Acompañado por los ministros de Interior y la Segpres, Jorge Burgos y Nicolás Eyzaguirre, el abogado Jorge Bermúdez, acudió la tarde de este martes a una sesión programada a último minuto por la comisión de Constitución de la Cámara Alta, para recibir precisamente al postulante a contralor cuyo nombre fue oficializado e ingresado al Congreso este martes por el gobierno.

Después de dos meses de silencio tras el rechazo del Senado a la propuesta de Enrique Rajevic, el gobierno formalizó su nueva arremetida prácticamente con la certeza de que será aprobado: el nuevo postulante concitó el apoyo transversal de las bancadas, que fueron informadas y consultadas con antelación por La Moneda, a diferencia de lo ocurrido con Rajevic.

Bermúdez llegó con el ánimo de intercambiar impresiones sobre sus definiciones y el sello que buscaría imprimirle al órgano, que lleva 8 meses de vacancia.

La presentación del abogado nuevamente hizo recordar el caso Rajevic: a diferencia de éste último, a Bermúdez no se le formularon preguntas sobre su pasado académico, ni menos respecto de haber desempeñado funciones en el gobierno de Sebastián Piñera, y en particular en el Ministerio de Defensa. Es más, varios senadores alabaron sus aptitudes y competencias académicas y técnicas para el cargo.

Pese a ello, el abogado y docente de la Universidad de Valparaíso destacó en todo momento el no tener militancia ni vínculos partidarios, y aseguró que una de sus prioridades para el órgano administrativo, de resultar ratificado por los senadores, será potenciar el carácter independiente y autónomo de la Contraloría.
En su presentación expuso un detallado diagnóstico de la situación política actual, refiriéndose al escenario de crisis de confianza por financiamiento de la política, haciendo hincapié en que se debe potenciar las facultades primarias de fiscalización y la labor jurídica.

También aludió a temas de contingencia, y en especial llamó la atención que se explayara sobre el proceso constituyente. En este aspecto, planteó la duda si "en el texto constitucional, va a considerarse o no a la Contraloría como un órgano de rango constitucional, tal como existe hoy".
Los senadores de oficialismo y oposición se mostraron satisfechos con la presentación de Bermúdez y el gobierno espera que este miércoles se vote en la sala del Senado. De hecho, los comités parlamentarios comenzaron a discutir la posibilidad de ponerlo en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria.

Fiscalización y función jurídica: las prioridades clave

Bermúdez describió los valores que a su juicio deben ser los rectores del órgano. "La Contraloría debe enfocarse en las funciones de fiscalización a la administración, para hacer valer la intangibilidad de los recursos y la función jurídica, es decir, el actuar conforme a la legalidad de la administración. Lo que se traduce en la facultad de realizar auditorías, sumarios, investigaciones, exámenes de cuentas, etc., me parece que es la competencia esencial de la Contraloría. Y por ello debe tener un correlato en el organigrama de la Contraloría y en los recursos humanos y materiales que están al servicio de esa función esencial. Y me parece que es una primera decisión que se debe tomar, en función de este nuevo periodo que se va a iniciar, eventualmente", dijo ante los senadores.

Respecto de los procedimientos de auditoría, Bermúdez detalla: "frente a la auditoría, uno siempre piensa que se va a realizar a posteriori. Si uno plantease una auditoría rápida, colaborativa, que incluso se pueda insertar en el procedimiento administrativo, podría develar muchas dudas de la administración activa y contribuir a que esa toma de decisiones sea legal y eficiente. Me parece relevante que la auditoría no se considere ex post, sino que se pueda insertar colaborativamente en la fase previa de toma de decisiones".

Colaboración con otros órganos del Estado

El abogado expresó a los parlamentarios que es partidario de recuperar "la confianza y colaboración con otros poderes del Estado".

"Si históricamente la Contraloría surge como el órgano que colaboraba con el Congreso en la fiscalización de la ley de Presupuesto. Por lo tanto, me parece que si uno toma en cuenta esa idea inicial de la Contraloría, puede uno entender por qué esta colaboración es importante que sea llevada a cabo por la Contraloría. Hay ahí una atribución medio olvidada , que es de dar cuenta al Congreso de las dificultades de la aplicación de la normativa. Me parece que hay dar cuenta de esas dificultades", analizó.

Mapa de riesgo o matriz de riesgo

Respecto de la persecución y monitoreo de eventuales problemas en el uso de recursos en la administración pública, Bermúdez tiene la idea de generar mapas de riesgo para hacer más eficiente el control administrativo.
"Me parece que hay que actualizar los criterios que se han definido para señalar cuál es ese mapa de riesgo. Esos criterios deben ser flexibles y deben atender al nivel de recursos públicos que están comprometidos, al porcentaje que esos recursos públicos puedan representar en el órgano de la administración, porque a lo mejor en términos monetarios no es tan alto pero sí en porcentaje; también debe atenderse al diseño legal e institucional, y esto me parece muy relevante, sobre todo por lo que está ocurriendo últimamente. Por ejemplo: cuando se han establecido procedimientos secretos para la asignación de recursos, evidentemente ahí la Contraloría debe poner más firmemente la vista y el foco de la fiscalización", planteó.
Y añade: "La segunda es la función jurídica, que dice relación con el ejercicio del control de la legalidad".

Modernización de la Contraloría

El jurista se mostró partidario de un necesario proceso de modernización de la Contraloría. "La modernización es un proceso que está en permanente actualización, por lo que uno no puede decir que va a llegar a modernizar la Contraloría, que ya ha vivido procesos de modernización y hay que seguir trabajando en esos procesos donde falta avanzar. Por ejemplo, digitalización de los procedimientos administrativos, acceso a las bases de datos de la Contraloría, la posibilidad de consulta en línea de todo el proceso administrativo, etc".
Por lo mismo, remarcó que es esencial "profundizar el uso de los procedimientos electrónicos, así como también estar al tanto de temas como la consulta indígena".

Incentivos a la carrera funcionaria y descentralización

Uno de los puntos en el que Bermúdez aludió con insistencia es en priorizar las posibilidades de carrera de los funcionarios al interior de la institución y evitar la fuga de capital humano.
"Quiero poner de relieve la actuación de aquellos funcionarios con mayor experiencia. La Contraloría hoy cuenta con una gran cantidad de profesionales jóvenes. A ellos hay que reencantarlos, evitar la "puerta giratoria", de manera que sean profesionales experimentados el día de mañana", comentó.
Además, detalló que "debería la Contraloría apoyar a la administración activa en su capacitación y no sólo en términos de probidad, porque ese es un aspecto muy parcial", sino que apunte a desarrollo de competencias, por vía de la certificación.
"La carrera funcionaria depende de la exclusiva confianza del contralor. Esa no es una situación que no es sostenible, porque si al final todos los funcionarios son de confianza, la carrera funcionaria se torna inexistente, generando todas las incertezas, inseguridades, que puede dar alguien que sea de exclusiva confianza", añadió.
Asimismo, el abogado se refirió a la falta de una Contraloría regional metropolitan: "creo que su creación sería una buena señal", porque cuando una autoridad pregunta a Contraloría, le responde el contralor y eso tiene eficacia a nivel nacional. "Al final, todo el mundo termina preguntándole al nivel central", acotó.

Cambios legislativos y formación

Bermúdez señaló que "una de las tareas pendientes es la actualización y presentacion del proyecto de ley orgánica constitucional de la Contraloría".
Propuso, en este punto también, la creación de un Centro de Estudios Avanzados en materia administrativa podría ser una solución al respecto.
Finalmente, insistió en que "la Contraloría también debería tener una habilitación de los funcionarios, en aspectos técnicos".