Los cada día más sorprendentes detalles del "Milicogate", nombre por el que se conoce a la investigación sobre un millonario desfalco en el Ejército, que está en manos del ministro en visita de la Corte Marcial de Santiago, Omar Astudillo, han removido la agenda, instalando después de varios años la discusión sobre una eventual derogación de la ley reservada del cobre.

Según varios de los antecedentes conocidos, importantes sumas de dinero pertenecientes a dichos fondos no se encuentran justificados por la entidad castrense: se investigan 1.200 facturas falsas que representarían un fraude al fisco cercano a los 3 mil millones de pesos, los que habrían sido cometidos en operaciones de adquisición de material bélico e insumos de mantenimiento, entre otros.

El caso se encuentra en la justicia militar, pero también es indagado por la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte, pero también está en la mira del Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría.

La semana pasada el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, convocado por los diputados que constituyeron una comisión investigadora adelantó que espera una investigación a fondo "caiga quien caiga" y que el gobierno está trabajando con el Ejército  para mejorar el control de la planificación mediano y largo plazo de los recursos y las inversiones que se hagan con las platas de la ley reservada del cobre.  "No hay lógica de que eso se mantenga en absoluta reserva. (…) Este secretismo no nos favorece en nada", dijo Gómez.

Pero, este sábado, el entrevista con El Mercurio, el ministro avanzó un poco más y reconoció que en enero el gobierno anunciará que va a reflotar la idea de derogar dicha normativa.

“Sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo estamos apurando. Lo que pasa es que las circunstancias y contingencias nos demoran. Porque estuvimos en todo el proceso de discusión del Presupuesto, la educación… Pero yo he conversado claramente con el ministro de Hacienda y vamos a sentarnos a conversar sobre el tema y después le llevaremos la propuesta a la Presidenta de la República, quien va a decidir. Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016”, afirmó en el matutino.

El tema es que, al interés de la Cámara, donde se creó una comisión investigadora con respaldo transversal de los diputados, se suma ahora la señal de una gran mayoría de senadores de oficialismo y oposición. Este lunes se anunció que 20 senadores presentaron un proyecto de acuerdo para pedirle al gobierno revisar la normativa.

Cabe destacar que para modificar la ley reservada del cobre se necesitan 4/7 de los senadores en ejercicio. Considerando que, aparte de De Urresti, firmaron el proyecto de acuerdo las senadoras Isabel Allende, Lily Pérez y los senadores Pedro Araya, Francisco Chahuán, Guido Girardi, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier, Manuel Matta, Jorge Pizarro, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma, Ignacio y Patricio Walker y Andrés Zaldívar, el escenario se ve favorable para quienes buscan hacerle cambios a la regulación actual.

"No se trata de afectar la capacidad militar de Chile como algunos han sugerido, sino de actualizar una norma que, aunque es de antigua data, fue durante la dictadura donde se implementaron pisos mínimos de ingresos a las FFAA y normas excesivas de autonomía y falta de control respecto de su uso", explica el senador De Urresti.

Esto, se suma a las declaraciones del también senador, y ex ministro de Defensa, Andrés Allamand en El Mercurio, quien dijo que "si el gobierno así lo estima, se pueden introducir perfeccionamientos a la actual. En la materia hay un importante consenso político y técnico".

Con esto, los parlamentarios buscan establecer mecanismos de control democrático sobre el gasto militar.