BAJO FUEGO AMIGO
Antes de que finalizara la orden del día, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, pidió la palabra en la reunión del comité político del lunes pasado en La Moneda. Según varios de los que asistieron al encuentro, el secretario de Estado dirigió su mirada hacia el presidente de la DC, Ignacio Walker.
Sin preámbulos, Eyzaguirre le preguntó si las palabras expresadas durante el fin de semana por el ex ministro DC Edmundo Pérez Yoma -quien dijo a La Tercera que el origen de los problemas del gobierno radicaba en el Mineduc- representaban también el pensamiento de su colectividad.
“Si es así, no podemos seguir adelante”, soltó el ministro antes de cerrar su breve intervención pidiendo enérgicamente el respaldo de los partidos oficialistas para continuar liderando la reforma estrella del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
De inmediato Walker explicó que las palabras de Pérez Yoma eran a título personal y no se trataba de una opinión institucional.Ello, pese a que el mismo domingo había secundado los dichos del ex ministro del Interior en el mismo matutino, agregando incluso que “decía unas cuantas verdades” y que en la reforma educacional “dominaba la improvisación y era todo muy confuso”.
Lo que sonó como una amenaza o un ultimátum del ministro desató un fuerte debate político que alargó más de lo habitual la cita. La defensa más férrea provino del presidente del PPD, Jaime Quintana, colectividad donde milita Eyzaguirre. A la salida del encuentro, tanto ministros como jefes partidarios cerraron filas con este último. Pero, dejaron en el aire la evidencia de que poco a poco el ministro más expuesto del gabinete comenzaba a perder terreno entre los partidos que sostienen al gobierno. A este frente interno, se le sumaba uno externo: la oposición anunciaba una interpelación -amenaza que el propio ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en su calidad de vicepresidente, salió a responder-que terminó siendo aprobada el miércoles.
El episodio más determinante fue la votación en la Cámara de la indicación que establece penas de cárcel a quienes lucren con recursos públicos. La decisión del gobierno de dar libertad de acción mientras asesores del ministerio vinculados a Revolución Democrática habían participado en la redacción de la indicación -la misma que generaba opiniones divididas en el oficialismo- promovida por miembros de la “bancada estudiantil”, terminó por abrir las desconfianzas. En respuesta al rechazo de varios diputados, principalmente DC y PPD, a la medida, los autores hicieron caer el acuerdo que Eyzaguirre había construido con la Iglesia para permitir el arriendo de colegios a corporaciones sin fines de lucro.
La disputa dejó serias heridas en la DC, que fueron atizadas por un festival de declaraciones públicas. Pero, en privado, las miradas apuntaban al ministro. En el consejo nacional de la DC del lunes siguiente a la votación, donde el tema de debate de fondo eran las continuas disputas con el Partido Comunista, fueron varios los dirigentes que expresaron enérgicas diatribas contra el secretario de Estado, a quien acusaban de desprolijidad política. Reflexión que finalmente no se convirtió en una posición oficial de la colectividad.
El consejo DC sesionó el lunes 3 de noviembre, mientras el ministro Eyzaguirre se encontraba en Finlandia conociendo personalmente el modelo educacional de ese país, donde estuvo prácticamente toda esa semana que, en términos legislativos, era distrital. Pese a ello, otra crítica se levantaba en el oficialismo: para muchos no se entendía la necesidad de Eyzaguirre de ausentarse una semana, en vez de estar en Chile sumando apoyos para el proyecto en la antesala del inicio de la discusión del segundo trámite en el Senado. Además, su estadía fuera del país lo privó de asistir al consejo nacional del PPD, instancia donde hasta hace unos meses era recibido con aplausos, e incluso considerado como una de las figuras con proyección presidencial del partido.
Según varios asistentes al cónclave que se desarrolló en Talca, la mayoría de las intervenciones apuntaron a defender la reforma educacional, más que la gestión del ministro. “Probablemente esta reforma marcará algunas diferencias entre miembros de la Nueva Mayoría; sin embargo, las eventuales desavenencias no pueden impedir el avance firme de estas reformas comprometidas ante la ciudadanía”, dijo Quintana en su discurso.
De a poco, las críticas se fueron expandiendo en el oficialismo. En el PS la visión de las bancadas de diputados y senadores también es crítica. Otro flanco abierto reconocido en el oficialismo es el problema comunicacional del proyecto: en vez de hablar de los objetivos de la reforma, el mensaje y el debate se han concentrado en aspectos procedimentales, como el arriendo de los colegios.
Con todo, el gobierno cosechó su primer traspié antes de iniciarse la discusión en el Senado. En un principio se había sumado -con la venia del comité político- a la propuesta del presidente DC, Ignacio Walker, de fusionar el trabajo de las comisiones de Educación y Hacienda de la Cámara Alta. “No estamos disponibles para una nueva cocina”, dijo el presidente del PPD, quien apuntaba a la habilidad del senador DC Andrés Zaldívar -integrante de la comisión de Hacienda-, para negociar acuerdos transversales, como el de la reforma tributaria, negándose a la posibilidad de actuar en conjunto con dicha comisión. Así las cosas, el martes la comisión de Educación inició el trámite del proyecto, dejando atrás la idea promovida por la DC.
En las primeras dos sesiones -martes y miércoles-, las exposiciones de los senadores integrantes y de siete ex ministros de Educación revelaron más críticas y, un nuevo escollo con el que deberá lidiar Eyzaguirre: si en la Cámara el nudo de debate fue el arriendo de colegios, en el Senado la controversia estará en la mantención de la selección de alumnos en liceos y colegios emblemáticos, medida que algunos en el bloque oficialista defienden.
EL TALÓN DE AQUILES DE LA REFORMA
El senador PS Carlos Montes se lo ha advertido a Nicolás Eyzaguirre desde el primer día y cada vez que lo ve. Y la inquietud comienza hoy a expandirse transversalmente al interior de la Nueva Mayoría.
El problema de la reforma educacional, tal como está hoy diseñada, no tiene sólo que ver con la posible privatización y cierre de los colegios particulares subvencionados que no quieran o no puedan adaptarse al nuevo sistema. Ese era un riesgo previsto y los expertos del Mineduc creen que se trata más bien de amenazas, por lo que el fenómeno será acotado.
La dificultad tampoco se reduce únicamente al temor que se ha multiplicado entre los apoderados de clase media y baja, según se refleja en las encuestas. Una protesta ciudadana contra la reforma que sorprendió al gobierno y no estaba en los cálculos de los expertos del Mineduc, quienes no esperaban encontrar a padres que quisieran seguir pagando por la educación de sus hijos, agradecieran la selección de los alumnos y no les importara mayormente el lucro mientras hubiera calidad.
La nueva complicación no tiene que ver con sostenedores ni apoderados, sino con un factor aun más impredecible: el riesgo latente de que los proyectos, tal como están formulados, generen el efecto opuesto al buscado y terminen por desmantelar a la educación pública.
Montes lo viene señalando hace meses y también lo ha hecho el ex ministro PPD Sergio Bitar. El orden en que se presentan y se ponen en marcha los proyectos no es un asunto irrelevante, sino que es un tema de fondo. El gobierno decidió partir por reestructurar el sistema de la educación privada subvencionada y ha dedicado todo el año a eso, dejando para más adelante el reforzamiento de la educación pública y la desmunicipalización, proyecto que podría atrasarse al 2015, tal como la reforma a la educación superior. La tesis es que si no se inyectan recursos pronto a la educación pública y comienza una fuerte campaña para mejorar la desprestigiada imagen que tiene, cuando empiece a regir la reforma se podría generar un fenómeno adverso.
Los apoderados que hoy están en la particular subvencionada optarían por quedarse en este sistema que conocen y valoran por factores como la disciplina y calidad de los profesores -un 70% prefiere los colegios subvencionados sobre los municipales, según la encuesta CEP 2013- y con mayor razón lo harán si el colegio pasa a ser gratis. Y al revés, los padres que tienen a sus hijos en los colegios municipales y que no podían cambiarlos por razones académicas o de dinero, verán como se eliminan las barreras de entrada -económicas y de selección- y querrán matricularlos en un colegio particular. La migración que se viene registrando desde 1990 y que mantiene en estado de abandono a muchos colegios públicos podría aumentar.
Y luego sería una tarea titánica convencer a los apoderados que vuelvan a la educación pública, aunque esta mejore, dándose un efecto similar al Transantiago, donde muchos, tras verse obligados a ingresar al metro, no quisieron volver a las micros, aunque el sistema de superficie haya mejorado.
Según explicó Bitar en La Tercera: “Se puede producir un movimiento más rápido desde las escuelas públicas y ese es un riesgo para el gobierno. Todo el equipo ministerial debe volcarse sobre el tema de la educación pública en prioridad uno. Lo contrario podría poner en jaque toda la reforma porque si la educación pública declinara a menos del 30% de la matrícula, estaríamos en una situación extremadamente complicada”.
El tema es tratado también en el informe del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, Clapes UC, que presentaron hace una semana los académicos Arturo Fontaine y Sergio Urzúa. Allí señalan que “la eliminación del copago acelerará el traspaso de alumnos desde la educación pública al sector particular subvencionado. Este fenómeno podría dañar muchísimo a la educación pública. El financiamiento compartido ha debilitado a la educación pública. Pero su eliminación, tal como están las cosas, puede agrandar el daño. La situación es paradójica y recuerda el dicho del acuchillado: Si me lo dejan, me mata, y si me lo sacan, me muero”.
Fuentes del Ministerio de Educación señalan que están conscientes del riesgo de esta situación, pero que lo están manejando. Para ello la reforma contempla un período de dos años de transición desde que se apruebe la ley para aplicar las medidas de fin a la selección y al lucro. Y que el término del financiamiento compartido también es un proceso gradual. Durante ese período, la tarea será revertir la mala imagen que pesa sobre la educación pública, y se hará con una fuerte inversión. Por cada peso que se invertirá para cubrir el fin del copago, se destinará otro peso a los liceos públicos, además de atraer a mejores profesores, mejoras en bibliotecas, infraestructura y convivencia interna. Allí también se quiere aplicar varias mejoras en el trabajo de aula y lecciones aprendidas de modelos internacionales, como el caso de Finlandia.
LA "REVOLUCIÓN" EN PROBLEMAS
“A Eyzaguirre le importa más el voto de Giorgio Jackson que el de los 22 diputados DC”. Ésa fue la crítica que se repitió la noche del martes 4 en la comida que tuvo la bancada de diputados democratacristianos con los ministros del comité político. Rodrigo Peñailillo, Ximena Rincón y Álvaro Elizalde tomaban nota. Ya habían escuchado varias veces el mismo comentario por parte del presidente de ese partido, Ignacio Walker, y otros miembros de la Nueva Mayoría: que los problemas en la estructura y en la difusión de la reforma educacional tenían nombre y apellido: Revolución Democrática (RD).
En La Moneda afirman que están observando con atención el desempeño del movimiento político fundado por Jackson el 2012 y que adquirió enorme influencia luego de que el ministro Eyzaguirre nombrara a dos de sus miembros en cargos clave en el Ministerio de Educación. A Miguel Crispi, como asesor estratégico en el diseño, implementación y evaluación de la reforma, y al también sociólogo, Gonzalo Muñoz, como jefe de la división de Educación General.
Integrantes de RD ocupan varios otros cargos menores en la cartera y se reparten por toda la administración pública. Ricardo Montero es jefe de gabinete del Ministerio de Defensa; Javiera Parada, agregada del Minrel en Estados Unidos; Bernardo Valdés estuvo en el Ministerio de Cultura. Y así. El grupo también tiene importantes puestos en la Municipalidad de Providencia, el secretario general de RD, Nicolás Valenzuela, coordinó la campaña de la alcaldesa Josefa Errázuriz y hoy es su secretario de Planificación. De hecho está detrás de decisiones polémicas como los límites a la altura de los edificios o la restricción al horario de los bares.
Todos responden al mismo perfil, profesionales jóvenes, principalmente de la Universidad Católica y varios con parientes políticos en la antigua Concertación. Una alta fuente de Palacio se pregunta, cómo un movimiento recién creado, que no forma parte del gobierno, que dio un respaldo tardío a la campaña de Bachelet y cuyo único diputado no vota alineado con el oficialismo en el Congreso, ha adquirido tanto poder.
Son los principales autores intelectuales detrás del modelo de reforma que se quiere implementar. De hecho, los proyectos de ley son muy similares a los postulados del documento “Las revoluciones necesarias para un nuevo sistema educativo en Chile”, que RD elaboró el 2012, mucho antes del programa de gobierno del bacheletismo.
En ese texto firmado por Gonzalo Muñoz se señala que la educación debe orientarse a producir integración e inclusión social y privilegiar a los sectores de menores ingresos y por eso es requisito terminar con el sistema de financiamiento compartido y con toda forma de selección. También sostiene la necesidad de poner fin al lucro y congelar la creación de colegios particulares subvencionados. En otras palabras, postula un cambio en los cimientos estructurales del sistema, más que reforzar el trabajo en las aulas o la calidad de los profesores, que era el debate tradicional en educación hasta ese momento.
Aunque la influencia de Muñoz y Crispi sobre el ministro es clara, su fuerza es contrarrestada por los DC que se han ido integrando a la cartera, como Andrés Palma que asumió en julio como secretario ejecutivo de la reforma, o más recientemente Claudio Aburto para reforzar el área comunicacional. Los asesores RD, por ejemplo, intentaron sin éxito incluir en la ley un sistema que tipificara al lucro como delito y también se opusieron al acuerdo logrado entre Palma y la Iglesia para fijar un sistema de arriendo de los colegios. Al no ser escuchados, Giorgio Jackson lo intentó por la vía legislativa presentando la indicación de cárcel al lucro. Sin contradecirlo, Eyzaguirre dejó en libertad de acción a los parlamentarios generando una fuerte disputa en la Nueva Mayoría que concluyó con el rechazo a esa indicación y también a la que fijaba el sistema de arriendos, y empañó lo que debió haber sido una señal de triunfo del gobierno.
Aunque Jackson ha movilizado los apoyos de la bancada estudiantil a Eyzaguirre, cada vez que éste ha estado en riesgo, esta semana los diputados se dividieron cuando Gabriel Boric pidió su renuncia. El ministro también perdió el respaldo de las nuevas mesas de la Fech y la Feuc. En esta última federación el triunfo del gremialista Ricardo Sande terminó con seis años de liderazgo del NAU, cuna de donde han salido las principales figuras de RD. La derrota fue un duro golpe para el grupo.
Según el coordinador nacional de Revolución Democrática, Pablo Paredes, éste es un movimiento nuevo que aún se está creando y generando aprendizajes políticos y que su objetivo es propiciar alianzas transformadoras para Chile y crecer a nivel nacional en las próximas municipales. Considera que las críticas a RD se deben a que a sectores de la Nueva Mayoría les molestan los cambios en educación. “Éste es un momento riesgoso para la reforma educacional y requiere generosidad, resetear el Mineduc no le hace un favor a la reforma”, afirma.
