El martes el presidente de la UDI, Hernán Larraín, abandonó a toda prisa la actividad en la sede del partido donde se presentaba al nuevo equipo municipal; necesitaba llegar a tiempo a la ceremonia de cambio de mando en el Ministerio Público. “Tengo que marcar presencia”, explicó. El senador entró sobre la hora al evento, al punto que Sabas Chahuán interrumpió su discurso de despedida como fiscal nacional para saludarlo especialmente.

En las últimas semanas, Larraín había ido escalando sus críticas al manejo de la Fiscalía en los casos de financiamiento de la política y acusaba falta de imparcialidad en el tratamiento a los distintos involucrados. El presidente de la UDI ha comentado que aunque el encuentro del martes sólo fue un saludo formal, en los próximos días pedirá una audiencia con el nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, para ver cómo enfrentará los procesos y recordarle el compromiso que adquirió con los senadores en octubre pasado cuando se postulaba al cargo, oportunidad en que les garantizó igualdad de trato a los distintos sectores políticos y frenar las filtraciones sobre los casos.

En la UDI, por primera vez en meses, consideran que la pelota está de su lado. Aunque en una primera lectura, la condena de 3 años de pena remitida por delitos tributarios contra el coronel y emblemático fundador de la colectividad, Jovino Novoa, es un nuevo golpe a la imagen del partido, un miembro de la directiva confiesa que el sentimiento generalizado es de “alivio” y que el dictamen “marca el fin de una etapa”.

En calle Suecia 286 analizaron con atención y compartieron prácticamente la totalidad del diagnóstico de la columna que escribió el domingo pasado Carlos Peña en El Mercurio, donde sostenía que la decisión de Novoa de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y declararse culpable en un juicio abreviado es una “venganza perfecta”, ya que fija una alta vara para todos los otros políticos en situaciones similares que hasta hoy niegan haber faltado a la ley, y obliga a los fiscales a aplicar los mismos criterios y rigurosidad del caso Penta en el caso SQM, que es el que complica a la Nueva Mayoría.

El nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, ya advirtió que la condena de Novoa fija “un estándar, un precedente” para el resto de los casos. Aunque redistribuirá las causas, la autoridad espera interrogar personalmente a Marco Enríquez-Ominami, Fulvio Rossi y Pablo Longueira.

En otras palabras, en la UDI estiman que con la sanción de Novoa ya están pagando sus responsabilidades. Y que el partido ya ha hecho gestos de arrepentimiento públicos, como la declaración de enero de 2015, cuando la directiva que encabezaba Ernesto Silva pidió “disculpas a la ciudadanía” por las conductas de algunos de sus militantes y reconocieron irregularidades en el financiamiento de la política.

En esa ocasión, también hicieron un llamado a poner el foco en todos los sectores, ya que las malas prácticas eran generalizadas, dijeron. Pero como a la fecha aún no estallaba el caso SQM, entonces fueron acusados por La Moneda de intentar crear una “falsa sensación de empate”. La declaración de enero fue releída y estudiada con atención el pasado lunes por los dirigentes de la UDI para redactar una similar e intentar con esto comenzar a cerrar los casos que han sacudido al partido.

El análisis es que los otros militantes en problemas por el caso Penta: el senador Iván Moreira, el ex alcalde Pablo Zalaquett y el diputado Felipe de Mussy, así como el ex diputado RN Alberto Cardemil, si reconocen los delitos, también podrían inclinarse por juicios abreviados o incluso por el mecanismo de suspensión condicional que permite archivar la causa en los casos de montos más bajos. Otro escenario mucho más oscuro es el que se avizora para el senador Jaime Orpis, quien, según las indagatorias, recibió financiamiento de Corpesca para pagar deudas de campaña, lo que escapa del delito tributario y podría configurar un caso de cohecho. El parlamentario enfrenta un proceso de desafuero en la Corte de Apelaciones, y en la UDI tienen claro que más temprano que tarde deberán dejarlo caer.

En la otra vereda

Con Novoa como el primer político condenado, en la UDI señalan que comenzarán con mayor fuerza a exigir que la legislación se aplique en los casos de la Nueva Mayoría. Ya han criticado reiteradamente la discrecionalidad del Servicio de Impuestos Internos, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, para querellarse en algunos casos y dejar otros sin acción penal, lo que bloquea el trabajo de la Fiscalía.

Pero también, sostienen en la directiva, comenzarán a instalar el discurso de que existe una diferencia ética entre el caso Penta, donde el dueño era un reconocido militante UDI que financiaba sólo a personas de ideas afines, con el caso SQM, en que el ex yerno del general Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, entregaba dinero principalmente a políticos y candidatos de izquierda, que podrían tener poder en decisiones que afecten a su empresa. Así lo remarcó, por ejemplo, esta semana el diputado Patricio Melero en entrevista a CNN.

El juicio abreviado de Novoa obligó a replantearse sus estrategias de defensa a todos los implicados en el caso SQM. Partiendo por el equipo que encabezó la precampaña de la presidenta Michelle Bachelet, antes de que ella regresara a Chile. Así en el entorno del recaudador de fondos del bacheletismo, Giorgio Martelli, quien creó la empresa Asesorías y Negocios Spa (AyN), aunque consideraban óptimo llegar a un juicio oral para demostrar su inocencia, leerán con detención el fallo de Penta, para estudiar el nuevo escenario y la conveniencia de una salida alternativa.

Lo mismo en el caso del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien aunque ya ha declarado ante Fiscalía por su trabajo en AyN, está en mejor pie ya que no fue incluido en las querellas del SII, organismo que sí se querelló contra otros emisores de boletas como los asesores de Moreira, la secretaria de la UDI, Verónica Nieto, o el ingeniero civil Santiago Valdés, ex gerente de Bancard y ex administrador electoral del ex presidente Sebastián Piñera, investigado por emitir facturas falsas a SQM.

Para todos, las miradas están sobre los primeros pasos del fiscal Abbott, quien tras asumir el cargo ya advirtió que la condena a Novoa fija “un estándar, un precedente” para el resto de los casos. La nueva autoridad se mostró abiertamente partidaria de incentivar juicios abreviados, ya que implican un uso eficiente de los recursos del Estado. Sin embargo, aclaró que los casos son diferentes entre sí, ya que mientras en Penta existe un testigo clave, Hugo Bravo, que entregó toda la información ayudando a esclarecer el tema, en los otros casos los implicados niegan los delitos y retrasan el trabajo del Ministerio Público.

Por el momento, Abbott decidió mantener bajo su tutela las carpetas de SQM y Corpesca, ya que quiere participar personalmente de algunas diligencias de alto nivel antes de reasignarlas. Según sus cercanos, quería iniciar su mandato sin tener que dedicarse a estas investigaciones para poder concentrar sus esfuerzos en las metas de gestión con las que llega y poner el énfasis en mejorar las cifras de persecución penal. Pero entiende también que debe dar señales políticas sobre su estilo.

En este sentido, ha manifestado internamente su molestia por la actitud del líder del PRO Marco Enríquez-Ominami, quien con sus viajes fuera de Chile y las estrategias de su defensa logró dilatar su comparecencia y evitar ser interrogado por el ex fiscal nacional Sabas Chahuán. ME-O esperaba ser interrogado en una fiscalía de menor rango, en el evento de que la causa fuera reasignada y con ello impedir la dañina imagen del aspirante a La Moneda entrando y saliendo frente a todas las cámaras en el Ministerio Público. No obstante, el nuevo fiscal nacional ya transmitió que intentará dirigir personalmente la diligencia.

También tiene el propósito de interrogar él mismo en calidad de imputados al ex ministro UDI Pablo Longueira y al senador PS Fulvio Rossi quien este mes retomará sus funciones tras su licencia médica. Para todo esto, Abbott tiene hasta el 22 de enero, cuando José Luis Pérez Calaf asuma como fiscal regional Occidente, a quien buscará entregarle la causa SQM, tal como se hizo con el caso Penta, que fue asignado a Manuel Guerra, fiscal jefe de la zona Oriente.

En el caso de Corpesca, que era dirigido por Chahuán con la fiscal Ximena Chong como fiscal operativa, Abbott aún evalúa si participa o no de dicho proceso, ya que es altamente probable que reasigne en las próximas semanas la causa. Para ello hay dos candidatos: el fiscal jefe de Valparaíso, Pablo Gómez —marido de la ex ministra de Justicia de Piñera, Patricia Pérez —, quien es muy cercano al fiscal nacional. El otro candidato es Andrés Montes, fiscal regional Centro-Norte, e hijo del senador PS Carlos Montes.