“Debemos mostrar capacidad para derribar el muro de la desinformación”. Fue la frase de la presidenta Michelle Bachelet que sacó más aplausos entre los 4 mil militantes y simpatizantes de la Nueva Mayoría que repletaron el Teatro Caupolicán el pasado 4 de octubre. La crítica a los medios de comunicación y el llamado a transmitir de mejor manera las reformas del gobierno estuvo lejos de ser una idea improvisada.
La mandataria viene repitiendo desde hace meses al interior del comité político, así como en su última reunión con los presidentes de partidos, su convicción personal de que enfrenta a una prensa hostil y que hay un déficit comunicacional en La Moneda. El diagnóstico del influyente director de Políticas Públicas, Pedro Güell, ya está instalado como verdad en su Segundo Piso: que la mayoría de los problemas que arrastra el gobierno y la baja popularidad en las encuestas se deben principalmente a la incapacidad de explicar bien los beneficios de las reformas a la ciudadanía.
En el proyecto de Presupuestos 2016, el Ministerio Secretaría General de Gobierno es por lejos la partida presupuestaria que más crece porcentualmente respecto al año anterior, registrando un incremento en sus fondos de un 12,5%.
Pero ya hay un plan en acción para tomar cartas en el asunto. En el proyecto de Presupuestos 2016, pese a los recortes o ajustes que enfrentan las reparticiones gubernamentales bajo la política de austeridad, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en cambio, es por lejos la partida presupuestaria que más crece porcentualmente respecto al año anterior, registrando un incremento en sus fondos de un 12,5%. Así, la cartera que maneja el ministro Marcelo Díaz (PS) y cuya misión institucional es “facilitar la comunicación entre el gobierno y la sociedad chilena”, recibirá para el próximo año un aumento de $ 3.256 millones para completar un presupuesto total de $ 29.173 millones. En específico, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) que depende del ministerio y cuya tarea es velar por la imagen presidencial y definir las estrategias comunicacionales, tendrá un presupuesto el próximo año de $ 1.010 millones, además de $ 1.600 millones para convenios de transmisiones oficiales.
Y los recursos son para ejecutarlos. Así ya están en marcha medidas como el boletín oficialista Todos X Chile que desde agosto pasado difunde los programas sociales y anuncios del gobierno y se reparte en los servicios públicos, similar a los boletines de gobiernos anteriores. Para el proyecto de presupuesto se imprimieron 150 mil ejemplares con los detalles de las medidas que se implementarán el próximo año. También se han difundido mensajes radiales y en canales regionales donde el vocero explicaba el presupuesto a la gente. A lo que se suma las cadenas de radio y televisión, como las dos que ha realizado con pocos días de distancia Bachelet.
El pasado 4 de septiembre, según registra la plataforma de la Ley del Lobby, el ministro Díaz recibió en su despacho a los directivos de la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta, Arcatel. Los ejecutivos Lorenzo Marusic y Rodrigo Moreno lo visitaron en calidad de gestores de intereses para plantearle “las múltiples posibilidades de difusión de las políticas públicas que se podrían realizar en nuestros 23 canales de televisión regionales”, señala el documento. A fines de septiembre el ministerio abrió una inédita licitación por $ 105 millones para producir y emitir entrevistas y cápsulas informativas de 15 minutos con autoridades de gobierno y beneficiarios sociales. Según las bases, si un oferente propone difundirlos en 23 o más estaciones regionales, obtendrá el puntaje máximo en la licitación.
El concurso marca un precedente, ya que hasta la fecha el actual y los anteriores gobiernos sólo licitaban espacios de publicidad estatal en radios, en convenio con la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, pero es primera vez que se hace con televisoras. Un triunfo para Lorenzo Marusic, quien explica que venían desde hace años pidiendo que los canales sean considerados en el avisaje estatal, tal como se hace en las radios y en la prensa escrita, pero ningún gobierno los había escuchado. “Hasta que en enero tuvimos una reunión con la presidenta Bachelet y nos dijo que nos consideraría en el presupuesto de 2016. Una buena noticia dado los problemas económicos de los canales regionales”, explica, agregando que esto no perjudica la independencia o la línea editorial de los medios.
La semana pasada el director de la Secom, Germán Berger, sostuvo una reunión reservada con los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, donde, power point mediante, les expuso un completo estudio sobre cobertura de prensa e impacto mediático del discurso oficialista.
El martes, el vocero de Gobierno recibió en La Moneda al senador Alejandro Guillier y a la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, quienes le pidieron patrocinar un proyecto para regular por ley los criterios de avisaje del Estado, para distribuir los fondos “con principios de equidad e igualdad”, entregando el 50% de la publicidad a medios locales, provinciales y regionales, y fijando un tope para que ningún medio reciba más del 10% de la inversión en avisaje.
Díaz dijo que someterá a estudio dicho proyecto, que apunta a fomentar nuevos medios y evitar la concentración, y defendió las atribuciones del gobierno para aumentar la inversión en publicidad: “Hace pocas semanas un dictamen de la Contraloría General de la República ratificó que es derecho y deber de gobierno difundir sus políticas públicas y eso es lo que hemos hecho, no sólo nosotros, sino que todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia”, aseveró.
El ministro hacía referencia a un reciente pronunciamiento de Contraloría que señaló que el uso de fondos públicos en el video del gobierno para promover la reforma tributaria —el famoso vídeo de 2014 que hablaba de “los poderosos de siempre”— se ajustaba a las normas, desechando un reclamo interpuesto por diputados de la oposición. El dictamen abrió las puertas al Ejecutivo para diseñar un nuevo y masivo despliegue de avisaje. Aunque Contraloría también advierte que en los avisos se debe resguardar el contenido de los mensajes para no contravenir el ordenamiento jurídico, lo cierto es que, según señalan quienes conocen de cerca el trabajo de la Secom, los numerosos espacios radiales que compra el gobierno en provincia no son fiscalizados y en algunos casos rozan el límite con las campañas políticas. Más aún cuando las radios están vinculadas a militantes de partidos.
El team del vocero
Marcelo Díaz cuenta con un equipo reforzado para desarrollar las comunicaciones del gobierno. Al ministerio llegaron a mediados de año como miembros del equipo y asesores el ex ejecutivo de CHV, Pablo Morales; el productor de cine y TV Bruno Bettati y el ex director del área no ficción de TVN Germán Berger, quien asumió como jefe de la Secom. Los tres están a cargo de diseñar uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno: una nueva ley de financiamiento al canal estatal que reemplace a la actual Ley de TVN que data de 1992. Y así tirar un salvavidas ante la crisis económica que enfrenta la señal. Esto se sumará al proyecto de canal cultural de TVN, prometido por la mandataria. Los otros asesores premium de la Segegob son José Grossi y Sergio España, quienes elaboran las declaraciones diarias del ministro para referirse a los temas de contingencia. Además, participa el periodista Rodrigo Frey como analista de contenidos. La llegada del nuevo equipo coincide con la salida del director de estudios del Segundo Piso, Rodrigo Uribe, quien fue reemplazado por Matías Chaparro ex gerente de estudios de TVN.
Mientras que a Presidencia llegó la cineasta Tatiana Gaviola para el equipo de apoyo de las actividades en terreno de la jefa de Estado. Es decir, el nuevo mapa de poder de La Moneda en materia de comunicaciones es un Segundo Piso conformado por Ana Lya Uriarte, Pedro Güell, Chaparro y Haydée Rojas, quienes son el cerebro, y el brazo ejecutivo es Díaz y su equipo en la Segegob.
Aunque el ministro vocero al igual que el jefe del gabinete, Jorge Burgos, no son partidarios de iniciar una guerra frontal contra los medios tradicionales, saben que existe una presión fuerte de la izquierda de la Nueva Mayoría para comenzar a abrir nuevas vías de comunicación con la ciudadanía a través de medios alternativos y regionales. Una idea que cautiva al Segundo Piso. Tener un control real de la información y elaborar una verdadera política de medios es una de las deudas pendientes del bloque oficialista. La relación con los medios es un tema que preocupa. La semana pasada, Berger, el nuevo director de la Secom, sostuvo una reunión reservada con los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, donde, power point mediante, les expuso un completo estudio sobre cobertura de prensa e impacto mediático del discurso oficialista, analizando los distintos medios de comunicación. El objetivo es poder unificar los discursos del sector y tener clara la presencia y los puntos débiles en cada escenario.
Pecados originales
La comisión gubernamental de descentralización propuso incluir en la Constitución el derecho a la información, estableciendo medios privados, públicos y comunitarios. El 50% del avisaje estatal a medios locales y el 33% de las concesiones de TV digital y radios para medios sin lucro.
“La relación entre la izquierda y los medios tiene dos pecados originales”, señala el periodista y miembro del Observatorio de Medios Fucatel, Jorge Andrés Richards. El primero, dejar morir en los 90 a todos los medios que hicieron oposición al régimen militar y que al llegar la democracia perdieron el financiamiento del exterior y no existió la visión o la voluntad política para distribuir de mejor manera el avisaje estatal, señala. El segundo, que no prosperara la idea de los orígenes de la Concertación de crear un Banco de Fomentos de Medios, que otorgara créditos a proyectos para garantizar diversidad ideológica y temática de la prensa. Según Richards, la idea era promovida por el entonces ministro de la Segegob, Enrique Correa, pero finalmente primó la tesis del director de comunicaciones del gobierno de Aylwin, Eugenio Tironi, quien declaró: “No hay mejor política de comunicaciones que no tener política de comunicaciones”. A esto se suma que durante años sucesivos intentos de la centroizquierda por tener un medio masivo afín a sus ideas fracasaron comercialmente. Genaro Arriagada: "Creo más en la autorregulación y rechazo cualquier injerencia estatal" - Revista Qué Pasa
El tema fue discutido profusamente durante la última campaña de Bachelet e incluso al interior del comando se evaluó incluir en el programa un modelo similar al argentino donde se apuntaba a que convivieran medios privados, estatales y comunitarios. Pero la idea no fue incorporada en el documento final.
El PC, y el Colegio de Periodistas que lidera Javiera Olivares, militante de ese partido, han insistido en distintos foros en la necesidad de fomentar una política pública para tener mayor diversidad de medios. “Se ha entregado al mercado el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía. Tenemos un sistema extremadamente concentrado de medios, en comparación con América Latina. Existe poca diversidad editorial y el responsable de cambiar eso es el Estado. Ahora, por primera vez se habla de esto en la Nueva Mayoría”, señala. Cree que es necesario tener más medios públicos con regulación y dar a TVN financiamiento directo y estatus de canal público.
Aunque pasó desapercibido, una primera victoria lograron con el informe final de la comisión gubernamental de descentralización que encabezó Esteban Valenzuela.
El documento oficial de octubre pasado dedica un capítulo a plantear fórmulas para el fortalecimiento de los medios regionales y propone que se declare constitucionalmente el derecho a la información y comunicación, estableciendo medios privados, públicos y comunitarios, regionales y multiculturales. Las propuestas incluyen el 50% del avisaje estatal en medios locales y un 33% de las concesiones de TV digital y radios para medios sin fines de lucro. Hasta el momento el informe se encuentra a la espera de los proyectos de ley para materializar las propuestas.
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