La tarde del martes, mientras se discutía el proyecto que aumenta el subsidio estatal al sistema del transporte público de pasajeros, la sala del Senado se encontraba con menos de un tercio de sus integrantes sentados en sus puestos. La votación debió ser postergada, y a la salida, el senador Andrés Allamand (RN) comentó que si el comportamiento de algunos senadores oficialistas continuaba así, le propinarían un duro golpe al gobierno al no aprobar nuevos recursos para el Transantiago.

El ambiente del Senado es tenso. Los senadores ya no transitan por los pasillos como antes y a la hora de enfrentar a la prensa lo hacen con cierta desconfianza. Pasan tiempo encerrados en sus oficinas y, exceptuando los momentos de votación, sus escaños están vacíos la mayor parte del tiempo. Si no están parados conversando con otros senadores, se reúnen en una sala contigua a la sala de la Cámara Alta —que se ha convertido en una especie de confesionario— o vuelven a sus oficinas, a sus bancadas.
Ocho integrantes están siendo directa e indirectamente investigados, la mayoría de ellos por financiamiento ilegal de la política.

Por ello, asesores parlamentarios, periodistas, secretarias y quienes han trabajado durante las últimas décadas en el Senado, coinciden en que la Cámara Alta vive hoy su momento más complejo desde su apertura en 1990, tras la recuperación de la democracia.

“El ambiente está tóxico, hay mucho nervio, la tensión está en el aire, hay una energía muy negativa, hay una nube negra encima y cuando ves que hay tantos senadores, casi un tercio del Senado que está tocado por estos temas, es complejo”, dice la senadora Lily Pérez.

“El ambiente está tóxico, hay mucho nervio, la tensión está en el aire, hay una energía muy negativa, hay una nube negra encima y cuando ves que hay tantos senadores, casi un tercio del Senado que está tocado por estos temas, es complejo”, afirma la senadora Lily Pérez (Amplitud), quien advierte que no existe una “voluntad política” por parte de sus pares para acelerar la aprobación de los proyectos propuestos por la Comisión Engel.

En esta línea, el domingo pasado, en Tolerancia Cero, el diputado Pepe Auth (PPD) hizo un enérgico llamado a los partidos a no presentar a una relección a ningún parlamentario que hoy esté siendo investigado por la justicia. “Quiero emplazar a todos los partidos a hacer un gesto radical y anunciar que no llevarán a la reelección a ningún dirigente o representante popular que sea sancionado, aun cuando la sanción legal no signifique inhabilidad legal. Yo creo que ese es el punto cero”, dijo Auth, quien durante esa semana intentó buscar respaldo a su propuesta entre sus pares.

“Sabemos que estamos en un momento difícil y lo dijimos desde un comienzo: para recuperar la confianza de la ciudadanía hay que tomar medidas radicales, que duelan y vamos a aprobar los proyectos de ley en materia de probidad y transparencia, entre ellas ya aprobamos la sanción mayor que es la pérdida del cargo”, señaló a su turno, el presidente del Senado, Patricio Walker.

Pero, más allá de las salidas a una crisis que parece anquilosarse en el sistema, en el Senado se vive un complejo dilema: en paralelo al avance decidido de las investigaciones, los senadores deben ser el árbitro final de una decisión clave para el futuro de las mismas: la ratificación del sucesor del fiscal nacional Sabas Chahuán. Es decir, deben consagrar con su voto a quien va a tomar las decisiones finales de sus casos ante tribunales. ¿Votarán los ocho senadores bajo lupa? ¿Se inhabilitarán? ¿Se abstendrán?... es una historia con final abierto.

 

Bomba de tiempo

“Esta es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento”, señala una asesora parlamentaria, quien comenta que hasta ahora, salvo las denuncias en la comisión de Ética, no ha habido la decisión de discutir y enfrentar el tema en su conjunto.

Hasta hace algunas semanas la tensión inicial activada por los casos Penta y SQM se había descomprimido aparentemente. Quizá el momento de mayor crisis que vivieron los parlamentarios fue la aplastante censura que 30 senadores votaron a favor para quitarle el cargo de vicepresidente del Senado a Alejandro Navarro, presidente del MAS. El episodio fue clave para generar entre los senadores un espíritu corporativo y de defensa mutua: reaccionaron airados a la acusación de Navarro, quien reveló un supuesto listado de parlamentarios a los que emplazó a reconocer que habían recibido aportes de Corpesca mientras se tramitaba la Ley de Pesca.

En paralelo, La Moneda concentraba los flashes. Tras el dramático cambio de gabinete de la presidenta Bachelet y el estreno de un nuevo comité político, el gobierno retomaba por momentos la agenda, mientras el mensaje del nuevo ministro de Hacienda de que “la política estaba contaminando a la economía” hizo entrar en razón a los dirigentes.

El gobierno y parlamentarios se volcaron a los temas políticos: se retomó la discusión sobre el sello reformista del gobierno, la necesidad de reactivar la economía, e incluso la agenda valórica con la despenalización del aborto y el consumo de marihuana volvieron a la primera línea.

Pero la Fiscalía continuaba su labor en silencio, mientras el tiempo de Sabas Chahuán al frente de la indagatoria y la institución avanzaba en cuenta regresiva hacia el fin de su mandato en noviembre. Se había instalado entre los senadores la sensación de que las investigaciones por financiamiento a la política no escalarían y que el Ministerio Público se enfocaría en los casos ya conocidos.

Hasta que la semana pasada un escrito de Chahuán reavivó los peores temores: el fiscal nacional pedía al Octavo Juzgado de Garantía levantar la reserva de los aportes de campaña recibidos por 32 personas que aparecían en un listado enviado por Fulvio Rossi al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Chahuán incluía en el documento un correo electrónico del senador a este último.

La señal era evidente: la investigación por financiamiento ilegal de campañas continúa su curso y no se detiene. El final está lejos de llegar.

 

Golpe al oficialismo

Rossi ha pasado las últimas dos semanas encerrado en su departamento de Vitacura. Ha recibido un par de visitas de amigos y compañeros de ruta en el socialismo. Lo más complejo, cuentan en su entorno, no sólo ha sido enfrentar los cuestionamientos mientras se recupera de una intervención por cáncer de tiroides, sino pasar los días junto a su pareja, Sylvia Eyzaguirre, ex asesora del Ministerio de Educación e investigadora del CEP, quien lleva unos avanzados ocho meses de embarazo. A este trance personal, se suma que su situación política es descrita por sus pares en el Congreso como de “pérdida total” en el partido y en su región.

El lunes, la comisión política del PS dedicó gran parte de su tiempo a discutir sobre la situación de Rossi, quien hasta hace poco era una de las figuras emblemáticas de la colectividad, perteneciente a la Renovación, una de las tendencias clave dentro del PS, y en la última elección aliado inesperado de Camilo Escalona. Este último hizo una férrea defensa del senador en la instancia y pidió no hacer juicios antes de tiempo, pues se trata de anomalías que las reformas al financiamiento de la política de 2003 no supieron subsanar, argumentó.

Pero para los dirigentes socialistas, el golpe a la credibilidad del senador también era un golpe a uno de los principales activos del partido. La imagen de un senador socialista solicitando financiamiento a la empresa del yerno de Pinochet fue un cuadro difícil de asimilar para la militancia y la comisión política optó por respaldar la línea de la jefa del PS, Isabel Allende.

Pero lo que más resienten en el PS es que el senador haya negado sistemáticamente, tanto en público como en privado, que recibía aportes de SQM, versión que entregó a la directiva cuando se supo que la Fiscalía perseguía una serie de pagos de la minera no metálica a sus ex asesores Mariela Molina y Lorenzo Madariaga, así como a su ex concuñada María Martínez.

Fulvio Rossi ha transmitido que si bien las consecuencias políticas y electorales podrían asomarse como irreversibles, dará la pelea hasta el final.

Rossi ha transmitido que si bien las consecuencias políticas y electorales podrían asomarse como irreversibles, dará la pelea hasta el final: su defensa solicitará en las próximas semanas que la Fiscalía pida el levantamiento del secreto de las cuentas bancarias de cada uno de los supuestos beneficiados por los dineros de SQM que él gestionó con Contesse, para desvirtuar eventuales imputaciones por apropiación indebida, tal como han deslizado varios de los supuestos beneficiados.

La bomba que activó el fiscal nacional ha sido la que más daño colateral ha generado en el oficialismo: aunque Rossi venía transitando en un declive de su influencia partidaria, las esquirlas se incrustaron en el corazón del partido de la presidenta Bachelet, abriendo un incierto cuadro futuro.

Otro que ha sido golpeado por los pasos de Chahuán en el Senado es el senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, quien tuvo que hacer frente a la investigación a sus hijos Jorge y Sebastián, quienes a través de su consultora Ventus prestaron asesorías a SQM, levantando las sospechas sobre un posible financiamiento irregular de campaña. La indagatoria fue un duro golpe para Pizarro en su estreno como presidente DC, a fines de marzo, pues tuvo que enfrentar una enconada revuelta interna de quienes pedían su dimisión, incluso antes de asumir. Pero el avance de las pesquisas y las explicaciones de sus hijos, que intentaron demostrar que las asesorías se realizaron de manera verbal y que no hubo desvíos, tranquilizaron las aguas en el partido. Pese a ello, Jorge Pizarro Cristi optó por renunciar a su cargo de vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE).

El senador DC, en tanto, se agazapó y soportó el temporal y con el paso de las semanas fue afirmando su posición de liderazgo en el partido. Hoy su gestión es reconocida transversalmente, pues ha logrado establecer una coordinación y comunicación interna muy fluida entre dirigentes. Todos los lunes a la ocho de la mañana, religiosamente, Pizarro se junta con los miembros de la mesa a discutir la semana política y semana por medio convoca al consejo nacional del partido.

Esta interacción le ha servido para manifestar rápidamente la opinión DC cuando el rumbo del gobierno no ha sido regular. Como cuando una entrevista a la presidenta Bachelet dejó en incómoda posición al ministro del Interior, Jorge Burgos, quien fue cercado rápidamente por el partido, en lo que incluso fue conocido como el “ejercicio de enlace DC”.

Pero la preocupación oficialista también se ha instalado a propósito de casos de investigaciones más allá de Penta y SQM, como la situación del senador PPD Eugenio Tuma, que también ha encendido las alarmas del oficialismo. Investigado y querellado por el CDE por uso irregular de asignaciones parlamentarias, las que habría utilizado para financiar la elaboración de propaganda de Ana Llao, dirigente mapuche que se postulaba a consejera de la Conadi en 2011, entre otros usos. Tuma ha hecho valer el reciente pronunciamiento de la comisión de Ética del Senado en su caso para defender su inocencia. La instancia no encontró reproches en su accionar, mientras el Ministerio Público aún no se pronuncia sobre una eventual formalización en su contra. “Si mi situación fuera un caso aislado el informe de la comisión del Ética del Senado, tendría un valor público al demostrar mi inocencia. Pero yo soy parte de la política, el sistema político completo está en cuestión. Cuando se extraen nombres de la política para investigarlos, cuestionarlos, entonces estoy en ese mismo grupo de personas nominadas negativamente”, explica el senador por La Araucanía.

Otro factor que explica la preocupación oficialista es la posibilidad de que Eugenio Tuma enfrente un eventual desafuero que lo margine de las votaciones, obligando a bajar los quórums de la Cámara Alta.

Otro factor que explica la preocupación oficialista es la posibilidad de que Tuma enfrente, como ocurre actualmente con el senador Carlos Bianchi, un eventual desafuero que lo margine de las votaciones, obligando a bajar los quórums de la Cámara Alta con la consecutiva pérdida de un voto oficialista.
La tormenta inacabable de la UDI

Cuando la UDI intentaba salir del embate inicial del Ministerio Público con las formalizaciones por delitos tributarios del senador Iván Moreira, el ex alcalde Pablo Zalaquett y el líder histórico del partido, Jovino Novoa, entre otros, la situación de otro de sus senadores convirtió el vendaval en una tormenta perfecta e inacabable.

Para todos, sin duda, el caso más grave y que remeció con fuerza al partido fue el de Jaime Orpis —quien debutó como diputado en 1990 junto a Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma—, quien es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por presunto cohecho, por haber recibido pagos constantes desde Corpesca, entre 2010 y mayo de 2013, lo que sumaría un monto total de $ 230 millones.

Golpeado por el caso, el 4 de agosto pasado, el senador –quien fumaba más de 30 cigarrillos diarios— sufrió un infarto, lo cual lo mantiene con licencia médica hasta el 4 de octubre.

Sus cercanos señalan que ha bajado más de 10 kilos, que se encuentra muy afectado por la operación y por las acusaciones que lo podrían llevar a la cárcel. Por ello, ya anunció que no se repostulará por la Primera Región en 2017 y que dejará la política.

Su compañero de bancada, Iván Moreira, decidió dejar su caso en manos la oficina Albagli, Zaliasnik & Cía. Abogados y concentrarse en su trabajo en las comisiones de Medio Ambiente y Agricultura. El ex diputado no tiene inasistencias y todos los jueves viaja a Puerto Montt, donde se instaló a vivir. Fue el primero en hacer un reconocimiento público de que había utilizado boletas y facturas para cubrir gastos de campaña, lo que le trajo serios problemas al interior de la UDI, cuya dirigencia tomaba el camino contrario: negar el uso de un mecanismo irregular para financiar las campañas del partido.

“No estoy hablando con los periodistas, no estoy hablando con los periodistas, no estoy hablando de nada”, repite la tarde del martes mientras camina por los pasillos del Senado, la senadora Ena von Baer, quien declaró por una serie de correos electrónicos que se asomaron en la investigación del caso Penta, donde solicitaba a uno de los dueños del holding, Carlos Alberto Délano, recursos para cubrir una deuda a propósito de sus campañas en Santiago y Valdivia.

Sus cercanos comentan que la ven afectada, que su vinculación al caso la golpeó pese a estar fuera del rango de las imputaciones de la Fiscalía, y que incluso evita asistir a actos públicos en Valdivia, donde se fue a vivir. En algunas actividades la han insultado y hostigado. Los ánimos tampoco son los mejores para su compañera de bancada, Jacqueline van Rysselberghe, quien pese a estar fuera de los casos de financiamiento de la política, se encuentra querellada por fraude al Fisco por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por uso indebido de recursos municipales cuando era alcaldesa de Concepción. Aunque distinto, el caso ha afectado su labor parlamentaria. “No es la misma Jacquie de antes, se ve nerviosa, preocupada, no se ve disfrutando su trabajo en el Senado”, comentó un compañero de bancada.

 

El invierno se acerca

“Si Chahuán consigue enviarnos a un candidato suyo, hay un grupo grande de senadores que lo va a rechazar”, comenta un senador oficialista. Aunque nadie lo reconoce abiertamente, la molestia con el fiscal nacional es transversal entre los senadores. Las filtraciones de sus investigaciones y las medidas intrusivas utilizadas en varios de los casos han atizados los ánimos. Sobre todo considerando que hasta la Cámara Alta ha llegado el mensaje desde la Fiscalía Nacional que Chahuán buscará darle continuidad a su mandato.

El proceso que se avecina es especialmente complejo pues el Senado se encuentra en pie de guerra. Esta semana, en otro orden de cosas, los senadores dieron una señal de fuerza transversal luego que bancadas de oposición y oficialismo rechazaran abiertamente el nombre propuesto por la presidenta Bachelet para contralor de la República. El abogado Enrique Rajevic fue perdiendo fuerza por diferentes motivos, entre otros, por la incapacidad del ministro del Interior, Jorge Burgos, de abrir diálogo y consensuar previamente con los parlamentarios, según la crítica de los propios senadores. Desde La Moneda, en tanto, culpan al escenario de crisis que vive el Congreso: fuentes de gobierno señalan que el análisis es que con un Senado “amañado” por investigaciones judiciales es difícil articular acuerdos y consensos.
El escenario se pone aún más gris si se confirma el peor de los temores de los parlamentarios: que se profundice, por ejemplo, en la indagatoria por financiamiento de campañas por parte del grupo Angelini,que rectificó ante el SII cerca de $1.500 millones entre boletas y facturas cuyos servicios nunca se prestaron, de las empresas Copec yArauco.

Los movimientos del fiscal nacional podrían aumentar los senadores y diputados bajo sospecha.