Siete meses después de entregar a la presidenta Bachelet las propuestas del Consejo Anticorrupción —creado por el gobierno para regular el dinero y la política, entre otros temas—, Eduardo Engel —a través de la fundación Espacio Público— ha monitoreado el avance de los proyectos que han tenido una compleja tramitación en el Congreso.

Por ello, el economista anuncia en esta entrevista que el 6 de noviembre —en conjunto con su fundación y Ciudadano Inteligente— lanzarán el Observatorio Anticorrupción, donde informarán el grado de avance de cada una de las 21 áreas que abordó la comisión. “No es una tarea fácil si se quiere hacer en serio, y eso es lo que haremos”, advierte Engel.
“Este observatorio facilitará que la sociedad civil, los líderes de opinión y los medios puedan contar con la información para hacer seguimiento, opinar y presionar sobre los temas pendientes de la agenda”, agrega.

—En mayo usted dijo estar confiado en que la agenda de probidad sería aprobada en el Congreso. A su juicio, ¿los partidos políticos han estado a la altura de la circunstancias?
—Existen diferencias importantes al interior de cada partido respecto de las reformas que buscan transparentar y mejorar su democracia interna. Eso era esperable. La buena noticia es que un número creciente de líderes partidarios y parlamentarios se está convenciendo de que estas reformas son una oportunidad única, y tal vez la última, para recuperar la confianza ciudadana y así evitar derrotas electorales en un futuro cercano.

—En mayo, tras entregar su propuesta, usted dijo que la ciudadanía debía exigir que se cumpliera la agenda de probidad. Al parecer, ello no ha sucedido...
—El éxito de la agenda de probidad dependerá de tres factores: los liderazgos desde el gobierno, los liderazgos parlamentarios y la presión e interés de la sociedad civil. Aunque el desafío sigue siendo grande, hay avances importantes. En la Segpres hay un ministro (Nicolás Eyzaguirre) convencido de la importancia de esta agenda, lo cual no era obvio con sus antecesores. Entre los parlamentarios han emergido liderazgos y apoyos importantes, entre ellos Patricio Walker, Carlos Montes, Lily Pérez, Víctor Pérez y Alejandro Guillier, en el Senado; y Pepe Auth, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic, Pedro Browne y Aldo Cornejo en la Cámara.

—La senadora Lily Pérez ha protestado por una indicación presentada por los diputados de Osvaldo Andrade (PS) y Cristián Monckeberg (RN), para que los partidos sin representación parlamentaria no reciban aportes del Estado. ¿Qué opina?
—El financiamiento público de los partidos tiene dos componentes. El primero se reparte entre todos los partidos, en proporción al número de regiones donde están constituidos. Todos los partidos, con y sin representación parlamentaria, acceden a este componente, que asciende al 20% de las platas que el Estado entregará a los partidos. El segundo componente, en cambio, se reparte de manera proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados. El problema que planteó la senadora se refiere al requisito que se agregó, mediante la indicación que usted menciona, de tener al menos un diputado electo para acceder a esta segunda componente. Nuestra propuesta no contemplaba este requisito, el cual me parece innecesario e injusto.

—¿Cómo regular para que las irregularidades del financiamiento privado de la política no se traspasen al financiamiento público?
—El principal problema que se ha destapado con los escándalos recientes de financiamiento electoral es la captura de la política por parte de intereses particulares, lo cual conlleva el riesgo de terminar legislando para quienes financian las campañas. Esto distorsiona la voluntad popular y genera, con toda justificación, una enorme desconfianza de la ciudadanía. El riesgo de captura del proceso legislativo por parte de intereses particulares no existe con el financiamiento público, porque no hay intereses privados en juego. Además, las reglas para asignar el financiamiento público son bien claras pues dependen de factores objetivos.

—Parlamentarios han advertido que se está desvaneciendo la idea de limitar las reelecciones.
—Discutimos este tema largamente y terminamos proponiendo que exista un límite a la reelección de los alcaldes, porque manejan recursos cuantiosos, no siempre con la transparencia y equipos humanos que uno desearía. Respecto de los parlamentarios, en cambio, como estos no manejan recursos y la rotación nos pareció razonable (40% no es reelegido), optamos por no proponer un límite a su reelección.

—Respecto a sus propuestas para que exista democracia interna, muchos partidos también han puesto trabas, ¿qué sabe al respecto?
—El gobierno ha ingresado indicaciones que mejoran el proyecto original, pero que en algunos temas clave son insuficientes. Por ejemplo, a propósito del tema de refichaje de afiliados, las indicaciones no aseguran que se contará con un padrón electoral confiable dentro de un plazo razonable. Tampoco resguardan debidamente los derechos de los afiliados, por ejemplo, estos no pueden recurrir a una instancia externa como el Tricel ante decisiones del Tribunal Supremo como sanciones y expulsiones.

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