El expediente del caso Penta, que dejó de ser secreto la semana pasada, develó la falta de control, informalidad y varias prácticas irregulares en el funcionamiento de un importante conglomerado chileno: Empresas Penta, la cual administra activos por $ 34 mil millones, cuenta con más de 10 mil empleados y participa en áreas tan disímiles como salud, previsión, financiera, inmobiliaria, entre otras, tiene varios flancos abiertos en cuanto a la gestión al interior de sus sociedades de inversión -entre ellas Empresas Penta y Penta III-, que si bien son operadas por un grupo de no más de 10 personas -instaladas en el piso 15 de El Bosque 0440-manejan parte importante de los recursos de la compañía. 

El fiscal Carlos Gajardo ha investigado las distintas sociedades que componen el grupo que esta semana vivió su peor momento, con sus controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín declarando como imputados ante el Ministerio Público por cerca de 10 horas cada uno. Ellos deberán enfrentar personalmente cargos por delitos tributarios y cohecho en la arista del caso del ex subsecretario Pablo Wagner. Y asumir la responsabilidad empresarial sobre prácticas delictivas ocurridas al interior de su compañía.

La investigación de la fiscalía sobre boletas ideológicamente falsas -que implica una rebaja en la renta imponible- presentadas por sus mujeres, políticos y empleados del conglomerado, sumada a los pagos de dineros por medio de sociedades y no como parte de las remuneraciones de varios ejecutivos de Penta, viene a demostrar el cambio de política del SII para enfrentar estos escenarios: antes el servicio solía llamar directamente a los involucrados para que pagaran los montos adeudados y las correspondientes multas. Hoy los persigue judicialmente para intentar demostrar que se comete un delito. Esto levanta una señal de alerta entre los empresarios.

Estos capítulos revelados en el expediente muestran ciertas formas de operar que imperaban en las empresas Penta y terminará con varios ejecutivos de la firma dando un paso al costado. Esto es, al menos, lo que se espera de su contador Marcos Castro y del gerente general de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal, quien el 30 de diciembre pasado renunció, como primer paso, a todos los directorios relacionados con la compañía.

Otra consecuencia de la investigación que lleva Gajardo es que en los últimos meses Penta contrató a varios auditores con la misión de revisar, una por una, las 60 sociedades que conforman el grupo para saber si se beneficiaron en los últimos años. Asimismo, empujó la renuncia de los dos controladores de todos los directorios.

PENTA Y EL SII
Un personaje que durante varios años estuvo ligado a Empresas Penta fue el ex fiscalizador del SII Iván Álvarez -hoy en prisión preventiva-, imputado por lavado de dinero, cohecho y delito tributario. En su primera declaración como testigo en esta causa, el contador de la compañía, Marcos Castro, afirma que este hombre fiscalizó a Empresas Penta desde 2005. En los emails incautados por el fiscal Carlos Gajardo queda explícita la relación que había entre ambos, a través de varios correos electrónicos que intercambiaron desde 2009. Según él, conoció a este funcionario público por medio de Hugo Bravo, quien hasta 2009 fue su jefe y gerente general de Empresas Penta, reemplazado en su cargo por Manuel Antonio Tocornal ese mismo año. En un comienzo, según la declaración de Castro, les entregaba las notificaciones que el SII le hacía a las compañías de la operación Renta. Se las llevaban directamente a Álvarez porque no había asignación directa, y se simulaba que casualmente para este tipo de operaciones se llegaba siempre a él. Esto se dio entre 2007 y 2011. Luego se cambió la modalidad de las notificaciones, siendo nominativas a un funcionario específico del SII. Por eso, Álvarez solicitó las claves secretas ante el SII de las empresas Penta para revisar las declaraciones de renta a 46 firmas del grupo, con su RUT y clave. (Castro se las pasaba al fallecido martillero Jorge Valdivia y éste a Álvarez, por instrucción de Hugo Bravo). Él revisaba las inconsistencias que había en ellas. “Así Álvarez se metía no como fiscalizador sino que como contribuyente para no dejar registros”, dice Castro en su declaración y reconoce que le entregaba sobres que, supone, contenían dinero.

Según Castro, algunas veces Álvarez revisaba las declaraciones de renta de Empresas Penta antes que fueran presentadas al SII: “Éste detectaba errores y yo los corregía. Esto no tiene que ver con pagos ni con reducir impuestos, sino que con evitar inconsistencias y posteriores rechazos o impugnaciones a las declaraciones”, dice Castro en el expediente.

Conocido ya al interior de las empresas controladas por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, en 2013 Empresas Penta contrató los servicios de la empresa Guiñazú. Álvarez había salido del servicio e ingresado a esta consultora como gerente tributario. Entonces Empresas Penta pagó 500 UF por una asesoría tributaria con una boleta por la mitad del monto en abril, y la otra en julio de ese año. Pese a que los recursos salieron de las arcas de Penta III, varias otras sociedades -incluidas las de los hijos y varios parientes de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- recibieron esos servicios, algo que ocurría con frecuencia, según las declaraciones que hizo Hugo Bravo en el expediente.  Un mes después, Álvarez cayó preso, si bien varios meses antes ya era vox pópuli que se le estaba investigando.

En esta misma línea hay otro problema que tiene relación con eventuales sobornos o cohechos. Esto recae en los pagos efectuados a Pablo Wagner mientras era subsecretario de Minería.

Esta semana, declararon ante el fiscal Carlos Gajardo, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

INVERSIONES DEL PACÍFICO
Esta sociedad, según varios de los imputados en la causa, se creó en 1988 con el fin de adquirir pisos del Edificio de las Américas y luego venderlos. El contador de la compañía, Marcos Castro, y quien fuera el gerente general de Empresas Penta hasta 2009, Hugo Bravo, aclaran que es una sociedad que ha acumulado pérdidas. En su declaración, Castro afirma que han intentado arreglar este asunto, pero que nunca se ha logrado. Es esta sociedad la que adquiere los autos de los ejecutivos de Penta y sus dueños, incluidos los de sus mujeres. La primera persona que habla de esta materia es Dora Pérez, contador general de Empresas Penta: el 4 de agosto aclara que Pacífico posee 8 autos y que la sociedad, además, paga los gastos de mantención. Según declara Francisco Eduardo Astorga, quien trabaja para Délano y Lavín desde 1986 y quien desde el 96 es subgerente de Administración de Empresas Penta, Bravo -y luego Tocornal- le daba la instrucción de comprar los autos personales así como los de la compañía. “La última vez que hablaron conmigo Carlos Eugenio Lavín y su señora María de la Luz, yo adquirí un Land Rover de $ 83 millones que actualmente ocupa la señora”. Hay, además, certificados de inscripción de la compra que hizo Inversiones del Pacífico de un BMW 330 cabriolet del 2008 y una camioneta Dodge (Dakota Slt 3.7) station wagon, del 2007 y 2010, respectivamente. Además, Marcos Castro afirma que los autos de él, de Délano, Lavín y Bravo y dos camionetas de la empresa se encuentran bajo el alero de Inversiones del Pacífico, lo que no está bien hecho, porque constituyen retiros presuntos que no se efectuaban. Según él, los dineros provenían de Empresas Penta o Penta III, porque Pacífico tiene sólo gastos. Desde Penta, sin embargo, lo desmienten. Afirman que los gastos rechazados se pagaban, si bien en un comienzo el pago estaba mal calculado: sólo se pagaron los gastos de operación y mantención, pero no el gasto rechazado del valor de tener el auto. Sin embargo, aclaran que el problema ya fue solucionado.

BOLETAS IDEOLÓGICAMENTE FALSAS
Este es el tema que más complica a Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, pues la entrega de boletas que no representan trabajos realizados no sólo recae sobre políticos y sus mujeres, sino que sobre varios parientes y ejecutivos del grupo, incluida la mujer del júnior, quien no trabaja en Penta. Esto representa un delito tributario sancionado en el Artículo 97, número 4 del Codigo Tributario, pues se registran como gastos boletas de honorarios falsas, rebajando la renta líquida imponible. 

Las secretarias de Délano y Lavín, Claudia San Martín y Mylene Dalencón, de hecho, relatan que ellas manejaban el talonario con boletas de las mujeres de los controladores de Penta; que ellas les hacían la mosca a las señoras, y que luego el dinero era depositado en las cuentas corrientes de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Lo mismo ocurría con Samuel Irarrázabal, cuñado de Délano, a quien se le depositaba en su cuenta la boleta emitida a su señora Carmen Délano, y que no representaba servicios reales. Con este sistema, en vez de pagar el 40% de impuestos, sólo pagaban el 20%.

Además, Marcos Castro, en su declaración del 8 de agosto, afirma que hay varios altos empleados de Penta que para recibir su remuneración utilizaron una fórmula cuestionada: la entrega de boletas. Uno de ellos, dice el contador, es Héctor Concha, doctor a cargo del área salud. Además, Bravo en el expediente recalca que los bonos entregados a algunos ejecutivos de primer nivel también se realizaron de esa manera. Como Manuel Antonio Tocornal, por ejemplo, que cobró un reajuste de sueldo por $ 42 millones por medio de su Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Noviembre Limitada. Así, en vez de pagar como remuneración accesoria afecta al 40%, lo hizo por el 20% que paga como primera categoría. Esto también habría realizado la Sociedad El Plomo, de Marco Comparini, relata Bravo en su declaración del 2 de octubre.

Esta situación afecta incluso a la mujer del júnior Carlos Calcagno. Según Hugo Bravo, esta boleta de Gilda Brunetto era utilizada para los costos de traslados de “los Carlos” y para la bencina de los hijos de Carlos Eugenio Lavín. Y la sociedad que pagaba era Penta III, una situación que, según él, se repetía a escala menor en Sociedad Penta Market y varias otras. Si bien esta boleta ideológicamente falsa existe en Penta, al interior de la compañía tienen la seguridad de que fue el propio Bravo quien recolectó las boletas de ella y de varias de las mujeres de otros funcionarios menores, a través de las cuales pagaba distintos bonos y gratificaciones que él mismo entregaba para “mantener buenos vínculos con ellos” y que los cobraba en Penta III.

ARRIENDO DE ACCIONES
Hugo Bravo (en la foto), en su declaración, acusa al Banco Penta del trato “preferencial” que les entregaba a connotados clientes, entre ellos a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y a él mismo. Afirma que a todos les daban la posibilidad de arrendar acciones para que al 31 de diciembre, al tenerlas en arriendo, pagaran menos patente municipal, algo que el presidente de la Bolsa, Juan Andrés Camus, investiga hace ya varios meses como eventual práctica ilícita. 

Según el ex ejecutivo, con esta dinámica, el Banco ejecutaba un “negocio redondo”: ganaba la comisión por arriendo de acciones y la AFP tenía un beneficio económico por arrendarlas. Esto dejó de realizarse cuando Cuprum cambió de dueño porque, según Bravo, pusieron en duda la legalidad de esta práctica. Otra iniciativa que según el mismo ejecutivo, complicaría al banco tiene que ver con el contrato que la institución financiera posee con Perching, un banco internacional donde envían dineros para inversiones en el extranjero de los clientes de Penta. Esta empresa, según Bravo, le paga un fee por estos servicios y el banco decidió que sólo el 50% de esa comisión estaba afecta a IVA. Bravo, explica en su declaración que se enteró por un email del fiscal del Banco, Daniel Cox, que Penta está en incumplimiento por el IVA ante el SII.

COMPAÑÍAS CON PÉRDIDAS
En el grupo Penta reconocen que a los negocios industriales en los que se involucraron Délano y Lavín en el último tiempo -Plásticos Burgos, PCR Pet Packing, entre otros- les ha ido mal. Básicamente ellos compraban empresas en problemas económicos que pretendían vender saneadas. Según declara Bravo el 10 de Septiembre estos negocios controlados a través de PCR (Penta Capital de Riesgo) están bajo el alero de Horacio Peña. Todos los que menciona el ejecutivo acumulan abultadas deudas. Uno de ellos es Agrícola Gildemeister: compraron el 50% en $ 2.500 millones en 1996 y las pérdidas acumuladas llegarían a $ 19 mil millones. Según Bravo, Deloitte realizó una auditoría por las pérdidas de inventario por $ 2.500 millones y la compañía le entregó documentación de respaldo falsa. De nuevo las versiones se encuentran, pues mientras Bravo afirma el 10 de septiembre que él contrató a Rodrigo Muñoz, hoy contralor de BancoEstado, para controlar a Penta Capital de Riesgo, Tocornal lo habría despedido para evitar que saliera a la luz que los dineros eran conducidos a otras empresas del grupo. Al interior de Penta hoy afirman que fue el mismo Bravo quien desvinculó a Muñoz de su cargo. 

Cercanos a los empresarios controladores de Penta descartan de plano irregularidades en el manejo de estas empresas, aun cuando uno de sus socios en otros de estos negocios -Vidrierías Argentina, hoy PH Glass- mandó un informe al SII con la misma sospecha de que había traspaso de dineros a otras sociedades del grupo. Incluso más: se querelló contra ellos y un arbitraje entre ambos terminó con Penta multada por más de $ 100 millones, aun cuando desde la empresa controlada por Délano y Lavín dicen que la razón no tiene nada que ver con prácticas ilícitas.