Es un secreto a voces que financiaron irregularmente a decenas de políticos. Sin embargo, el grupo Angelini decidió guardar silencio respecto a quiénes fueron los favorecidos. Hasta ahora se sabe que Empresas Copec, la matriz, y una de sus más importantes filiales, Celulosa Arauco, entregaron $208 millones a Asesorías y Negocios, empresa de Giorgio Martelli, sindicado como el recaudador de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet. Lo que, hasta ahora, no se sabe es que otros dos ex candidatos presidenciales habrían recibido dineros por servicios que nunca se prestaron al grupo Angelini, uno de los conglomerados económicos más grandes de Chile, con inversiones en el rubro forestal, pesquero y combustibles: Andrés Velasco y Marco Enríquez-Ominami, dos personajes que hoy aparecen con mayor intensidad en el radar de la Fiscalía.

Eso, al menos, es lo que registran los libros de compra y las rectificaciones que el grupo Angelini realizó, en abril pasado, ante el SII, respecto a Copec y Celulosa Arauco. Esa información se mantuvo en total reserva en el servicio, aún cuando la Fiscalía la requirió en julio pasado. Hace algunas semanas llegó el dossier con la rectificación, donde el propio servicio señalaba que adjuntaban diversos documentos, incluido un pendrive con los libros de compras de ambas firmas del grupo liderado por Roberto Angelini. Lo curioso es que el SII sólo envió ese dispositivo el viernes pasado, después de un nuevo requerimiento de la Fiscalía: es a través de los libros de compra que se pueden detectar los “dineros sospechosos” y que estarían ligados a políticos, aun cuando a diferencia de SQM, el grupo Angelini no especificó a qué persona natural o sociedad entregó los dineros. Pero es la puerta de entrada para que la Fiscalía tenga opción real de pedir la formalización de los imputados en tribunales por distintos delitos.

Al interior del servicio afirman que se trata de cerca de $1.500 millones entre boletas y facturas por servicios que nunca se prestaron y que fueron integradas a la contabilidad de Copec y Arauco, entre 2012 y 2014, y que estarían vinculadas a financiamiento irregular de la política. Por esa razón, el grupo Angelini desembolsó $ 850 millones, considerando las multas, reajustes e intereses. Entre ellas se encuentra la factura exenta número 69 que, el 10 de abril de 2012, emitió Cristián Warner Comunicaciones, la empresa del periodista Cristián Warner, amigo y ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami, los últimos cuatro años, a Celulosa Arauco por $ 30 millones.

En la mira de la Fiscalía ya están los dineros que Cristóbal Aninat y Cristián Warner, ex asesores de Andrés Velasco y Marco  Enríquez-Ominami , recibieron de Celulosa Arauco y EmpresasCopec en 2012.

Hasta ahora, Warner sólo había sido vinculado a los aportes que recibió de SQM Salar, por un total de $ 362 millones en tres años. Consultado por los dineros que recibió del grupo Angelini, el periodista señaló que prefiere no referirse al tema, porque son materias privadas entre él y la empresa. Por estos días, deberá declarar ante el Ministerio Público.

En todo caso, esta nueva pista es esencial para la Fiscalía, que recién el viernes pasado recibió una información requerida hace varios meses y que es clave para respaldar la tesis de que esos trabajos nunca se prestaron y que, por el contrario, terminaron favoreciendo irregularmente la campaña de MEO: los respaldos de todos los correos electrónicos de SQM, que ya están siendo analizados por analistas de la Fiscalía.

Respecto a la vinculación de aportes ilegales a su campaña, el ex candidato del PRO ha sido enfático en señalar que es Warner el que tiene que dar explicaciones y que su partido “no ha recibido financiamiento ilegal por parte de ninguna empresa. Ni antes, ni durante, ni después de las campañas electorales a las que nos hemos enfrentado”.

La otra trama que moviliza a la Fiscalía son los dineros que podrían haber ingresado a las arcas de la precandidatura de Andrés Velasco: el libro de compras de Empresas Copec registra pagos a Cristóbal Aninat, uno de los creadores de la Fundación Tierra Firme, precursora de Fuerza Pública, y que abrió sus puertas en marzo de 2012. Él, además, fue jefe político de su comando, hasta que fue reemplazado por Juan José Santa Cruz en febrero de 2013: recibió de Copec $16.500.000, el 20 de julio de 2012. Fue la boleta número 1 por asesorías económicas de su sociedad Cristóbal Aninat y Cía Consultores.

La sociedad Harold’s & Johns Business & Law, firma ligada a Harold Correa y Alex Matute Johns, ambos cercanos al ex ministro Rodrigo Peñailillo, recibió dineros de Empresas Copec: $ 32 millones en marzo de 2013, divididos en dos tandas.

Obtenido este nuevo antecedente, la Fiscalía ya analiza citar a Aninat a declarar por delitos tributarios, pues estima que los servicios no se habrían realizado y serían recursos dirigidos a la campaña presidencial de Andrés Velasco. Es el nuevo flanco que enfrenta el ex candidato presidencial, quien ya fue indagado por el Ministerio Público por los $ 20 millones que recibió por una charla-almuerzo que ofreció a los controladores de Penta, y que se realizó 10 días antes de las primarias, sobre materias “importantes” para el grupo.

Consultado Cristóbal Aninat guardó silencio frente al tema.

ENTRE HARBOE Y ZALAQUETT

Paralelamente a los pagos que realizó Celulosa Arauco y Copec, la Fiscalía investiga el financiamiento ilegal que realizó otra de las empresas de los Angelini: Corpesca, firma que tiene al centro de la polémica al senador Jaime Orpis, quien habría recibido entre 2010 y 1013, un pago mensual de $ 2 millones por parte de la pesquera. De ahí que se investiguen no sólo delitos tributarios, también cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos.

Respecto a Corpesca, la Fiscalía ya desenmaraña otra hebra: los dineros que recibió Raúl Arrieta, abogado y ex colaborador del senador PPD Felipe Harboe, quien ya fue llamado a declarar ante el SII y también en la Fiscalía, pero ha guardado silencio. Hoy las cosas parecen bastante más complicadas: ya no sólo se investigan los $ 12 millones que la pesquera entregó a Asesorías e Inversiones Arrieta Limitada. El nuevo antecedente que alertó a la Fiscalía es que el profesional, además, recibió dineros de Empresas Copec: según el libro de compras de 2013, la empresa de combustibles le entregó a la firma de Arrieta otros $ 20 millones, el 7 de marzo de ese año. Si bien éste no aparece en la nómina de asesores que detalla el Congreso en su página web, en el registro del 3 de julio de 2012 de la comisión de Economía de la Cámara, el abogado es mencionado como asesor del parlamentario.

Pero hay más: la sociedad Harold’s & Johns Business & Law, la empresa ligada a Harold Correa (PPD) —brazo derecho del ex ministro Rodrigo Peñailillo, y quien fue jefe de gabinete de Nicolás Eyzaguirre, mientras estaba a cargo de Educación— y de Alex Matute Johns, también amigo del ex titular de Interior, vuelve a estar en una encrucijada: a los $ 90 millones que recibió por parte de Empresas Cruz del Sur, cuando la firma era de propiedad de los Angelini, ahora se suma un nuevo ingrediente: el monto era bastante más abultado, pues además recibió dineros de Empresas Copec. El 6 de marzo de 2013, el grupo desembolsó $ 16 millones para la firma de Correa y Matute. Y 19 días después, el 25 de marzo, recibió de la misma firma otros $ 16 millones. Se sospecha que esos dineros habrían sido utilizados para que el equipo de profesionales, liderados por el ex ministro Peñailillo, pavimentara el lanzamiento de la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

Pero más que por razones políticas, la Fiscalía indaga de lleno esta arista, porque aquí podrían configurarse no sólo delitos tributarios, sino que también eventuales infracciones al Artículo 470, número 8, del Código Penal: el delito de obtención de devoluciones improcedentes, con penas similares a la estafa.

El martes pasado declaró ante la Fiscalía Alex Matute, quien a sugerencia de su abogado, Marcelo Torres —el mismo que defiende a Claudio Eguiluz por supuestos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas— decidió guardar silencio. Para el jueves recién pasado estaba contemplada la declaración ante el Ministerio Público de otro de los implicados: Harold Correa.

El libro de Empresas Copec abre otra ventana: apunta que Asesorías e Inversiones La Manada, de propiedad de Pablo Zalaquett y sus hijos, también habría sido favorecida por el grupo Angelini. Hasta ahora, la sociedad había sido incluida en la querella presentada por el SII por financiamiento ilegal vinculado a SQM, y que tiene en el foco del conflicto a otra sociedad ligada al ex alcalde: Reactor SPA que figura con tres facturas por $ 7,5 millones; y los dineros que recibió por medio de Asesorías Cristina Zúñiga, que emitió cinco facturas por un total de $ 17,5 millones, que también fueron a parar a la campaña senatorial de Zalaquett, quien reconoció que recibió aportes irregulares desde SQM, por medio de boletas por servicios no prestados. Pero los dardos que intentará despejar la Fiscalía es por qué La Manada recibió, el 7 de enero de 2013, $ 12 millones del grupo Angelini, tema al que el ex alcalde declinó referirse.