Una pregunta comenzó a rondar durante todo el fin de semana en los círculos políticos y judiciales nacionales, que varios intentaron responder ayer lunes en las oficinas y patios de La Moneda, en los pasillos del Congreso, en los bufetes de abogados, al interior de Ministerio Público, e incluso en los pasillos de la propia Corte Suprema.
¿Qué significado tiene la votación de los ministros del máximo tribunal para escoger la quina de candidatos a fiscal nacional?, ¿hay un mensaje escondido detrás de los resultados conocidos el viernes?
A todas luces, la mayor sorpresa fue no sólo la inclusión entre los cinco más votados del fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo -quien hasta hace un mes investigaba a los negocios de la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compagnon- sino el hecho de que 11 de los 17 ministros decidiera entregarle su voto situándolo como una de las primeras opciones junto al fiscal regional sur, Raúl Guzmán.
Más abajo aparecieron el académico de la UDP y único candidato "externo" a la institución, Juan Enrique Vargas, sindicado como el favorito del ministro del Interior, Jorge Burgos; y cerraron empatados en siete votos el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la fiscalía centro norte, José Morales, y el director ejecutivo de la fiscalía nacional y brazo derecho de Sabas Chahuán, Jorge Abbott.
En la semana previa a la presentación de los 11 postulantes oficializados por la Suprema, circulaban mensajes de lado y lado entre candidatos y jueces, pero también entre La Moneda y el máximo tribunal. Para nadie es un misterio que el gobierno hizo ver informalmente que incluir a Toledo en la quina parecía inconveniente y pondría en una situación incómoda a la presidenta.
Para nadie es un misterio que el gobierno hizo ver informalmente que incluir a Toledo en la quina parecía inconveniente y pondría en una situación incómoda a la presidenta.
Pero, lejos de recibir el mensaje, la Suprema expresó su opinión con claridad. Aunque todos entienden que el máximo tribunal no funciona como un órgano totalitario y que siempre se ha caracterizado por las diferencias de criterio y opinión entre sus integrantes, la forma en que votaron los “supremos” fue interpretada en diferentes ámbitos como una señal de independencia.
Un análisis rápido al perfil de los ministros que votaron por Toledo da cuenta de integrantes de una corriente más “progresista” liderada por los ministros Carlos Cerda, Milton Juica, Carlos Kunsemüller y Haroldo Brito, entre otros, pero según varios conocedores del máximo tribunal quien también arrastró votos fue el ministro Carlos Aránguiz, quien conoce a Toledo desde cuando era ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Para otros, el discurso entregado por el ex fiscal del caso Caval en su exposición del viernes sorprendió gratamente a varios ministros de la Corte, al apuntar a varios conceptos que permean entre los supremos: la idea de que las investigaciones deben ser "prudentes y silenciosas" pero también "agudas y eficaces", así como su visión de que los fiscales no deben "crear expectativas desmesuradas en investigaciones que recién comienzan. La exagerada publicidad puede afectar el debido proceso", señaló el viernes en su intervención ante el salón pleno de la Corte Suprema.
Este perfil de investigador acucioso y silencioso mostrado durante los poco más de siete meses de indagatoria al seno de la familia presidencial habrían sido clave en su alta votación.
Pero nadie deja escapar el hecho de que, inevitablemente, su inclusión en la quina le instala a la presidenta un conflicto innecesario.
LA ENCRUCIJADA DE BACHELET
El rector de la UDP y columnista Carlos Peña, lo resumió así esta mañana en radio Infinita: “En el caso del fiscal Toledo, la presidenta no tiene rigurosamente hablando un conflicto de interés. Un conflicto de interés se produce cuando una persona está puesta en la necesidad de escoger entre intereses inconciliables entre sí. No es el caso. Ella no está decidiendo la situación procesal de su hijo y su nuera. Está decidiendo al fiscal nacional. Eso no quiere decir que puede nombrar a Toledo, creo que no puede nombrar a Toledo, no debiera. Si lo hiciera se expondría inútilmente a críticas bien fundadas. Se le diría que lo que hizo con Toledo es una especie de sublimación ascendente, es decir, lo sacó del cargo para nombrarlo en un órgano superior. No tiene buenas razones para nombrarlo.”, señaló Peña.
Para otros, como el analista político y militante UDI, Gonzalo Müller, la presidenta más bien tiene una oportunidad.“Es el minuto para que la Presidenta respete la señal de la propia Corte porque sería blindarse ella misma ante cualquier cuestionamiento”, dijo el domingo en el programa Estado Nacional de TVN.
Otra visión apunta a que la situación de Toledo traslada la disputa hacia los que tienen menos ventaja en la votación de la Suprema, pues, tanto la presidenta como el Senado optaría por hacer valer sus atribuciones más allá de las recomendaciones del máximo tribunal.
Así, podría repetirse lo ocurrido cuando la propia presidenta Bachelet escogió durante su primer gobierno a Sabas Chahuán, quien no figuraba como favorito y además tenía cinco votos menos que el entonces más votado Juan Enrique Vargas, quien entonces marcó 11 preferencias.
Hoy Vargas aparece como visión externa con más posibilidades pues sería del gusto del ministro del Interior, pero, sería precisamente este factor su principal punto en contra: Burgos ha enfrentado serias dificultades en la articulación de un acuerdo para aprobar el nombre del abogado Enrique Rajevic para contralor e, incluso, un eventual rechazo hoy de su propuesta podría dejarlo en una compleja situación. Se habla que incluso ha amenazado con poner su cargo a disposición en caso de no prosperar su propuesta, escenario que se ve como el más probable ya que aún el gobierno no tiene los 22 votos necesarios.
Con todo, los nombres de Morales y Abbott asoman como caminos intermedios, aunque la cercanía de este último con la gestión de Chahuán, marcada por la tensión de los casos Penta, SQM y Corpesca, podrían jugarle en contra. La presidenta tiene diez días de corrido para decidir. El plazo está corriendo.
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