Ya nadie duda que el corazón de Bachelet es de izquierda. Ese fue el comentario obligado esta semana en los partidos de la Nueva Mayoría. Ella ya lo había dejado meridianamente claro en el cónclave del 3 de agosto en el estadio El Llano, cuando dio un apasionado discurso remarcando que las reformas seguían su curso y repitiendo cinco veces que el sello de la coalición era “demócrata progresista”. Sentado a pocos metros, su asesor estratégico del Segundo Piso, Pedro Güell, autor de la frase “realismo sin renuncia”, se acercaba de cuando en cuando a comentarle cosas en voz baja. El encuentro había sido convocado precisamente para aclarar el significado de la famosa frase y la decisión de la mandataria fue mostrar que no había ningún giro al centro, como interpretó la prensa y la elite, sino que el domicilio del gobierno se mantenía firme a la izquierda.
Y si alguien aún no lo tiene claro, la presidenta terminó de escribirlo en piedra en la entrevista que dio el domingo pasado en La Tercera, donde sostuvo que “algunos leyeron sólo la palabra ‘realismo’ y no escucharon el ‘sin renuncia’”, que los ministros Rodrigo Valdés y Jorge Burgos no llegaron a cambiar el rumbo y que el supuesto viraje al centro, no es más que un wishful thinking (pensamiento ilusorio), declaró.
Para pavimentar su nueva estrategia, la presidenta acogió a última hora la recomendación del vocero Marcelo Díaz, quien sugirió retirar del discurso del cónclave el anuncio de que se enviaría una ley para simplificar la reforma tributaria del ex ministro Alberto Arenas, ya que esto podría ser interpretado como un retroceso o el guiño que buscaba insistentemente el empresariado. La ley para reparar la anterior fue informada recién el lunes 10 de agosto, en una conferencia donde el ministro Valdés fue categórico en remarcar que no se trataba de una “reforma a la reforma” y que vigilaría que la tramitación en el Congreso no abra espacios para volver a discutir el monto de recaudación ya fijado. Para los sectores más a la izquierda de la coalición, la nueva ley incluso permitiría encauzar la reforma hacia lo que fue el proyecto original del gobierno el 2014, antes de las modificaciones que hicieron en la “cocina” Hacienda con la derecha.
Las palabras de Bachelet también han dejado en el limbo otra definición que esperaban con ansias los empresarios sobre el carácter que tendrá la reforma laboral, que a juicio de éstos afectará el empleo y el crecimiento económico. En el gobierno señalan que la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, es del ala dura respecto a apoyar las demandas de los trabajadores y la CUT, y defiende la idea de que el Senado mantenga el proyecto aprobado por los diputados que impide el reemplazo en huelga. Aunque Hacienda ha estado tomando las riendas del proyecto, Rincón se niega a ceder poder y esta semana, afirmándose del discurso de Bachelet en el cónclave —sobre la necesidad de modernizar las relaciones laborales y fomentar un “derecho a huelga efectivo”—, la ministra almorzó con la comisión de Trabajo y luego con los senadores de la Nueva Mayoría, para hacer ver su postura. “Hace unos pocos días atrás alguien nos calificó de contumaces. No lo somos. Simplemente tenemos la convicción de que debemos modernizar las relaciones laborales en nuestro país y que el diálogo social es fundamental”, señaló el viernes en el lanzamiento del libro El trabajo decente de Juan Somavía.
En materia constitucional, en tanto, la jefa de Estado finalmente trazó una hoja de ruta, anunciando que sumado al inicio del proceso constituyente en septiembre, pidió a los partidos de centroizquierda una propuesta con mecanismos y contenidos para la reforma constitucional. Y aunque hasta la fecha el cambio en la Carta Fundamental estaba en manos de Burgos —opositor a la asamblea constituyente— la presidenta amplió la tarea a todo el comité político de recoger las distintas propuestas. La postura fue aplaudida por los partidarios de la A.C., donde dicen que esto es un primer paso y todavía hay posibilidades de levantar esa vía, aunque Bachelet no se ha mostrado partidaria de un plebiscito.
Para el Partido Comunista, donde en un comienzo se miró con recelo el eventual giro de La Moneda —e incluso resucitó la idea de evaluar la permanencia en el gobierno en los debates de su próximo congreso partidario—, ahora, tras las aclaraciones de la presidenta, abundan los aplausos. Según señala el diputado PC Daniel Núñez: “Se ha generado una polémica artificial por parte de los medios, ya que todos entendemos que haya gradualidad en el programa dado el menor crecimiento económico. Lo importante es que si hubo un mensaje ambiguo, ahora ya está claro el norte y la convicción de la presidenta de que no hay cambio de rumbo”. La entrevista de Bachelet terminó de tranquilizar a las filas comunistas y entienden que la gratuidad universitaria se puede postergar, pero sigue siendo un compromiso y que el proyecto de ley de desmunicipalización de la educación escolar se presentará en pocas semanas. En cualquier caso, se mantendrán atentos y encargaron a sus técnicos evaluar el detalle y la eventual letra chica de la ley que simplificará la reforma tributaria, para que esta no pierda su espíritu original redistributivo.
Mientras, la mesa del Partido Socialista, bajo la conducción de Isabel Allende, se muestra disciplinada y seguirá a Bachelet hacia donde ella decida ir, en la directiva PPD —en el mayoritario sector girardista— también celebraron las últimas definiciones de la presidenta. No obstante, siguen con preocupación la revuelta DC y el llamado “ejercicio de enlace” del lunes, cuando la directiva se reunió con ministros y subsecretarios del partido y luego filtraron a la prensa la incomodidad de la tienda y de Jorge Burgos con el nuevo escenario.
Por esto, y ante la información de que Burgos y Valdés se habrían aliado para enfrentar las directrices de la mandataria, los senadores PPD Jaime Quintana y Guido Girardi visitaron el miércoles al ministro de Hacienda. Aunque la versión oficial fue que era para darle una señal de apoyo, en la cita le recordaron que él era un militante PPD y no era un príncipe democratacristiano, por lo que su lealtad debía estar con Bachelet, es decir, hacia la izquierda.
En el PPD también buscan encauzar hacia su redil al ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, quien si bien es un economista muy cercano a Valdés y se le identifica con ideas liberales y de responsabilidad fiscal, también tiene gran cercanía e influencia con Bachelet, con quien lo une una amistad histórica. De hecho, Eyzaguirre ha podido permear el hermético círculo del Segundo Piso que integra el director de Políticas Públicas, Pedro Güell, y la jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, quienes han propiciado que la mandataria retome su identidad con un discurso social.
La estrategia del equipo de asesores más estrecho es que la presidenta mantenga el discurso de que se va a cumplir con el programa, pero a la vez explique las dificultades que ha tenido para sacarlo adelante, apuntando las responsabilidades a factores externos. Así, junto con informar a la ciudadanía del escenario económico internacional adverso, como el estancamiento de China y la baja en el precio del cobre, también comenzará a instalar las críticas contra quienes considera que han torpedeado y bloqueado sistemáticamente sus reformas porque defienden intereses. Por ejemplo, el miércoles, durante su visita a El Salvador, sobre la gradualidad en la reforma a la educación superior, dijo que “el proceso político de este cambio estructural no ha sido fácil. Muchas de las transformaciones que propusimos al país requieren modificaciones legales y un amplio diálogo con actores sociales y políticos. Muchas veces no es fácil superar los bloqueos y los avatares de la contingencia”.
Con una desaprobación que bordea el 70% según las encuestas, para Bachelet es importante recuperar la confianza de la ciudadanía y no le gusta ser acusada de no cumplir con los compromisos de su campaña. Por ello, al menos en sus discursos, retomó el camino inicial de reformas estructurales. El “sin renuncia” se volvió un pilar que no quiere dejar caer a manos del “realismo”. Todas sus fichas están en que una vez instaurada el 2016 la gratuidad en la educación para 50% de los universitarios, así como el término del copago en los colegios, las familias más vulnerables del país comiencen a percibir, al fin, en sus bolsillos los beneficios concretos de las reformas, y renazca el cariño perdido hacia la mandataria.
