La tarde del domingo 19 de abril pasado, en el hotel NH de Providencia, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, aprovechó los escasos minutos de los que disponía para hacer una detallada exposición de los proyectos más urgentes de su cartera. Mencionó con especial énfasis una agenda corta de seguridad ciudadana: una “Ley Emilia”, como él mismo la bautizó, que busca endurecer las penas para delincuentes reincidentes por delitos como robo, hurto y receptación. Iniciativa que, junto a otras 22 se transformaron esa tarde en la prioridad legislativa del gobierno de cara al próximo 21 de mayo, pero con fecha límite hasta el 31 de agosto próximo.

Las cifras y los plazos no fueron al azar. Fue el plan acordado entre el gobierno y los principales dirigentes de la Nueva Mayoría para salir al paso de la crisis política derivada de los casos Penta, SQM y Caval.  Era la nueva carta de navegación de La Moneda, en paralelo a las propuestas que emanaran del Consejo Anticorrupción que dirigía Eduardo Engel.

Pero hubo algo que quedó dando vueltas en la cabeza de algunos dirigentes oficialistas. O el ministro Gómez se había olvidado o simplemente había una decisión detrás: el titular de Justicia jamás mencionó los dos proyectos que involucran directamente al Ministerio Público y que son un viejo anhelo de sus huestes, es decir, el plan de fortalecimiento institucional y la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad.

Si bien ambas iniciativas habían sido incorporadas a comienzos de marzo entre 15 materias prioritarias del gobierno y estaba avanzada su aprobación en el Congreso, esta vez quedaban sorpresivamente fuera de la lista.

La decisión pasó desapercibida los días siguientes al cónclave oficialista.

Hasta la mañana del miércoles 22. A primera hora de ese frío amanecer en el Hotel Puerta del Sur, en Valdivia, y mientras los 18 fiscales regionales ingresaban a un amplio salón donde sesionaría el consejo general de la entidad, uno de ellos se acercó al mesón donde se proyectaba un Power Point.  Y sin aviso previo proyectó sobre el telón una noticia publicada por el diario La Tercera que daba cuenta de que los proyectos mencionados ya no tenían prioridad.

La publicación cayó como un mazazo sobre los fiscales regionales presentes, el director ejecutivo de la entidad, Jorge Abbott; la jefa de la Unidad Anticorrupción y vocera, Marta Herrera, y el propio fiscal nacional Sabas Chahuán, quienes desconocían la decisión.

De inmediato se desató un intenso debate, que cambió la agenda de esa mañana. La molestia fue generalizada, al punto de que hubo unanimidad a la hora de decidir hacer una declaración inmediata.

Según varias fuentes, el ministro de Justicia se comunicó telefónicamente esa misma mañana -a las 10.30-  con Chahuán para entregar las explicaciones del gobierno: la salida de los proyectos del listado de prioritarios no significaba un retroceso. Más bien la medida apuntaba a darle aire al debate parlamentario, ya que, según le señaló, resultaba imposible “técnicamente” aprobar una reforma de tal envergadura en poco más de tres semanas, que eran las que restaban para el 21 de mayo. Incluso le agregó que días antes se había renovado la urgencia del proyecto en el Senado.

Pese a esta explicación, los fiscales no dieron pie atrás. Aunque no lo explicitaron, existía -y existe aún- la sensación de que el actuar del Ministerio Público en las investigaciones que golpean al poder político había terminado pasándole la cuenta. Y en un profundo análisis posterior se dieron cuenta de una realidad: la batalla que el propio fiscal nacional lidera en los casos Penta y SQM si bien posicionó inesperadamente a la institución en la primera línea, también la sometió al escrutinio público y encendió las alarmas en todo el espectro político, judicial y empresarial, donde han comenzado, cada vez con mayor fuerza, a surgir preguntas respecto de hasta dónde alcanza la autonomía del Ministerio Público, si se puede fiscalizar a los fiscales y en cómo evitar que se convierta en un organismo sin control.

 

CON CONTROL REMOTO
“Necesitamos, sin duda,  mejores leyes y sistemas de fiscalización y sanciones efectivas para que la ley se cumpla realmente y no haya impunidad para nadie. Mantendremos la suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público”.

La frase que la presidenta Bachelet pronunció el martes pasado, casi al final de la cadena nacional en la que anunció un grueso de medidas anticorrupción, buscaba descomprimir una semana de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el órgano persecutor.

El gesto de la presidenta se produjo el mismo día de la cuenta pública de Chahuán en el Hotel Crowne Plaza, donde este último, además de enviar varios mensajes a las autoridades políticas presentes sobre la necesidad de contar con el plan de fortalecimiento, no se guardó comentarios sobre la indagatoria por los casos de corrupción, aumentando la tensión ante la posibilidad de que políticos sean formalizados en las próximas semanas.

“En esta investigación, acorde con el habitual proceder de la fiscalía, se imputará a todas aquellas personas que resulten responsables, sin importar, como he dicho, el cargo, la presunta influencia, o la pretendida importancia social de éstos”, señaló Chahuán sin indirectas.

Aunque la mención de la mandataria al Ministerio Público fue considerada un punto a favor para Chahuán, entre los fiscales se mantuvo el escepticismo pues, más allá de la voluntad del Ejecutivo, saben que en adelante deberán hacer frente a otro factor decisivo: la opinión crítica de los parlamentarios hacia el actuar de la fiscalía, que ha ido creciendo con el paso de los días.

Si bien hasta ahora los cuestionamientos del mundo político han apuntado al estilo con que se han conducido las indagatorias por casos de corrupción, utilizando medidas intrusivas, la existencia de filtraciones de información y de disputas públicas  de la fiscalía con el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante la demora en la presentación de querellas en Penta y SQM, hoy la discusión en el Parlamento se ha orientado hacia una inquietud transversal: establecer mecanismos de control sobre las actuaciones del organismo que dirige Chahuán.

“Hay una mayor conciencia de todos los actores de la necesidad de revisar la forma en que el Ministerio Público realiza su trabajo. Sin duda las investigaciones del caso bombas, los casos Penta, SQM y Caval han determinado que hoy exista una mayor atención respecto de la forma cómo actúa”, dice el senador independiente Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución.

Araya no es el único. Varios senadores de esa instancia tienen una mirada común frente al tema y aunque en el proyecto actual ya existen mecanismos de control de la acción de la fiscalía, hoy el tema ha vuelto a ser central.

Ideas como, revisión del aparato administrativo por parte de la Contraloría; la creación de una comisión o un consejo externo que analice el funcionamiento del Ministerio Público; rendición de cuentas obligatoria ante el Congreso y la ciudadanía; la persecución de la responsabilidad civil de los fiscales en casos de investigaciones abusivas e, incluso, la posibilidad de acusar constitucionalmente a los fiscales regionales a través de un proceso en el que participen los poderes Legislativo y Judicial, son parte de algunas de las medidas que han empezado a surgir con fuerza.

Aunque se trata en algunos casos de acciones extremas, como la acusación constitucional, el ambiente de los últimos días ha reforzado una tesis común: si los fiscales quieren más recursos, también tienen que tener mayor control.

En palabras del senador PPD Felipe Harboe: “Lo que se requiere es que el Ministerio Público actúe tranquilamente y que deje que también las instituciones políticas actúen de acuerdo a los ritmos que corresponden. Si vamos a tener un fortalecimiento, quiero una contraprestación: saber en qué los fiscales van a mejorar su nivel de rendimiento en la persecución penal en los delitos de mayor afectación ciudadana”.

El senador agrega un elemento: si bien el acento hoy está puesto en la agenda anticorrupción, el Ministerio Público tiene serios problemas en la persecución de los delitos violentos y de mayor connotación social, como los robos y hurtos.

De hecho, hoy las mayores críticas al desempeño de los fiscales se concentran en dos áreas: el alto porcentaje de causas con imputado desconocido, que supera el 60%, y que desde el 2009 el número de sentencias condenatorias ha bajado, mientras que las absoluciones han presentado alzas significativas.

Los controles que hoy existen, dicen en el Parlamento, son más bien administrativos y la fiscalía responde a la Dirección de Presupuestos (Dipres), entidad que revisa las metas de gestión y da luz verde los incentivos correspondientes.

Las dudas, con matices, se han instalado transversalmente. “No tengo claro cómo se miden las metas a un fiscal. ¿por condenado?, ¿por absuelto?, ¿por causa? Ese es un problema técnico que hay que clarificar (…) lo que tiene que hacer el gobierno y el Ministerio Público es decir cuáles son las expectativas de los próximos diez años, con medidas de fiscalización sí, para que hagan bien su trabajo”, dijo el senador Alberto Espina (RN) en la sesión de la Comisión de Constitución del 15 de abril pasado.

En este contexto, los fiscales atribuyen en gran parte esas cifras negativas a la falta de personal y recursos. De ahí que insistan en la urgencia de que se apruebe el proyecto de fortalecimiento pues contempla la creación de 577 nuevos cargos, agregando122 nuevos fiscales a los 647 ya existentes, así como la incorporación de poco más 200 profesionales de apoyo y más de 300 funcionarios técnicos y administrativos. Con ello, aseguran en el Ministerio Público, se obtendrían mejores resultados. Algo que desde el Parlamento ponen en duda. “Vamos a aprobar más recursos, más fiscales, más profesionales, pero tenemos que proporcionalmente mejorar la sensación de seguridad por parte de los ciudadanos, eso se logra con mayores exigencias y obligaciones de parte de los fiscales”, asegura el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el PS Alfonso de Urresti.

En esta misma línea, hay otro punto discutido por varios   parlamentarios, que es la necesidad -o no- de impulsar una Fiscalía de Alta Complejidad. Hasta antes del anuncio de la mandataria, entre los parlamentarios e incluso al interior de la fiscalía consideraban “prácticamente muerto” el proyecto. Ello, no sólo porque existe una crítica de que el énfasis de la gestión de Chahuán está concentrado en delitos de corrupción -se trata del proyecto estrella de su gestión-, en desmedro de la persecución de ilícitos que afectan directamente a la población, sino porque además hay quienes temen que se crearía un verdadero “monstruo” dotado de poder: la figura de un fiscal que tenga facultad en todo el territorio nacional y con una dotación de 80 funcionarios a su cargo -25 fiscales y 18 profesionales de apoyo, entre otros- es una imagen difícil de imaginar en círculos políticos.

“Tenemos un Ministerio Público bastante conflictuado con Carabineros, con el Poder Judicial, con el gobierno. Confundiendo autonomía con independencia. Hay que respetar la autonomía, y darle mayor valor. Pero es indispensable que tengamos metas comunes en seguridad. No es posible que hoy día el 99,3% de los delitos de robo y hurto con imputado desconocido no sea investigado”, añade Harboe.

Esta visión es compartida por el Ejecutivo, donde hay otras prerrogativas que están siendo revisadas, como la facultad exclusiva de los fiscales para actuar en el sitio de suceso o de iniciar investigaciones. En el gobierno existe la convicción, basada en estudio de casos, que las policías y especialmente Carabineros, requieren de mayores facultades en el inicio de las indagatorias, lo que se podría traducir en un proyecto de ley que refuerce este rol en desmedro del actuar de los fiscales.

Otra discusión sobre la mesa es la necesidad de que el Ministerio Público lidere investigaciones sobre colusión. Si bien a principios de marzo la propia presidenta Bachelet envió al Congreso un proyecto que repone las penas de cárcel para dichos ilícitos, se ha levantado un fuerte debate en el Parlamento sobre la necesidad o no de “duplicar” las investigaciones en esta materia: hay parlamentarios que consideran que la Fiscalía Nacional Económica tiene las atribuciones suficientes para actuar en dichos casos y que las elevadas multas a las que están afectas las empresas son suficiente desincentivo. Idea que, por cierto, es resistida al interior del órgano persecutor porque ya han llevado a cabo investigaciones exitosas.

A todo lo anterior, hay que agregar las propuestas que el propio Consejo Anticorrupción le planteó a la presidenta Bachelet la semana pasada y que podrían afectar directamente a los fiscales. Como aquella que plantea una inhabilidad de dos años para postular a cargos de elección popular y que afectaría directamente al fiscal nacional y fiscales regionales, o las mayores exigencias en la declaración de patrimonio a las que se verán afectos eventualmente con las nuevas leyes.

FISCALES EN ALERTA
Al interior del Ministerio Público, entre quienes son cercanos -y no tanto- a Chahuán, hay consenso en que el retraso de los proyectos, pese al anuncio de la presidenta, es una mala señal. Fue el propio Chahuán quien sugirió veladamente desde Valdivia que en ello podrían estar influyendo las actuaciones de los fiscales en los casos Penta y SQM, algo que la Asociación de Fiscales ha explicitado con mayor vehemencia.

“Cuando converso con fiscales de todo Chile, la opinión unánime es que aquí nos están pasando la cuenta por la proactividad que ha existido en Penta, Caval y SQM. Claramente hay una correlación”, dijo el presidente del gremio, Claudio Uribe.

Las suspicacias crecieron, además, porque sólo unos días antes, el 15 de abril, fiscales, parlamentarios y el propio ministro de Justicia habían estado conversando -con muchos avances- en la Comisión de Constitución del Senado, sobre el plan. De hecho, Marcelo Leiva, vicepresidente de la entidad, recuerda que de esa cita, donde él expuso, salieron con la convicción de que antes del 21 de mayo saldría humo blanco. Sin embargo, tal como Chahuán, el gremio se enteró por la prensa que deberán esperar hasta agosto. De ahí que rápidamente surgieran las suspicacias del momento en que se decide atrasar el proyecto. “El aplazamiento podría responder a la molestia que tienen algunos sectores por la profundidad de algunas investigaciones que hoy lleva a cabo el Ministerio Público”, dice el dirigente.

El anuncio de Bachelet del martes en la noche, en tanto,  fue recibido con cautela por los fiscales. “Al no dar plazos ni fechas concretas para aprobar el Plan de Fortalecimiento, y sólo reiterar que se va a mantener la suma urgencia, la presidenta no dio ningún tipo de certeza de que realmente éste sea un proyecto prioritario para su administración”, dice Leiva.

Hoy el temor de muchos fiscales es que en agosto el proyecto nuevamente se retrase. Para esa fecha, la carrera para reemplazar a Sabas Chahuán, quien en noviembre termina su período, ya habrá empezado. Incluso, creen que pueda coincidir con el llamado a concurso y que por esa razón no haya espacio para discutir el Plan de Fortalecimiento.

En tanto, Chahuán ya inició su cuenta regresiva. Para noviembre los casos Penta y SQM no sólo estarán muy avanzados y con consecuencias insospechadas para la clase política. Y cerrar su período al menos con una dotación mayor de fiscales y funcionarios es parte del plan.