Por Paula Comandari Septiembre 25, 2015

Marco Enriquez Ominami acude a votarLa Fiscalía lo guardaba bajo siete llaves. Es el correo electrónico más antiguo que manejan entre Cristián Warner, jefe de campaña de Marco Enríquez- Ominami en sus dos aventuras presidenciales; y Katherine Bischof, secretaria de Patricio Contesse, gerente general de Soquimich (SQM) por más de 30 años.

A este se suman otros dos intercambios que existieron entre ambos personeros en 2011 y 2012. Pero el correo que Qué Pasa revela a continuación es el primero en el que se hace referencia explícita al "proyecto de ME-O", generando un vínculo más directo entre Enríquez-Ominami y aportes de dinero de SQM.

"Estimada Katherine, junto con saludarla (...) me permito molestarla para saber si ha tenido alguna referencia al tema que le planteaba hace unos días atrás, referido al proyecto de Marco Enríquez Ominami. Disculpe la insistencia y le agradezco de antemano la disponibilidad”. Atte, Cristián Warner.

El e-mail fue enviado por Warner el 27 de diciembre de 2010 –un año después de su primera elección y mientras se estaba rearmado para su segunda campaña– con el asunto “saludos” y es crucial para el Ministerio Público, porque marcaría el inicio de la relación de la minera no metálica con el ex candidato presidencial: sería entonces que la compañía se comprometió a pagar $ 4 millones mensuales, monto que con el tiempo se aumentó a $ 14 millones, y que suman en total $ 362 millones entre 2011 y 2013, a través de las 34 boletas que emitió Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL a SQM Salar, por lo cual el SII se querelló contra Warner el martes pasado.

Los correos

“Estimada Katherine, junto con saludarla y desearle muchas felicidades en este año que termina, me permito molestarla para saber si ha tenido alguna referencia al tema que le planteaba hace unos días atrás, referido al proyecto de Marco Enríquez Ominami. Disculpe la insistencia y le agradezco de antemano la disponibilidad”. Atte, Cristián Warner.

A lo que la secretaria de Contesse respondió, dos semanas después, el 10 de enero de 2011:

“Estimado don Cristián: una consulta –cuándo era el monto del aporte comprometido por don Patricio? (él se encuentra de viaje)”, slds, Kathi Bischof.

La mención al "proyecto de ME-O" es crucial para la Fiscalía, porque les permitiría demostrar que Enríquez-Ominami es el facilitador: la boleta no tendría sentido sin la existencia de ME-O, dicen al interior del Ministerio Público. Pero la querella del SII del lunes pasado restringe el actuar de la Fiscalía: detalla que ésta sólo podrá investigar a quienes contra nominativamente el servicio se querelló, y no da el pase para que la Fiscalía investigue a los facilitadores, quienes son finalmente los que habrían recibido los recursos. Entre ellos, se encontraría ME-O. Esto viene a demostrar que la querella del servicio puso un muro de protección a los políticos involucrados en el financiamiento ilegal de la política.

La Fiscalía ya estaría analizando la formalización de Marco Enríquez-Ominami, sobre todo amparados en las leyes adecuatorias dictadas en 2002.

Pero la tesis con que se movería el Ministerio Público –para estos casos– es la que se plasmó en la sentencia de la Corte Suprema del lunes pasado, la cual ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones, que permite que el Ministerio Público investigue a Claudio Eguiluz, ex vicepresidente de RN, aun cuando el Servicio no se haya querellado contra él. De hecho, la Fiscalía ya estaría analizando la formalización de Enríquez-Ominami, sobre todo amparados en las leyes adecuatorias dictadas en 2002 –para ajustarse al proceso penal nuevo– respecto de las cuales, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció en el sentido que el SII sólo puede hacer una investigación preliminar, y es el Ministerio Público el ente que está cargo de las investigaciones penales.

Sin restricciones sobre a quién específicamente investigar, cuando se haya denunciado el hecho: en este caso, la emisión de boletas o facturas falsas. De hecho, al interior de la Fiscalía aseguran que la querella del Servicio sería inconstitucional, y que amparados en el TC no habría impedimento para ir tras de ME-O.

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