“El fiscal regional (de Coquimbo, Enrique Labarca) termina su período en febrero y yo en noviembre, y por eso realizamos el penúltimo consejo general aquí donde todo comenzó”. Quince años después del lanzamiento de la marcha blanca de la Reforma Procesal Penal en las regiones de La Araucanía y Coquimbo, el fiscal nacional Sabas Chahuán invitó el miércoles pasado a los 18 fiscales regionales a la ciudad de La Serena. 

En el Hotel Club La Serena, dirigió hasta el jueves el penúltimo consejo general de fiscales de su gestión. El tono de despedida invadió sus palabras y el ambiente que se vivió durante las dos jornadas de trabajo. Si bien el principal debate sobre la mesa fue la distribución de los 577 cargos de fiscales adicionales conseguidos gracias a la aprobación en el Congreso del Plan de Fortalecimiento —proyecto estrella de su gestión—, había en las conversaciones, en la cena de camaradería que hubo la noche del miércoles, y en cada pausa, un tema ineludible entre los presentes: la sucesión de Chahuán.

No fue algo casual. Al fiscal nacional le quedan cuatro meses para cumplir los ocho años estipulados en la ley, pero podrían llegar a convertirse en los más decisivos. Además de la obligación autoimpuesta de dejar encaminada la investigación de los casos Penta y SQM, Chahuán ha dado señales claras de que el proceso para escoger a su sucesor le interesa.

Así lo han advertido en la Corte Suprema, en La Moneda y en el Congreso, protagonistas del proceso de nombramiento. Pero también en círculos judiciales, entre académicos ligados a la Reforma Procesal Penal, y entre los propios abogados que participan en la tramitación de los casos Penta y SQM, donde no hay prácticamente otro tema de conversación. 

En privado, el análisis es uno solo: el destino de estas causas influirá directamente en las decisiones que terminen por consagrar al próximo fiscal nacional. 

BUENOS OFICIOS

Días después de la salida del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, desde La Moneda se buscó blindar a la presidenta Bachelet y aislarla de la investigación sobre el financiamiento de la llamada precampaña por parte de SQM, que afectaba al propio Peñailillo y al recaudador Giorgio Martelli. La estrategia significaba dejar a su suerte al ex ministro. 

Con el paso de los días tanto en el gobierno como en el oficialismo se convencieron de que el plan no era ideal. Pero había una preocupación adicional: desde el estallido de los casos Penta y luego la arista SQM, nunca el gobierno consiguió monitorear, ni menos controlar o influir en los efectos de la indagatoria. No sólo eso, la relación del ex ministro con el fiscal nacional estuvo marcada por una tensión constante.

Pero la llegada de Burgos a Interior cambió las cosas y la relación entre el gobierno y la Fiscalía Nacional pasa por uno de sus mejores momentos.

No sólo la rápida aprobación en el Congreso del proyecto estrella de Chahuán contribuyó a ese escenario, sino la complicidad evidente entre ambos en la otra piedra en el zapato: el combate a la delincuencia. 

El titular de Interior y la ministra de Justicia, Javiera Blanco, le dieron un nuevo impulso a la agenda, apurados por la contingencia. Revivieron una instancia técnica, como la reunión de coordinación del Sistema de Justicia Penal, que reúne desde el fiscal nacional hasta el presidente de la Corte Suprema y las policías, con el gobierno, y la convirtieron en periódica: desde hace unas semanas se reúnen todos los lunes. Sin ir más lejos, este mismo martes se constituyó otro equipo: el “Diseño Operativo Antidelincuencia” que convoca a los mismos actores y buscará atacar los puntos críticos de la persecución criminal. En ambas instancias, Chahuán ha sido protagonista y ha mostrado una fina sintonía con Burgos. 

Todos estos espacios de interacción han alentado una nueva relación entre todos los actores y han mejorado el diálogo entre las instituciones, algo que es reconocido transversalmente. En esas conversaciones informales, no se ha soslayado el tema de  la sucesión de Chahuán, quien ha aprovechado además de transmitir su mensaje. Le interesa el proceso y ya ungió a su heredero: el director ejecutivo nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, ex fiscal regional de Valparaíso.

EL GIRO DE CHAHUÁN

“El día que el fiscal nacional decidió asumir personalmente las causas Penta y SQM, terminó por politizar la elección de su sucesor”, dice un abogado de la plaza. La primera interpretación que hubo cuando Chahuán decidió tomar el control directo de estas pesquisas fue que llegaría hasta las últimas consecuencias. Era una oportunidad para darle un nuevo aire a su alicaído mandato en la recta final. 

El fiscal nacional se mostró decidido a avanzar en todas las aristas, mostrando mano dura en el caso Penta, al pedir prisión preventiva para los dueños del holding y arresto domiciliario total para Jovino Novoa. O en el interrogatorio de más de 4 días a Martelli y el rápido anuncio de que sería formalizado por delitos tributarios, lo que necesariamente señalaba, para varios, que el ex ministro Peñailillo recorrería el mismo camino.

Pero, a poco andar, hubo un par de decisiones que advertían un giro.  

La primera señal fue la petición de Chahuán para suspender la formalización a Martelli, fijada por el Octavo Juzgado de Garantía para el 30 de junio, y la posterior solicitud de ampliación del plazo de investigación a 150 días, que finalmente el tribunal redujo a 90. 

Lo más claro vino después: el 20 de julio pasado el fiscal nacional anunció la separación de las causas Penta y SQM, para conseguir una “mejor administración” de los procesos, separando además al equipo investigador. 

El fiscal Carlos Gajardo, hasta ahí el más “díscolo” e “incontrolable” de los fiscales de su equipo, quedó a cargo de cerrar el proceso judicial del caso Penta, con el plazo de tres meses corriendo, reduciendo al mínimo su espacio de influencia en nuevas líneas investigativas derivadas de SQM y también de Corpesca, que tiene en la mira a algunos senadores.

Pero hay ahí un detalle fino que advierten varios abogados: al quedar separada SQM de la causa Penta, no tiene plazo de término por ser una investigación desformalizada. Varias fuentes consultadas al interior de la fiscalía señalan que ninguna definición ha sido al azar y que una de las opciones de Chahuán es ganar tiempo para dejar en manos de su sucesor el destino de dicha causa, que es la que afecta directamente a La Moneda. Hace unos días hubo otro detalle: el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas declaró en la causa, pero a diferencia de Peñailillo, lo hizo como testigo y no como imputado. 

Todo este escenario ha alentado a dirigentes de la UDI y RN a reparar en una supuesta “mano blanda” de Chahuán en el caso. La bancada de diputados acusó al fiscal nacional de tener un “temor reverencial” a propósito del tono de las preguntas al ex ministro Peñailillo en el interrogatorio que se hizo público la semana pasada.

CUCHILLOS LARGOS

El tema no ha estado ajeno de los pasillos del Congreso, incluso más allá de la comisión de Constitución del Senado, que debe entrevistar al candidato que elija la presidenta Bachelet, de los cinco que previamente serán incluidos en la quina que arme la Corte Suprema. El nombre de Abbott circula con fuerza, pese a que previamente el fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, corría con ventaja gracias a su cercanía con el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez. Cuando el gobierno reactivó el proyecto del Plan de Fortalecimiento, a todos los senadores de la comisión les quedó claro que el ex fiscal regional de Valparaíso mostraba sus cartas y que el fiscal nacional le daba juego. Durante varias sesiones, Abbott fue protagonista, fue el soporte técnico de Chahuán en la tramitación y quien resolvía todas las dudas de los parlamentarios.

En las últimas semanas, las reuniones se han sucedido a todo nivel. El senador PPD Felipe Harboe, quien hace unos días señaló que el próximo fiscal nacional debía ser un candidato interno, lo que fue leído como una clara señal de complicidad con Chahuán, ha sostenido encuentros formales con este último, al igual que el senador RN Alberto Espina —quien visitó la Fiscalía Nacional el martes pasado— , transformándose ambos en serios interlocutores. 

En paralelo, el fiscal nacional ha dado potentes señales internas. Sin ir más lejos, la decisión de acoger los reclamos de los querellantes en el caso cascadas (Habitat y Moneda) para sacar al fiscal José Morales, quien también ha sonado como una carta fuerte al interior de la fiscalía, fue interpretada sin rodeos como un intento por sacarlo de la carrera. 

En tanto, dicen en el Ministerio Público, Chahuán ordena sus piezas y busca ordenar la casa. Un ejemplo de ello es la decisión de Ayala de postularse finalmente a la Región de Antofagasta, hipotecando sus chances de suceder a Chahuán. Dicen en la Fiscalía Nacional que, de quedar en la terna que elija la Corte de Apelaciones de esa ciudad, el fiscal nacional no dudaría en nombrarlo. De suceder esto, la Fiscalía Oriente, en el ojo del huracán por el insalvable problema de los robos y delitos de connotación social, quedaría vacante y Chahuán estaría pensando en el fiscal regional de Iquique, Manuel Guerra, uno de sus brazos derechos durante su gestión. 

Estos movimientos hacen pensar a todos los actores que Chahuán busca darle continuidad decidida a su mandato, por lo que el perfil de las cartas que escoja la Suprema, y finalmente la mandataria, será clave. 

El abogado Mauricio Duce, académico de la UDP y experto en Reforma Procesal Penal lo resume así: “No me parece mal que el fiscal nacional tenga en mente algún candidato que sea idóneo, la pregunta es si nos conviene como país. Sea quien sea, de adentro o afuera, sea cercano o no a Chahuán, uno debiera esperar que sea un tipo de liderazgo diferente para enfrentar la etapa compleja que se avecina. Ahora, si se mantiene una línea de continuidad, se corre el riesgo de transformar a la Fiscalía en una institución política, públicamente deslegitimada e irrelevante”.

Las cartas se están repartiendo. El juego comenzará cuando la Corte Suprema abra el concurso durante las últimas semanas de agosto.