Al entrar a su departamento en Vitacura queda claro que la pasión de Ramiro Mendoza (55) son las motos. En un rincón de su living tiene una colección -en baja escala- de todo tipo de modelos y marcas, y en su mesa de centro libros de Harley-Davidson, BMW y motos de carrera. Además, el ex contralor luce una corbata azul con dibujos de motos.

Como todos los sábados, el 17 de enero pasado el entonces contralor -hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez- salió a pasear en su Vespa 300 GTS, cuando fue impactado por un automóvil frente al Costanera Center. Estuvo 50 minutos botado en la calle sin poder moverse antes de que llegara una ambulancia.

“Fue un accidente grave: me quebré  dos vértebras y hubo riesgo neurológico complejo, además me fracturé la escápula, la pelvis, la rodilla derecha y la mano izquierda. Gracias a la tecnología del platino estoy bastante bien”, cuenta, mientras su perro Ambrosio muerde un cojín.

Mendoza cree que Chile no está viviendo una crisis política ni institucional, sino que una tensión propia del crecimiento que ha experimentado en las últimas décadas. Algo que los economistas bautizaron como la “trampa del ingreso medio” que impide a los países subdesarrollados dar el salto al desarrollo, y que él llama tensión esperable. “Actuar con la verdad” es su fórmula para salir adelante.

-Al renunciar a la Segpres, Jorge Insunza dijo que las asesorías paralelas a su trabajo como diputado no estaban prohibidas por ley, ¿qué le parece que los parlamentarios puedan tener más de un trabajo?
-(Prende su notebook, abre la Constitución y rápidamente busca el artículo 54, según él explica). Los parlamentarios tienen la remuneración de un ministro, pero no son funcionarios públicos. Los ministros sí y, por ello, tienen una serie de inhabilidades que circunscriben su posibilidad de ejercicio profesional a lo que reciben, pero los parlamentarios no las tienen. Lo razonable es que si tienen el sueldo de un ministro debiesen tener las mismas inhabilidades. Las restricciones de los parlamentarios están indicadas para los que tengan negocios, vínculos, formen comisiones o actúen como procuradores en gestiones particulares. Si uno hiciera una interpretación más extensiva del artículo 60, podría decir que hay un conjunto de actividades remuneradas  que, en cuanto representen gestiones de particulares de carácter administrativo, entran en la regla de inhabilidad y en cuyo caso, como dice la Constitución, perderían su cargo.

-¿Cómo no se previó esto en una legislación anterior?
-No es que hoy todos quieran perseguir a los parlamentarios, sino que el escrutinio o la regla del control social de un parlamentario está dada por un elemento nuevo, que es el ciudadano, quien hace un escrutinio mucho más complejo, más brutal. Entonces, cualquier regla mínima de prudencia indica que los parlamentarios deben ejercer a plenitud su actividad como legisladores.

-El PPD ingresó una reforma constitucional que establece dedicación exclusiva a diputados y senadores.
-Estamos construyendo una arquitectura de funcionamiento de la vida pública sobre la base de llenar vacíos en reacción a los hallazgos que la prensa nos va descubriendo, y eso quiere decir que estamos traspasando la gestión pública al escrutinio público o a lo que la prensa  está investigando. Esto conlleva a una situación más compleja: nos estamos apartando de la discusión pública per se y estamos entrando a discusiones muy de frontera con las decisiones judiciales. Un país se administra a través del cogobierno político del presidente con el Parlamento y no bajo el establecimiento del escrutinio judicial de cada uno de los actos que vaya realizando alguno de los actores políticos.

-Hace un tiempo criticó duramente las leyes que usted llamó “reaccionarias”...
-Porque las leyes “reaccionarias” se están transformando en una característica de nuestro ordenamiento. Tendemos a hacer una reacción a través del sustento legal, pero en la situación que estamos hoy, esa reacción legal no es suficiente, porque estamos frente a una tensión distinta.

-¿Esta es una crisis política o una crisis institucional?
-No creo que estemos en una crisis. Es una tensión esperable, propiamente del ordenamiento jurídico, una tensión que se está produciendo por el crecimiento y la brecha de competencia. Estamos con un ordenamiento jurídico que funcionaba bastante bien en el año 90 con un per cápita cercano a los US$ 1.500, y al 2012 con un per cápita cercano a los US$ 20 mil. Pero hoy seguimos con la misma administración, salvo la reforma que se hizo el 2002 con el problema que generó la situación del MOP-Gate, donde se hizo una reingeniería, pero parcial de nuestro ordenamiento jurídico, que ha funcionado bien en materias sustantivas, como las compras públicas, donde hoy existe una institucionalidad muy potente, ha funcionado relativamente bien con la Alta Dirección Pública, pero no es suficiente para estos tiempos.

-¿Para usted era algo esperable?
-Por supuesto. Esta tensión de crecimiento no le pasó sólo a Chile, les ha pasado a todos los países que han pasado de un crecimiento a otro. En el modelo italiano generó lo que se bautizó como operación manos limpias que terminó en dos cosas: los jueces pasaron a administrar la política y la política se empezó a satisfacer a través del caudillismo. Es la llegada de Berlusconi a Italia.

-¿Esta judicialización de la política chilena cómo está afectando el desarrollo del país?
-La judicialización de la política impide avanzar. La política es inmediata, necesitas tomar decisiones rápidas. Los procesos judiciales son lentos, reflexivos y con garantías mínimas de debido proceso, y ninguna de esas características te sirve para desarrollar políticas públicas. La Comisión Engel le dedica varias páginas, aunque todas las medidas que propone son correctas, pero  insuficientes, porque el problema de la Alta Dirección no es un problema de cobertura y de incluir más cargos, sino que definamos bien qué cargos son de Alta Dirección, por lo que deben ser de difícil remoción.

-¿Cómo las propuestas de las Comisión Engel se pueden aterrizar en leyes sensatas?
-El filósofo José Andrés Murillo acuña el concepto de la “confianza lúcida”. Y yo creo que en los vectores de confianza hay un nuevo actor: el ciudadano. Antes el binomio de actividad pública era gobierno-partidos políticos; y hoy todos los avances que han existido (transparencia, lobby, participación ciudadana, rendición de cuentas...) han empoderado al ciudadano. Tenemos que darnos la posibilidad de volver a establecer reglas de confianza sobre la base de la discusión lúcida, que tiene que generarse en el Parlamento, por supuesto, pero tiene que incorporar a los actores sociales desde el punto de vista de la participación. La política se  estaba llevando a cabo  detrás de un velo. Y hoy día no es que se haya corrido completamente,  pero se ha ido escurriendo. Entonces, cuando se va corriendo, los que han vivido con poca luz, al levantarles el velo, les molesta la vista. Y eso es lo que hoy nos está pasando.

-¿Cómo se materializa esto?
-A través de un agenda lúcida que hay que levantar con prontitud y con calidad. La Comisión Engel fue la radiografía, ahora falta la intervención del médico -y en ese sentido es últil pensar que la presidenta es doctora-. La agenda tiene que ser con un orden de prioridad objetivo, donde lo más urgente es la relación de poder político y dinero. Hay que impedir la influencia del dinero en la política y neutralizar que los políticos busquen el dinero a través de la política, y eso requiere el tratamiento de conflictos de interés, transparencia en las declaraciones de patrimonio, fiscalización efectiva y fin a las puertas giratorias en la empresa y la política. Hoy existen vacíos que hay que llenar a través de una agenda que tenga una dirigencia efectiva que abra espacios al ciudadano.

“ES EL MOMENTO DE UN AJUSTE INSTITUCIONAL”
-¿Es partidario de cambiar la Constitución?
-No me cierro a que pueda ser cambiada, pero la Constitución que tenemos hoy no es la del 80. Es un reloaded. Fue recargada en la década del 90, parcialmente, y en 2005 fue casi reformulada. Quedaban mandatos legales que hacían que, efectivamente, la consideración de la participación política desde el punto de vista del desarrollo de las elecciones fuera binominal, eso hoy día también se cambió. O sea, esta es otra Constitución. Creo que el problema nuestro puede estar en la Constitución como una razón de expectativa mágica, de que necesitamos una nueva Constitución, pero tengo la sensación de que la regla está en la forma cómo estamos cumpliendo la ley, que es una cosa diferente.

-Usted conoce muy bien el aparato público por dentro, ¿hoy existe un problema de comportamiento ético, de desconocimiento, de ceguera…?
-Existe una brecha. Como estamos tratando de sobrevivir en un contexto de US$ 20 mil per cápita, hemos ido parchando artificialmente nuestro sistema a través de diversos cuerpos legales que no necesariamente se difunden en su aplicación. Estamos creando leyes sin dientes. Qué sacamos con tener una Ley de Probidad que obliga a hacer declaraciones de patrimonio, si cuando un funcionario se va y no la hace, no existe estipulada en la ley ninguna sanción. Qué sacamos con tener declaraciones de patrimonio, si no estipulamos en la ley facultades de fiscalización de esas declaraciones para ver si son verdaderas.

-Es optimista.
-En la encuesta de la Fundación Piensa de Valparaíso con Adimark, al igual que en la última encuesta CEP, hay una muy buena noticia que a veces se olvida. Ambas preguntan si Chile hoy está progresando, estancado o en retroceso. En Valparaíso, el 24% cree que Chile está progresando y un 57% que está estancado. En la CEP, un 16 que está progresando y el 62% que está estancado. Y sólo un 18% y un 21%, respectivamente, piensa que el país está en retroceso.

-¿Falta una reingeniería al ordenamiento jurídico?
-Es el momento de implementar una agenda que incluya un ajuste, pero ese ajuste no puede pasar a llevar ni la confianza lúcida ni el diálogo lúcido, porque si lo hago, ese ajuste se va a transformar en una suerte de gatopardo, en que todo seguirá igual. Y este tercer actor, el ciudadano, que está hoy presente, es bastante duro y si percibe que existe una cuota de engaño en el ajuste, no sólo va a seguir desconfiando como hoy, sino que va a consolidar la agresión del modo como lo está haciendo hoy.

-En su última cuenta pública dijo que “la corrupción llegó a Chile”.  Los políticos y académicos repiten que Chile no es un país corrupto, ¿hasta cuándo resiste esa frase?
-La presidenta estuvo el martes en la OCDE, en París, y levantó el tema de la corrupción como un problema en Chile, pero precisando que nuestro país -como yo también lo he dicho muchas veces- tiene una estructura de gobernanza suficiente como para poder salir de este problema. La participación ciudadana tiene un referente en Chile, al igual que la Ley de lobby.El problema es que tenemos un montón de avances, pero que requieren que el ciudadano esté informado porque hoy estamos ante el desvelamiento del velo.

-¿Cómo cree que la clase política está abordando esta crisis o tensión, como dice usted?
-Sobre la base de la alusión del Código Penal, es decir, que no sea delito lo que hago, cuando en realidad lo que tengo que hacer es avanzar en la instalación de políticas públicas. Esta tensión no se va a arreglar a través de la aplicación de penas ni del ejercicio de las potestades investigativas del Ministerio Público o de las potestades sancionatorias del Poder Judicial. Hay que refundar procesos políticos que le den confianza al ciudadano.

-¿Cómo? es la pregunta.
-Se necesita la intervención del Estado en los restablecimientos de confianza. Hoy no existe forma de comparar tu plan de salud con otras isapres, quiero decir que la misma falta de transparencia en el Estado, que las solucionaste con la Ley de Transparencia, no las percibes como una ganancia con el poder de las isapres o las AFP. No es menor la oportunidad. No saco mucho con creer que esto me lo van a arreglar los tribunales a través de sentencias condenatorias o que se va a arreglar con el transcurso del tiempo. Esto requiere la instalación de políticas públicas que den inicio a un proceso planificado de intervención normativa que vaya solucionando problemas. ¿Qué es lo primero? Actuar con la verdad.

“A TODOS NOS GUSTA LA POLÍTICA”

-¿Qué le parece que llevemos un mes sin que la presidenta entregue una propuesta al Senado para el contralor?
-Complejo. Llevamos varios meses sin el nombramiento de un ministro de la Corte Suprema y nos demoramos varios meses en tener un fiscal de la Corte Suprema. Ahora, tengo la sensación de que hay situaciones de política interna del gobierno que han sido súperinesperadas, que dificultan encontrar el espacio propicio para cumplir con esos 3/5 porque, en realidad, lo que yo tengo en este minuto es un escenario judicial, y detrás de ese escenario judicial hay actores de los dos sectores involucrados, disparándose de manera cruzada. Entonces, creo que ese es un espacio redifícil para construir el acuerdo político de los 3/5 que necesita el nombramiento del contralor.

-¿Hasta cuándo cree que van a seguir los disparos?
-Tengo la sensación de que debemos estar cerca de que se acaben los disparos, salvo que el correlato obedezca a un libreto periodístico donde diariamente la pauta de la actuación política se defina a través de los medios. Me parece que lo razonable es que el gobierno defina su pauta con  independencia de lo que los medios arbitren. Dicho de una manera diferente, yo creo que un gobierno no puede reaccionar a lo que la pauta radial genere en la mañana.

-¿Le gustaría participar en política?
-A mí me gusta la política.  Me gusta la política de la gestión pública, del desarrollo de la inteligencia política a través de las universidades…. Entonces no es que yo no participe en política. Si a mí me gustaría participar en política contingente, no está dentro de mi ideario, pero tampoco es algo que me vuelva loco en decir: “¡No, bajo ningún punto de vista!”, porque eso lo encuentro un poco cínico.

-¿Cuál sería su domicilio político?
-Yo paso a veces desde la UDI hasta el PS. Yo soy bastante liberal en lo económico y en lo social. Vengo de una formación cultural extraordinariamente laica y tengo mucho respeto por la fe; la he buscado y me ha costado mucho encontrarla. Por eso he podido trabajar en universidades que son del Opus Dei y hoy día trabajo en una universidad bastante liberal y progresista como es la UAI. Cuando uno se forma en la diversidad que produce la educación pública, no esta educación pública que estamos idealizando hoy, sino una educación pública como la del Instituto Nacional, uno se acostumbra a convivir con muchas perspectivas diferentes de formas de ver la sociedad. Tengo un papá socialista que  hoy diría que soy muy momio. Mi mamá, en cambio, diría que soy de izquierda.

-¿Qué le parece la polémica  que han protagonizado el rector de su universidad, Andrés Benítez, y el profesor del  plantel Fernando Atria, con motivo del debate por la gratuidad universitaria?
-No corresponde que me meta en los conflictos internos de la universidad. Respecto a la gratuidad total, creo que se ha demostrado en numerosos países del mundo que es un experimento regresivo y fallido. Hoy día hay poquísimas universidades en esa condición en el catálogo de las cien mejores del mundo. Creo que lo que se debe hacer es arbitrar los medios para equilibrar la cancha. Lo mismo con las becas al extranjero. No entiendo cómo financiamos estudiantes para que se vayan a hacer cursos de postgrado que no tienen relación con las necesidades del país a universidades sin un mayor prestigio, sin que a su vuelta logren entregar un aporte útil con su conocimiento al país. Es como ir de paseo.