El sábado 21 de febrero, cuando el fiscal del caso Caval, Sergio Moya, llegó a Chillán para interrogar a Sergio Bustos, se llevó una sorpresa. El hombre de 68 años, que mantiene una demanda laboral contra la empresa, lo esperaba con un completo dossier de documentos sobre el negocio de la compra de terrenos en Machalí: más de 400 correos electrónicos con sus archivos adjuntos, documentos bancarios, información contable y tributaria, tasaciones, informes sobre el proyecto e incluso el respaldo digitalizado de sus conversaciones por WhatsApp con empleados de la empresa. Mientras efectivos policiales tomaban copia del disco duro de su computador personal, Bustos relataba su versión sobre cómo se gestionó el crédito de $ 6.500 millones con el Banco de Chile y los antecedentes que conocía sobre otros negocios desarrollados por Caval. Antes que finalizara su declaración, el fiscal tomó el teléfono y pidió que dispusieran protección policial permanente para el testigo.

El fiscal Moya, junto al fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, están recolectando antecedentes y han incautado documentos del Ministerio de Vivienda en Santiago, la Seremi de Vivienda en la VI Región y la Municipalidad de Machalí, para investigar la denuncia interpuesta por parlamentarios de la Alianza, que busca determinar eventuales delitos de violación de secreto y tráfico de influencias en su modalidad de negociación incompatible,  en torno a la actividad comercial realizada por la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.

Así, aunque este miércoles en la audiencia preparatoria del juicio laboral, el Primer Juzgado de Letras de Santiago ordenó jerarquizar y acotar sólo a los documentos relevantes, la enorme carpeta de antecedentes con que Bustos pretende demostrar que sí tuvo un vínculo laboral con Caval y que le adeudan $ 200 millones, en la Fiscalía de Rancagua, en cambio, recibieron el dossier como una pieza clave de la investigación, con numerosas hebras sobre las cuales indagar.

Hace algunas semanas revista Qué Pasa tuvo acceso a varios de los documentos que maneja Bustos y que hoy están en manos de la fiscalía. Aunque no es posible dar fe de la veracidad de sus contenidos, se trata mayoritariamente de mails entre él y personeros de Caval, como el ex asesor comercial de la empresa, Victorino Arrepol, el abogado Andrés Levine, el gerente de administración y finanzas de Caval, Marcelo Carreño, y el director general de la empresa, Mauricio Valero, quien comparte la propiedad con Natalia Compagnon. Entre los documentos no existe ningún mail con ella ni con su esposo, Sebastián Dávalos, quien hasta marzo de 2014, se desempeñaba como gerente de proyectos de la compañía, y a quienes Bustos ha declarado no conocer personalmente.

Son correos fechados entre mayo de 2013 y septiembre de 2014, que van relatando los trámites que habría hecho Bustos junto al personal de Caval para conseguir un crédito que permitiera la compra de los terrenos en Machalí. Allí se exhiben, por ejemplo, las fallidas gestiones con el Banco Santander y las tres tasaciones que realizó esa entidad. También el mail de una ejecutiva del Banco Itaú, quien rechaza tramitar un crédito menor, señalando que “al revisar la empresa con mi jefatura, me informa que no podemos ver el tema ya que detrás hay familiares de políticos y no podemos ver estas empresas”. Los mail reflejan las primeras gestiones con el Banco de Chile y los requerimientos que pedía la entidad para estudiar el proyecto y los avalúos de las casas y automóviles que podían servir de garantía.  Luego, en octubre de 2013, las gestiones para conseguir la reunión con el vicepresidente de ese banco, Andrónico Luksic y la urgencia por el vencimiento del plazo de la promesa de compraventa con el síndico Herman Chadwick, quien administraba los terrenos.  El 13 de noviembre, 7 días después de la reunión de Dávalos y Compagnon con Luksic, Valero sigue pidiendo diligencias a Bustos, según muestra un mail en que le dice: “Sergio: hay algunos que no queda claro si son urbanos o rurales: favor puede preparar un informe consolidado de análisis de terrenos a la venta, destacando claramente el tipo de suelo, urbanizado o no”.Durante el 2014, ya conseguido el crédito y adquiridos los terrenos, se registran varios mails de Bustos donde expresa incertidumbre y molestia por la tardanza en el pago de lo acordado por su trabajo.

Así era el organigrama de la empresa Caval a fines de 2013, según uno de los documentos que entregó Sergio Bustos la semana pasada a la fiscalía.

También se registran correos que deslizan información sobre otros negocios posibles que podrían vincularse a las actividades de la gente de Caval. Así, por ejemplo, en un mail de 9 de abril de 2014 de Victorino Arrepol -y que está anexado al expediente del juicio laboral- este señala que “además estoy amasando el proyecto de los milicos”.  Según el testimonio de Bustos al fiscal, se trataría de un proyecto del cual no tiene mayores antecedentes, para la compra de unos terrenos ubicados a continuación de Escuela Militar, hacia el oriente. En un correo del 10 de noviembre de 2013, del propio Bustos a Andrés Levine, quien presta asesorías legales a Caval, le dice “nada en mis manos, pero me dijo que aparte que se nos vendrían muchos proyectos después del 17, teníamos para pasada esa fecha activar Talcahuano y terreno lado Escuela Militar”. Bustos señaló a la fiscalía que Talcahuano se refiere a un proyecto sobre unos terrenos en la desembocadura del río Bío Bío donde había una antigua ballenera, que podrían utilizarse para un puerto para los chinos una vez que cambiara el almirante de la zona naval de Talcahuano. Sobre este tema en un mail previo, del 17 de agosto de 2013, Bustos dice a Arrepol, “Don Victorino, molesto su atención para hacerle la siguiente consulta: ¿el trámite que dice el art. 13 de la Ley de concesiones marítimas se encuentra realizado?”.

Uno de los documentos anexa un supuesto curriculum de Mauricio Valero, el dueño de un 50% de Caval, de agosto de 2013, donde se define como socio y director general de Caval Inversiones,  y se detalla que es “responsable de la administración de la empresa y negociaciones con los clientes” a cargo de “supervisión del equipo gerencial orientado al desarrollo de proyectos”, donde enumera como actividades de la empresa: “proyecto de inversión portuario; evaluación de yacimientos mineros; proyectos de generación energética; inversión inmobiliaria; asesorías de gestión comercial y financiera”.

A mediados de 2014, ante los fallidos intentos de venta de los terrenos de Machalí y considerando que aún no le pagaban lo que reclamaba, Bustos plantea a Caval la posibilidad de que lo apoyen en un proyecto para salinizar caminos de la octava región. Sobre esto se registran correos de Victorino Arrepol que llaman a “empezar a concretar el proyecto San Carlos”. Con pésima ortografía, un correo de Arrepol del 27 de junio, dice: “Yo sinceramente pienso que deveríamos comensar ya con los contactos del MOP… según sus números es un negocio redondo” (sic).

El mismo Arrepol le envía a Bustos el 24 de junio un PDF con la copia de un correo que a todas luces es falso. Se trata de un supuesto mail del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, a Natalia Compagnon, donde la saluda cordialmente y le dice que recibió a Victorino Arrepol para conversar sobre el proyecto de San Carlos. El documento está en manos de la fiscalía y está en conocimiento del MOP y el Ministerio del Interior, donde coinciden en su falsedad, al igual que el propio Sergio Bustos y su abogado Rodrigo Lillo, que lo calificó como “correo de dudosa legitimidad”. Las razones para creer que es un documento falso son varias: tiene el sello del gobierno al revés, ocupa la dirección albertouv@mop.gov.cl que no es la real del ministro y está fechado el 18 de junio de 2014 a las 16:10. Día y hora en que Chile jugaba en el Mundial de Brasil contra España, por lo que Undurraga figuraba en ese momento viendo el partido en un salón del ministerio junto a un grupo de funcionarios.

En septiembre de 2014 el quiebre entre Caval y Bustos es total. Entonces manda un mail a Arrepol donde se lamenta: “Me produce mucha rabia e impotencia la pasividad, calma e irresponsabilidad de los que me deben dinero por los trabajos realizados; fueron meses de entrega para sacar el proyecto Machalí adelante (la compra, ya que la venta eran burdas mentiras). Ahora me pregunto, ¿qué dirá Gran Jefe de esta situación?”