La presidenta del PS, Isabel Allende, llegó el lunes al comité político de La Moneda con una idea que transformó en una cruzada. La senadora hizo ver a sus pares y al gobierno la necesidad, a su juicio, de explorar un acuerdo transversal para que todos los senadores involucrados directa o indirectamente en investigaciones judiciales sobre financiamiento de campañas políticas hicieran un gesto de “prudencia” y se inhabilitaran de votar por el próximo fiscal nacional.

La propuesta encontró tibia respuesta. A la salida del encuentro, Allende insistió públicamente en sus argumentos y emplazó al senador de su partido Fulvio Rossi, a acoger el llamado a inhabilitarse, debido a la compleja situación que enfrenta en el caso SQM.

“Es mi opinión personal”, replicó más tarde la jefa del PS, cuya ofensiva, entre otros factores, terminó convenciendo al senador por Iquique —el miércoles a través de un comunicado informó su decisión de inhabilitarse—, lo que incluso arrastró al senador UDI Iván Moreira a decir que pese a participar del proceso, optaría por abstenerse, para evitar suspicacias dado que se encuentra formalizado en el caso Penta.

Más allá del éxito de la cruzada de Allende, en el PS precisan que se trata más bien de una arremetida personal que de una posición partidaria.

Este ejemplo revela que los intentos de mostrar un camino de salida a la crisis de legitimidad son más personales que colectivos.

Cuando las encuestas siguen situando a los partidos entre las instituciones más devaluadas en su imagen pública, las colectividades no sólo son golpeadas por investigaciones judiciales, sino también por la ausencia de liderazgos, cuando son los mismos partidos quienes deben definir en el Parlamento las reglas del juego de un nuevo sistema político que supere la crisis de confianza.

“El éxito de la agenda de probidad dependerá de los liderazgos, pero también del interés y presión de la sociedad civil”, dice Eduardo Engel (ver entrevista), lanzando una advertencia.

Procesión interna

La pequeña crisis instalada por el caso Rajevic, cuya votación terminó siendo postergada gracias a un resquicio legal, hizo visible el desorden que se vive en la DC. Esa mañana el ex diputado Gutenberg Martínez ya señalaba en una radio que era necesario cambiar la estrategia y que el contralor debería ser una figura de oposición, para garantizar transparencia.

Las discusiones en diversos frentes se producen justo cuando al interior de los partidos, transversalmente, se viven días de convulsión y desorden. Sin distinción, en el oficialismo y en la oposición, la crisis política ha golpeado a sus dirigencias.

Mientras la presidenta del PS esta semana vio coronado como éxito la decisión de Rossi de inhabilitarse en el proceso de elección del contralor, no fue capaz de alinear al senador de su partido Alfonso de Urresti, quien se negó a dar su voto a favor de Enrique Rajevic, propuesto por Bachelet. Tampoco lo consiguió el vocero de gobierno, también socialista, Marcelo Díaz, amigo personal y de la misma corriente partidaria del senador en rebeldía, quien pedía un llamado directo de la presidenta, lo que, por cierto, nunca ocurrió.

Así la gestión de Allende se ha visto tensionada entre su apuesta personal por instalar un liderazgo fuerte con eventuales proyecciones presidenciales y la necesidad de mantener a raya a figuras como Camilo Escalona o el propio Osvaldo Andrade. Este último ha protagonizado sendas polémicas desde la comisión de Constitución en la ley de partidos políticos y luego de hacer fracasar —con su voto en contra— la extensión del plazo para el funcionamiento de la comisión investigadora del caso Caval.

La pequeña crisis instalada por el caso Rajevic, cuya votación terminó siendo postergada gracias a un resquicio legal, también hizo visible el desorden que se vive en la DC. Esa mañana, el ex diputado e influyente figura DC Gutenberg Martínez señalaba en una radio que era necesario cambiar la estrategia y que el contralor debería ser una figura de oposición.

La señal de Martínez fue confusa para una colectividad que enfrentó días complejos luego de que su presidente, Jorge Pizarro, optara por viajar junto a su familia al Mundial de Rugby, mientras su región se sacudía de las consecuencias del terremoto. La decisión de Pizarro de no regresar reavivó las críticas internas a su gestión que lo habían debilitado en sus primeros días al frente de la DC, debido a la vinculación de la empresa Ventus, de propiedad de sus hijos, con aportes de SQM.

A su situación personal, Pizarro suma en sus espaldas la gestión de un ministro del Interior que se ha visto debilitado por el caso Rajevic, y por la conocida poca sintonía que tiene con Bachelet.

En el PPD se vive otro mundo. Mientras el presidente Jaime Quintana intenta mantener el rumbo, el senador Guido Girardi ejerce cada día más influencia en las sombras. “Yo voy a escoger al candidato presidencial del PPD”, ha comentado a sus cercanos. Él es partidario de apoyar a ME-O y se opone al apoyo a Lagos, pese a que un amplio sector del partido quiere proclamarlo.

En la oposición no hay escenarios muy distintos. A mediados del año pasado, el diputado Cristián Monckeberg asumió la presidencia de Renovación Nacional tras un acuerdo entre los principales líderes del partido —Andrés Allamand, Manuel José Ossandón, Alberto Espina, Carlos Larraín, entre otros—. Esto le ha valido tener poco margen de acción para moverse tanto en temas polémicos como valóricos o de derechos humanos.

Al ser tironeado por varios sectores del partido, Monckeberg no ha podido construir un liderazgo interno como el que tuvieron anteriormente otros presidentes de partido como Sebastián Piñera y el propio Larraín.

Además, ha tenido que moverse con mucha cautela para no inclinarse a favor o en contra de los candidatos presidenciales del partido.

Algo parecido le ha pasado a Hernán Larraín en la UDI, quien en abril pasado asumió la presidencia tras una tensa jornada protagonizada por un grupo de alcaldes disidentes luego que Jovino Novoa lograra imponer a uno de sus hombres —Guillermo Ramírez— en la secretaría general. Esto le ha impedido mantener absoluto control del partido, lo cual se ha reflejado en la irrupción de la candidatura presidencial del diputado José Antonio Kast y en la reciente rebelión de alcaldes liderada por Francisco de la Maza. El nuevo referente Alcaldes por Chile, que agrupa a ediles de la UDI y RN, justamente busca contrapesar el poder de los jefes de sus partidos de cara a las elecciones municipales del próximo año y también de las presidenciales, donde no descartan levantar una opción propia.

Bolsillo de payaso

—Senador, esto es de la Comisión Engel. Hágase la idea.
—Ministro, igual me parece un exceso. Por más que lo haya propuesto la Comisión Engel. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha propuesto la comisión, pero regular en qué gastan los partidos sus recursos, me parece un exceso.
— ¿No estaremos siendo demasiado taxativos?

El diálogo se produjo el miércoles en la noche en el seno de la comisión especial del Senado encargada de conocer los proyectos relativos a probidad y transparencia. El ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre; el senador independiente Alejandro Guillier y el PPD Ricardo Lagos Weber, respectivamente, son los personajes de un diálogo que marcó la sesión de ese día. El gobierno y los senadores habían entrado a la “cocina” de uno de los temas más sensibles dentro del proyecto que regulará el financiamiento público de los partidos: las normas que permitirán controlar en qué va a gastar cada colectividad los recursos estatales recibidos. Entre las 260 indicaciones presentadas al proyecto, el Ejecutivo apuntaba en varias a hacer más estricta la regulación del gasto, lo que provocó la incomodidad evidente de los senadores. De hecho, la indicación que generó más debate fue aquella que establecía la obligación de destinar al menos el 40% del total de aportes recibidos a actividades generativas de bienes públicos, como la formación de militantes, formación cívica de ciudadanos o preparación de candidatos, entre otras, una de las propuestas de la comisión anticorrupción. Así, la ley dejaba un margen de un 60% que podría ser destinado al funcionamiento del partido, ya que, además el proyecto obligará a entregar el 10% a la formación de mujeres, gracias a la ley de cuotas.

Los senadores de oficialismo y oposición se opusieron a limitar las decisiones de los partidos en el gasto de los recursos públicos que recibirán en el próximo período.

“Si a un partido se le ocurre ‘sabe qué más, a mis militantes les voy a comprar uniforme’, aquí no está el ítem para poder homologarlos a todos y que salgan corriendo con sus globos blancos, no está ese tema. Entramos en un detalle muy exhaustivo”, puntualizó Lagos Weber.

Incluso los senadores se negaron a que el ítem de gastos destinados a bienes públicos sea regulado por un instructivo del propio Servicio Electoral (Servel).

“Entiendo las reacciones, pero si se detienen a mirar en qué consisten estos ítems, hay un gran bolsillo de payaso, que es el gasto de funcionamiento del partido donde ustedes pueden hacer virtualmente cualquier cosa”, replicó Eyzaguirre.

Pero este no es el único aspecto en que las propuestas del propio gobierno han pasado el colador del Congreso. Y es que si bien el Senado está volcado al proyecto sobre el financiamiento, la Cámara ha avanzado en paralelo en su Comisión de Constitución en todo lo relativo a la ley de partidos, levantando más de una polvareda.

Hace unas semanas, los diputados de la comisión aprobaron elevar la exigencia de 0,25% del electorado que votó en la última elección de diputados en cada una de las regiones para poder constituir un partido político, a 0,50%, indicación presentada por los diputados Osvaldo Andrade (PS), Cristián Monckeberg (RN), y los DC Aldo Cornejo y René Saffirio.
La medida desató la furia de independientes y partidos en formación pues la exigencia del 0,25% formaba parte del compromiso suscrito por el gobierno y precisamente dichos sectores para terminar con el sistema binominal.

“Los estatutos de cada partido determinarán el sistema electoral y los procedimientos para la elección de sus autoridades”, dice la última indicación ingresada por La Moneda, siendo estos estatutos los que serán sometidos a escrutinio, aunque no neces ariamente universal.

“Es un comportamiento de cartel. Me parecería una inmoralidad que una vez derogado el binominal y establecido un sistema proporcional, repongamos aquello que permitió derogarlo”, dice el diputado Pepe Auth, quien anunció que intentará reponer la barrera de entrada comprometida a los independientes.

Otros dos temas que son clave en la discusión de la ley de partidos son las exigencias de reinscripción completa de la militancia y la obligación de establecer mecanismos de democracia interna para elegir a sus autoridades, ambas propuestas venidas de la Comisión Engel.

Si bien el proyecto del Ejecutivo exige la reinscripción en al menos tres regiones contiguas de un número de militantes equivalente al 0,25% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados, cifra que no podrá ser inferior a 500 personas, establece, además, el plazo de un año para cumplir con dicho requisito, lo que es considerado insuficiente.

Respecto de la democracia interna, el gobierno flexibilizó su idea original de que las elecciones se realizaran mediante el sistema “un militante un voto”, pues en las últimas indicaciones presentadas al proyecto, La Moneda decidió entregarles a los partidos la prerrogativa de elegir el sistema más adecuado.

“Los estatutos de cada partido determinarán el sistema electoral y los procedimientos para la elección de sus autoridades”, dice la última indicación ingresada por La Moneda, siendo estos estatutos los que serán sometidos a escrutinio, aunque no neces ariamente universal.

Antes de eso, el Congreso avanzó en el fortalecimiento del Servel, precisamente para administrar, fiscalizar y sancionar este nuevo orden en materia de financiamiento político. Si bien la Comisión Engel había propuesto una especie de fiscalía especial y un fortalecimiento del consejo directivo del servicio, nada de eso fue incorporado en el trámite legislativo.

Pese al aumento de sus atribuciones fiscalizadoras, llegando incluso a tener la prerrogativa de dictar sentencias como la cesación del cargo en caso de parlamentarios que quebranten la ley de gasto electoral, tanto parlamentarios como al interior del propio servicio han evidenciado las insuficiencias de la nueva entidad. “Si nos van a dar un rol de fiscalizadores, que nos financien como tales. Se nos prometieron 115 nuevos cargos, pero Hacienda dijo no, 38 este año y 38 el próximo. Para nosotros hay austeridad, pero los partidos van a recibir millones del Estado. No es justo”, concluye Mauricio Osorio, presidente de los funcionarios del Servel.

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