Tras la marcha de los camiones que enfrentó al ministro del Interior, Jorge Burgos, y al subsecretario, Mahmud Aleuy, ambos tomaron una decisión drástica y hasta ahora desconocida: crearon una unidad especializada en la resolución de conflictos sociales. Para aplacar las controversias, optaron por fusionar sus equipos de asesores de crisis. La nueva “Unidad de Análisis Estratégico” quedó a cargo del ex secretario nacional de la DC Víctor Maldonado, y la integran Camila Benado (PS) y Cristián Torres (DC).

En el seno de ese equipo apareció rápidamente un diagnóstico: más allá de los estallidos externos, como la protesta de los camioneros, había un problema que se ramificaba en el interior del aparato estatal.

En contraposición al discurso de austeridad de la administración bacheletista, marcado por la desaceleración económica y el freno de mano autoimpuesto al tranco reformista —y a las señales de ajuste como el anuncio de congelar el sueldo de las autoridades—, el gobierno se había visto obligado a soltar la billetera fiscal para desactivar conflictos incubados en las propias reparticiones públicas.

¿Las consecuencias? El cierre de varias tratativas con resultados favorables a los demandantes terminó por despertar el apetito en el sector público.

El caso que superó todos los límites esta semana fue el cierre de la negociación en el BancoEstado, donde el pago de un bono por término de conflicto de $ 6,3 millones para sus 9.300 trabajadores tuvo como consecuencia la salida del presidente de la entidad estatal, Guillermo Larraín.

El paro de 24 horas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), justo en la previa del fin de semana largo de Fiestas Patrias, encendió las alarmas. El diagnóstico aclaraba aún más en un año de triunfo para varios servicios públicos que encontraron un espacio de viabilidad a sus petitorios y la solución a demandas que arrastraban por años. Fueron dos casos los que abrieron la puerta.

En un par de meses el gobierno dio luz verde a exigencias como las del Colegio Médico, quienes consiguieron un aumento de un 40% en las remuneraciones de los especialistas de la red de salud pública. Posteriormente, en los días previos al “18”, el Ministerio de Justicia cerró otra histórica negociación en que acogió prácticamente el 100% del petitorio de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Según fuentes de gobierno, la política de La Moneda es que si el eventual conflicto aparece en un matinal, es hora de desactivarlo de inmediato.

Los funcionarios públicos comenzaron a pasarse la voz: estaban frente a un gobierno dispuesto al diálogo, pero también debilitado por una seguidilla de escándalos y descoordinaciones que lo llevaban inevitablemente a recurrir a la billetera para evitar nuevos focos de incendio. La figura del ministro de Hacienda de los gobiernos concertacionistas, donde era una voz fuerte que se negaba a entregar recursos, y el resto de los ministros se alineaban sin apelación, no pasa de ser más que un recuerdo.

“Hay un proceso de fortalecimiento y empoderamiento de los funcionarios, pero además tenemos un gobierno que ha establecido mayores puentes de diálogo, luego de la desastrosa relación del gobierno de Piñera con los funcionarios”, resume así el nuevo escenario Carlos Insunza, vicepresidente de negociación y relaciones gubernamentales de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Este resurgimiento de las dirigencias sindicales está alentado además por militantes de los partidos oficialistas, en su mayoría, adherentes a las corrientes del PC, el PS y a la izquierda de la Nueva Mayoría, escenario atizado también por el fortalecimiento del rol de los sindicatos comprometidos en la reforma laboral, cuya tramitación entrará en tierra derecha en las próximas semanas en el Senado.

Pero sin duda el caso que superó todos los límites esta semana fue el cierre de la negociación en el BancoEstado, donde el pago de un bono por término de conflicto de $ 6,3 millones para sus 9.300 trabajadores tuvo como consecuencia la salida del presidente de la entidad estatal, Guillermo Larraín, quien habría desoído la circular 17 del 27 de junio de 2014 del Ministerio de Hacienda que fijaba los marcos de negociación y limitaba los montos máximos permitidos para las negociaciones en empresas del Estado.

El ministro de la cartera, Rodrigo Valdés, quien hasta antes de asumir dirigía precisamente el banco estatal, entregó una señal potente tras la salida forzosa de Larraín. ¿Cuánto más se puede abrir la billetera? Valdés fue claro: no hay más recursos en un contexto en que después de varios años el país echará mano al endeudamiento y donde apenas alcanza el presupuesto para enfrentar los recientes desastres naturales. La propia ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien lidera la reforma laboral, ha hecho llamados a la prudencia tras las últimas movilizaciones de los empleados públicos.

¿El problema? Las presiones de los servicios públicos se tratan en su mayoría de negociaciones de hecho, que se realizan al margen del proceso formal establecido por ley, que es el que durante el mes de noviembre se inicia todos los años entre el gobierno y la ANEF con el reajuste del sector público. Esta es la antesala de la batalla mayor.

Con la presión alta

¿Cuánto más se puede abrir la billetera? El ministro Valdés fue claro: no hay más recursos en un contexto en que después de varios años el país echará mano al endeudamiento y donde apenas alcanza el presupuesto para enfrentar los recientes desastres naturales.

Fue la propia presidenta Bachelet quien dio la orden: el tema de los médicos debía ser solucionado, era su prioridad. La instrucción llegó clara a los ministerios de Interior, Salud y Hacienda, y el 31 de julio de 2015 el gobierno firmó un protocolo de acuerdo con el Colegio Médico para entregar $ 55 mil millones anuales a repartir entre 15 mil médicos del sistema público. Era un triunfo mayor para los facultativos, se habían cumplido la mayoría de sus demandas, y en la práctica significaba un aumento de sueldo para los profesionales de hasta un 50%, según horas de trabajo.

“Fue muy positivo, logramos avanzar dialogando y sin necesidad de ningún paro, a lo que yo siempre me opuse, pese a que me criticaron por eso”, relata el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris. Dice que la clave, tras varios meses de negociaciones, fue que las peticiones del gremio calzaban con el programa de gobierno en cuanto a la necesidad de evitar la fuga de los profesionales al sector privado y enfrentar el problema de escasez de especialistas en los hospitales públicos.

Como contraparte tuvo a un viejo conocido: el doctor José Concha (PPD), de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, lideró la mesa de negociaciones desde el Ministerio de Salud. Apenas meses antes, Concha formaba parte del Colegio Médico como presidente del departamento de política de salud y estudios, y hasta el día de hoy figura como miembro de dicho departamento, aunque no cumple ningún rol en la entidad gremial, aclara Paris. Concha, además, tiene otras redes de peso, ya que es pareja de la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, y un hombre reconocido como cercano a la mandataria.

El millonario acuerdo trajo coletazos de inmediato. Los colegios de Cirujanos Dentistas y Químicos Farmacéuticos acusaron discriminación por parte del Minsal por no ser invitados a la mesa que lideró Concha y ser excluidos de los beneficios, pese a que son regulados por la misma ley que los médicos: la 19.664 sobre profesionales de la salud. Acto seguido, la Administración Central de Funcionarios de la Salud, que agrupa a ocho gremios, advirtió con movilizaciones, y con la sola amenaza consiguió firmar, el pasado 10 de septiembre, un protocolo de acuerdo con el Minsal equivalente a $ 10 mil millones para asignaciones y bonos. Y aunque el acuerdo con los médicos era generoso, eso no ha evitado que se levanten demandar particulares entre profesionales de hospitales como El Carmen de Maipú, El Salvador y el de La Florida, donde hubo amenazas de renuncias masivas de especialistas.

Según fuentes de Hacienda, el trato con los médicos va a repercutir también en la próxima discusión presupuestaria, ya que se deberá redestinar recursos de la construcción de hospitales que estaban comprometidos.

Negociaciones imposibles

“Lo más urgente es lo de la DGAC, pero esa demanda es imposible”, reconoce uno de los negociadores del gobierno. El lunes se inició la mesa de trabajo entre el Ministerio de Defensa y los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y aunque en La Moneda estiman que la petición de los trabajadores de cambiar su sistema previsional y pasar a una caja de previsión como la de las Fuerzas Armadas está fuera de toda realidad, el paro de 24 horas que realizaron el 15 de septiembre los funcionarios del aeropuerto generó tales estragos en los vuelos que obligó al Ejecutivo a sentarse para buscar un acuerdo. Lo más probable es que la salida vaya por otro tipo de compensaciones y beneficios, pero lo cierto es que en este caso el gobierno también debió abrir la billetera.

Es un triunfo enorme para el sindicato que encabeza José Pérez. Desde hace siete años venían levantando la demanda sin ser escuchados. El 2008 hubo una mesa de negociación que culminó con el compromiso del entonces titular de Defensa, Francisco Vidal, de redactar un anteproyecto de ley. Pero cuando el texto fue redactado, llegó al escritorio del ministro de Hacienda de la época, Andrés Velasco, quien entonces gozaba de poder total en el gobierno y no tuvo ningún reparo en archivarlo en un cajón. En el gobierno de Piñera el tema era asunto muerto y recién con el nuevo gobierno de Bachelet, Jorge Burgos al mando de Defensa aceptó dar inicio a una nueva mesa de trabajo y enviar los antecedentes al ex ministro de Hacienda Alberto Arenas.

En Hacienda critican que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, presionó prácticamente como si fuera la jefa del sindicato del Sename. Para Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios, “la ministra Blanco fue un siete. Súper comprometida con nosotros”.

Tras el paro se inició la ronda final de negociación en que participa un representante de Interior (Cristián Torres) y de Hacienda (Rodrigo Lavandero), lo que para los trabajadores, ya abiertos a la fórmula de bonos reparatorios, es una señal positiva. “El representante de Hacienda viene mandatado por el ministro Valdés y por el director de Presupuestos, Sergio Granados, y aunque señaló que había que ser muy acuciosos en revisar bien las cifras, para nosotros es una luz de que no va a haber un ‘no’ ideológico sobre la mesa. Este gobierno dialoga”, afirma el dirigente José Pérez, quien es militante PS y uno de los vicepresidentes de la ANEF.

Un triunfo mayor fue el logrado este mes por los trabajadores del Servicio Nacional de Menores, Sename. Los funcionarios no disimulaban su alegría y sorpresa, luego de que tras hacer presión mediante un paro nacional, que amenazaba con extenderse, el gobierno accediera a concederles la totalidad del petitorio. Así lo refleja la página web de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, donde se señala: “Somos capaces de alcanzar imposibles, cuando nadie creía factible alcanzar más que bonos o pequeños incrementos salariales. Cuando iniciamos este proceso, les dijimos que como es lógico, en toda negociación los trabajadores también tienen que ceder. Sin embargo hoy, con orgullo, podemos decirles que donde la propuesta pedía aumentar 4 o 2 grados, se consiguió exactamente eso, venciendo incluso lo que la experiencia nos decía. Podemos decir ¡Victoria!”.

Las demandas se iniciaron hace un año, debido a los retrasos que enfrenta la prometida reforma al servicio; los nuevos programas para la infancia que aumentaban la carga laboral de los empleados; y sobre todo el ingreso de nuevas autoridades y mandos durante la administración Bachelet con sueldos sobre el promedio, generando la molestia de los funcionarios históricos. Aunque en un principio pedían beneficios en torno  a los $ 11 mil millones, el gobierno primero aceptó darles $ 2 mil millones, argumentando los ajustes económicos debido al bajo precio del cobre. Tras el gallito el aporte subió a $8.200 millones.

Aunque en el gobierno señalan que se cedió para responder a un servicio que estaba siempre rezagado, desde Hacienda critican que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, presionó prácticamente como si fuera la jefa del sindicato. Para Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios, “la ministra Blanco fue un siete. Súper comprometida con nosotros. Hay que hacer un reconocimiento al ministerio, ella tuvo que movilizarse para obtener los recursos”.

¿Cerrar la billetera?

Pero la billetera tiene límites. En el gobierno dicen que esta vez no se cederá tan fácilmente a casos, por ejemplo, como el del Registro Civil, que ya tuvieron largos paros durante el gobierno de Piñera y también el año pasado y ahora nuevamente están negociando para arreglar puntos del último protocolo de acuerdo. La situación también se ve compleja en el caso de Aduanas; el Ejecutivo logró desactivar ya una movilización el año pasado creando una mesa de diálogo, pero están lejos de llegar a acuerdo. Las tratativas cierran el 30 de septiembre, pero para el gobierno dicho servicio ya fue atendido y no está entre las prioridades.

La bomba de tiempo son, sin duda, los servicios que pasarán a ser ministerios. Como es el caso de Cultura —donde están los organizados funcionarios de la Dibam— la Conadi, ad portas del anunciado Ministerio Indígena, y el Sernam. En estos casos, los funcionarios presionan por una mejora en sus condiciones dado sus nuevos roles y exigen el encasillamiento de los cargos para enfrentar el aumento de la planta de funcionarios.

La disminución del crecimiento económico no debe ser un costo que paguen los trabajadores, señala la ANEF. Sin embargo, en La Moneda advierten que las negociaciones separadas con los diversos organismos públicos, eventualmente afectarán el reajuste de los empleados fiscales.

Suma y sigue, el gobierno ya debió compensar a las manipuladoras de alimentos de la Junaeb, a los Jardines infantiles tercerizados, y está latente la amenaza del Instituto Médico Legal. Y, por supuesto, Codelco. La principal empresa del Estado está en un constante tira y afloja por los empleados subcontratistas que exigen respuestas a la minera.

Y, como todos los años, a partir de octubre y noviembre se viene la madre de todas las batallas: la negociación con la ANEF por el reajuste a todos los funcionarios públicos. El presidente de la entidad, Raúl de la Puente, ya advirtió que en medio del discurso de ajustes económicos se prevé “una negociación muy difícil”. Ya que, a su juicio, la disminución del crecimiento económico no debe ser un costo que paguen los trabajadores. Sin embargo, en Interior señalan que las concesiones que han debido hacer este año a funcionarios de los diversos organismos públicos, eventualmente terminarán afectando los recursos para aumentar los ingresos de los empleados fiscales.

Por estos días, el ministro de Hacienda está afinando los últimos detalles del Presupuesto 2016 y las presiones de las asociaciones de funcionarios, el lobby de los ministros sectoriales por los empleados de sus carteras y la estrategia que finalmente adopte La Moneda para hacer frente a este problema, son parte del difícil puzle financiero.