Esta semana desde Interior pidieron a los partidos políticos de la Nueva Mayoría que consultaran a todos sus parlamentarios si ellos, o algún cercano, habían emitido boletas a SQM. En las colectividades admiten que el ejercicio es complejo, ya que la mayoría de los consultados responden con evasivas.
Kosovo. Así fue bautizado en las últimas semanas el patio de los Canelos -ubicado en el ala nororiente de La Moneda-, espacio que comparten la Subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior. La analogía con el territorio ubicado en la península de los Balcanes, en el sureste de Europa, donde a fines de los 90 se desarrollaron sangrientas guerrillas, se debe, según explica un funcionario de La Moneda, a las “bombas” que diariamente sorprenden a los inquilinos de este sector que lidera el ministro Rodrigo Peñailillo.
Como ejemplo, mencionan dos granadas que cayeron esta semana en La Moneda y que volvieron a sacar al gobierno de su agenda: el sueldo de Margarita Soto Acevedo, madre de la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), y la boleta por $ 6 millones que el subsecretario de la Segegob, Rodolfo Baier (PR), emitió a SQM a inicios de 2013 y que hoy lo involucra en la investigación del caso Penta-Soquimich, tras los antecedentes que el Servicio de Impuestos Internos (SII) entregó a la fiscalía.
“Paremos la caza de brujas, respetemos la honra de las personas”, señaló el jefe de gabinete el martes, en un intento más por frenar las filtraciones de funcionarios de gobierno de la Nueva Mayoría involucrados en la entrega de boletas ideológicamente falsas o en alguna irregularidad administrativa.
Lo cierto es que esta semana, luego que el SII presentara su denuncia contra SQM por 73 boletas falsas y la revelación de Patricio de Solminihac, el gerente general que reemplazó a Patricio Contesse, en cuanto a que SQM habría admitido pagos irregulares por US$ 10 millones entre 2009 y 2014, en La Moneda subió aún más la tensión.
La incapacidad de Peñailillo por controlar la crisis que mantiene a Bachelet en uno de sus momentos más bajos en popularidad, además de su prolongado silencio, han hecho que su nombre comience a ser mencionado en la lista para un próximo cambio de gabinete.
En La Moneda señalan que Bachelet sólo está esperando que la DC (las elecciones son este fin de semana) y el el PS (las elecciones son el 25 de abril) renueven sus directivas para consensuar con ellos un nuevo gabinete, que le permita superar esta crisis.
Ante este inmovilismo, en que ningún ministro se siente ratificado en su cargo, comienza a tomar fuerza la tesis de que un político experimentado asuma la conducción política del gobierno. En varios sectores del oficialismo ven como una oportunidad la coincidencia de que la crisis se produce justo cuando José Miguel Insulza deja la Organización de Estados Americanos (OEA) para regresar al país, y no sólo eso, sino, como él mismo lo ha señalado, para volver a la política nacional. Tal escenario ha alimentado rumores de que el “Panzer” pudiera volver a Interior.
Fuentes de la Nueva Mayoría reconocen que hoy es el momento para que la “vieja Concertación” le pueda pasar la cuenta al bacheletismo que los marginó de la campaña presidencial y del inicio del gobierno.
“El país demanda una clara conducción política que abra una nueva etapa para resanar la democracia nacional”, advirtió el miércoles José Antonio Viera-Gallo, en una columna en el Diario Financiero.
“Nadie está protegiendo la figura presidencial”, advierte un alto dirigente de la Nueva Mayoría, aludiendo a que Peñailillo no ha actuado como un fusible o un pararrayos para la presidenta.
La posibilidad de que aparezca alguna boleta ligada a integrante del comando de Bachelet o de la Fundación Dialoga es uno de los escenarios más temidos en Palacio.
Por ello, esta semana desde Interior pidieron a los partidos políticos de la Nueva Mayoría que consultaran a todos sus parlamentarios si ellos, o algún cercano, habían emitido boletas a SQM.
En las colectividades admiten que el ejercicio es complejo, ya que la mayoría de los consultados responde con evasivas.
“CRISIS TERMINAL”
A primera hora del lunes pasado, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, arribó a La Moneda. A diferencia de otras semanas, esta comenzaba con un golpe inadvertido: todo su camino desde la entrada de La Moneda hasta la oficina del Ministerio del Interior fue abordado por los periodistas. La insistencia lo obligó a detenerse, pues no entendía lo que le preguntaban. Se enteró por los periodistas de que una nueva polémica afectaba al entorno de la presidenta Bachelet. La situación de la consuegra de la mandataria, Andrade la ignoraba por completo a esa hora. Antes de emitir opinión, el diputado se excusó para continuar su camino. Ya en la reunión de comité político le pidió una explicación al ministro Peñailillo. El encuentro fue más tenso de lo normal. Los jefes partidarios no sólo resentían no haber sido informados con anticipación de la polémica, sino que advertían que el episodio ponía nuevamente de relieve la incapacidad del gobierno no sólo para manejar la crisis desatada por el caso Dávalos-Caval, y últimamente la inminencia de que el caso Penta-SQM estalle justo en las narices de La Moneda, sino para anticiparse a los hechos.
Pese a los reclamos, los ministros aseguraban que la situación de la madre de Compagnon no era irregular como se advertía en la prensa y que la Junji sacaría en breve un comunicado.
Una vez más, según un alto dirigente oficialista, la respuesta de La Moneda no fue suficiente. Entre los presidentes de partido se hicieron comunes dos palabras en el análisis posterior: “precariedad” y “desprolijidad” en el manejo de la crisis por parte del gobierno.
En los cálculos de los dirigentes aparecía otro detalle: se iniciaba la séptima semana en que la agenda pública escapaba del control de Palacio.
Otra fuente revela que la cita de comité político del lunes agrandó la distancia entre el gobierno y sus partidos, la que ya se había hecho patente con la rebeldía demostrada por las colectividades al armar una comisión propia que determine propuestas sobre probidad y transparencia tanto del sector público como privado.
“Esta es una crisis severa y, ojo, puede ser terminal si no lo hacemos bien”, dijo el martes en CNN Andrade, haciendo públicas las críticas que eran compartidas en privado entre sus colegas. “Lo de la consuegra es intolerable, porque más allá de que tiene una explicación razonable, que todos podemos aceptar, lo que no es posible es que se reedite el caso Caval desde la imprevisión”, dijo en la entrevista el jefe del socialismo.
LA CAJA NEGRA DE SQM
En medio de este escenario, hay una preocupación mayor en el bloque de partidos de gobierno: hasta ahora La Moneda no ha sido capaz de dimensionar la magnitud y el alcance de la arista SQM, pues no cuenta con la información precisa de cuántos, quiénes, ni cómo los diputados y senadores, e incluso autoridades de gobierno podrían verse salpicados por la investigación judicial. La misma que entró en tierra derecha esta semana luego que el SII denunciara a más de 12 contribuyentes e individualizara más de 70 boletas falsas que fueron incorporadas en la contabilidad de la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, y sobre todo luego que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso presentado por el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, que buscaba paralizar la indagatoria y el acceso del Ministerio Público a la información contable de la empresa.
En el propio gobierno ya se han hecho eco de que el inmovilismo que afecta la agenda de la presidenta Bachelet ante la expectativa de que se descubra la “caja negra” de SQM no puede ser eterno. La tesis del “caiga quien caiga”, promovida entre otros por Andrade, además de Camilo Escalona y la dirigencia del PC -donde el tema fue ampliamente discutido durante el fin de semana en el comité central-, ya fue recogida por La Moneda y, según varias fuentes consultadas, por la propia mandataria.
En sectores más conservadores de la Nueva Mayoría culpan al ministro del Interior de haberse aprovechado de la crisis de la UDI por el caso Penta, sin calcular que la centroderecha haría todo lo posible por tratar de empatar las cosas.
“Los aportes empresariales que recibió Bachelet en la última campaña eran un secreto a voces, y Peñailillo debería haber tendido una mano a la UDI, no pegarles en el suelo, y haber buscado un acuerdo político”, señala un asesor del conglomerado oficialista.
LA DUPLA ALEUY-URIARTE
El subsecretario Mahmud Aleuy ha tomado un rol protagónico, no sólo al liderar tema de como los incendios en La Araucanía y las lluvias en Atacama, sino que en las últimas semanas ha comenzado a operar políticamente, en forma paralela a Peñailillo, para tratar de controlar la crisis y la agenda. Es así como el lunes fue él quien habló con el subsecretario Baier y el martes en la tarde se reunió con el abogado penalista Isidro Solís, con quien analizó escenarios futuros.
Otra figura que ha aparecido es la de Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de la presidenta, quien ha aumentado su influencia relativa al ser hoy por hoy -y tras la salida de Paula Walker de la Secretaría de Comunicaciones- una de las funcionarias más cercanas a Bachelet en Palacio.
En varios ministerios comentan que ha sorprendido la facilidad con la que ella se relaciona con los ministros y ministras, a quienes llama personalmente.
Aleuy, en tanto, se encuentra monitoreando el camino recorrido por el fiscal Sabas Chahuán, con la misión de adelantarse a un eventual involucramiento de algún personero de gobierno. De hecho, fue el primer funcionario de La Moneda en reconocer, el domingo, que se debe “investigar todo, porque las sociedades no se sostienen sin justicia”, que repitió en sucesivas entrevistas, marcando un fuerte contrapunto con Peñailillo y su “caza de brujas”.