La construcción social del Estado es el principal de los Derechos Humanos, y constituye la más estratégica de las tareas históricas que le corresponde a la soberanía popular (o ciudadana). No es un derecho, por tanto, ‘delegable’ (aunque la Historia muestra que hay sido repetidamente ‘usurpado’ por los clases políticas).

La participación soberana de la ciudadanía en los procesos de construcción y/o reconstrucción del Estado garantiza la legitimidad del sistema político. La no participación, por el contrario, genera ilegitimidad, e inevitables situaciones de inestabilidad institucional. Ninguna de las constituciones que ha tenido Chile ha sido legítima: ni la de 1833, ni la de 1925, ni la de 1980. La única Constitución Política que fue elaborada y dictada por una Asamblea ciudadana libremente electa y deliberante fue la de 1828, que no duró un año, pues fue derogada por el golpe de Estado organizado por Diego Portales en 1829, mediante un ejército mercenario. Es la razón por la que la “oligarquía” aristocrática gobernó Chile durante un siglo (1833-1925) por sí misma y para sí misma, sin ciudadanos reales. Entre 1925 y 1973 la clase política civil gobernó el país transformando la soberanía ciudadana en una masa social peticionista, dueña, sólo, de un inocuo voto individual (la soberanía no es una voluntad individual, sino colectiva, y necesita, para ser colectiva, deliberar como comunidad  y tomar decisiones en tanto que comunidad).

La soberanía no radica, en consecuencia, ni en la ley escrita ni en la clase política ni en el Estado, sino, exclusiva e inherentemente, en el poder deliberante de la ciudadanía. Desde comienzos del siglo XXI la ciudadanía ha estado tomando conciencia de la soberanía que le es inherente. Es lo que explica por qué, al día de hoy – y entre otras razones –, la clase política dispone de un vergonzante 97 % de desprestigio.

Ninguna de las constituciones que ha tenido Chile ha sido legítima: ni la de 1833, ni la de 1925, ni la de 1980. La única Constitución Política que fue elaborada y dictada por una Asamblea ciudadana libremente electa y deliberante fue la de 1828, que no duró un año, pues fue derogada por el golpe de Estado organizado por Diego Portales

En el itinerario constituyente propuesto por la presidente Michelle Bachelet se da a la ciudadanía una participación guiada (paternal), meramente consultiva, mientras se deposita en el Congreso (es decir en la clase política desprestigiada) la decisión de fijar el procedimiento constituyente final, eligiendo entre cuatro alternativas, dos de las cuales conceden a los políticos el poder determinante en la redacción de la Constitución. Es un diseño que embarga – una vez más – la soberanía popular, para  mantener en la clase política, de hecho, la totalidad del “poder constituyente”. Por eso, como historiador, apoyo un proceso netamente ciudadano y soberano, que remate en una Asamblea Constituyente libremente electa. Sin políticos entremedio.