Apenas terminó su exposición ante la comisión de Constitución del Senado, el director ejecutivo de la Fiscalía Nacional, Jorge Abbott, recibió una buena noticia: el presidente de la UDI, Hernán Larraín, se le acercó para comentarle que los senadores de su partido respaldarían su designación como sucesor de Sabas Chahuán, que se votaba en la sala del Senado una hora más tarde.

Abbott esbozó una sonrisa y se retiró del Congreso flanqueado por sus hijas Luz María y Magdalena, quienes lo acompañaron de regreso a Santiago, pues había pedido sólo medio día administrativo.
Eran poco más de las dos de la tarde del miércoles y el ex fiscal regional de Valparaíso sabía que el voto de los senadores de la UDI inclinaba la balanza en favor de su nominación, considerando que a esa hora en el oficialismo los senadores PPD Guido Girardi y Jaime Quintana mantenían el suspenso, mientras que los parlamentarios de RN recién se reunirían para tomar una decisión colectiva.

24 horas antes, cuando la ministra de Justicia, Javiera Blanco, también se retiraba del Congreso, lo hacía con una certeza: había conseguido los votos de los senadores de la UDI y RN para aprobar al día siguiente la designación de Abbott, pese a las dudas persistentes en el oficialismo. El dato fue reservado hasta una hora antes de la votación, cuando las bancadas de oposición notificaron formalmente a La Moneda que apoyarían la propuesta. Si bien el argumento que entregaron, entre otros, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, y el senador RN, Alberto Espina fue que la “contundente” exposición de Abbott ante la comisión de Constitución terminó por despejar todas las dudas, gran parte del convencimiento opositor es atribuido a las gestiones de la ministra de Justicia.

La secretaria de Estado fue la encargada de contener desde el fin de semana pasado la oleada de reclamos de senadores de oficialismo y oposición —a quienes telefoneó y con varios se juntó— que rechazaban la designación de de la presidenta, pues consideraban que no habían sido escuchados. A esta altura es historia conocida que los parlamentarios habían construido un consenso en torno al fiscal José Morales y, en subsidio, también había apoyos para el fiscal regional sur Raúl Guzmán.
En todas sus conversaciones, Blanco les pidió a los senadores volver a fojas cero y analizar objetivamente la nominación, destacando el perfil de fiscal serio y “prudente”. Según quienes conocieron el contenido de los diálogos, la titular de Justicia hizo recordar a los senadores la forma en que el ex fiscal regional de Valparaíso manejó las investigaciones de uso irregular de asignaciones en la Cámara de Diputados en 2009.

Jorge Abbott pronunció en el Senado varias frases que los políticos querían escuchar en un momento clave del destino que tendrán los casos sobre financiamiento de la política. Varias de sus respuestas a las inquietudes de los senadores  fueron determinantes en su ratificación.

Según este mensaje, Abbott investigó a fondo las cuentas y rendiciones de 13 diputados cuyos nombres nunca se conocieron públicamente y la indagatoria sólo se hizo pública respecto de quienes resultaron judicializados, a saber, el ex diputado RN Maximiano Errázuriz y la UDI Claudia Nogueira, quien se acogió a un acuerdo reparatorio. El bajo perfil cultivado por Abbott en esta causa era un punto a su favor, según el mensaje de Blanco, pues tampoco utilizó la indagatoria para ganar protagonismo, algo que los propios parlamentarios han reclamado respecto de las actuales investigaciones al corazón de la política.

Otro factor que pesó, según varios senadores, fue la diferencia que la ministra de Justicia marcó respecto del titular de Interior, Jorge Burgos, cuyos errores en la nominación de Enrique Rajevic para la Contraloría significaron una dolorosa derrota para el gobierno. Burgos mantuvo un bajo perfil y aunque estuvo presente durante la jornada del miércoles en el Congreso, se limitó a bromear en las horas previas a la votación. “Quedó claro que no soy bueno para los conteos”, dijo a los periodistas.
El respaldo del Senado para Abbott fue unánime: 32 votos y las abstenciones de Iván Moreira (UDI) y Jorge Pizarro (DC).

LA SEDUCCIÓN

Fue forma y fondo. El miércoles, Abott entró con seguridad a la comisión de Constitución. No sólo su estilo relajado y su tono de caballero inglés dejaron huella; sino porque también pronunció varias frases que los senadores querían escuchar en un momento clave del destino que tendrán los casos de financiamiento irregular de la política. Sus respuestas a las inquietudes planteadas por los senadores fueron determinantes para su ratificación.

Porque Abbott envió las señales precisas. Por ejemplo, cuando habló de la responsabilidad social de los fiscales. “Creo haberlo demostrado (…) tuve investigaciones importantes en esta región, que no provocaron ningún efecto en otra área que no fuera la estrictamente penal”. O al señalar que “la gran deuda que tiene el sistema procesal hoy en día es la valoración de la presunción de inocencia, porque basta que una persona sea citada a declarar en una causa para que el sistema entienda que prácticamente está involucrada en un hecho de carácter delictivo y se le atribuyen responsabilidades que no corresponde”.

Pero la señal más potente para los parlamentarios fue la respuesta que le dio al senador Larraín, cuando este consultó sobre los criterios para avanzar en investigaciones sobre delitos tributarios que no tienen querellas previas del Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Si no hay querella, si no hay denuncia, no es posible y no es viable ninguna acción penal por parte del Ministerio Público. No es posible que avance ninguna investigación”, dijo Abbott marcando diferencias con su antecesor, quien impulsó formalizaciones de imputados en el caso SQM sin tener acciones del SII. El caso más evidente fue el del ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, quien pese a no ser querellado fue imputado por delitos tributarios.

Otras definiciones que convencieron a los senadores fue su rechazo absoluto a las filtraciones de las investigaciones, una de las mayores preocupaciones de la clase política. “El tema de las filtraciones es grave, hay una norma clarísima”, dijo Abbott, marcando terreno.
Todas estas señales fueron determinantes, en el sentido que los senadores entendieron que Abbott había tomado distancia del estilo más confrontacional que ha mantenido Chahuán y algunos fiscales de los casos de mayor connotación, como Carlos Gajardo, quien abrió los fuegos con el caso Penta. De hecho, los parlamentarios destacaron la disposición del nuevo fiscal nacional a no cerrarse a priori a salidas alternativas en los procesos judiciales, algo que los días previos a la elección ya había deslizado Chahuán respecto de algunos políticos implicados en Penta.

¿GERENTE O FISCAL?

El pasado viernes 16, en el Club de Oficiales de la FACh, la Fiscalía Nacional organizó una cena para celebrar sus 15 años con todos sus funcionarios. Como un gesto especial, Chahuán invitó a todos los fiscales que son parte del equipo que investiga Penta y SQM. De ellos, sin embargo, sólo asistieron dos: Pablo Norambuena y Carlos Gajardo.

Al interior de la Fiscalía ya presumen que, por su estilo, el nuevo fiscal nacional priorizará la gestión del Ministerio Público por sobre el perfil de investigador que cultivó Chahuán hacia el final de su mandato.

La cena ocurrió sólo cinco días antes de que el Senado ratificara a Abbott y cuando la presidenta Bachelet ya había propuesto su nombre. Y aunque esa noche hubo cautela entre los asistentes de apoyarlo públicamente, a muchos llamó la atención la cercanía entre Gajardo y Abbott. Tanto, que al llegar —retrasado en dos horas— lo sentaron a su lado.

Esa cercanía entre ambos contrasta con la percepción con la que se quedaron varios de los senadores que lo respaldaron con su voto. Esto, porque creyeron que en sus palabras, durante su exposición, se refería indirectamente al estilo de Gajardo cuando dijo: “Quiero hacer una definición: la prudencia de los fiscales. Algunas decisiones generan efectos y afectan la presunción de inocencia”.
Un dato clave es que hoy Gajardo está en plena campaña para ser elegido fiscal jefe de la zona metropolitana oriente, en reemplazo de Alberto Ayala. Según el procedimiento, la Corte de Apelaciones de Santiago debe elegir una terna y de esta el fiscal nacional escoge y designa a su candidato. Llenar este cupo, y el de la Fiscalía Metropolitana Occidente que también quedará vacante, será uno de los últimos nombramientos que hará Chahuán antes de dejar el Ministerio Público y, lo más probable, es que tomará la decisión en conjunto con su sucesor.

Pero no es el único cruce entre el nuevo fiscal nacional y Gajardo. Luego que Abbott anunciara que se inhabilitará para investigar el caso Penta (es primo del ex canciller Alfredo Moreno, quien preside el holding Penta), quedó en suspenso en qué manos quedará la causa. Entre los escenarios que se manejan es que ésta vuelva donde se inició: la fiscalía metropolitana Oriente, la misma a la que pertenece Gajardo y de la que quiere ser jefe.

En tanto, la vacante de la Fiscalía Metropolitana Occidente es codiciada también por otro fiscal de los casos políticos: Emiliano Arias, quien dirige la causa SQM.
Las decisiones que tomen Abbott y Chahuán en esta línea marcarán el destino de las causas políticas, porque al interior de la fiscalía ya presumen que, por su estilo, el nuevo fiscal nacional priorizará la gestión del Ministerio Público por sobre el perfil de investigador que cultivó Chahuán hacia el final de su mandato.
En este escenario la redistribución de causas sería inevitable: Abbott podría involucrar a fiscales de su confianza, como el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, o Manuel Guerra, fiscal regional de Tarapacá.

De todas maneras, el nuevo fiscal nacional deberá lidiar con la mochila de decisiones que le deje Chahuán en los últimos 40 días al frente de la institución: en el caso Corpesca se espera un avance respecto de la situación judicial de varios senadores y el cierre de acuerdos y posibles salidas alternativas en Penta y SQM.

Sin embargo, el trabajo “más pesado” se le vendrá cuando tenga que mostrar mejores cifras que su antecesor en uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía: la delincuencia. En este punto, Abbott se comprometió con los senadores A sacar a relucir toda su experiencia de gestión para bajar la cantidad de archivos provisionales derivados de las causas con imputados desconocidos, cuya tasa supera el 90%.
Para Abbott el protagonismo alcanzado por la Fiscalía gracias a los casos de financiamiento de la política, ya no será tema. Lo urgente será conseguir esta meta y revertir el apenas 11% que tiene el Ministerio Público en credibilidad, y subir la nota roja que ha sacado en el combate a la delincuencia, donde tiene un 3,3.