“Le puedo garantizar que la campaña de la presidenta Bachelet, es una campaña transparente y clara, validada por el Servicio Electoral. Es una campaña que está disponible para que se pueda revisar, para que se pueda ver.  Es una rendición completísima. Fíjese que es la rendición más completa de todas las candidaturas presidenciales. Y todo está apegado a la ley. Cumplimos con lo que nos exige el Servel e incluso mucho más”.

En el Patio de los Naranjos, entrevistado por Tele13 el domingo pasado, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se mostraba tranquilo y confiado respecto a la declaración de financiamiento electoral que entregó a fines de 2013 el comando de Michelle Bachelet y descartó cualquier irregularidad luego que se revelara  una actividad de recaudación de fondos arriba de un yate en Nueva York. El ministro hablaba con propiedad: él fue el secretario ejecutivo y jefe de la campaña presidencial.

Sin embargo, según la información que muestra el Servicio Electoral, la “completísima” rendición de ingresos de la actual presidenta puede resultar decepcionante. Se trata de apenas siete celdas de Excel, donde sin entregar detalles, se menciona un crédito de BancoEstado por $ 2 mil millones, aportes reservados por $ 1.400 millones, una donación del PS de $ 1.000 millones, aportes anónimos por $ 850 millones, el usufructo de un Station Wagon Hyundai por $ 3 millones y un aporte de la propia candidata por $ 267.000.  Nada más. En la segunda vuelta no hay nuevas luces: en cinco celdas de Excel, a los aportes reservados por $ 375 millones y los anónimos por $ 28 millones, se suma otra donación del PS por $ 330 millones y un reembolso estatal por $ 794 millones.

En total $ 6.900 millones -por lejos la candidatura que recibió mayores ingresos-, pero de los cuales apenas se puede adivinar de dónde provienen, debido a la reserva que permite la actual ley de financiamiento electoral. En la rendición no se consigna  ni un solo peso de algún particular que haya decidido hacer su donación pública como lo autoriza la legislación. Pero sí menciona que hubo 10.490 aportes anónimos, gente que dona menos de $ 500 mil pesos y cuyos nombres pueden ser conocidos por el comando, pero no registrados ni revisados por el Servel.

Así las cosas, por ejemplo, no figura ningún registro en el Servel para comprobar cómo ingresó el cheque que Mario J. Paredes, el organizador del polémico paseo por el río Hudson en Manhattan, dice haber enviado a Santiago luego del evento que se realizó en septiembre de 2013. El Servel tampoco tiene ninguna atribución para comprobar si el origen de los fondos corresponde a dineros aportados por extranjeros, asunto expresamente prohibido en la ley.

Si bien es efectivo que el organismo aprobó la rendición de cuentas sin ninguna objeción, como ha remarcado La Moneda, también es cierto que la opacidad de cómo se manejaron los ingresos y gastos de esa campaña es igual a la de cualquier otra candidatura. Sin ir más lejos, la rendición de ingresos de la principal contrincante, la ex ministra Evelyn Matthei (UDI), se reduce en el Servel a tres celdas de Excel, que muestran un  préstamo bancario de $ 1.153.524.740, intereses por $ 9.146.606 y aportes reservados de $ 2.312.122.905, que representan el 66% de sus ingresos. En segunda vuelta tampoco registra aportes públicos de particulares.

Con una legislación llena de  vacíos, que busca mantener el secreto del financiamiento y que no entrega atribuciones de fiscalización al Servel, los equipos de campaña aplican todos los resquicios legales disponibles para que la declaración de ingresos y también de gastos, sea un simple trámite en donde es más lo que se omite que lo que se informa. Una legislación de 2003 que hoy, en medio del caso Penta, ya pocos defienden y que busca ser reemplazada por el nuevo proyecto que envió el gobierno para transparentar y regular de mejor forma la relación entre dinero y política en períodos electorales.

¿RECAUDADORES O DONANTES?
Aunque la breve rendición de primera y segunda vuelta no arroje muchas pistas, anteriormente, a mediados de 2013, la administradora electoral de Bachelet, Ana Lagos (PS), firmó un documento que sí devela en parte cómo llegan los dineros a la campaña. Se trata de la planilla con la declaración de ingresos de las elecciones primarias de la Nueva Mayoría. Allí, en vez de informar un monto global de aportes anónimos, se detallan cerca de 150 aportes anónimos individuales, la mayoría de ellos por una cifra cerrada de $ 400 mil.

Además se exponen una treintena de aportes públicos. Prácticamente todos nombres  vinculados al núcleo del bacheletismo, muchos con cargos en el comando y en su anterior y actual gobierno. Un hecho llamativo es que varios de los recaudadores de Bachelet, los militantes que tenían por labor contactar a empresas y personas para conseguir donaciones, también figuran como financistas de los mayores montos de dinero.  Así Giorgio Martelli, histórico recaudador del sector, aparece donando $ 5 millones en las primarias. Jonny Heiss, actual asesor del Mineduc, aportó $ 8 millones, y Carolina Echeverría, quien estuvo dedicada a conseguir aportes ciudadanos, dona junto a su familia un total de $ 15.300.000. Según explica Echeverría, fue un aporte personal, más lo reunido en asados y juntas con familiares y amigos.

Entre otros donantes que se hicieron públicos en esa oportunidad figura Cristián Riquelme, administrador del comando y hoy del palacio La Moneda con $ 3 millones; Mario Urrutia, encargado de logística en el comando y hoy en Presidencia, con $ 5 millones; la ex ministra PPD Adriana del Piano, hoy jefa de asesores en la subsecretaría de Educación, con $ 5 millones; los funcionarios de Interior, Patricio Canelo y Loreto Cabrera, con $ 2 millones cada uno; la jefa de planificación del Mineduc, Paulina Ortega, con $ 5 millones;  y el ex director de Enami y actual consejero jurídico de Codelco, Cristián Quinzio, con $ 10 millones.

El presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, explica que así como el organismo no cuenta con atribuciones para supervisar que extranjeros no aporten a campañas a través de terceros chilenos, la legislación tampoco fija ninguna norma que regule la recaudación de fondos, los eventos, cenas y rifas que se hacen para este efecto, dineros que luego pueden ser donados por una persona a título personal. “La Ley 19.884 no se pone en la situación de cómo se recaudan los fondos. Lo que regula es la forma como se materializa el aporte a los candidatos o candidatas, ya sea con carácter anónimo, reservado o público. En el caso de una cena de adhesión (donde los dineros son donados por el recaudador), sería un aporte público de una persona natural”, explica. Sin embargo, “el Servel no tiene facultades y maneras de regular el real origen del mismo”.

El problema de esta limitación sería la dificultad de detectar aportes no permitidos, como los internacionales, los de empresas que deben hacerse por otra vía establecida, o los que superen el límite legal permitido: 2.000 UF para candidatos presidenciales y 1.250 para diputados y senadores.  Aunque el debate estas semanas ha estado centrado en la necesidad de transparentar o derechamente prohibir los aportes de empresas a las campañas, para los expertos electorales también hay otra caja negra que permite esconder problemas de probidad: los aportes anónimos de las personas sobre los cuales no hay registros ni chequeos y que pueden servir para blanquear otros ingresos de fondos.  La única verificación que hace el Servel sobre estos dineros es vigilar que el monto global no exceda el límite que permite la ley (el 20% del total de gastos).

CAMPAÑA CON OUTSOURCING
Si los ingresos son un misterio, la rendición de gastos también se ha vuelto una nebulosa.  En la última campaña -y dentro de las ventanas legales que permite la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral- en el equipo de Bachelet debutó un nuevo sistema para manejar el funcionamiento administrativo del comando y el pago de sueldos al interior de este. Se externalizó a una empresa outsourcing todos los gastos del comando, así la declaración ante el Servel sólo debió registrar el pago destinado a esa empresa en términos generales, pero no los gastos corrientes ni las remuneraciones de los funcionarios bacheletistas. La Sociedad de Marketing Asesorías y Eventos Limitada, Somae, fue creada para esta finalidad por dos colaboradores de la candidata, Jonny Heiss y José Luis Sepúlveda. Es uno de los proveedores que más fondos recibe dentro de todas las campañas de 2013, con un total que supera los $ 700 millones en primera vuelta.

En el Servel, Patricio Santamaría reconoce que no tiene ningún poder para revisar la contabilidad de estas empresas externas que administran a los comandos: “El Servel no tiene ninguna atribución, solamente verifica que tengan el giro del servicio del que se trata. La ley no contempla norma alguna relacionada con constitución de empresas que presten servicio a los candidatos. Cabe recordar que el registro de proveedores que se contemplaba en el texto original de la ley, fue eliminado antes de su primera aplicación”.

El amplio margen que permite la actual legislación, deja espacio también para curiosidades: en la rendición de primarias se consigna que el 28 de junio el comando le entregó a la propia Bachelet  $ 15.029.773 por concepto de “gastos menores de campaña primarias”. No se especifica si fue por gastos de representación, ya que, según en Servel, la ley no contempla ningún tipo de remuneración al candidato que pueda incorporarse al balance de la campaña. En cualquier caso, en el mismo documento, Bachelet también aparece aportando personalmente a su campaña $ 314 millones.