Fue reelecto en diciembre de 2009. Entonces Jaime Orpis asumía su segundo periodo, por ocho años, como senador por la Región de Tarapacá. Los ojos de los fiscalizadores estaban lejos del senador. Hasta ahora.

Desde 2013, la Fiscalía de Iquique se enfocó de lleno en la investigación por platas políticas irregulares que involucraron a la entonces diputada de esa ciudad Marta Isasi, acusada de recibir $ 27,7 millones de parte de Corpesca -la empresa del grupo Angelini-, para financiar la campaña política de la parlamentaria en 2009 y así influir para que ella los favoreciera en la tramitación de la Ley de Pesca.

Pero el tema era bastante más profundo. Así las cosas, la causa fue trasladada a Santiago y hoy la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona oriente investiga el posible financiamiento irregular de la misma pesquera de los Angelini a otras campañas políticas. Como la del senador Orpis.

El 11 de mayo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló por delitos tributarios contra Georgio Carrillo, quien fuera asesor comunicacional de Isasi y, a su vez, contra Francisco Mujica, quien hasta mayo de 2013 fue el gerente general de Corpesca. En ese cargo estuvo durante 14 años, y pocos días antes de dejar la empresa afirmó a Ciper que “Corpesca no sólo financió la campaña de Isasi, sino que a varios otros políticos”. Eso dejó la madeja abierta, aunque fue la querella del SII, de la semana pasada, la pieza clave para que los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos “energizaran” la causa.

Tres días después del accionar del servicio -el 14 de mayo- la PDI allanó las oficinas de la pesquera, y hoy los fiscales manejan la contabilidad completa de la empresa desde 2009 hasta 2014. Ya en agosto pasado el Consejo de Defensa del Estado había presentado otra querella en contra de Mujica, Isasi y Carrillo. Y podrían venir otras, cuya indagatoria también estará bajo la mirada de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
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Las alertas ya se encendieron: hay sospechas de triangulación de dineros entre asesores parlamentarios y Corpesca que implicarían delitos tributarios y eventuales delitos de cohecho y soborno. Por eso, el trío de fiscales no ha sacado los ojos de encima de la firma de los Angelini. De hecho, ya manejan seis boletas que complican al senador Orpis. Se trata de documentos entregados por dos personas que han trabajado con el senador.

Una de ellas es Bárbara Victoria Molina Ellies. Abogado de profesión, ella le boleteó a Corpesca en tres oportunidades por un monto de $ 5 millones cada una. El 1 de diciembre de 2009, el 15 de diciembre de 2009 y en enero de 2010, en pleno proceso electoral. En total: $ 15 millones. En ese mismo periodo, y según la página de Transparencia del Senado, Molina fue asesora de Orpis. Entre septiembre de 2009 y marzo de 2010 recibió un sueldo mensual de $ 2.390.013 por asesorías legislativas realizadas al senador. Específicamente, dice la web del Senado, se trató de una investigación de cómo abordar legalmente en EE.UU. el tema de la legislación de la marihuana. Posteriormente, Molina volvió a trabajar con el senador. Entre mayo y junio de 2011 lo asesoró legislativamente y cobró mensualmente un monto de $ 333.333.

No fue posible contactar a la abogada.

Algo parecido ocurre con otras tres boletas que maneja la fiscalía y que podrían complicar al senador. Se trata de la arquitecta Lorena Andrea Lara Saldías. La profesional emitió tres boletas a Corpesca que suman, también, $ 15 millones. Una en octubre de 2009, otra en noviembre de 2009, y la última en enero de 2010. El concepto: servicios de arquitectura.

Consultado el senador por esta materia, afirmó escuetamente, que tanto Lara como Molina fueron asesoras legislativas suyas. Qué Pasa le preguntó a Lorena Lara Saldías sobre los trabajos que, según las boletas que maneja la fiscalía, realizó para la pesquera de los Angelini. Ella afirmó no tener “mucha memoria de las cosas que he hecho, porque como arquitecto he asesorado a muchas empresas”. Asimismo, señaló que “sabe que Jaime Orpis es una autoridad, pero no lo conozco personalmente”. Contrario a lo señalado por Lara, la página de Transparencia del Senado la registra como asesora de Orpis desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de ese año. Su remuneración mensual: $ 1.098.577.

Asimismo, en mayo y junio de ese mismo año recibió $ 2.694.016 mensuales por asesorar al senador en proyectos arquitectónicos para mejorar los espacios públicos en la región. Según el LinkedIn de Lara, la arquitecta se desempeña desde 2009 a la fecha como inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Tarapacá.

Las piezas no calzan. En Corpesca prefieren guardar silencio ante las consultas de Qué Pasa. En el SII, sin embargo, aclaran que hay un sinfín de boletas que Corpesca rectificó a fines de abril pasado. Incluidas las de Molina Ellies y las de Lara Saldías. Ello significa que los servicios prestados por las profesionales a esa empresa nunca se realizaron. Con ello, la pesquera deja la puerta abierta: podrían haber varios políticos involucrados en pagos irregulares de campañas por parte de Corpesca.

Las próximas diligencias de los fiscales de la Centro Norte serán llamar a declarar tanto a la abogada como a la arquitecta. Eso ocurriría la próxima semana. En lo inmediato buscan acreditar los delitos tributarios, para después continuar la línea que podría cerrar eventuales delitos de cohecho y soborno.