre ella.

Y justamente otro presidente norteamericano era quien valoraba públicamente ese trabajo: John F. Kennedy solía bromear con que “los lobbistas  me hacen entender un problema en diez minutos, mientras mis colaboradores tardan días”.