La confirmación de Jorratt es un duro golpe para el Ministerio Público. Fuentes de la fiscalía señalan que quedan en una trampa. Iban a decretar las formalizaciones de los políticos que emitieron boletas para Penta y entendían que el SII tenía ya redactada la querella. Pero el nuevo criterio de Jorratt, en la práctica, congela el caso.
Estaba todo listo. Por primera vez en semanas se veían rostros de alivio en La Moneda, el plan de salida de la crisis ya estaba en marcha, las piezas ordenadas y el equipo político afinaba los últimos detalles de la puesta en escena para el informe que entregará la comisión Engel -el consejo asesor anticorrupción- el jueves 23 de abril, un día antes de lo previsto.
Con un disciplinado Servicio de Impuestos Internos sin mayor ánimo de querellarse, la fiscalía de manos atadas por lo mismo y los parlamentarios desesperadamente buscando un acuerdo, luego que la filtración de las listas de SQM salpicara a todos los sectores, al interior del gobierno hacían cálculos optimistas. Estimaban que estaban dadas las condiciones para comenzar a dejar atrás los meses negros y retomar la paralizada agenda del Ejecutivo. El debate en el entorno de Michelle Bachelet se ha centrado estos días en el tenor del discurso que ella podría dar el mismo día 23, haciendo un mea culpa en nombre de la clase política por los casos de irregularidades que han sacudido al país. Ese gesto simbólico más un posterior cambio de gabinete permitiría marcar un punto de inflexión.
Tras dar en TVN su primera entrevista por el caso Caval -y superadas las declaraciones en fiscalía de su hijo y su nuera-, la propia presidenta estaba de mejor ánimo y semblante en sus actividades de inicios de semana. Al fin se veía una luz al final del túnel.
Eso hasta la tarde del miércoles. Entonces el caso SQM aterrizó de lleno en los patios de La Moneda y por primera vez involucró a un ministro de gobierno. Peor aún, al brazo derecho de Bachelet, Rodrigo Peñailillo, quien tras un reportaje de The Clinic debió salir a reconocer que el 2012 había dado cuatro boletas por $16 millones en total a la empresa Asesorías y Negocios SpA, de propiedad del recaudador de la campaña presidencial de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli. La sociedad AyN está en la mira de fiscalía luego que se revelara que recibió financiamiento de SQM previo a la campaña. Y aunque el ministro del Interior insistió en que las boletas son por servicios profesionales que él prestó en su calidad de ingeniero comercial y máster en Análisis Político, para nadie es un misterio que junto a Martelli y a un equipo de personas, Peñailillo trabajó el 2012 en la precampaña de Bachelet, preparando su regreso a Chile desde Nueva York. Pese a que se lo preguntaron varias veces, Peñailillo no explicó en qué consistió específicamente su trabajo para AyN, ni menos a qué se dedicaba la empresa constituida en noviembre de 2011.
Así las cosas, quien debiera ser el conductor del oficialismo y quien guiara a la salida de la crisis quedó también enlodado en el centro de las sospechas. Más aún, quedó instalada frente a la ciudadanía la idea de que la empresa que controla Julio Ponce Lerou también financió la campaña de Bachelet.
El plan A
El daño político, de imagen pública y de credibilidad que los últimos escándalos de corrupción están generando en los partidos es incalculable. Sin embargo, entre los principales dirigentes políticos comienza a instalarse la idea cada vez más clara de que los casos se irán diluyendo a nivel de investigación penal hasta quedar en nada. Por eso, la última estrategia tanto en el oficialismo como en la oposición, ha sido evitar pronunciarse éticamente, afirmando que son temas que están radicados en la justicia.
Según explican altas fuentes de La Moneda, existen dos vías en curso que impedirán que la crisis escale hasta volverse un problema institucional. La primera, la expresa voluntad del SII de no querellarse contra políticos. En el gobierno aplaudieron las declaraciones del director del SII, Michel Jorratt, quien señaló el lunes en El Mercurio que “en la mayoría de los casos no debiera haber querella”, salvo que sean delitos tributarios reiterados o que involucren montos muy altos. Luego aclaró que los políticos deben ser tratados bajo el mismo criterio que cualquier contribuyente, es decir, no entablar una acción penal contra ellos, sino que sólo aplicar una multa. Sus palabras iban en la línea de lo expresado por el ex director del SII Ricardo Escobar en La Tercera quien, yendo más lejos, señaló que “los casos de financiamiento a la política no son delitos tributarios”.
La doctrina Jorratt terminó de despejar los temores de los parlamentarios implicados en los casos Penta y SQM. En el gobierno señalan que al fin el SII se encaminó dando señales claras y bajó la línea de su accionar a un criterio sensato, luego de las diferencias que internamente han sostenido los directivos de la institución. Sería cuestión de horas para que la presidenta Bachelet decidiera ratificar a Jorratt como director del organismo, eligiéndolo de la terna propuesta por la Alta Dirección Pública para ese cargo. La designación fue bien recibida también por dirigentes de la UDI y RN.
Para el Ministerio Público, en cambio, la confirmación de Jorratt fue recibida como un duro golpe para la investigación. Fuentes de la fiscalía señalan que quedan en una trampa. Estaban listos para decretar las formalizaciones de los políticos que emitieron boletas para Penta y entendían que el SII tenía ya redactada la querella contra ellos. Pero el nuevo criterio de Jorratt, en la práctica, congela el caso, ya que la fiscalía no puede seguir actuando sin la venia del servicio.
La tensión entre ambas entidades quedó patente el miércoles cuando Jorratt y el fiscal nacional, Sabas Chahuán, coincidieron a la misma hora en actividades en el Senado. Allí Chahuán citó a un punto de prensa para presionar al SII diciendo que ellos “tienen la facultad exclusiva y excluyente de interponer querellas o denuncias por delitos tributarios. Si el SII no lo hace, la fiscalía no puede investigar”.
El fiscal nacional lanzó otro antecedente explosivo: dijo que hasta el momento no han investigado al recaudador de la campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, ni a su empresa que recibió fondos de SQM, Asesoría y Negocios SpA, debido a que el SII no les ha hecho llegar ningún antecedente al respecto.
El problema es que Jorratt -al igual que Peñailillo-, antes de trabajar en el comando de Bachelet, también boleteó para la empresa de Martelli por $1 millón mensuales. Pese al evidente conflicto de interés, hoy Jorratt es el encargado de fiscalizar a la empresa para la cual trabajó y a sus compañeros del comando. Abordado por este punto, el director del SII dijo que AyN “va a ser fiscalizada como cualquier otra empresa”. Los ministros de La Moneda han debido salir una y otra vez a defender la ratificación de Jorratt en el cargo señalando que actúa con plena independencia.
El Plan B
Pero hay otra vía. Una carta bajo la manga que manejan en el gobierno y también en la oposición y que les da esperanza frente a los casos judiciales. Se trata, dicen en La Moneda, del artículo 55 n°5 de la Ley 19.884 de Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral.
Textualmente, allí se señala que “el plazo de prescripción para las faltas, infracciones o delitos establecidos en esta ley, incluidos los delitos conexos a ellos, será de un año contado desde la fecha de la elección correspondiente”. El párrafo también fue incluido en la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.
En otras palabras, según sostienen en el gobierno y confirman varios abogados, el Ministerio Público no tendría ningún margen de acción real para llegar a puerto con su investigación. No sólo todos los delitos de financiamiento irregular están prescritos desde fines de 2014, sino también los delitos conexos a ellos, que son aquellos que se cometen con el fin de materializar el delito principal, por ejemplo las faltas tributarias.
En la fiscalía discrepan de esta tesis, ya que consideran que en estos casos el delito tributario es el principal y no el conexo.
Más allá del debate jurídico, entre los abogados hay coincidencia de que la prescripción para los delitos de financiamiento y gasto político es especialmente baja. En industrias reguladas o temas medioambientales, los casos prescriben a los 2 ó 3 años, en fraudes tributarios la prescripción es a los 5 años, y mayor aún en otro tipo de delitos. Sólo las faltas administrativas tienen una prescripción menor al año.
Quienes conocen la historia de la ley, señalan que este punto fue incluido en el acuerdo de modernización del Estado de 2003, precisamente para evitar que se sancione a políticos que en esos años habían sido detectados con documentos ideológicamente falsos, en casos muy similares a los actuales.
Aunque el consejo anticorrupción que preside Eduardo Engel maneja sus sesiones de trabajo con absoluto hermetismo -con excepción de las audiencias públicas-, uno de sus miembros señala que si bien se ha discutido el incremento de sanciones para faltas a la probidad, el aumento de los años de prescripción hasta el momento no ha estado en tabla.
Sin voluntad política para insistir en los delitos tributarios, y sin posibilidad de penalizar los delitos electorales, los únicos políticos que estarían verdaderamente complicados son a los que se les pueda acreditar el delito de cohecho. En esa situación estaría el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien recibió remuneración de Penta estando en el cargo. Sin embargo, en el Ministerio Público reconocen que es muy difícil avanzar en una figura similar en los casos de pagos de SQM, más aún cuando la información que maneja la fiscalía de esa empresa es escasa, confusa y es difícil de comprobar su veracidad.
Despejado el plano judicial, en el gobierno hay optimismo de avanzar en un acuerdo político para aprobar rápidamente en el Congreso las medidas que proponga la comisión Engel. Aunque no tuvo mayor impacto público, hubo una positiva evaluación del documento Probidad y Transparencia que suscribieron el 9 de abril los partidos, desde la UDI al PC, donde junto con hacer un mea culpa, se respalda al consejo asesor y se destaca el liderazgo de Bachelet para enfrentar la crisis. En esa misma línea de colaboración fue la conversación que tuvieron la semana pasada el nuevo presidente de la UDI, Hernán Larraín, con la jefa de Estado.
Para La Moneda, el listado filtrado de SQM, que al principio parecía castastrófico por la cantidad de nombres que incluía, finalmente resultó una tabla de salvación, ya que al estar todos dentro -desde ME-O (a través del ex secretario general del PRO Cristián Warner) hasta Bancorp del ex presidente Piñera- forzaba al mundo político a aunar voluntades para intentar salir del pozo.
EL BACKSTAGE DEL ACUERDO DEL 2003
“Con esta iniciativa transparentamos el aporte a la política y eliminamos la influencia del dinero en ella. Hemos sacado adelante un importante proyecto y no tengo dudas de que muchos gobiernos vendrán a visitar el servicio electoral chileno para informarse cómo se financia la política y cómo nos pusimos de acuerdo para legislar en forma tan moderna para reducir, en lo que se pueda, la influencia del dinero”. Así defendía Pablo Longueira, el 14 de mayo de 2003 en el hemiciclo de la Cámara, su proyecto para la nueva ley de financiamiento electoral.
Durante dos meses había estado a puertas cerradas en La Moneda diseñando la ley junto al entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, como parte del acuerdo de modernización del Estado. Lo que se conocería como el acuerdo político para salir de la crisis generada por el escandalo MOP-Gate.
Y aunque hoy esa ley de gasto electoral es duramente criticada por la opacidad con que se manejan los aportes de las empresas a las campañas, las bajas sanciones que contempla, la falta de atribuciones al Servel, el acotado período de prescripción de un año, los altos montos involucrados, y una serie de vacíos que permite, en ese momento fue aprobada de forma express y unánime sin ni siquiera ser discutida por el Congreso, que actuó como un mero buzón para despachar rápido la legislación.
Así lo reflejan las actas de las sesiones de esa época. La ley ingresó como un acuerdo político y redactada sin posibilidad de hacerle cambios, ordenando que se despachara en pocos días. En la discusión de la cámara, los diputados ni siquiera pudieron leer el informe de la comisión y se les prohibió discutir cada artículo, y varios votaron a regañadientes. El entonces diputado Carlos Montes (PS) reclamaba en la sala que la nueva ley no controlara los contratos fraudulentos, el principal mecanismo de financiamiento de campaña: “Aprobar esto implica un costo muy alto, pero lo acepto como precio del acuerdo político. Aquí hubo un “peaje”, algo fuerte que pagar para lograr este acuerdo, no vamos a saber quién dona, cuánto dona ni a quién le dona”. La diputada Adriana Muñoz (PPD) decía: “Me duele votar este proyecto, nuestra participación en la discusión ha sido marginal”. Más duro el diputado RN, Roberto Delmastro (fallecido en diciembre de 2014), fue el único parlamentario en abstenerse de votar el proyecto: “Siento una cierta irresponsabilidad como parlamentario por tener que o estar obligado a aprobar proyectos de ley de los cuales sólo alcancé a conocer su título y quizás entender su idea matriz. ¿En qué mundo estamos? ¿Cómo es posible que el Congreso Nacional apruebe trascendentales proyectos de ley, acordados entre cuatro paredes. Tal vez vamos a causar un daño mayor que la enfermedad al aprobarlos sin conocerlos y sin discutirlos adecuadamente, como se ha hecho siempre en todo sistema democrático”, señaló en su discurso.
En la sesión del Senado el carácter del debate fue en el mismo tenor, aunque varios, como el senador Jorge Pizarro (DC), hicieron patente en sala sus desacuerdos con articulados del proyecto -como permitir el anonimato de las donaciones- aunque finalmente votaron a favor. En la sala, Insulza defendía el proyecto, explicando que era la primera legislación en esta materia que existía en el país, pero reconociendo que tenía errores y era perfeccionable en el futuro.
GIORGIO MARTELLI, EL HOMBRE QUE SABE DEMASIADO
El geógrafo de la UC y experto en gastos de campaña Giorgio Martelli -quien el jueves cumplió 54 años- jugó un importante rol en el regreso de Michelle Bachelet desde Estados Unidos para asumir su segunda candidatura presidencial.
Tras llegar a Chile en noviembre de 2012, luego de estudiar un máster en Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, Rodrigo Peñailillo contactó a su círculo más cercano que acompañó a la ex presidenta en La Moneda en su primer período. En ese momento, la baja de aprobación de Sebastián Piñera en las encuestas y la falta de liderazgos en la Nueva Mayoría hacían cada vez más evidente el regreso de la entonces encargada de ONU Mujeres, en Nueva York.
El principal problema que en ese entonces tenían Dialoga, Sentidos Comunes y otros intentos por rearticular el “bacheletismo” era el dinero. Los empresarios que tradicionalmente participaban en este tema decidieron salirse y abocarse a iniciativas privadas, como Ingrid Antonijevic y Jorge Rosenblut.
Fue en ese momento cuando Peñailillo contacta a Martelli, quien se especializó en la legislación sobre aportes privados y donaciones para fundaciones y campañas políticas, además de poseer una extensa red de contactos, establecida durante las campañas de Bachelet y Eduardo Frei.
Hasta que se inició el período legal de campaña, el geógrafo fue el hombre de confianza a quien Peñailillo recurrió cada vez que necesitó dinero para realizar alguna tarea relacionada con Bachelet, como la organización de un evento o la elaboración de un informe. Por ello, todos las personas que participaron en la campaña saben que a Martelli no se le puede dejar solo.
Durante los primeros años de la democracia Martelli, comenzó a trabajar en el Centro de Estudios Municipales Cordillera, ligado a Carlos Montes. Desde allí se gestó la creación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), de la cual Martelli fue su secretario ejecutivo durante los años más exitosos de esta entidad, al mando del entonces alcalde de Santiago, Jaime Ravinet. Tras dejar la AChM, en 2001, aprovechó su red de contactos en los municipios y creó su propia empresa -Transversal- dedicada a la asesoría comunal.
Militante del PPD, nunca ha sido un hombre de partido y menos cercano a algún líder de la colectividad. Ha mantenido un bajo perfil, salvo cuando perteneció a un grupo autodenominado Los Federales, que abogaba por el regionalismo. Vestidos de negro y usando gafas llegaron un par de veces a La Moneda a pedir mayor descentralización.
Varios años después, en enero de 2014, en medio de la formación del gabinete, Martelli comentó que le gustaría ser subsecretario de Turismo, ya que tenía una larga experiencia en el tema y conocimiento del país. Sin embargo, se designó a Javiera Montes, hija del senador socialista Carlos Montes. Según cercanos al geógrafo, Peñailillo le habría ofrecido incorporarse a su staff de asesores, lo cual Martelli rechazó para concentrarse en su empresa Transversal y en su trabajo en la Municipalidad de Pudahuel.
