En mayo pasado nos embarcamos en el siguiente experimento: decidimos invitar a una variada gama de académicos(as) provenientes de diferentes universidades, campos disciplinarios y afinidades políticas e ideológicas a sugerir en no más de 10 páginas una solución al problema constitucional que enfrenta Chile. El resultado es un volumen—La Solución Constitucional (Catalonia, 2015)—rico en discusiones, propuestas e innovaciones institucionales y políticas. Está organizado en 18 textos que abordan distintas dimensiones del denominado “proceso constituyente”.
La estrategia, entonces, asigna un rol privilegiado al Congreso. Pero al mismo tiempo, genera un momento constituyente ciudadano que constitucionalizará las próximas dos elecciones, generando de este modo las condiciones sociales de irreversibilidad del proceso. En ese marco, entrega la definición sobre la ruta que se tomará al próximo gobierno, dejando abiertas las opciones.
No podría llegar en mejor momento. Descubrimos, en primer lugar, que entre política y academia existe una sinergia mucho mayor de la que solemos pensar, y mucho más fructífera cuando los políticos y los intelectuales se reconocen como pares, y no como iguales en la búsqueda y consecución de formas de vida buena. Pues bien, es precisamente de ese afán normativo y de lo que entendemos como un complejo puzzle sobre la principal regla (que no todos reconocen como problema) que trata este libro. Muy probablemente porque la mayoría a quienes convocamos son intelectuales públicos(as) observamos una fuerte sintonía entre las propuestas que rondan en la escena política y las que presenta este trabajo. No podría ser de otro modo: los caminos para establecer una nueva Constitución son relativamente conocidos tal como lo prueba la experiencia comparada, a lo que cabría sumar la fascinante imaginación institucional de Fishkin y sus encuestas deliberativas, las que podrían perfectamente formar parte del abanico de mecanismos para dotarnos de una nueva Constitución con la participación exclusiva de ciudadanos comunes en la redacción del texto, en una situación deliberativa. En La solución constitucional, una de las contribuciones rechaza la necesidad de establecer una nueva Constitución, las 17 restantes sugieren caminos no de reforma, sino que de franco reemplazo.
En segundo lugar, las contribuciones se sitúan en dos paradigmas, el idealismo y el realismo. Algunos de los autores optaron por cerrar los ojos e imaginar el mundo ideal de un proceso constituyente—libre de las restricciones políticas, legales e institucionales que rodean a Chile, un ejercicio tan legítimo como interesante y de larga tradición en las ciencias sociales y humanidades. El ejercicio en este caso buscaba poner atención en los principios esenciales a cautelar y en los resultados esperados de una dinámica participativa en una democracia que se pretende madura. Otros, en cambio, incursionan por alternativas que suponen analizar muy concretamente las restricciones de timing, las limitaciones institucionales, la cultura política, las herencias jurídicas y la tradición histórica de nuestro país. De ambas aproximaciones surgen propuestas a menudo muy originales, que incluyen tanto la experiencia comparada como verdaderas invenciones.
En tercer lugar, el debate sobre el mecanismo—esto es de la forma en que se concebirá una nueva Constitución—desata fuertes pasiones porque todos los actores y analistas reconocen lo crucial que allí se encuentra en juego. El mecanismo implica definir quiénes estarán sentados en la mesa. La pregunta por el método alude a la temporalidad y densidad de las discusiones que se desencadenarán. Dime qué mecanismo escoges y te diré quién eres.
¿Qué soluciones constitucionales encontramos? En la propuesta de la Presidenta Bachelet las rutas están totalmente abiertas. En este volumen se delinean cinco vías.. La primera es la solución desde el Congreso. Cualquier opción que implique que el actual o el próximo Congreso (que es lo que se desprende de una de las alternativas señaladas por la presidenta Bachelet en su discurso del día martes) sea quien defina la hoja de ruta institucional, supone varios momentos: la formación de una comisión bicameral, la reforma de la Constitución de 1980 para solicitar el juicio del pueblo, un mecanismo popular de ratificación en una fase conclusiva del proceso, etc. El riesgo de esta opción es el encapsulamiento inicial, en su fase de fabricación de la Constitución, lo que se agrava por la actual crisis de legitimidad de los congresales. Pero como todas las cosas, este mecanismo también posee una gran ventaja para fuerzas temerosas por desbordes políticos y desmadres sociales: la de un proceso que se encontraría totalmente controlado y acotado a los partidos y a la institucionalidad actual.
La segunda ruta es una Asamblea Constituyente donde se valora la participación ciudadana y el hecho que sea una instancia creada exclusivamente para elaborar la carta magna. Esta opción implica altos niveles de participación, supone lo que Ackerman entiende por un “momento constitucional” (un periodo en el que el pueblo se pone intensamente a deliberar sobre la norma común), aunque dependerá mucho del sistema electoral para elegir a los asambleístas, de las reglas del juego internas, de la duración de su mandato y de la incertidumbre que provoca en actores opuestos a este camino.
La tercera es una comisión de expertos(as) especialmente diseñada para diseñar un nuevo texto. Aquí se valora la experticia de quienes participarán en el diseño del documento, aunque su principal debilidad es la legitimidad de quienes son los escogidos para este propósito.
La cuarta ruta es el sorteo de un grupo de asambleístas donde se valora el principio de igualdad radical en la sociedad, pero que ciertamente genera resquemores, y hasta pavor en los partidos políticos que podrían verse excluidos del proceso de generación de un nuevo texto.
La quinta opción es la combinación —virtuosa o no— de alguno de los mecanismos anteriormente señalados. Algunos partidos en Chile han planteado soluciones que combinan la elección de ciudadanos, sorteo y congresales escogidos por sus pares.
La propuesta recién efectuada por la presidenta Bachelet se inscribe en una solución híbrida, donde el Congreso juega un rol fundamental. Primero, establece un momento de politización ciudadana del debate constitucional, entendiendo por “politización” la consecución del interés por el proceso constituyente mediante formas de educación cívica basadas en estrategias pedagógicas y en la imparcialidad ante el resultado. Luego, propone el envío de un proyecto de ley a este Congreso para que apruebe un mecanismo para transformar la Constitución. Ese proyecto definirá cuatro opciones: que el Congreso establezca una comisión bicameral; que se establezca una comisión mixta parlamentaria-ciudadana (no sabemos cómo serían seleccionados o elegidos los ciudadanos); que se elija a una Asamblea Constituyente o que se convoque a un plebiscito para que la ciudadanía escoja el camino que desea seguir. El proyecto requerirá 2/3 de ambas cámaras para ser aprobado. Es decir, requiere el acuerdo de la derecha para generar estas cuatro opciones.
A continuación, sugiere la propuesta, el Congreso que se establezca en 2018 deberá tomar la decisión con el voto de 3/5 de ambas cámaras sobre el mecanismo para reemplazar la Constitución.
La estrategia, entonces, asigna un rol privilegiado al Congreso. Pero al mismo tiempo, genera un momento constituyente ciudadano que constitucionalizará las próximas dos elecciones (municipal y parlamentaria), generando de este modo las condiciones sociales de irreversibilidad del proceso. En ese marco, entrega la definición sobre la ruta que se tomará al próximo gobierno, dejando abiertas las opciones. Por lo mismo, La solución constitucional adquiere particular valor pues los 24 autores que participaron en esta iniciativa evalúan las diversas rutas,, plausibles, pensables o simplemente imaginables a desencadenarse en el corto plazo: el futuro está abierto en cuanto a su resultado, aunque no totalmente respecto del método de cambio constitucional.
