Después de la entrevista de Bachelet, los "realistas" se sintieron derrotados, lo que desencadenó una detonación controlada al interior de la DC. Mientras tanto, el ministro de Hacienda mostró habilidad para ajustar la reforma tributaria e intentar influir en el diseño final de la reforma laboral.

En el avión presidencial, durante el vuelo rumbo a El Salvador para iniciar una gira que la llevaba también a México, la presidenta Michelle Bachelet se acercó a saludar a los integrantes de la comitiva presidencial y sostuvo varias conversaciones. En algunas de ellas reveló que tiene la convicción de que la gratuidad universal en la educación superior comprometida originalmente en su programa no se va a cumplir en el plazo de seis años. En la Nueva Mayoría ya saben que ni siquiera se va a alcanzar el 70% comprometido hacia el final del gobierno y la meta hoy es asegurar la promesa explicitada en el cónclave del 3 de agosto pasado: el 50% de los alumnos vulnerables podrá acceder a educación universitaria gratuita.

Este escenario, que de a poco han ido interiorizando los dirigentes oficialistas, ha instalado la idea de que pese a las definiciones cargadas de “progresismo” que ha entregado la mandataria en la última semana después del cónclave, donde incluso optó por reafirmar el impulso reformista original de su gobierno, finalmente el “realismo” al que han obligado los vaivenes de la economía se terminará imponiendo.

La señal más evidente se dio el lunes en el comité político, donde el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tomó inesperadamente el protagonismo, pues en ausencia del ministro del Interior, Jorge Burgos, quien atendía en la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) las vicisitudes del temporal en el norte, dirigió la reunión del gobierno con los partidos.

Valdés, según varios de los presentes, habló con plena autoridad y sin espacio para las dudas: les anunció a los jefes partidarios que el gobierno había tomado la decisión de enviar un proyecto de ley al Congreso para corregir la emblemática reforma tributaria; y ante las consultas de varios dirigentes adelantó que ya había iniciado las conversaciones para preparar las indicaciones necesarias para “equilibrar” la reforma laboral, como él mismo había dicho días antes. 

Esta última era una señal evidente de que Hacienda tomaba el control del proyecto de ley que hasta ahora había liderado la ministra del Trabajo, Ximena Rincón.  El empoderamiento de Valdés en el tema era total: justo esta semana fichó al asesor clave de la ex ministra del Trabajo Javiera Blanco, y el principal articulador de la reforma, Roberto Godoy, y gestionaba en paralelo su primer encuentro con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El martes, el ministro Burgos dio otra señal. Ante el Foro Anual de la Industria en CasaPiedra entregó un discurso en representación de la presidenta Bachelet que intentaba despejar varias dudas.  Sus palabras ante el empresariado fueron una señal potente, considerando además que actuaba, en el papel, como vicepresidente del país, pues horas después la presidenta abandonaría territorio nacional rumbo a una gira por Centroamérica.

Junto con afirmar que la “gradualidad es principal y esencial”, entregó señales claras sobre el proceso constituyente: “No será ni a la boliviana ni a la venezolana” dijo validando la opción de la vía institucional y mandando un claro mensaje a los partidos de izquierda que promueven fórmulas como la Asamblea Constituyente.  

El “realismo” se apoderaba de la agenda. Las señales de Burgos sobre la nueva Constitución coincidían con lo que ya ha resuelto internamente la mandataria: iniciar un proceso de educación cívica en juntas de vecinos, centros de madres y organizaciones locales, es decir, avances mínimos y, eventualmente deja enviado un proyecto de ley al Congreso antes del fin de su mandato. 

Todo esto ocurrió en una semana en la que los presidentes de los partidos oficialistas no ocultaron su asombro por lo que llamaron un “zigzagueo inexplicable” de la mandataria, a propósito de su entrevista del fin de semana en el diario La Tercera. Ante el reclamo vehemente de varios, el lunes en el comité político, pero principalmente del presidente de la DC, Jorge Pizarro, quien expresó con todas sus letras su molestia, sin ocultarla luego cuando salió de la cita y enfrentó a la prensa, los ministros optaron por seguir adelante con el libreto pactado la semana anterior con la mandataria, mientras el jefe del gabinete masticaba los hechos en silencio.

Se había instalado la certeza entre los dirigentes que la presidenta había terminado desautorizando a la llamada “dupla Burgos-Valdés” al señalar en esa entrevista que no habían llegado a La Moneda para “cambiar el rumbo del gobierno”.  Esta distancia entre la mandataria y sus dos ministros más importantes se instaló públicamente dos días después del cónclave del 3 de agosto pasado, cuando ambos aparecieron en una conferencia conjunta en el patio de Los Cañones hablando de la gradualidad y de la necesidad de “equilibrio” en las reformas, lo que fue leído como una respuesta a la decisión de la presidenta de reafirmar, 24 horas antes, el tranco reformista del gobierno.

Luego de eso Bachelet había dado otro pequeño giro: el jueves volvió a respaldar a la llamada “dupla” al retomar el discurso del “realismo” desde un jardín infantil en Quilicura, lo que Burgos y Valdés sintieron como un espaldarazo.

Pero la entrevista del domingo desordenó de nuevo el escenario político. Ante eso, los titulares de Interior y Hacienda tuvieron reacciones diferentes: si bien ambos optaron por mantener su línea de acción, siendo el ministro de Hacienda el más explícito en tomar el toro por las astas y avanzar decididamente en materia tributaria y laboral, el jefe del gabinete fue el que más resintió la ambigüedad del discurso presidencial. 

Fue en ese contexto que lo que buscaba ser un encuentro necesario entre la mesa directiva, los ministros y subsecretarios militantes de la DC, se convirtió en una catarsis precisa esa noche de lunes en la sede del Centro Democracia y Comunidad (CDC) en Providencia. Si bien la cita había sido pactada con antelación, para Burgos fue un necesario desahogo y refugio.

“Desconcierto”, “inquietud”, “incomodidad” fueron las palabras más repetidas en boca de los dirigentes DC y del jefe de gabinete. El problema para La Moneda fue que la jugada fue leída como un “atrincheramiento” de las fuerzas partidarias. “Un ejercicio de enlace”, como lo calificó al día siguiente el senador del MAS, Alejandro Navarro. 

Lo que hubo fue un respaldo cerrado del partido a la labor del ministro del Interior y una señal de que la DC estaba unida. Esta vez se trataba de un malestar generalizado de la militancia DC, una inquietud por lo que se definió internamente como un rumbo “impreciso” del gobierno y la decisión de la mandataria de hacer “excesivos” gestos a las fuerzas de izquierda de la Nueva Mayoría. 

En privado, los dirigentes DC explican que si bien nunca estuvo en el debate ni de cerca la posibilidad de abrir una discusión sobre acciones de quiebre, como abandonar la coalición o el gobierno, ni menos una eventual renuncia de Burgos como se especulaba en la Nueva Mayoría, la jugada sirvió más bien como señal de fuerza del principal partido del bloque. 

Si bien el senador Ignacio Walker, autor de los “matices” DC con el programa de gobierno, fue el primero en criticar abiertamente los vaivenes del discurso presidencial, tras la cita del lunes en la CDC se convirtió en una postura oficial de partido. Llamó la atención el duro tono de Pizarro en sus dichos hacia la mandataria, siendo él uno de los dirigentes DC más cercanos a ella y de una línea mucho más “progresista” en el partido.  En tanto, un lote de diputados del PS y el PPD tambiérn se sumaron la noche del miércoles a la tesis del “realismo”.

EL ENIGMA DE EYZAGUIRRE

El miércoles el ministro de Hacienda se desmarcó de lo que se venía configurando como una dupla con Burgos. En radio Duna señaló que se trataba de un “mito urbano”. Lo cierto es que ambos mantienen una línea de acción de sintonía fina en la que también participa el  ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre. Aunque este último ha optado por mantenerse al margen de la disputa entre los dos bandos, dicen en La Moneda que su rol es clave pues buscará mantener los equilibrios al ser muy cercano a Valdés en términos políticos y económicos, y  a la vez ser el único ministro del comité político de diálogo y confianza más directa con Bachelet. 

También ha sido el encargado de transmitir un mensaje a las dirigencias partidarias: ningún ministro se manda solo, y si Valdés y Burgos marcan una línea, no lo hacen sin tener espalda suficiente.

En este escenario, en que el ministro del Interior ha mostrado dificultades para concentrarse en la conducción política del gobierno —virtud que varios le atribuían y esperaban de él cuando asumió— es el ministro de Hacienda quien además ha demostrado  juego de piernas para abrir diálogo y debate con parlamentarios y jefes de partido.  “Valdés es el mejor jugador, el más cotizado y el más aplaudido por la hinchada de la selección chilena”, dice un dirigente en alusión a su destreza para recuperar la confianza del empresariado, pero también para ganarse el respeto tanto del oficialismo como de la oposición. Esta semana llamó la atención que no escatimó en tiempo ni espacios para conversar con parlamentarios en el Congreso. El martes sostuvo largas conversaciones con el diputado Gabriel Boric y con el secretario general del PC, Lautaro Carmona, así como almuerzos con las bancadas de diputados PPD y senadores de la Nueva Mayoría. De momento, Valdés es quien mejor está jugando políticamente el “realismo”. Está por verse si consigue los resultados esperados por quienes buscan descomprimir la incertidumbre de las reformas y entregar certezas a la economía.

Los sectores de izquierda de la Nueva Mayoría celebran las últimas declaraciones de Bachelet y están convencidos que ya volvió al rumbo reformista del gobierno, dejando atrás el giro al centro y la moderación. La nueva misión es vigilar que el programa se cumpla a cabalidad. 

Ya nadie duda que el corazón de Bachelet es de izquierda. Ese fue el comentario obligado esta semana en los partidos de la Nueva Mayoría. Ella ya lo había dejado meridianamente claro en el cónclave del 3 de agosto en el estadio El Llano, cuando dio un apasionado discurso remarcando que las reformas seguían su curso y repitiendo cinco veces que el sello de la coalición era “demócrata progresista”. Sentado a pocos metros, su asesor estratégico del Segundo Piso, Pedro Güell, autor de la frase “realismo sin renuncia”, se acercaba de cuando en cuando a comentarle cosas en voz baja. El encuentro había sido convocado precisamente para aclarar el significado de la famosa frase y la decisión de la mandataria fue mostrar que no había ningún giro al centro, como interpretó la prensa y la elite, sino que el domicilio del gobierno se mantenía firme a la izquierda. 

Y si alguien aún no lo tiene claro, la presidenta terminó de escribirlo en piedra en la entrevista que dio el domingo pasado en La Tercera, donde sostuvo que “algunos leyeron sólo la palabra ‘realismo’ y no escucharon el ‘sin renuncia’”, que los ministros Rodrigo Valdés y Jorge Burgos no llegaron a cambiar el rumbo y que el supuesto viraje al centro, no es más que un wishful thinking (pensamiento ilusorio), declaró. 

Para pavimentar su nueva estrategia, la presidenta acogió a última hora la recomendación del vocero Marcelo Díaz, quien sugirió retirar del discurso del cónclave el anuncio de que se enviaría una ley para simplificar la reforma tributaria del ex ministro Alberto Arenas, ya que esto podría ser interpretado como un retroceso o el guiño que buscaba insistentemente el empresariado. La ley para reparar la anterior fue informada recién el lunes 10 de agosto, en una conferencia donde el ministro Valdés fue categórico en remarcar que no se trataba de una “reforma a la reforma” y que vigilaría que la tramitación en el Congreso no abra espacios para volver a discutir el monto de recaudación ya fijado. Para los sectores más a la izquierda de la coalición, la nueva ley incluso permitiría encauzar la reforma hacia lo que fue el proyecto original del gobierno el 2014, antes de las modificaciones que hicieron en la “cocina” Hacienda con la derecha. 

Las palabras de Bachelet también han dejado en el limbo otra definición que esperaban con ansias los empresarios sobre el carácter que tendrá la reforma laboral, que a juicio de éstos afectará el empleo y el crecimiento económico. En el gobierno señalan que la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, es del ala dura respecto a apoyar las demandas de los trabajadores y la CUT, y defiende la idea de que el Senado mantenga el proyecto aprobado por los diputados que impide el reemplazo en huelga. Aunque Hacienda ha estado tomando las riendas del proyecto, Rincón se niega a ceder poder y esta semana, afirmándose del discurso de Bachelet en el cónclave —sobre la necesidad de modernizar las relaciones laborales y fomentar un “derecho a huelga efectivo”—, la ministra almorzó con la comisión de Trabajo y luego con los senadores de la Nueva Mayoría, para hacer ver su postura. “Hace unos pocos días atrás alguien nos calificó de contumaces. No lo somos. Simplemente tenemos la convicción de que debemos modernizar las relaciones laborales en nuestro país y que el diálogo social es fundamental”, señaló el viernes en el lanzamiento del libro El trabajo decente de Juan Somavía. 

En materia constitucional, en tanto, la jefa de Estado finalmente trazó una hoja de ruta, anunciando que sumado al inicio del proceso constituyente en septiembre, pidió a los partidos de centroizquierda una propuesta con mecanismos y contenidos para la reforma constitucional. Y aunque hasta la fecha el cambio en la Carta Fundamental estaba en manos de Burgos —opositor a la asamblea constituyente— la presidenta amplió la tarea a todo el comité político de recoger las distintas propuestas. La postura fue aplaudida por los partidarios de la A.C., donde dicen que esto es un primer paso y todavía hay posibilidades de levantar esa vía, aunque Bachelet no se ha mostrado partidaria de un plebiscito.

Para el Partido Comunista, donde en un comienzo se miró con recelo el eventual giro de La Moneda —e incluso resucitó la idea de evaluar la permanencia en el gobierno en los debates de su próximo congreso partidario—, ahora, tras las aclaraciones de la presidenta, abundan los aplausos. Según señala el diputado PC Daniel Núñez: “Se ha generado una polémica artificial por parte de los medios, ya que todos entendemos que haya gradualidad en el programa dado el menor crecimiento económico. Lo importante es que si hubo un mensaje ambiguo, ahora ya está claro el norte y la convicción de la presidenta de que no hay cambio de rumbo”. La entrevista de Bachelet terminó de tranquilizar a las filas comunistas y entienden que la gratuidad universitaria se puede postergar, pero sigue siendo un compromiso y que el proyecto de ley de desmunicipalización de la educación escolar se presentará en pocas semanas. En cualquier caso, se mantendrán atentos y encargaron a sus técnicos evaluar el detalle y la eventual letra chica de la ley que simplificará la reforma tributaria, para que esta no pierda su espíritu original redistributivo. 

Mientras, la mesa del Partido Socialista, bajo la conducción de Isabel Allende, se muestra disciplinada y seguirá a Bachelet hacia donde ella decida ir, en la directiva PPD —en el mayoritario sector girardista— también celebraron las últimas definiciones de la presidenta. No obstante, siguen con preocupación la revuelta DC y el llamado “ejercicio de enlace” del  lunes, cuando la directiva se reunió con ministros y subsecretarios del partido y luego filtraron a la prensa la incomodidad de la tienda y de Jorge Burgos con el nuevo escenario. 

Por esto, y ante la información de que Burgos y Valdés se habrían aliado para enfrentar las directrices de la mandataria, los senadores PPD Jaime Quintana y Guido Girardi visitaron el miércoles al ministro de Hacienda. Aunque la versión oficial fue que era para darle una señal de apoyo, en la cita le recordaron que él era un militante PPD y no era un príncipe democratacristiano, por lo que su lealtad debía estar con Bachelet, es decir, hacia la izquierda. 

En el PPD también buscan encauzar hacia su redil al ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, quien si bien es un economista muy cercano a Valdés y se le identifica con ideas liberales y de responsabilidad fiscal, también tiene gran cercanía e influencia con Bachelet, con quien lo une una amistad histórica. De hecho, Eyzaguirre ha podido permear el hermético círculo del Segundo Piso que integra el director de Políticas Públicas, Pedro Güell, y la jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, quienes han propiciado que la mandataria retome su identidad con un discurso social. 

La estrategia del equipo de asesores más estrecho es que la presidenta mantenga el discurso de que se va a cumplir con el programa, pero a la vez explique las dificultades que ha tenido para sacarlo adelante, apuntando las responsabilidades a factores externos. Así, junto con informar a la ciudadanía del escenario económico internacional adverso, como el estancamiento de China y la baja en el precio del cobre, también comenzará a instalar las críticas contra quienes considera que han torpedeado y bloqueado sistemáticamente sus reformas porque defienden intereses. Por ejemplo, el miércoles, durante su visita a El Salvador, sobre la gradualidad en la reforma a la educación superior, dijo que “el proceso político de este cambio estructural no ha sido fácil. Muchas de las transformaciones que propusimos al país requieren modificaciones legales y un amplio diálogo con actores sociales y políticos. Muchas veces no es fácil superar los bloqueos y los avatares de la contingencia”. 

Con una desaprobación que bordea el 70% según las encuestas, para Bachelet es importante  recuperar la confianza de la ciudadanía y no le gusta ser acusada de no cumplir con los compromisos de su campaña. Por ello, al menos en sus discursos, retomó el camino inicial de reformas estructurales. El “sin renuncia” se volvió un pilar que no quiere dejar caer a manos del “realismo”. Todas sus fichas están en que una vez instaurada el 2016 la gratuidad en la educación para 50% de los universitarios, así como el término del copago en los colegios, las familias más vulnerables del país comiencen a percibir, al fin, en sus bolsillos los beneficios concretos de las reformas, y renazca el cariño perdido hacia la mandataria.