"Al fiscal nacional no se le cita a una reunión. Se le invita". Ese fue el escueto mensaje que recibió el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a través de canales formales e informales, durante las primeras semanas de gestión del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La comunicación respondía a un emplazamiento previo desde Interior: hasta la oficina de Sabas Chahuán había llegado una "citación" para una reunión en La Moneda con el flamante ministro. Pasaron varios días y el encuentro se produjo sin mayores sobresaltos el 20 de marzo de 2014. La reunión duró una hora y media y se concentró en los proyectos que el Ministerio Público tenía pendientes. Fue estrictamente protocolar y profesional, según quienes conocieron el contenido de la cita.

Fue el punto de partida. Fue la génesis de una relación institucional que se mantuvo en los límites de la cordialidad durante todo el primer año de gobierno, con episodios de congelamiento que se fueron agudizando con el paso del tiempo y el estallido de los casos Penta y SQM. La distancia se profundizó hace unos meses cuando el gobierno sacó de sus prioridades el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, proyecto estrella de Chahuán, que significa un aumento de personal y recursos frescos.

En el ente persecutor leyeron entre líneas: fiscales regionales y adjuntos sospecharon que detrás de la decisión había un intento por acorralar a la institución en medio de las investigaciones al corazón del poder político. Todo, matizado luego que la investigación del propio Chahuán se orientara directamente hacia su interlocutor principal en Palacio. Las pesquisas ordenaban el naipe hacia Peñailillo y los aportes de SQM a la llamada "precampaña" y su relación con el recaudador Giorgio Martelli. Su salida del gobierno y el avance de la indagatoria hicieron que se encontraran de nuevo. Esta vez, la citación la extendió el fiscal nacional y el ex ministro estaba obligado a comparecer. Y lo hizo, la tarde de este miércoles.  En paralelo, la aprobación un día antes del Plan de Fortalecimiento de manera unánime en el Senado, fue la prueba palpable de que La Moneda buscaba un nuevo trato con el Ministerio Público.

CUESTIÓN DE ACTITUD

La llegada de Bachelet al gobierno era vista como una oportunidad en la fiscalía: la gestión de Chahuán había estado marcada por la tirante relación que mantuvo con el gobierno de Sebastián Piñera, lo que significó la postergación definitiva de su proyecto estrella. La mandataria ya se había mostrado proclive en campaña a dicha iniciativa, sólo había que establecer un diálogo con el Ejecutivo.

Pero las cosas no resultaron fáciles. Los detalles y la complicidad no aparecieron entre Peñailillo y Chahuán.  En la fiscalía advirtieron además que el nuevo ministro del Interior venía con la idea de enfocar sus energías en la conducción política del gobierno, la relación con los partidos y priorizar las reformas estructurales.

Ello significaba que los temas de seguridad pública, de responsabilidad directa de su cartera, quedaban en manos de las subsecretarías del Interior y Prevención del Delito, por lo que pasaban a un segundo plano.

Antes de eso, hubo episodios, hasta ahora desconocidos, que fueron enfriando la relación entre el gobierno y el Ministerio Público.

Según varias versiones, los detalles en el trato marcaban la diferencia. En la Fiscalía Nacional existe la sensación de que el ex ministro Peñailillo y su equipo “desconocían las formas” en que las diferentes instituciones del aparato estatal interactúan.

"Había una carencia del sentido republicano en que funcionan las instituciones. Peñailillo y su equipo desconocían la dinámica de la separación de las funciones de los diferentes poderes del Estado", dice un funcionario de la entidad.

En la misma línea, apuntan a que las peticiones, a veces, se transformaban en "exigencias". Un episodio que varios recuerdan ocurrió tras el bombazo en la estación de Metro Escuela Militar, donde el ex ministro del Interior pidió con vehemencia al Ministerio Público designar a un fiscal exclusivo o preferente, además de fustigar a la institución por una serie de filtraciones de información clave de las pesquisas a la prensa. El tono del debate de esos días resintió las relaciones entre La Moneda y la Fiscalía Nacional, donde incluso hubo diferencias respecto a la definición sobre el uso de agentes encubiertos en causas sobre terrorismo.

El estilo de Peñailillo incomodaba definitivamente a Chahuán, situación que se fue atizando a medida que avanzaban los casos sobre financiamiento irregular de la política. La demora en las querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y las denuncias de su ex director, Michel Jorratt, de que "había presiones de Interior para que no nos siguiéramos metiendo en SQM", alimentaron esta sensación que fue percibida en el mundo político. De hecho, varios parlamentarios oficialistas alertaron, en privado, a La Moneda que era necesario dar un giro. La crisis no podía terminar dañando la relación entre las instituciones. Si bien existía una crítica evidente hacia el actuar de la fiscalía en dichos casos, en particular sobre el fiscal Carlos Gajardo, ello no implicaba romper institucionalmente. La gota que rebasó el vaso fue el diseño del gobierno de sacar de entre sus prioridades el proyecto  Plan de Fortalecimiento, lo que ocurrió a principios de mayo en un cónclave de la Nueva Mayoría, dirigido por el propio Peñailillo.

NUEVOS BRÍOS

El 2 de junio pasado el fiscal nacional Sabas Chahuán volvió a cruzar el umbral del patio de Los Canelos hacia el Ministerio del Interior, después de casi seis meses. Si bien había estado en varias ceremonias protocolares en La Moneda, como la entrega del informe de la comisión anticorrupción, su relación con el ex ministro Peñailillo se había reducido al mínimo y no había vuelto a pisar ese terreno. Ahora el escenario era distinto. La presidenta Bachelet había dado un golpe de timón cambiando a su comité político, y el ministro de Defensa, Jorge Burgos, mandaba ahora en Interior. Un viejo conocido para Chahuán: ambos abogados de la Universidad de Chile, circularon en entornos comunes y trabajaron juntos en varios proyectos mientras el ex diputado DC era integrante de las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana durante su paso por la Cámara.

"Son dos personas que se conocen se miran a la cara y se pueden hablar sin que haya dobles lecturas", asegura un asesor de gobierno. El ministro Burgos había invitado al fiscal nacional al lanzamiento de una "guía de buenas prácticas" para la investigación de los delitos de tratas de personas, acto en el que participó además el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Tras el evento, que no tuvo mayor repercusión pública, Burgos y Chahuán sostuvieron una breve reunión privada en la oficina del titular de Interior.

Según varias fuentes de Palacio, la conversación fue clave, pues ambos arribaron al diagnóstico de que la relación entre La Moneda y el Ministerio Público no pasaba por buenos momentos y era necesario reconstruirla. El mensaje de Burgos fue claro: el gobierno separaría definitivamente aguas entre la investigación que dirige Chahuán y el rol institucional que le compete como fiscal nacional. Pase lo que pase, y aunque la indagatoria llegue hasta los límites del Palacio de gobierno.

Una buena relación no tiene por qué entorpecer el avance de las pesquisas, fue la conclusión del encuentro.

"No hay nadie libre de ser citado a declarar, ni un ministro como yo ni un ex ministro. Eso es lo importante, que las instituciones funcionen y que las personas, cualquiera que sean, tengan la oportunidad de hacer valer también sus derechos ante la propia fiscalía y más adelante, en cualquier caso, ante los tribunales de garantía oral como corresponde", dijo el jefe de gabinete días más tarde refrendando esta visión.

Este nuevo trato venía acompañado de un diseño. El gobierno despejaría definitivamente el proyecto que aumenta la dotación de la fiscalía, para evitar suspicacias y reforzar el carácter autónomo de la institución. Aquí apareció otra figura clave: la nueva ministra de Justicia, Javiera Blanco.

Conocedora en profundidad de la reforma procesal penal, cuya implementación siguió durante años desde la Fundación Paz Ciudadana, fue la encargada de llevar a la práctica el nuevo plan. Tras varias conversaciones y comidas con los senadores de la comisión de Constitución, y luego de visitar personalmente a Chahuán en su oficina a días de asumir en Justicia, la ministra construyó un acuerdo que terminó en una aprobación unánime en la sala del Senado. Si bien el proyecto venía avanzado en el debate parlamentario, la señal del Ejecutivo fue potente: se le puso discusión inmediata y las gestiones consiguieron aplacar las ideas de parlamentarios que pedían mayores mecanismos de control del Ministerio Público, sobre sus metas y también actuaciones.

A cambio, el fiscal nacional aceptó en las negociaciones incluir un Plan Institucional anual, una especie de cuenta pública con exigencias mayores que las actuales.

"Claramente hubo una disposición distinta del gobierno, nos hicieron ver que no era conveniente seguir trabando esta discusión en estos tiempos. Sigo insistiendo en que debería haber mayor control del Ministerio Público, pero lo que se aprobó de todas maneras está en esa misma línea", aseguró el senador Pedro Araya, integrante de la comisión de Constitución. Así, para consagrar los 577 nuevos cargos (122 fiscales nuevos) sólo falta el tercer y último trámite en la Cámara de Diputados.

"La fiscalía debe ser independiente, debe ser autónoma, pero no es una isla, y está sujeta al escrutinio público como lo hemos sostenido siempre", remató Chahuán el martes en el Senado, el mismo lugar donde se debe ratificar el nombre de su sucesor en noviembre próximo. El mismo que deberá continuar con el camino que deje avanzado en los casos Penta, SQM y Corpesca.  Pero eso, es otra historia.