El 27 de octubre pasado, seis días después de haber sido elegido de entre cinco postulantes propuestos por el Pleno de la Corte Suprema como candidato del gobierno a fiscal nacional y luego ratificado por el Senado, Jorge José Winston Abbott Charme (68) fue recibido en el Palacio de La Moneda por la presidenta Bachelet. Mientras caminaba hacia el despacho de la mandataria, el abogado se detuvo en la Galería de los Presidentes y aprovechó de fotografiarse con el busto de Manuel Montt, una escultura que él mismo había donado tiempo atrás al gobierno y que perteneció a su familia durante varias generaciones.

De hecho, esa misma escultura es la que mantuvo durante décadas decorando sus varias oficinas, incluso, la de fiscal regional de Valparaíso. Abbott proviene de una familia de profesionales de Viña del Mar en la que hay médicos y abogados, como Montt, quien además de mandatario llegó a ser presidente de la Corte Suprema. Considerado como el candidato improbable, pues hasta el último minuto no era el favorito del gobierno, finalmente se impuso ante cuatro fuertes competidores: los fiscales Luis Toledo, Raúl Guzmán y José Morales, además del decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas.

Es conocido el carácter de Sabas Chahuán: impulsivo, audaz y temerario y que no admite desaires, versus el estilo conservador, ceremonioso, republicano y políticamente correcto de Jorge Abbott.

Su visita a La Moneda, no obstante, se vio opacada ante la revelación de su reunión con el influyente senador PPD Guido Girardi y el abogado Ciro Colombara, representante del síndico Herman Chadwick en el caso Caval,y hoy de Marco Enríquez-Ominami en la arista SQM, la última semana de septiembre, y en la víspera de la oficialización de su postulación.

En la versión de Girardi, se trató de uno más de los encuentros que como senador sostuvo con otros candidatos a fiscal nacional. Y mientras el senador invitó a Colombara y a su asesor en terreno Eugenio González, Abbott concurrió junto a la abogada Luz María Abbott, una de sus hijas. Más tarde, el propio Abbott debió explicar a la prensa que se trató de una “reunión informativa” y que la cita fue anterior, detalló, a que el pleno elaborara la quina en la que apareció su nombre.

Este miércoles Abbott vive su primer día como Fiscal Nacional. El martes, Sabas Chahuán le entregó la piocha institucional en una ceremonia simbólica en la que dejó de ser Director Ejecutivo Nacional (DEN), un cargo que en rigor implica ser gerente del Ministerio Público y en el que fue designado por Chahuán en 2014. Lo llevó por tres razones: para no desaprovechar su larga experiencia como fiscal; para destrabar el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, que llevaba años de postergación, y para apaciguar la tensa relación que tenía con los gremios de fiscales.

Es conocido el carácter de Chahuán: impulsivo, audaz y temerario y que no admite desaires, versus el estilo conservador, ceremonioso, republicano y políticamente correcto de Abbott. Ambos se conocieron a comienzos de la implementación de la Reforma Procesal Penal: Chahuán como fiscal jefe de la zona Metropolitana Occidente y Abbott, como fiscal regional de Valparaíso hasta 2010.
Pese a que trabajaron codo a codo y que ha sido el brazo derecho del fiscal nacional durante el período 2014-2015, y que es sabido que era el candidato de Chahuán para sucederlo, Abbott intentó tomar distancia, en especial durante su exposición ante la Corte Suprema. Allí, ante el pleno reconoció que el Ministerio Público estaba en “una deuda enorme con las víctimas”.

Sin embargo, aunque Abbott sigue siendo considerado aún como un hombre de continuidad, ya ha adelantado que buscará diferenciarse e implementar, según dijo él mismo al Senado durante su presentación, un nuevo paradigma para el Ministerio Público. “Hay que pasar de investigar para terminar las causas, a investigar para esclarecer”.

Detrás de su frase está el gran tema pendiente de la Fiscalía Nacional: mejorar la performance del Ministerio Público en la investigación de causas de delitos contra la propiedad, en la que una mayoría de los casos nunca logran determinar quién es el autor del delito y logran una condena inferior al 5% .

UN INGLÉS EN EL PUERTO

“Un caballero inglés”. Así es como muchos de quienes lo conocen definen a Abbott. Como anécdota cuentan que en su imagen de perfil de WhatsApp de su teléfono tiene una fotografía ad hoc de un hombre con traje, humita, sombrero y fumando un puro: Winston Churchill.

Ser director de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso le permitió no sólo un gran protagonismo en la zona, donde era una autoridad, sino que también tender importantes lazos políticos con el Ministerio de Justicia.

Su formalidad en el trato, sin embargo, no esconde timidez. Quienes han trabajado con él aseguran que es alguien que ejerce liderazgo y hace escuchar sus posiciones. De hecho, este año tuvo varios “gallitos” y fuertes discusiones con el gremio de fiscales: nunca estuvo de acuerdo con las movilizaciones de la asociación como medida de presión al gobierno para que se despachara la ley del Fortalecimiento. Y arrugó especialmente la nariz con el lienzo que los fiscales extendieron en mayo pasado en el Centro de Justicia ironizando con la investigación del financiamiento ilegal de la política con la frase “No les pasen la factura a las víctimas”.

Como “gerente” de la Fiscalía Nacional, consideraba que la movilización no sólo afectaba la imagen del Ministerio Público, sino que tendría ningún efecto en lograr sus petitorios.

Abbott, quien estudió Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, juró como abogado en 1979, en pleno régimen de Augusto Pinochet. En 1988, luego que un diario local de la Quinta Región publicó un listado con abogados que votarían por el SÍ, pese a lo cauteloso que es con su vida privada, desmintió públicamente su apoyo al régimen y, en cambio, contó que su opción era el NO.

En ese tiempo, Abbott era subdirector general de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, cargo que tuvo entre 1988 y 1990, y que entonces abarcaba una influyente jefatura entre la V y la l región. Luego, entre 1992 y 2002, fue su director. El puesto le permitió no sólo un gran protagonismo en la zona, donde era una autoridad, sino que también tender importantes lazos políticos con el Ministerio de Justicia. Por ello, y por el empoderamiento que tuvo como DEN a diferencia de sus antecesores, Abbott Charme no era en absoluto un desconocido para muchos miembros de la clase política cuando se presentó como candidato a la Fiscalía Nacional. Pero no lo era especialmente también porque fue el primer fiscal en enfrentarse al Parlamento al indagar irregularidades en el uso de fondos públicos.

En su juventud, Abbott fue DC y luego MAPU. Hoy es catalogado como un hombre de centro, pero que tiene contactos transversales. No sólo es primo del ex canciller de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno Charme, lazo por el que ya avisó que se inhabilitaría en el caso Penta, pues Moreno es presidente de ese grupo económico. También es cercano al diputado DC Aldo Cornejo, con quien coincidió en los 80 trabajando en el Banco Hipotecario y de Fomento Nacional (BHIF).

En 2011, después de terminar su período como fiscal regional de Valparaíso, fue parte del estudio Oelckers Urrutia y Cía., donde uno de los socios principales es el ex diputado RN y ex presidente del Consejo de Transparencia, Raúl Urrutia. Allí estuvo en un período breve, luego de que lo convocaran como socio de otro de los bufetes más grandes de la V Región: Del Villar, Cereceda, Abbott & Cía. Abogados, donde trabaja su sobrino Felipe Gorigoitía Abbott y su amigo, y hoy presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, Waldo del Villar Mascardi.

Allí Abbott se dedicó al derecho comercial y corporativo. En ese periodo prefirió no actuar como querellante en causas penales a fin de no tener que enfrentarse a los fiscales de la zona, de quienes había sido su jefe por ocho años.

Pero en 2014 Abbott fue llamado por Chahuán para convertirse en DEN. Del Villar recuerda que Abbott avisó en la oficina que regresaría a Santiago. Por esos días no vislumbraba que más tarde ambicionaría ser fiscal nacional. Lo último que recuerdan en su ex estudio de abogados es que les dijo: “Nos vemos en un año y medio más”.

Pero nunca volvió.

CUENTAS POLÍTICAS

“No creo que Chile sea un país corrupto. Lo que sí creo es que hay ciertos atisbos de corrupción y también creo que hay ciertas conductas que tendemos a esconder”. En enero de 2003, Abbott llevaba sólo un par de días como fiscal regional de Valparaíso y adelantaba una visión personal sobre una realidad que inevitablemente enfrentaría durante sus ocho años siguientes.

El desvío de recursos desde los Planes de Generación de Empleo (PGE) hacia campañas políticas, donde resultaron condenados el entorno de la ex diputada PPD Laura Soto, entre ellos, su hija y su ex yerno; o la pena por cohecho impuesta a la ex alcaldesa de Quilpué, Amelia Herrera, quien después fue absuelta; además del desafuero del ex senador Nelson Ávila, por la difusión de una grabación privada del caso PGE, asomaban como sus desafíos de mayor exigencia.

Pero en los primeros meses del 2009 llegó hasta sus manos una instrucción de quien es hoy su antecesor, que resultó determinante en su carrera como fiscal.

Debía hacerse cargo de una indagatoria que fue resistida por la clase política: el mal uso por parte de los diputados de sus asignaciones parlamentarias. La hebra fue descubierta en la Fiscalía Centro Norte, donde el levantamiento del secreto sobre una cuenta bipersonal de la diputada UDI Claudia Nogueira y su marido, Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta, en el marco del caso GMA, permitió descubrir que los pagos del Congreso a dos asesores de la diputada eran devueltos por estos mismos a la mencionada cuenta.

A partir del caso de Nogueira, Abbott comenzó a observar otros comportamientos irregulares de parlamentarios en el uso de sus asignaciones, ya no sólo en la contratación de asesorías, sino también en el arriendo de sus sedes distritales y el uso de sus pasajes aéreos. El caso emblemático fue el del ex diputado RN Maximiano Errázuriz, quien optó por reconocer su responsabilidad en el arriendo fraudulento de inmuebles: aceptó un juicio abreviado en que fue declarado culpable, siendo el único diputado investigado que terminó con condena.

En su investigación en 2009, Abbott habría recibido la información de que más de la mitad de los diputados  registraban episodios similares a los de Claudia Nogueira y Maximiano Errázuriz. Con ese dato, señalan fuentes que conocieron el caso, el fiscal prefirió no avanzar más allá y terminar las causas ya judicializadas.

La investigación que encabezó Abbott resultó incómoda e invasiva para el Congreso y las dirigencias partidarias de todo el espectro político. A medida que recababa antecedentes, el fiscal aumentó su demanda de información a la Cámara de Diputados, abriendo las pesquisas hacia otros diputados. Sus oficios resultaron cada vez más inquietantes. También sus diligencias: interrogó a los tres ejecutivos que entonces se encargaban de administrar las cuentas de los 120 diputados, así como al director de finanzas de la Cámara, Orlando Catalán, y al secretario jefe de comisiones, Miguel Landeros. Abbott buscaba conocer los criterios generales de uso de las asignaciones, así como el control y validación de la forma en que los diputados gastaban dichos recursos, lo que hacía sospechar que su línea investigativa era bastante más amplia de lo que se conocía entonces.

Advertidos de la situación, las bancadas de la Cámara se pusieron en pie de guerra, con la anuencia del entonces presidente de la Corporación, Rodrigo Álvarez (UDI), y se defendieron con uñas y dientes.

El 30 de julio de ese año, la corporación respondió a los oficios de Abbott con un documento de 12 carillas firmado por Álvarez y todos los jefes de bancada de oficialismo y oposición, en el que sustentaban jurídicamente la prerrogativa del Congreso de definir el uso y control de los recursos y la “libre disposición” garantizada a cada parlamentario.

El oficio fue un duro golpe para el entonces fiscal regional, pues blindaba jurídicamente a los parlamentarios y porque además venía con un compromiso adjunto de la Cámara de fortalecer los procesos de control y fiscalización de los gastos de sus integrantes. De hecho, el documento sirvió de base para un acuerdo posterior que el propio Álvarez impulsó con su par del Senado, entonces, Jovino Novoa, que terminó con la creación de dos nuevas instituciones externas que supervisan hasta hoy al Congreso: el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, y el Comité de Auditorías Parlamentarias.

Pese a este nuevo escenario, Abbott siguió adelante, revelando una característica que varios de su entorno traen a colación a propósito de su llegada a la cabeza del Ministerio Público: pese a su prudencia, diplomacia y buen trato, es un investigador de carácter, que profundiza al máximo sus investigaciones y que puede llegar a ser muy duro en los interrogatorios. Pero sólo una vez que tiene la convicción y que ha resuelto todas sus dudas, opta por la judicialización, como sucedió con los casos de Nogueira y Errázuriz.

Quienes lo conocen lo comparan con un litigante clásico: investiga con un estándar de acusación, es decir, formaliza recién cuando tiene las pruebas suficientes como para llevar el caso a juicio y condenar. Varias veces tuvo que archivar sus causas al no contar con el sustento necesario, como ocurrió con el ex alcalde de Viña del Mar Rodrigo González, a quien investigó a fondo en el caso PGE, interrogó con dureza, pero finalmente decidió no perseverar.

“No es un fiscal temerario”, dice un ex colaborador, y agrega que es celoso del carácter republicano de las instituciones.

Por esa misma razón, habría transmitido en su minuto que si el propio Congreso señalaba que no había irregularidades y validaba el uso que los parlamentarios hacían de sus recursos para asignaciones, él no tenía nada más que hacer. Esta habría sido la razón, según sus cercanos, por la que habría optado por no seguir adelante con las indagatorias en el Congreso, pese a haber llegado al convencimiento de que se trataba de prácticas generalizadas.

Otro factor de esta investigación que revela su estilo, es que se toma tiempo para llegar a sus definiciones. De hecho, pasaron casi dos años antes de que se abriera a darle una salida alternativa a la diputada Nogueira, pese a la convicción que tenía de que no podía seguir adelante. La diputada UDI devolvió los $ 30 millones defraudados, no fue condenada y a cambio firmó durante 18 meses en la Fiscalía de Valparaíso y donó $ 5 millones a la fundación Techo para Chile.

Según quienes participaron de las conversaciones, no es fácil negociar con Abbott. Fueron muchas las reuniones entre el fiscal y la defensa de Nogueira antes de cerrar el trato, en ninguna de las cuales estuvo solo. Siempre acompañado por fiscales y abogados asesores, fueron encuentros estrictamente formales, donde ni Abbott ni sus acompañantes adelantaban información, ni daban pistas de hacia dónde van encaminados.

Otras fuentes consultadas señalan que hubo otro antecedente: a partir de varias diligencias solicitadas por el abogado Mario Zumelzu, defensor de Nogueira, quien, entre otras cosas, pidió investigar a todos los parlamentarios que mes a mes gastaban la totalidad de sus asignaciones, Abbott habría recibido la información certera de que más de la mitad de los diputados estaban en esta situación, y registraban episodios similares a los de Nogueira y Errázuriz. Con ese dato, señalan las mismas fuentes, el fiscal regional prefirió no avanzar más allá y terminar las causas ya judicializadas, teniendo siempre en mente que fue el propio Congreso el que dictó sus propias pautas de control.

En este punto marca otra diferencia con su antecesor: el apego irrestricto a las normas. Un ejemplo evidente fue que mientras Chahuán llevó adelante formalizaciones por delitos tributarios sin tener querellas o denuncias del Servicio de Impuestos Internos (SII) en los casos Penta y SQM, extremando el uso de sus prerrogativas, Abbott les dijo a los senadores, el mismo día que terminó siendo ratificado como fiscal nacional, que “si no hay querella, o no hay denuncia del SII, no es viable ninguna acción penal”.

La frase fue interpretada inmediatamente como una potente señal del estilo que viene en la Fiscalía Nacional: mesurado y sin correr grandes riesgos.